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Argentina: La lucha continúa
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MONTAN SHOW TURÍSTICO PARA ENCUBRIR ATROPELLOS A INDÍGENAS
El próximo viernes comienza el II Encuentro de Pueblos Originarios de América que es organizado por el Ministerio de Turismo del gobierno formoseño. Espectáculos musicales, ceremonias indígenas y una exposición de artesanías son parte de la oferta de este evento turístico que el mandatario Gildo Insfrán, aliado del presidente Néstor Kirchner, pretende pasar por un acto de reivindicación del carácter pluricultural del continente. Sin embargo, para numerosos sectores sociales su verdadero objetivo es ocultar las constantes violaciones a los derechos indígenas, a sólo dos meses de la presentación que realizara una comunidad toba de la provincia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La situación hace recordar al Mundial de Fútbol de 1978, con el que la Junta Militar intentó recomponer su imagen.
Por Colectivo Pueblos Originarios
Indymedia Argentina
A pocas semanas de ser denunciado internacionalmente por violar los derechos indígenas, el gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Turismo, inaugurará el viernes un encuentro con el objetivo declarado de "brindar un espacio a todos los integrantes de este Continente, a fin de lograr la concientización y valorización de los pueblos multiétnicos y pluriculturales, que debe caracterizar a nuestras vidas". Así dice, al menos, la invitación distribuida por el responsable de la cartera turística, Alberto Areco, quien luego en declaraciones a la prensa ponderó el empeño de su gobierno en ubicar a la provincia como destino turístico en función de su riqueza cultural. Durante el encuentro, que se extenderá hasta el domingo, habrá charlas y manifestaciones artísticas de pueblos indígenas de distintos países.
Otro documento público del gobierno provincial, a cargo del justicialista Gildo Insfrán, dice que el encuentro se realizará "en una provincia que dice y hace, que está orgullosa del pueblo multiétnico y pluricultural, y que trabaja para todos". Pero un pronunciamento firmado por un amplio abanico de personalidades, que incluye ecologistas, religiosos e integrantes de comunidades indígenas, denuncia que el II Encuentro de Pueblos Originarios de América será un "festival blanco, un show blanco, una muestra más de nuevo colonialismo para aparecer en la tapa de los principales diarios como sensibles y abiertos".
El pronunciamiento afirma que el gobierno formoseño, aliado al presidente Néstor Kirchner, no se ha caracterizado por ser un defensor de los derechos ciudadanos en general y de los indígenas en particular. Por el contrario, "en nombre del desarrollo blanco lo que más se hizo desde el gobierno es favorecer la penetración de intereses privados con fuerte poder económico y político, que han invadido y desmembrado los antiguos territorios indígenas y criollos permitiendo el agresivo desmonte de ambientes naturales".
En este sentido, acusa a la actual gestión de la privatización de tierras fiscales pertenecientes a los Pueblos Originarios, y relativiza la entrega de 300.000 hectáreas a 120 comunidades, por ser fruto de la larga lucha de los indígenas durante gestiones gubernamentales anteriores. "En un sólo acto administrativo el gobierno de Gildo Insfrán le entregó 40.000 hectáreas de tierras fiscales a una única empresa de origen australiano, LIAG S.A., al precio vil de 8 pesos la hectárea. Esta superficie equivale a un 14% de la tierra que lograron los indígenas tras años de lucha e innumerables actos administrativos y judiciales", fundamenta.
El documento de repudio también menciona la situación del barrio Nam Qom, ubicado a 12 kilómetros de la capital provincial, que el 16 de agosto de 2002 sufrió un ataque de más de 100 policías, lo cual motivó una denuncia internacional presentada recientemente por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Aquel operativo, efectuado sin orden judicial, produjo detenciones masivas e indiscriminadas contra miembros de la comunidad toba, quienes luego fueron maltratados y torturados en forma particularmente violenta. Además, el accionar policial allanó y destruyó muchos domicilios. Los efectivos buscaban a los responsables de la muerte de un custodio privado, que además se desempeñaba como policía, en un hecho confuso sucedido en un campo alejado de la comunidad.
Los miembros de Nam Qom realizaron una denuncia judicial por estos hechos, en la que se involucró a altos funcionarios de Estado como el Procurador General del Superior Tribunal de Justicia, Carlos Ontivero, y el Juez de Instrucción Ricardo Sur, por presenciar y avalar el operativo. Pero el caso no fue investigado y Rubén Spessot, a cargo del Juzgado de Instrucción y Correccional nº 4, cerró la causa penal el 25 de agosto de 2004, dejando como única alternativa una presentación contra el Estado Argentino el 1 de marzo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington. En Formosa, mientras tanto, tres tobas continúan en la carcel acusados sin pruebas de ser los responsables de la muerte del custodio.
La sistemática violación a los derechos de las comunidades indígenas en la provincia tomó relevancia nacional en noviembre de 2003, semanas después de la elección que renovó la gestión de Gildo Insfrán, cuando un noticiero del multimedios Clarín mostró en un informe cómo eran encerrados en galpones y golpeados por punteros políticos del Partido Justicialista, con el fin de obtener votos a su favor. También, mostró la impune utilización de sus territorios por parte de ‘administradores’, impuestos por el poder local, que se autoarrogaban el derecho a vender las tierras.
"No importa cuantos festivales y encuentros se inventen. La realidad indígena no está en esos escenarios fabricados sino en los caseríos marginados y miserables creados por el desarraigo, el desmonte y la falta de respeto, la desnutrición y en el dolor de la discriminación", concluye el pronuncimiento.
