El Ministerio de Defensa va a jerarquizar el área de Derechos Humanos
Con el objetivo de profundizar valores democráticos en las Fuerzas Armadas, la ministra de Defensa se propone impulsar cambios en la Justicia Militar, rever los planes de estudio y reforzar la colaboración con la Justicia en causas por violaciones a los DD.HH. ³No hay espacio para el secreto militar², explican los allegados a Alejandro Rúa, quien será director de Derechos Humanos.

 El Ministerio de Defensa, a cargo de Nilda Garré desde hace dos semanas, se propone avanzar en la democratización de las Fuerzas Armadas. Para eso reforzará el perfil de la Dirección de Derechos Humanos de la cartera, que ideó su antecesor, José Pampuro, y le dará carácter institucional. El área que quedará a cargo de Alejandro Rúa, quien hasta ahora encabezaba la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia, tendrá entre sus objetivos: concretar modificaciones al Código de Justicia Militar para que respete todas las garantías constitucionales, restringir la aplicación de la Justicia Militar para dar lugar a la Justicia ordinaria cuando haya militares acusados de delitos comunes, cambiar los planes de estudio y colaborar en las causas judiciales sobre crímenes cometidos durante la última dictadura bajo la idea de que ³nada puede ser secreto militar².
 Ayer a la noche Garré reunió a los jefes de todas las fuerzas para anunciarles la creación de la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Humanitario y presentarles, en persona, a Rúa, que será su titular, según confirmaron a Página/12 funcionarios del ministerio. El Gobierno prepara un decreto para darle un rango destacado a la nueva repartición dentro de la estructura de Defensa. El tema, hasta el momento, estaba a cargo de la politóloga Marcela Donadío, a través de la Secretaría de Asuntos Militares.
 Hay dos situaciones que son el telón de fondo de la política de acercamiento entre las Fuerzas Armadas y la sociedad que quiere impulsar la ministra en esta segunda etapa del gobierno kirchnerista. Una de ellas es que en marzo se cumplirán 30 años del golpe militar. Otra alude a las obligaciones asumidas por el Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: allí Argentina se comprometió a derogar el Código de Justicia Militar, que data de 1951, y a rediseñar el sistema judicial para los miembros de las Fuerzas Armadas (ver casos aparte). Aunque este acuerdo data de hace casi dos años las reglas de las instituciones castrenses aún no fueron adaptadas a las prácticas propias de la democracia. El Gobierno parece predisponerse a evitar una condena internacional.
 Uno de los recaudos que tomará Defensa en relación a las funciones de la nueva dirección es que sus funciones no se superpongan con las de la Secretaría de Derechos Humanos que dirige Eduardo Luis Duhalde, dentro del Ministerio de Justicia.
 - La transformación de las leyes militares es uno de los grandes temas que encarará el área a cargo de Rúa, tal como pudo saber este diario. El ministerio parte de un diagnóstico: ³Con el Código vigente, los militares no tienen asegurados el derecho de defensa, ni las posibilidades de apelación y otras garantías indiscutibles para el resto del universo jurídico establecidas en la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos², explicaron allegados a la cartera.
 Durante la gestión de Pampuro fueron presentados tres proyectos de ley: en Diputados ingresó uno de la radical Margarita Stolbizer y en el Senado uno elaborado por el Poder Ejecutivo y otro por la senadora kirchnerista Marita Perceval, que preside la Comisión de Defensa. Las propuestas del oficialismo fueron consensuadas con las Fuerzas Armadas y apuntaron a eliminar las sanciones físicas, limitar el arresto, estipular las faltas disciplinarias con un modelo que establezca las diferencias claramente de los delitos.
También se preveía que los tribunales de honor puedan estar integrados por un oficial de rango inferior para juzgar a un superior. Los textos en danza tuvieron algunas objeciones de los organismos de derechos humanos, por ejemplo, en relación al alcance de la Justicia Militar. Por eso, lo más probable es que Rúa se mantenga en la misma línea, pero intente un mayor acuerdo de los distintos sectores y no está descartado que elabore un proyecto alternativo. Incluso podría poner en discusión la existencia misma de los tribunales militares o, al menos, apostaría asegurar que sólo funcionen como fuero de excepción. La idea es que los delitos comunes cometidos por militares sean tratados por la Justicia civil y que el fuero militar se limite a las cuestiones disciplinarias propias de las fuerzas. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que tiene dos reclamos ante la CIDH, reclama por ejemplo que la Justicia Militar debería tener debates orales y públicos y estar integrada por militares ³ajenos a las funciones propias del servicio².
 - Otro punto central de las reformas que estarían en camino es la modificación de los planes de estudio de las Fuerzas Armadas. La temática de los derechos humanos ha sido incorporada parcialmente a la formación, en charlas, materias o cursos aislados, al menos hasta el presente. Tampoco se hizo ni se está haciendo un análisis pormenorizado de los programas de enseñanza del ámbito militar, según informó el Ministerio de Educación. La intención de aquí en más, dicen en Defensa, es avanzar ³en un cambio cultural² y ³para que la conciencia sobre estos derechos atraviese toda la educación castrense².
 - La dirección que manejará Rúa intentará, probablemente, un cambio de política en relación al papel de Defensa en las causas sobre violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado y en las demandas que tramitan ante organismos internacionales. Buscará tener un papel más activo en las investigaciones, hacer los aportes a su alcance y desafiar la lógica del ³secreto militar². Desde que distintos tribunales anularon las leyes de punto final y obediencia debida hay más de 150 militares detenidos, que se sumaron a los que estaban presos por el robo de bebés hijos de desaparecidos.
 El objetivo es desterrar en forma definitiva una lógica de funcionamiento institucional que, por un lado, garantiza privilegios ante la ley y, por otro, los aleja de una cultura democrática.