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Argentina: La lucha continúa

La iglesia católica y el estado argentino en conflicto ante la semana santa

Roberto Molina
PL

El conflicto entre la Iglesia Católica y el Estado argentino generado por unas declaraciones del obispo castrense Antonio Baseotto deberá tener un decisivo desenlace en la Semana Santa que comienza.

El decreto del presidente Néstor Kirchner para dejar sin efecto el cargo y suspender el salario de más de 1.700 dólares asignado chocó con la posición de la Santa Sede, que calificó de 'seria violación de la libertad religiosa' cualquier impedimento a su gestión.

El origen del diferendo está en unas declaraciones de Baseotto, quien citando una frase del evangelio dijo que el ministro de Salud y Medio Ambiente, Ginés González García, debía ser arrojado al mar con una piedra atada al cuello.

La expresión, que recordó a todos aquí la última dictadura militar (1976-1983) cuando los represores usaban ese método para eliminar a sus opositores, fue en ocasión de declaraciones del ministro sobre despenalización del aborto y distribución de condones para prevenir el SIDA.

Este forcejeo se asemeja a un diálogo de sordos, pues mientras el gobierno insiste en la gravedad de la desafortunada frase y considera no abortista la posición del ministro, la cúpula católica intenta relativizar lo dicho por Baseotto y sobredimensiona el otro asunto.

El diario La Nación, que dedica hoy amplio espacio al tema, sostiene que la declaración en el Vaticano del vocero del Papa, Joaquín Navarro Valls, proviene directamente del secretario de Estado, Angel Soldano, quien tiene como brazo derecho al arzobispo argentino Leonardo Sardi.

Siguiendo ese hilo conductor para ilustrar sobre los vericuetos de la trama, revela que Sandri mantiene excelentes vínculos con Esteban Caselli, ex embajador de Argentina ante el Vaticano en tiempos del presidente Carlos Menem, a su vez íntimo amigo de monseñor Baseotto.

La Nación afirma que el actual embajador argentino, Carlos Custer, celebró discretas reuniones en el Vaticano para la búsqueda de soluciones intermedias, hasta ahora sin resultados.

Por su parte, el diario Página 12, en un extenso análisis del tema, revela que el gobierno instruyó a Custer plantear un reclamo por 'inadmisibles irregularidades' cometidas por el Nuncio de la Santa Sede en Argentina, Adriano Bernardini, en su manejo del asunto.

Se trata, indica, de que mientras el ministro de Relaciones Exteriores, Rafael Bielsa, ponderaba el asunto ante una comisión del Senado de la Nación, Bernardini lo ignoraba completamente y discutía con el ministro de Defensa, José Pampuro, la decisión anterior de Kirchner de solicitar a la Santa Sede la sustitución de Baseotto.

Bielsa anunció hoy que se reunirá con Bernardini mañana y declaró a una emisora de radio que quiere mantener una relación sin fisuras con la Iglesia Católica, pero reiteró que lo dicho por Baseotto es inaceptable.

Página 12 considera necesario que el asunto se solucione rápidamente, porque quien ejercería el obispado castrense de forma interina sería un ex oficial dado de baja tras la rebelión de los militares carapintadas en la semana santa de 1987, devenido cura.

Quien le sigue en jerarquía, abunda el artículo, es un ex capellán de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), precisamente donde sus discípulos se encargaban de arrojar los prisioneros al mar en 1977, como se ha constatado. Ahora será dedicada a Museo de la Memoria.

La Conferencia Episcopal Argentina abogó por el diálogo para solucionar el diferendo y consideró que hubo más instancias para ello que el gobierno no utilizó, mediante declaraciones de su vocero, el padre Jorge Oesterheld, entrevistado por La Nación.

Si bien calificó de muy grave que un obispo no pueda ejercer su ministerio con libertad y autonomía e insistió en minimizar los alcances de la fatídica cita evangélica, confió en que sea sólo un episodio y que se recupere el diálogo.

Para Página 12, la próxima movida le corresponde a la cúpula católica y apunta que una homilía provocativa en Semana Santa de Baseotto -considerado uno de los más reaccionarios en la actual jerarquía- podría tener como respuesta del gobierno el cuestionamiento mismo de la existencia del obispado castrense, negociado en 1957.