Argentina: La lucha continúa
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Apuntes para una educación inclusiva
Prof. Juan Carlos Sánchez
Argenpress
La discapacidad ha sido enfocada en los ámbitos educativos, desde hace tiempo,
con un sesgo poco proclive a la inclusión en la Educación Común y, a la vez, con
una cierta y relativa inclusión en la Educación Especial, lo cual se revela en
los contenidos curriculares de cada uno de los niveles educativos del sistema
formal y en la cultura institucional de las instituciones dedicadas a la primera
rama mencionada.
La política educativa nacional y de la Ciudad de Buenos Aires no se caracteriza
precisamente por su tendencia a la inclusión de alumnos y docentes con
discapacidad en la Educación Común pues, en general, se sigue el criterio de
agruparlos en lo 'especial', más parecido a un ghetto que a una verdadera
inclusión tendiente a la integración social.
Operan los viejos paradigmas de la rehabilitación y de la inutilidad en forma
simultánea con la irrelevancia estatal derivada de la social, lo cual constituye
un verdadero obstáculo para lograr la inclusión e integración de las personas
con discapacidad, sean docentes o alumnos.
Esta operación moldea los contenidos curriculares y las prácticas educativas
como también la cultura institucional para devenir en un currículum rígido y
poco flexible frente a la diversidad psicofísica que lleva a incrementar aún más
la invisibilidad de un colectivo sumamente vulnerable.
La Educación es el primer motor inmóvil y causa eficiente para una inclusión que
permita una verdadera integración en la vida social de todos los individuos de
una sociedad y por ende, uno de sus principales fines es la socialización que,
sin dudas, debe tener en cuenta la diversidad cultural y psicofísica.
Ahora bien, ¿ cómo se puede tener en cuenta la diversidad en lo educativo ?.
Este interrogante tuvo algunas respuestas en la Ciudad de Buenos Aires para la
diversidad cultural, respecto de los niños y jóvenes de origen indígena o de
países limítrofes como también las hubo en ciertas jurisdicciones provinciales
como en el Chaco. Sin embargo, no alcanza porque se viene soslayando el derecho
a la Educación Común a las personas con discapacidad en virtud de la operación
que hemos mencionado con anterioridad.
Es importante advertir que si el principal rol de lo educativo es la
socialización de los individuos para su formación como personas, como ciudadanos
y como sujetos aptos para el trabajo, resulta ineludible tener en cuenta lo
diverso tanto en lo curricular como en la cultura institucional.
Con respecto a la diversidad cultural, es importante comenzar por la progresiva
inclusión de docentes provenientes de las culturas a las cuales se quiere
llegar, como también la formulación de un currículum flexible que tenga en
cuenta las particularidades de cada cultura. Tanto los indígenas como los
oriundos de los países limítrofes tienen características propias a las cuales se
deben adaptar los directivos y docentes con el fin de lograr un óptimo proceso
de enseñanza-aprendizaje respetando sus pautas culturales.
Lo mismo ocurre con la diversidad psicofísica, teniendo en cuenta la particular
constitución física y mental de las personas con discapacidad, las cuales
requieren de un marco curricular adaptado y de una cultura institucional que les
permita encontrar la aceptación de sus particularidades.
Sin embargo, podemos trazar una línea divisoria muy clara entre ambas ramas de
la Educación si ceñimos lo 'especial' a casos puntuales, a determinadas
patologías que impiden estrictamente la incorporación a la escuela común tanto
de docentes como de alumnos.
Si tenemos en cuenta la normativa vigente en la Ciudad de Buenos Aires, podremos
ver que la inclusión de niños con discapacidad depende de la opinión de un
consejo interdisciplinario, que es solicitada por los directivos de la
institución educativa donde ellos son inscriptos por sus padres, que aconseja la
inclusión en aquella institución que consideren conveniente, de acuerdo a la
evaluación de las condiciones del niño en cuestión.
A pesar de ello, existe una fuerte reticencia por parte de los directivos de la
Educación Común; quienes, en general, tratan de disuadir a los padres para que
inscriban a sus hijos en una institución educativa de la Educación Especial. En
muy pocos casos, podemos decir que cuando aceptan a un niño, joven o adulto con
discapacidad es porque prima mucho más la voluntad del directivo.
También ocurre lo mismo con los docentes, poco habituados o renuentes a trabajar
en equipo, porque supone enormes dificultades para el proceso de
enseñanza-aprendizaje cuando no están formados para coordinar el trabajo
conjunto de alumnos con y sin discapacidad como, por otro lado, son reticentes a
compartir lo áulico con un docente integrador o un facilitador para quienes
tienen alguna discapacidad porque no aceptan compartir lo pedagógico y la
autoridad en el aula....
Hace pocos días, gracias a un recurso de amparo, un niño con parálisis cerebral
tuvo que ser incorporado a una escuela común de la Ciudad de Buenos Aires, con
el acompañamiento de su terapeuta particular. Más allá de los bemoles que supone
la problemática de la responsabilidad de un profesional externo al personal
docente estatal, bienvenida sea esta oportunidad para comenzar una nueva etapa
en este sentido aunque, desde luego, deberá ser examinada en profundidad por
parte de la Secretaría de Educación del GCBA. Sin embargo, también es auspicioso
para la visibilización de la discapacidad en la escuela común porque sus alumnos
tendrán la oportunidad de compartir espacios y momentos con una persona
diferente, que se expresa y manifiesta de otra forma pero que es igual a ellos.
En otro orden de cosas, desde la óptica de la incorporación de docentes, podemos
encontrar que los docentes con discapacidad pueden llegar a incorporarse a la
Educación Especial pero difícilmente lo puedan hacer en la Común. Al no tenerse
en cuenta las particularidades de su formación y de su vida personal, debido a
la fuerte influencia de la patología discapacitante, suele pasar que no pueda
alcanzar el puntaje establecido para lograr algún cargo docente, gracias al
anacronismo del Estatuto del Docente, cuyo articulado premia más a aquellos que
pueden pagar los cursos de los sindicatos docentes pues quienes no tienen esa
posibilidad, en general, son los que no tienen forma de financiar ni siquiera un
curso gratuito del CEPA (Centro de Pedagogías de Anticipación del GCBA); por
supuesto, ni hablar de un posgrado que les permita acceder a un título
universitario de grado...
En general, la formación docente se orienta hacia una población escolar sin
discapacidad y se desalienta la incorporación de personas con discapacidad en
los Profesorados e Institutos de Formación Docente como estudiantes y desde
luego, ni pensarlo como docentes... Desde luego, es posible que puedan llegar a
ser incorporados como alumnos en aquellas instituciones destinados a la
formación de docentes para la Educación Especial, pero suele ocurrir que si
desean incorporarse a un Profesorado para la Educación Común, lo más probable,
es que aparezcan las sutilezas de la discriminación por parte de docentes,
directivos y algunos estudiantes para lograr que desista de su propósito y si ha
ingresado, buscarán la forma para que no se reciba... ¿ Y dónde quedaron los
Derechos Humanos ?. En algún cajón perdido o en los laberintos de la burocracia
pergeñada por los tecnoburócratas educativos...
Si llegaron a recibirse en las instituciones educativas de formación docente,
les queda superar otro escollo: ingresar a la docencia. En general, podemos
decir que los docentes con discapacidad suelen tener numerosos obstáculos que no
son contemplados por la normativa vigente; es decir, por el Estatuto del Docente
Municipal. Desde la falta de puntaje, que lleva a la espera de largos años o,
tal vez, nunca... hasta su falta de adecuación a lo establecido por la Ley Nº
1502 de la Ciudad que, sin embargo, no contempla esta problemática tanto para lo
educativo como para lo sanitario y que, además, no está reglamentada... A lo
mejor, se decidió hacer clientelismo político y se reglamentará para las
elecciones de octubre, para un nuevo acto demagógico como los acostumbrados pero
queda la duda: ¿ lo harán ?, resulta difícil pensarlo...
Tener en cuenta la diversidad en lo educativo, significa la plena inclusión de
niños, jóvenes y adultos como estudiantes y de docentes con discapacidad y de
pueblos originarios en la Educación Común, lo cual permitirá incrementar la
visibilidad de dos minorías tradicionalmente ignoradas por nuestra sociedad y
por el Estado: las minorías indígenas y las personas con discapacidad.
La educación inclusiva, aún con las dificultades que ello supone, es un
excelente instrumento para llegar a la integración social, para formar a los
miembros de estas minorías como personas útiles para la sociedad, como personas
y como ciudadanos. Es decir, es una herramienta para contribuir a la
visibilización y a la toma de conciencia acerca de la necesaria tolerancia al
otro, al diferente que debe construir la Escuela Pública para formar a las
nuevas generaciones en un nuevo concepto de sociedad que llevará, sin dudas, a
un nuevo concepto de Estado y de ciudadanía.
El indígena es un ciudadano por el sólo hecho de haber nacido en estas tierras,
con su lengua y su cultura y la persona con discapacidad es un ciudadano más y
una persona que tiene una capacidad diferente, otra forma de manifestarse o de
moverse pero no es un inválido; ambos, tienen derecho a enseñar y a aprender
como a trabajar...
Y es hora que la Nación, vieja incumplidora de las normativas sobre discapacidad
y poco dispuesta a reglamentar la Ley Nacional Nº 25.689 sobre cupo laboral, al
igual que la Ciudad de Buenos Aires, que sigue los dictados nacionales, se
dispongan a cumplir de una buena vez para que los integrantes de estas minorías
sean considerados como personas y como ciudadanos... ¿no les parece?.
* Juan Carlos Sánchez es Profesor de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales en
I.S.P.'Dr. Joaquín V. González'.