La Fiscalía de Política Criminal de la Procuración opinó que no hay "fundamento legal alguno" para que los miembros de las Fuerzas Armadas estén presos en bases militares. Repercusiones.

Victoria Ginzberg

"La detención en bases militares de procesados que pertenecen o pertenecieron a las Fuerzas Armadas, hoy sometidos a proceso penal en los tribunales federales por crímenes contra la humanidad, no encuentra fundamento legal alguno." Esta es la conclusión a la que llegó la Fiscalía de Política Criminal de la Procuración General de la Nación luego de evaluar la situación de los represores que están detenidos en los cuarteles en vez de en cárceles comunes. El informe se enviará a todos los fiscales del país que intervienen en causas sobre violaciones a los derechos humanos.
El dictamen de la Fiscalía de Política Criminal se realizó a pedido del fiscal general de Bahía Blanca, Hugo Omar Cañón, quien había reclamado que el ex marino Alfredo Astiz estuviera detenido en una cárcel común y no en una unidad de la Marina. Luego de que su pedido no prosperara, Cañón solicitó la opinión técnica de la Fiscalía de Política Criminal.
Esa dependencia analizó el tema y sostuvo que "a las Fuerzas Armadas les está vedado ejercer funciones de custodia y seguridad de los presos a disposición de tribunales ordinarios", ya que se trata de una atribución del ámbito de la seguridad interior y que para cumplir esa tarea existe un organismo especialmente creado a tal fin: el Servicio Penitenciario Federal".
"Es claro que en una base militar no pueden garantizarse las mismas condiciones de seguridad, registro de visitas y control del ingreso de objetos y alimentos, pues su personal no ha sido capacitado para atender a detenidos sin condena en el marco de procesos de naturaleza no militar", se señaló en el escrito.
"Es la primera vez que desde un organismo del Estado se afirma que no se puede aplicar la ley militar. Espero que los fiscales se hagan eco y que planteen lo que tienen que plantear en las causas", aseguró a Página/12 Rodolfo Yanzón, uno de los abogados que en representación de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos reclamó en las causas ESMA y Primer Cuerpo del Ejército que se pusiera fin al beneficio a los represores presos.
Yanzón señaló que la presencia de los detenidos en las bases militares "también es responsabilidad del Poder Ejecutivo, que permite, a través de la utilización de las unidades de las Fuerzas Armadas, la aplicación de la jurisdicción militar y el arresto sin tratamiento penitenciario que implica considerar que estas personas no tienen por qué ser resocializadas".
La Fiscalía de Política Criminal recordó que la jurisdicción militar debe restringirse exclusivamente a hechos que afecten la disciplina de los miembros de las Fuerzas Armadas y que la irregular situación que se da actualmente en las causas sobre violaciones a los derechos humanos sólo se entiende como un resabio de normas antiguas que entendían que los tribunales castrenses podían intervenir en crímenes comunes cometidos por integrantes del Ejército, Marina o Aeronáutica. Por otro lado, los tratados internacionales excluyen específicamente la intervención de la Justicia militar en casos de desapariciones forzadas de personas.
A todos estos argumentos se suma, en el caso de Astiz, que se trata de una persona que ya no pertenece a la Armada, ya que fue destituido por "provocar una actitud inconsulta e irresponsable" después de que se publicara un reportaje en el que afirmaba que era "el hombre mejor preparado para matar a un político o a un periodista".
El juez Sergio Torres, a cargo de la causa ESMA, mantuvo hasta ahora al ex marino en la base naval de Zárate, porque consideró que era "el lugar adecuado para garantizar su seguridad física y psíquica". Sin embargo, ante el pedido de organismos de derechos humanos, abrió un incidente para analizar los controles de los arrestos domiciliarios y las condiciones de las detenciones en unidades militares que aún no está terminado. Daniel Rafecas, que lleva la investigación sobre el Primer Cuerpo de Ejército, tiene un reclamo similar que en su momento no fue respondido por su antecesor en el caso, Rodolfo Canicoba Corral.