Argentina: La lucha continúa
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29 razones para el presente
Carlos del Frade
Argenpress
A casi treinta años del inicio del terrorismo de estado, los argentinos en
general y los santafesinos en particular, no saben cuál fue el destino de los
desaparecidos ni de los chicos apropiados por los integrantes de las llamadas
fuerzas conjuntas. A pesar de eso es necesario destacar que el golpe no tuvo una
finalidad militar sino económica y política: quebrar la conciencia de la clase
trabajadora para afianzar un modelo de concentración de riquezas que sigue
vigente en 2005. El diez por ciento más rico de la población argentina gana 33
veces más que los que sobreviven en los subsuelos de la sociedad que, hasta
1975, era una de las más justas de América. En estas postales del pasado
aparecen las líneas argumentales del presente. Cuesta creer que luego del juicio
a las juntas militares en diciembre de 1985, los distintos juzgados federales
del país reinicien las causas por delitos de lesa humanidad como si nada hubiera
sido probado. La sociedad civil tampoco ha exigido, todavía, una información
seria sobre el reciclaje de los principales cómplices del genocidio en
organismos claves como los ministerios de educación y salud provinciales o las
grandes obras sociales de cada estado argentino. Los colegios profesionales
tampoco se han expedido sobre las funciones cómplices de varios de sus asociados
ni se han recuperado los archivos fotográficos de las fuerzas de seguridad. A
veintinueve años del golpe de 1976, todavía falta la condena social sobre los
que paralizaron los presupuestos de obras de infraestructura vitales como los
bajos submeridionales y las canalizaciones de los ríos interiores de Santa Fe y
los que acumularon casas, departamentos y otros bienes de las familias
desaparecidas. Los dueños de los grandes medios de comunicación y algunos
periodistas que fueron referentes de opinión en los años de la noche carnívora
siguen teniendo grandes cuotas de poder durante los tiempos democráticos. Por
eso estas veintinueve postales del presente, hijas directa del pasado impune.
Cosa juzgada (1)
'Disponiendo, en cumplimiento del deber legal de denunciar, se ponga en
conocimiento del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas el contenido de esta
sentencia y cuantas piezas de la causa sean pertinentes, a los efectos del
enjuiciamiento de los oficiales superiores que ocuparon los comandos de zona y
subzona de Defensa, durante la lucha contra la subversión y de todos aquellos
que tuvieron responsabilidad operativa en las acciones', decía el punto 30 de la
sentencia de la Cámara Federal de Apelaciones de Capital Federal leída por León
Arslanián el 9 de diciembre de 1985.
El concepto de 'responsabilidad operativa' parece haber sido ignorado por
completo por los actuales juzgados federales que repiten los testimonios de las
víctimas y entienden que deben volver a probar lo ya convertido en cosa juzgada.
Semejante omisión del punto 30 de la sentencia de la Cámara Federal de
Apelaciones es directamente proporcional a la construcción de impunidad.
Lo ya probado (2)
Aquella sentencia que determinó como cosa juzgada que en la Argentina se impuso
un proceso de terrorismo de estado a través de la metodología de la
desaparición, tortura y muerte de personas, también abundó sobre las
'privaciones ilegítimas de la libertad, denunciadas y comprobadas' en cada
provincia.
Desde el 24 de marzo de 1976 al 18 de agosto de 1982, se comprobaron 2.404 en el
distrito Federal; 3.633 en la provincia de Buenos Aires; 668 en Santa Fe; 246 en
Córdoba; 338 en Tucumán; 52 en Santiago del Estero; 209 en Mendoza; 32 en La
Rioja; 42 en San Juan; 20 en Río Negro; 8 en Santa Cruz; 16 en Chubut; 36 en
Entre Ríos; 19 en Corrientes; 26 en Misiones; 47 en Salta; 49 en Jujuy; 13 en
Chaco; 3 en Formosa; 8 en Neuquén; 10 en Catamarca; 9 en San Luis; 14 en La
Pampa y 4 en Tierra del Fuego.
¿Están las 668 denuncias comprobadas de la provincia de Santa Fe en conocimiento
de los jueces y camaristas federales que actúan en el territorio?.
Y si están, ¿por qué es necesario volver a repetir el calvario de los
sobrevivientes?.
Si no están, entonces, la responsabilidad de los integrantes de los fueros
federales santafesinos debería ser materia de acusación de parte del Consejo de
la Magistratura.
El por qué del golpe (3)
'El empresariado argentino ha crecido y está decidido a aceptar el desafío que
significa la reconstrucción de la república. Por ello estamos aquí reunidos,
para conocer el pensamiento de las fuerzas armadas y poder así reflexionar sobre
la naturaleza de sus designios, determinando la dimensión exacta de nuestra
responsabilidad empresarial', dijo un exultante representante de la Federación
Gremial de la Industria y Comercio de Rosario, José Luis Pinasco, en octubre de
1977 al recibir a Díaz Bessone.
El militar no se quedó atrás: 'Los empresarios forman uno de los primeros
sectores que constituyen la nación día a día. Acaso por eso fueron uno de los
blancos predilectos de la agresión criminal de las hordas marxistas. Por eso la
responsabilidad moral es la otra gran vertiente de esta eminente función social,
y comienza dentro de la misma empresa. Allí los derechos ceden su lugar a los
deberes. Defender la empresa y la propiedad privada contra agresores de toda
índole es el primer deber', sostuvo en una clara conciencia del rol de los
militares como celadores del gran capital.
La clase obrera fue el blanco preferido (4)
'Con esta política buscamos debilitar el enorme poder sindical, que era uno de
los grandes problemas del país. La Argentina tenía un poder sindical demasiado
fuerte...hemos debilitado el poder sindical y ésta es la base para cualquier
salida política en la Argentina', dijo Juan Alemann, secretario de Hacienda de
Jorge Videla.
Esa frase sintetizó la lógica de la represión contra el movimiento obrero
opositor a las burocracias vinculadas a las grandes patronales.
La sociedad entre gerentes de plantas y represores fue una constante en la zona
del Gran Rosario.
Uno de los torturadores e integrantes del Servicio de Inteligencia del Comando
del II Cuerpo de Ejército con asiento en la ciudad de Rosario fue Francisco
Bueno o Banegas. Su declaración ante los organismos de derechos humanos en
Europa durante los primeros tiempos de la democracia sirvieron para descubrir
los mecanismos del terrorismo de estado en la zona sur de la provincia de Santa
Fe.
'Las oficinas a las cuales yo debía concurrir estaban ubicadas en la galería La
Favorita, en el séptimo piso, oficina 701, bajo el nombre de la empresa INROS,
Informaciones Rosario. En ese lugar existía la oficina donde se distribuía el
trabajo de información...', sostuvo el ex integrante del ejército.
'De las siete personas, una de ellas se dedicaba a recabar información en las
fábricas Massey Ferguson, John Deere y Anomackura, que están ubicadas en el
cordón industrial del Gran Rosario...Las informaciones eran directamente
entregadas por el personal de nivel jerárquico de esas empresas y operarios
especializados....El nombre del que estaba en el órgano adelantado para la zona
del cordón industrial era Cacho Marengo, ese era el seudónimo. El nombre real es
Montenegro...El se dedicaba estrictamente a la parte de recolectar los papeles
que preparaba el personal de gerencia de esas fábricas', sostuvo el
desaparecedor.
Había otra persona que 'se encargaba de la zona un poco más alejada de San
Lorenzo que era el enlace con el servicio de informaciones de la policía de San
Lorenzo. La policía de San Lorenzo manejaba la zona de Puerto San Martín y
Petroquímica Argentina; el que estaba a cargo de informaciones entregaba los
papeles semanales de la información recabada a un hombre llamado Tito Ortiz,
aunque el nombre real era Orefice'.
Continuidades (5)
'...estas organizaciones trabajan sin tener en cuenta el tiempo, el tiempo para
ellos es secundario, no nos extrañemos que empiecen, no ahora, sino en una fecha
relativamente corta, larga, pero van a volver porque les queda todavía... por
empezar que ha sido histórico, una etapa de venganza personal, una venganza
personal, como ocurrió con ese teniente coronel que fue a reprimir allá en el
sur en la Patagonia trágica y después lo mataron acá en el centro de Buenos
Aires...Varela y lo mató un terrorista extranjero...', declaró Agustín Feced el
11 de setiembre de 1984 ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas.
Feced se sentía la continuidad de Varela, el represor de los huelguistas del año
'21 en la Patagonia. Una clara definición del objetivo del terrorismo de estado.
El principio del genocidio (6)
El informe Saichuck, del 30 de abril de 1973, prologaba el asesinato de
Constantino Razzetti, las matanzas de la Triple A, la invasión a Villa
Constitución y el golpe de estado de marzo de 1976.
'Los fines perseguidos empleando parte de estas siglas fueron determinados por
la infiltración, captación y distorsión ideológica de elementos juveniles
peronistas, quienes ante la carencia de dirigentes consustanciados con los
lineamientos justicialistas fueron absorbidos por los que pregonaban la 'patria
socialista o izquierda nacional', un comentario digno de cualquier dirigente de
la derecha peronista y que luego se utilizaría como supuesta justificación para
el enfrentamiento que se concretó después de Ezeiza.
Luego, en el documento hay una referencia al 'éxodo de militantes' que sufría,
por aquellos días, el FEN, dirigido 'por lo que determinados círculos de la
juventud consideran como 'el marxismo israelí' representado por Grabois y
acólitos'.
Pero lo que viene es una clara advertencia de lo que efectivamente ocurrió: 'Las
nuevas pautas a darse en el consenso juvenil pueden determinar, dentro de la
disciplina y verticalidad que imponga Perón, una 'purificación' doctrinaria de
la juventud, precedido de una depuración, considerando que aún el líder máximo
del peronismo se halla en condiciones de controlar a la juventud por el giro
dado al espectro que creara a través de los dirigentes defenestrados'.
Los términos 'purificación' y 'depuración' serían utilizados no solamente por
los sectores ortodoxos del peronismo, sino que después formarían parte de las
homilías de vicarios y obispos que exigirían una purga de sangre a las fuerzas
armadas. El documento Saichuck, entonces, obliga a preguntar ¿cuál fue el origen
de la represión política en la Argentina en los años setenta?
Hay otro dato interesante: el surgimiento de las llamadas Legiones
Nacionalistas.
'La planificación y organización de las mismas estaría en manos de Sánchez
Sorondo y del doctor Vicente Solano Lima. Dicho impasse se habría suscitado
debido a diferencias entre Cámpora y Solano Lima, no obstante el aval de Perón
al vicepresidente electo para la conformación de las citadas legiones que
deberían estar encuadradas dentro de los lineamientos de la doctrina nacional
del Justicialista', sostiene el informe.
'La concreción de estas LEGIONES (así con mayúsculas está en el escrito) estaba
prevista para todo el ámbito nacional, especialmente jóvenes identificados con
el peronismo no oficial y del nacionalismo ortodoxo. Para tales efectos estaba
previsto el viaje de dichos elementos jóvenes para ser interesados en el
cometido a cumplir o desarrollar', se afirma en la tercera hoja del informe del
30 de abril de 1973.
Sánchez Sorondo fue el candidato a senador nacional por la Capital Federal en
las elecciones del 11 de marzo. Fue derrotado por el entonces joven abogado
radical Fernando De La Rúa. Esa situación hizo que Solano Lima no viajara a
Madrid junto a Cámpora para entrevistarse con el viejo General.
Saichuck terminó de leer el informe y por alguna extraña razón se lo llevó a su
casa.
Al Gato Saichuck lo envenenaron a fines de 1976, pero sus trabajos de
inteligencia marcaron la tendencia no solamente de las patotas que acompañaron a
Agustín Feced, sino también los procedimientos y la ideología de aquella
federación de bandas de delincuentes y de ideología fascista que se denominó
Triple A.
La Juventud Peronista ya estaba infiltrada aun antes de la asunción de Héctor
Cámpora y la idea de la depuración del justicialismo era un claro objetivo que
compartían los servicios de las distintas fuerzas de seguridad y armadas con
dirigentes sindicales, grandes empresarios y también políticos.
Pasa (7)
José Rubén Lo Fiego, alias el Ciego o doctor Mortensen, fue imputado por 68
delitos de lesa humanidad cuando se desempeñaba como el principal torturador del
Servicio de Informaciones de la policía rosarina en los tiempos de Agustín Feced.
En su legajo personal consta que el 26 de julio de 1979 fue 'felicitado por la
superioridad por el procedimiento realizado en la Empresa fabril Petroquímica
Argentina Sociedad Anónima'.
A renglón seguido fue felicitado el 18 de agosto de 1977 por el comandante del
II Cuerpo de Ejército, Leopoldo Fortunato Galtieri, 'por el resultado de las
investigaciones realizadas que permitieron los éxitos obtenidos por las fuerzas
legales en los últimos días'.
Acindar (8)
Para el ministro del Interior, Alberto Rocamora, se trató de un operativo para
desarticular al 'complot rojo contra la industria pesada del país'. Para el
dirigente radical, Ricardo Balbín, 'los sucesos de Villa Constitución fueron
necesarios para erradicar la subversión industrial'.
Walter Klein, socio de Martínez de Hoz, años después, fue mucho más contundente
frente a la embajada de los Estados Unidos: 'Quédense tranquilos, todos los
activistas gremiales de Villa Constitución ya están bajo tierra'.
Rodolfo Peregrino Fernández, ex comisario de la Policía Federal, relató ante la
Comisión Argentina de Derechos Humanos, en 1983, que 'otra represión notoria de
la Triple A fue la ejercida contra los activistas sindicales de Villa
Constitución. Esa operación fue dirigida por el comisario Antonio Fiscchietti,
alias El Padrino o Don Chicho. Fiscchietti fue reclutado para integrarse en la
AAA siendo delegado de la Policía Federal Argentina en la provincia de Tucumán'.
Sostuvo que 'las patronales de las industrias metalúrgicas instaladas allí, en
forma destacada el presidente del directorio de Acindar, ingeniero Arturo
Acevedo, establecieron una estrecha vinculación con las fuerzas policiales
mediante pagos extraordinarios en dinero'.
Remarcó que 'el presidente de Metcon, por ejemplo, retribuía con una paga extra
de 150 dólares diarios al oficial de policía que dirigía su custodia personal,
por un servicio de vigilancia no superior a las seis horas de duración'.
Acindar 'pagaba a todo el personal policial, jefes, suboficiales y tropa, un
plus extra en dinero, suplementario al propio plus que percibían ya del estado
esos efectivos. El pago estaba a cargo del jefe del personal, Pedro Aznarez, y
del jefe de relaciones laborales, Roberto Pellegrini'.
Agregó que 'Acindar se convirtió en una especie de fortaleza militar con cercos
de alambres de púas. Los oficiales policiales que custodiaban la fábrica se
alojaban en las casas reservadas para los ejecutivos de la empresa...'.
El dinero de la sangre (9)