Marcos Taire
Argenpress

Al cumplirse tres décadas del comienzo del Operativo Independencia, Rosendo Fraga publicó en el diario La Nación un artículo (Memoria: sangre sobre el monte tucumano) que es un compendio de las mentiras de los jefes militares, una justificación de los crímenes cometidos por los uniformados y un desconocimiento de lo que la historia y la justicia ya probaron: esas acciones fueron el inicio del genocidio.

Fraga dice que la guerrilla del ERP 'controlaba un tercio de la provincia' de Tucumán. Mentira. La Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez del ERP operaba en una pequeñísima porción montañosa y su más resonante acción fue copar un poblado -Acheral- que apenas tenía una comisaría con menos de media docena de policías. El propio jefe del Operativo Independencia, general Acdel Vilas, confesó que 'la zona de responsabilidad de la brigada' era 'una franja territorial de 40 kilómetros', con 'una profundidad que iba de los 35 a los 40 kilómetros'. Es decir, menos de 1600 kilómetros cuadrados. Aunque Tucumán es la más chica de las provincias argentinas, hay que recordarle a Fraga que su superficie es de 22.524 kilómetros cuadrados. Y si el ERP hubiera controlado esa zona -lo que nunca ocurrió- hay que decir que su superficie equivale apenas a la décima cuarta parte del territorio provincial.

Al referirse al intento del ERP de copar el regimiento aerotransportado de Catamarca, Fraga afirma que 'los atacantes fueron repelidos y cercados por el Ejército y 16 de ellos murieron'. Falta decir una parte importante de la verdad: fueron asesinados después que agotaron sus municiones y se entregaron.

No es de extrañar que desde la lejana Buenos Aires se desconociera la superficie de Tucumán y el tamaño de la zona donde operaba el ERP. Pero afirmar que Catamarca y Córdoba son dos 'provincias que tienen fronteras con Tucumán' es un desatino que cualquier corrector de pruebas hubiera enmendado con solo mirar un mapa de la República Argentina.

Decenas y decenas de mentiras

Según Fraga, la campaña de represalia ejecutada por el ERP a raíz de los fusilamientos de Catamarca, provocó la caída de 'decenas de oficiales (...) y hasta conscriptos, muertos por lo general al salir o regresar de sus casas'. Otra mentira. Fueron 11 (once) los oficiales que mató el ERP, no 'decenas'. Y no mató ningún conscripto ni a la entrada ni a la salida de su casa.

Fraga, que bien podemos decir es, por lazos familiares y por identificación ideológica, un hombre del Ejército Argentino, aborda un tema central en su nota, pero no profundiza ni revela la verdad de los hechos. Dice que, como consecuencia de esas muertes, 'cada velatorio va generando un estado de opinión dentro del Ejército a favor de que la fuerza actúe directamente contra la guerrilla, algo rechazado por la mayoría de los militares hasta mediados de 1974'. Seguramente él tiene información que podría servir para desentrañar un enigma: ¿cuantos y quienes fueron los oficiales que se disfrazaron de Triple A para salir a matar en esos días? Al referirse a esos tiempos y esos hechos, un ex mayor del Ejército fue claro y revelador: '...los cuadros medios de las Fuerzas Armadas (...) noche tras noche, sin mediar órdenes, salían a combatir a la guerrilla en sus guaridas'. Según él, 'se combatía a la guerrilla sin órdenes, sin conducción y sin cobertura legal' (H.R.Abete, La Nueva Provincia, 5 de enero de 2001). En el transcurso de 1975 (febrero y octubre) el gobierno de Isabel Perón otorgó a los militares esa cobertura legal que les faltaba para iniciar el genocidio.

Cuando en su escrito Fraga relata el atentado contra un avión Hércules que transportaba efectivos de Gendarmería Nacional, afirma que hubo 'decenas de muertos y heridos que habían participado en el Operativo'. Otra vez la imprecisión y la vaguedad que permiten suponer e imaginar cosas que no ocurrieron o que no fueron como se las quiere mostrar. En realidad, ese día murieron 4 gendarmes y resultaron heridos no más de una docena. Después murieron otros dos que habían quedado heridos. Es decir, en total hubo sólo seis muertos. Obviamente, sería mucho pedirle a Fraga que informara cuál había sido la tarea de esos gendarmes en el Operativo. Pero nosotros podemos decirlo porque está contado por algunos gendarmes arrepentidos, por víctimas de la represión y por quienes investigaron esos hechos de hace treinta años. Los gendarmes eran los custodios de los campos de concentración. Allí torturaron y asesinaron, participando del pacto de sangre junto a militares y policías. Y el atentado contra el avión, no fue una 'operación combinada con el ERP'. La idearon, planificaron y ejecutaron militantes Montoneros. El ERP se enteró por los medios de prensa.

El marco constitucional: pretexto para secuestrar, torturar y asesinar

Fraga termina su nota diciendo que 'es oportuno recordar que el mayor foco de guerrilla rural de la historia Argentina fue combatido con éxito por el Ejército durante un gobierno constitucional'. Otra imprecisión. Faltaba decir, como lo confesó Vilas, que 'hubo que olvidar por un instante -un instante que se prolongó diez meses- las enseñanzas del Colegio Militar y las leyes de la guerra... Si, por respeto a las normas clásicas, nos hubiéramos abstenido de emplear métodos no convencionales, la tarea de inteligencia -y ésta era una guerra de inteligencia- se habría tornado imposible de llevar adelante'.

Hay que decirlo con todas las letras: en Tucumán no hubo ninguna guerra. Sí en cambio hubo una enorme represión contra el movimiento popular tucumano. Los militares no fueron a combatir 'la guerrilla rural' sino a destruir 'la subversión', es decir, a los obreros y estudiantes díscolos que luchaban contra un orden social injusto. En su delirio 'occidental y cristiano' veían guerrilleros en los rostros morenos de los obreros de la FOTIA y en el estudiantado inquieto y levantisco de la Universidad Nacional de Tucumán.

Fraga pretende reivindicar lo actuado por el Ejército en Tucumán amparándose en un decreto secreto de un gobierno constitucional. Como si no supiera que las órdenes emanadas a partir de ese decreto fueron vulneradas desde el primer día por las hordas comandadas por Vilas. Allí se establecía que en virtud del estado de sitio se podía allanar sin orden judicial y se podía detener personas. Pero se consignaba que a las 48 horas había que poner a esas personas a disposición del PEN o de un juez de la Nación. ¿Qué hizo Vilas? Detuvo, secuestró, torturó y asesinó a centenares de personas sin importarle un comino las normas de esa Constitución que supuestamente daba alguna validez legal al Operativo Independencia. Lo confesó él mismo: 'decidí prescindir de la justicia, no sin declarar una guerra a muerte a abogados y jueces complacientes o cómplices de la subversión', pues 'yo no tenía porqué apegarme al dictamen de unos cuantos togados...' Sólo por la Escuelita de Famaillá -el mayor aporte del Operativo Independencia a la historia de Tucumán- pasaron más de 1500 secuestrados, todos salvajemente torturados por los hombres de Inteligencia del Ejército. La mayoría fueron asesinados y desaparecidos.

El elogio de la represión, la justificación de la crueldad

No es la primera vez que Fraga elogia a los responsables del Operativo Independencia. Hace unos años, al prologar un libro titulado 'La guerrilla en Tucumán', del coronel Eusebio González Breard, dijo que 'la represión de la subversión no fue una decisión autónoma de las Fuerzas Armadas, ni la violencia empleada en ella, un acto de crueldad irracional'. En realidad, fue la aplicación, en el marco de la Doctrina de la Seguridad Nacional, de una metodología criminal llamada guerra contrarrevolucionaria. Para Fraga, González Breard tuvo que 'enfrentar a un enemigo no convencional que amenazaba los valores tradicionales de la Nación'. Hay que puntualizar que ese oficial fue adoctrinado en la escuela de criminales de los norteamericanos, la Escuela de las Américas. Después fue el jefe de Inteligencia del Operativo Independencia, es decir, responsable directo del secuestro, tortura, desaparición y asesinato de miles de tucumanos indefensos, capturados por bandas que vestían uniformes militares o policiales o andaban de civil, escondiendo su cobardía en lo que llegó a ser el símbolo del Operativo Independencia: la capucha.

La Comisión Bicameral tucumana que investigó las violaciones de los derechos humanos en esa provincia reflexionaba, hace casi 20 años, 'si es necesario para la paz y la seguridad de la Patria, entregar a una aterrorizada madre el cadáver masacrado de su hijo de 17 años, con los testículos colocados en la boca, como ocurrió aquí en Tucumán'. Habría que preguntar a quienes como Fraga defienden el Operativo Independencia, porque estiman que se 'amenazaba los valores tradicionales de la Nación', si ese episodio no era 'un acto de crueldad irracional'.