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Argentina: La lucha continúa


Apuntes para una educación inclusiva

Prof. Juan Carlos Sánchez
Argenpress

La discapacidad ha sido enfocada en los ámbitos educativos, desde hace tiempo, con un sesgo poco proclive a la inclusión en la Educación Común y, a la vez, con una cierta y relativa inclusión en la Educación Especial, lo cual se revela en los contenidos curriculares de cada uno de los niveles educativos del sistema formal y en la cultura institucional de las instituciones dedicadas a la primera rama mencionada.

La política educativa nacional y de la Ciudad de Buenos Aires no se caracteriza precisamente por su tendencia a la inclusión de alumnos y docentes con discapacidad en la Educación Común pues, en general, se sigue el criterio de agruparlos en lo 'especial', más parecido a un ghetto que a una verdadera inclusión tendiente a la integración social.

Operan los viejos paradigmas de la rehabilitación y de la inutilidad en forma simultánea con la irrelevancia estatal derivada de la social, lo cual constituye un verdadero obstáculo para lograr la inclusión e integración de las personas con discapacidad, sean docentes o alumnos.

Esta operación moldea los contenidos curriculares y las prácticas educativas como también la cultura institucional para devenir en un currículum rígido y poco flexible frente a la diversidad psicofísica que lleva a incrementar aún más la invisibilidad de un colectivo sumamente vulnerable.

La Educación es el primer motor inmóvil y causa eficiente para una inclusión que permita una verdadera integración en la vida social de todos los individuos de una sociedad y por ende, uno de sus principales fines es la socialización que, sin dudas, debe tener en cuenta la diversidad cultural y psicofísica.

Ahora bien, ¿ cómo se puede tener en cuenta la diversidad en lo educativo ?. Este interrogante tuvo algunas respuestas en la Ciudad de Buenos Aires para la diversidad cultural, respecto de los niños y jóvenes de origen indígena o de países limítrofes como también las hubo en ciertas jurisdicciones provinciales como en el Chaco. Sin embargo, no alcanza porque se viene soslayando el derecho a la Educación Común a las personas con discapacidad en virtud de la operación que hemos mencionado con anterioridad.

Es importante advertir que si el principal rol de lo educativo es la socialización de los individuos para su formación como personas, como ciudadanos y como sujetos aptos para el trabajo, resulta ineludible tener en cuenta lo diverso tanto en lo curricular como en la cultura institucional.

Con respecto a la diversidad cultural, es importante comenzar por la progresiva inclusión de docentes provenientes de las culturas a las cuales se quiere llegar, como también la formulación de un currículum flexible que tenga en cuenta las particularidades de cada cultura. Tanto los indígenas como los oriundos de los países limítrofes tienen características propias a las cuales se deben adaptar los directivos y docentes con el fin de lograr un óptimo proceso de enseñanza-aprendizaje respetando sus pautas culturales.

Lo mismo ocurre con la diversidad psicofísica, teniendo en cuenta la particular constitución física y mental de las personas con discapacidad, las cuales requieren de un marco curricular adaptado y de una cultura institucional que les permita encontrar la aceptación de sus particularidades.

Sin embargo, podemos trazar una línea divisoria muy clara entre ambas ramas de la Educación si ceñimos lo 'especial' a casos puntuales, a determinadas patologías que impiden estrictamente la incorporación a la escuela común tanto de docentes como de alumnos.

Si tenemos en cuenta la normativa vigente en la Ciudad de Buenos Aires, podremos ver que la inclusión de niños con discapacidad depende de la opinión de un consejo interdisciplinario, que es solicitada por los directivos de la institución educativa donde ellos son inscriptos por sus padres, que aconseja la inclusión en aquella institución que consideren conveniente, de acuerdo a la evaluación de las condiciones del niño en cuestión.

A pesar de ello, existe una fuerte reticencia por parte de los directivos de la Educación Común; quienes, en general, tratan de disuadir a los padres para que inscriban a sus hijos en una institución educativa de la Educación Especial. En muy pocos casos, podemos decir que cuando aceptan a un niño, joven o adulto con discapacidad es porque prima mucho más la voluntad del directivo.

También ocurre lo mismo con los docentes, poco habituados o renuentes a trabajar en equipo, porque supone enormes dificultades para el proceso de enseñanza-aprendizaje cuando no están formados para coordinar el trabajo conjunto de alumnos con y sin discapacidad como, por otro lado, son reticentes a compartir lo áulico con un docente integrador o un facilitador para quienes tienen alguna discapacidad porque no aceptan compartir lo pedagógico y la autoridad en el aula....

Hace pocos días, gracias a un recurso de amparo, un niño con parálisis cerebral tuvo que ser incorporado a una escuela común de la Ciudad de Buenos Aires, con el acompañamiento de su terapeuta particular. Más allá de los bemoles que supone la problemática de la responsabilidad de un profesional externo al personal docente estatal, bienvenida sea esta oportunidad para comenzar una nueva etapa en este sentido aunque, desde luego, deberá ser examinada en profundidad por parte de la Secretaría de Educación del GCBA. Sin embargo, también es auspicioso para la visibilización de la discapacidad en la escuela común porque sus alumnos tendrán la oportunidad de compartir espacios y momentos con una persona diferente, que se expresa y manifiesta de otra forma pero que es igual a ellos.

En otro orden de cosas, desde la óptica de la incorporación de docentes, podemos encontrar que los docentes con discapacidad pueden llegar a incorporarse a la Educación Especial pero difícilmente lo puedan hacer en la Común. Al no tenerse en cuenta las particularidades de su formación y de su vida personal, debido a la fuerte influencia de la patología discapacitante, suele pasar que no pueda alcanzar el puntaje establecido para lograr algún cargo docente, gracias al anacronismo del Estatuto del Docente, cuyo articulado premia más a aquellos que pueden pagar los cursos de los sindicatos docentes pues quienes no tienen esa posibilidad, en general, son los que no tienen forma de financiar ni siquiera un curso gratuito del CEPA (Centro de Pedagogías de Anticipación del GCBA); por supuesto, ni hablar de un posgrado que les permita acceder a un título universitario de grado...

En general, la formación docente se orienta hacia una población escolar sin discapacidad y se desalienta la incorporación de personas con discapacidad en los Profesorados e Institutos de Formación Docente como estudiantes y desde luego, ni pensarlo como docentes... Desde luego, es posible que puedan llegar a ser incorporados como alumnos en aquellas instituciones destinados a la formación de docentes para la Educación Especial, pero suele ocurrir que si desean incorporarse a un Profesorado para la Educación Común, lo más probable, es que aparezcan las sutilezas de la discriminación por parte de docentes, directivos y algunos estudiantes para lograr que desista de su propósito y si ha ingresado, buscarán la forma para que no se reciba... ¿ Y dónde quedaron los Derechos Humanos ?. En algún cajón perdido o en los laberintos de la burocracia pergeñada por los tecnoburócratas educativos...

Si llegaron a recibirse en las instituciones educativas de formación docente, les queda superar otro escollo: ingresar a la docencia. En general, podemos decir que los docentes con discapacidad suelen tener numerosos obstáculos que no son contemplados por la normativa vigente; es decir, por el Estatuto del Docente Municipal. Desde la falta de puntaje, que lleva a la espera de largos años o, tal vez, nunca... hasta su falta de adecuación a lo establecido por la Ley Nº 1502 de la Ciudad que, sin embargo, no contempla esta problemática tanto para lo educativo como para lo sanitario y que, además, no está reglamentada... A lo mejor, se decidió hacer clientelismo político y se reglamentará para las elecciones de octubre, para un nuevo acto demagógico como los acostumbrados pero queda la duda: ¿ lo harán ?, resulta difícil pensarlo...

Tener en cuenta la diversidad en lo educativo, significa la plena inclusión de niños, jóvenes y adultos como estudiantes y de docentes con discapacidad y de pueblos originarios en la Educación Común, lo cual permitirá incrementar la visibilidad de dos minorías tradicionalmente ignoradas por nuestra sociedad y por el Estado: las minorías indígenas y las personas con discapacidad.

La educación inclusiva, aún con las dificultades que ello supone, es un excelente instrumento para llegar a la integración social, para formar a los miembros de estas minorías como personas útiles para la sociedad, como personas y como ciudadanos. Es decir, es una herramienta para contribuir a la visibilización y a la toma de conciencia acerca de la necesaria tolerancia al otro, al diferente que debe construir la Escuela Pública para formar a las nuevas generaciones en un nuevo concepto de sociedad que llevará, sin dudas, a un nuevo concepto de Estado y de ciudadanía.

El indígena es un ciudadano por el sólo hecho de haber nacido en estas tierras, con su lengua y su cultura y la persona con discapacidad es un ciudadano más y una persona que tiene una capacidad diferente, otra forma de manifestarse o de moverse pero no es un inválido; ambos, tienen derecho a enseñar y a aprender como a trabajar...

Y es hora que la Nación, vieja incumplidora de las normativas sobre discapacidad y poco dispuesta a reglamentar la Ley Nacional Nº 25.689 sobre cupo laboral, al igual que la Ciudad de Buenos Aires, que sigue los dictados nacionales, se dispongan a cumplir de una buena vez para que los integrantes de estas minorías sean considerados como personas y como ciudadanos... ¿no les parece?.


* Juan Carlos Sánchez es Profesor de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales en I.S.P.'Dr. Joaquín V. González'.