El autor de este artículo es miembro del Consejo Directivo de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Es representante del claustro de los
estudiantes e integrante de la agrupación independiente NBI. Su artículo pide el
debate frente al esperpento jurídico de que un organismo internacional como el
BID junto con empresas beneficiadas por las privatizaciones y los entes
reguladores que las deberían controlar, haya instalado en la Facultad de Derecho
el centro de estudios C.E.A.R.E., favorable a las privatizaciones y al
descontrol de los servicios públicos de las actividades estratégicas de la
energía argentina. Facundo Taboada inició una tarea de debate y esclarecimiento
que es fundamental que se conozca. En el Consejo Consultivo de ese centro de
estudios constituido en la facultad de Derecho de la Universidad Pública,
aparecen representantes de las empresas privatizadas que manejan el petróleo,
como Repsol, Pérez Companc y Petrobrás, el gas natural, como TGS y Gasnor y la
electricidad, como Edesur.
En la Facultad de Derecho de nuestra Universidad de Buenos Aires, existe una
sucursal del BID. Sí, del Banco Interamericano de Desarrollo, uno de los
acreedores financieros del país. Dicha sucursal, o Centro de Estudios de la
Actividad Regulatoria Energética (CEARE) se dedica a enseñar, encargar trabajos,
estudiar y, sobre todo, legitimar -como objetivo declarado- la regulación, e
implícitamente, el desprestigiado modelo argentino de la privatización de
empresas de servicios públicos.
La actividad de este 'centro de estudios' no se reduce al gas natural ni a la
electricidad, como cabría suponer, pues sus fundadores son el Ente Nacional
Regulador del Gas (Enargas) y el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre).
Inexplicablemente su campo de acción se extiende a todas las actividades de la
energía, como señala el nombre del centro creado por un quinteto de
instituciones (cuatro organismos públicos, de los cuáles dos son entes
reguladores y los otros dos facultades de la UBA, y un financista
internacional), acoplado con las empresas petroleras, gasíferas y eléctricas que
se han beneficiado de las privatizaciones y de la falta de control que muestra,
sin solución de continuidad, el Estado argentino.
Paraguas académico del BID
Legitimar desde la Universidad Pública la explotación privada de los servicios
públicos, de las actividades energéticas y la apropiación de recursos naturales
estratégicos y su renta, constituye el verdadero objetivo del Centro. Para
lograrlo acepta, sin el espíritu crítico que debería reinar en las facultades de
la Universidad de Buenos Aires, el proceso privatizador y de desregulación.
Además no ignora que la mayor parte de su financiamiento proviene del BID y
desconocemos (aunque no sería de extrañar), si las participaciones de ese
organismo multilateral de crédito contribuyen al sistemático aumento de la deuda
externa del país. No pudimos desentrañar si el BID da créditos duros o blandos,
o subsidios al CEARE: en cualquiera de los casos es malo que ese organismo
financiero beneficie las fracasadas actividades neoliberales. Como no sabemos
(aunque tampoco sería de extrañar) si las empresas petroleras, gasíferas y
eléctricas del exterior que participan en el Consejo Consultivo del centro de
estudios también lo financian.
Así es que este centro de estudios funciona como 'paraguas académico'. El BID
impulsa un acuerdo entre dos desprestigiados entes reguladores (el del gas
natural y el de la electricidad, cuyo balance de gestión está seriamente
sospechado de cooptación empresarial y de no favorecer a los usuarios ni al
interés general de nuestra sociedad), y las facultades de Derecho y de Ciencias
Económicas, ambas de la UBA. Por dicho acuerdo, el BID financia al Centro de
Estudios de la Actividad Regulatoria Energética.
Si se analizan los objetivos declarados y algunos de los estudios disponibles,
así como la orientación ideológica y la participación por demás conocida de sus
directores y funcionarios, se observa con preocupación cómo se ha introducido el
pensamiento único del neoliberalismo en una universidad pública nacional. Es
este el pensamiento ideológico en crisis, que tanto el Banco Interamericano de
Desarrollo como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, han
impuesto al mundo desde finales de la década de los ochenta. Aún cuando este
fundamentalismo está en retirada en el país y en el mundo, desde la Facultad de
Derecho se insiste en mantenerlo o recuperarlo para revivirlo con un subsidio
del exterior.
Pero no se trata solo del BID, las principales empresas extranjeras del sector
energético que se han enriquecido con las privatizaciones y la falta de control
del Estado son las que figuran, sin timidez alguna, garantizando y brindando
ideología al CEARE. Así aparece en los propios documentos de ese centro y, como
autoridad, un Consejo Asesor Consultivo conformado por funcionarios de empresas
transnacionales (las 'ganadoras' del proceso privatizador y desregulador), más
propio de una cámara empresaria que de un consejo académico. Figura en ese
consejo la Transportadora de Gas del Sur (TGS) que está enjuiciando a la
Argentina en el CIADI del Banco Mundial. También participan Gasnor, Edenor (otra
enjuiciante), Repsol, y Pérez Companc (ahora Petrobras) junto a un representante
del BID(1).
La universidad debe estudiar y exponer objetivamente
Llama la atención esta configuración, pero se hace coherente cuando en las
posturas de algún trabajo del CEARE aparecen, indirectamente, muchas de las
críticas que esas empresas hacen cuando demandan en el CIADI (más allá de ser
formalmente tribunales arbitrales), centradas en la pesificación, en la
suspensión de indexaciones extranjeras, y la devaluación ocurridas en el país, a
pesar de que dichos fenómenos, más allá de sus variadas características en el
tiempo y en el espacio, pueden y han debido ser aceptados por muchos Estados del
mundo y emanan de la soberanía económica de los países, sin que nadie discutiera
acerca del ejercicio normal de un país económica y socialmente en dificultades.
Ahora bien, la Universidad Pública encuentra el fundamento de su existencia no
solo en la posibilidad de garantizar a todos su derecho a la educación superior,
sino que tiene la obligación de producir los conocimientos necesarios para
mejorar las condiciones de vida de la sociedad que la sustenta. Ese es el
fundamento principal de su existencia, la generación de los saberes que van a
permitir vivir mejor a los ciudadanos que con su esfuerzo la sostienen. Así lo
impone el Estatuto Universitario de la Universidad de Buenos Aires cuando
señala: 'la Universidad estudia y expone objetivamente conclusiones sobre los
problemas nacionales'.
Por eso, resulta por demás repugnante a la esencia misma de la Universidad
Pública la existencia en su seno de un centro de estudios dedicado a profundizar
las causas de las circunstancias dramáticas por las que atraviesa el pueblo
argentino. En vez de estudiar cómo maximizar los beneficios de las empresas
prestatarias de los servicios públicos privatizados, el Centro de Estudios de la
Actividad Regulatoria Energética tendría que dedicarse a investigar qué debe
hacerse para que los recursos energéticos sean accesibles para aquellos que
están privados de satisfacer sus necesidades básicas. El CEARE tendría que
analizar de qué manera debe explotarse el gas para que nadie más muera de frío
en nuestro país o cómo lograr que todos los argentinos puedan gozar de las
ventajas de la energía eléctrica. Sin embargo, lo que se busca desde hace más de
una década, es maximizar los beneficios de unos pocos.
Cuando hablamos de espíritu crítico, cuando decimos que la Universidad de Buenos
Aires se hizo grande albergando a todas las corrientes de pensamiento, no nos
olvidamos que los proyectos subvencionados por empresas monopólicas y organismos
financieros atentan directamente contra este ejercicio de la libertad
intelectual que la Universidad y nuestra facultad deben asegurar. No es con el
dinero proveniente de los grandes centros económicos concentrados que los
alumnos y profesores de la Universidad Pública podrán ejercer el derecho a la
verdad. Estos centros de poder no tienen interés en la investigación a secas
sino que solamente están interesados en difundir el conocimiento que les es
funcional a sus privilegios. Estas doctrinas, como pudo comprobarse, son
visceralmente opuestas a las necesidades de las mayorías desplazadas durante la
década neoliberal. Es por ello que no deberían originarse en la Universidad
Pública. Para su producción existen innumerables universidades privadas y
fundaciones bien dispuestas a generar 'conocimiento' a cambio de
'financiamiento'.
Es necesario comenzar a debatir e investigar cómo un organismo internacional
asociado con las grandes transnacionales del petróleo, el gas y la electricidad,
se ha incrustado en la Facultad de Derecho creando una especie de ínsula que,
como la de Barataria, le resulta absolutamente gratis desde su origen. Porque,
¿cuáles son los beneficios que recibe la Facultad de Derecho de la UBA, es
decir, sus alumnos, egresados y profesores? Ninguno, todos lo beneficios se los
llevan las grandes empresas beneficiadas con las privatizaciones. Es curioso,
pero entre los profesores contratados por el Centro de Estudios para la
Actividad Regulatoria Energética son pocos los graduados en la propia facultad.
La mayoría de los profesores y funcionarios del CEARE son tan extraños a la
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, como lo es el
financiamiento de un centro a favor del proceso de desregulación y privatización
que el país ha sufrido.
Un debate amplio y con argumentos -que no se reduzcan a los eslóganes también
traídos de otros lugares con procesos neoliberales en decadencia-, que debe
realizarse en nuestra facultad como en todos los ámbitos del país donde se ha
sufrido esa política que provocó la pérdida de la renta y de los recursos
nacionales del país. Los millones de argentinos presos del hambre y la
desocupación así nos lo exigen...
Nota:
1) Los integrantes del Consejo Directivo del CEARE son Eduardo Ojea Quintana,
Vittorio Orsi, Fernando Ponasso, José M. Romero Díez, Jaime Sajoy y Oscar
Vicente.
