Correpi

Después de gatillar tres veces un revólver con el tambor vacío, le advirtieron "la próxima va con plomo".

Un militante de CORREPI fue atacado por dos hombres armados en Villa Fiorito, en el marco de un trabajo de denuncia y organización contra las prácticas policiales y parapoliciales en la zona. La CORREPI responsabiliza al Ministro de Seguridad Bonaerense, Leon Arslanian, y al Ministro del Interior de la Nación, Aníbal Fernández, por la seguridad de familiares de las víctimas y testigos del accionar policial, y de los militantes de Derechos Humanos.

El sábado 26 de marzo de 2005 Andrés Amado (29), militante de CORREPI (Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional) fue atacado por dos hombres armados cuando se retiraba de una reunión de familiares de víctimas de gatillo fácil en la localidad de Villa Fiorito. Los desconocidos abordaron a Andrés dentro de un colectivo de la línea 505, primero pegándole con una cachiporra por la espalda, y luego gatillándole tres veces con un revólver en la cabeza, al tiempo que le decían "la próxima va con plomo".

A mediados del año 2004, CORREPI desarrolló un trabajo de investigación en la zona sur del conurbano bonaerense, que, sumado a la labor de los abogados en las causas judiciales, develó una trama que expuso públicamente, además de los casos de gatillo fácil y torturas, extorsiones, venta de "protección" al estilo mafioso, relaciones entre policías y bandas de delincuentes de la zona, y fuertes sospechas de que, como ya se probara en el norte del Gran Buenos Aires, policías en funciones y ex policías utilizan prácticas de "limpieza social" similares a las de los escuadrones de la muerte, con fusilamientos sumarios y prontuarios ilegales. (1)

Más de una docena de policías de Lomas de Zamora y Avellaneda deberán enfrentar, como consecuencia de estas investigaciones, juicio orales por delitos como homicidio calificado, vejaciones, extorsión, homicidio simple o incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Para hacer pública esa situación, desde enero de este año, CORREPI y esas familias vienen convocando a manifestaciones antirrepresivas frente a las comisarías de Avellaneda y los tribunales de Lomas de Zamora, y sistemáticamente reparten miles de volantes con información sobre estos hechos y señalando a los policías responsables. En este grupo de familiares se destacan Eufracia Ramona Núñez, madre de Jorge "Chaco" González (31), muerto en la tortura por policías del servicio de calle de la Comisaría 5ª de Lomas de Zamora; Estela Velázquez, madre de Matías Bárzola (16), asesinado por un disparo del ex policía Peloso de la misma comisaría, y Claudia Gallardo, hermana de Diego Gallardo (24), muerto en la tortura en la comisaría 3ª de Avellaneda. Precisamente, de una reunión con esos familiares salía Andrés Amado cuando fue atacado por estos dos hombres.

El Ministro de Seguridad del Provincia de Bs. As., Leon Arslanian, no desconoce los hechos que venimos denunciando. Desde el año pasado tiene conocimiento de las denuncias realizadas por CORREPI sobre las prácticas policiales en la zona. Estas han sido difundidas en los medios de comunicación (2), y le fueron informadas a funcionarios del ministerio de seguridad durante una audiencia con familiares de las víctimas ya en agosto de 2004. Es responsabilidad del Ministro que desde entonces poco haya cambiado en la zona, y que los mismos policías se sigan moviendo con total impunidad.
Nada es casual. Estos intentos de intimidación se producen al mismo tiempo que el ministro Arslanian anuncia que "apagó el incendio" de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires, alegando que avanzó en depurar la policía. Pero la realidad se muestra muy distinta: el ministro parece haber hecho un acuerdo con la mafia policial, quizás garantizándoles el control del territorio y la impunidad, a cambio de recibir cierta colaboración para generar la sensación de mayor tranquilidad en el conurbano.
No se puede soslayar la responsabilidad del estado nacional, y en particular de su Ministro del Interior, Aníbal Fernández, quien debe velar por la seguridad de todos los ciudadanos del país.
Ni CORREPI como organización, ni ninguno de sus militantes, cederá a estas amenazas y presiones de la patota policial, que ya hemos resistido en muchas ocasiones anteriores. Nuestra convicción y compromiso en la lucha antirrepresiva, junto al apoyo y solidaridad de los compañeros de los barrios y de las organizaciones hermanas son nuestra fuerza.

Seguiremos militando, como todos los días, contra las políticas represivas del estado; contra el gatillo fácil y la tortura, contra las persecuciones a luchadores y organizaciones populares, y por la libertad de los presos políticos.
CORREPI
Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional
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