A cuatro años de una de los mayores actos represivos cometidos por el estado provincial contra ciudadanos indefensos, como lo ha sido el diciembre trágico del 2001, desde la Comisión Investigadora No Gubernamental y los familiares de las víctimas venimos a decir que el poder político expresados a través de los poderes Judicial, Legislativo y Ejecutivo ha garantizado la impunidad de los responsables materiales como así también de los institucionales y políticos de los mencionados crímenes.

Santa Fe tiene el triste récord de ser la Provincia donde se produjo el mayor  número de víctimas fatales durante las históricas jornadas de diciembre del 2001. En ese marco 9 personas perdieron la vida, 6 en la ciudad de Rosario, 2 en la ciudad de Villa Gobernador Galvez y una en la Ciudad de Santa Fe.
De la totalidad  de las víctimas se ha determinado en sede judicial que 7 lo fueron por balas o posta de plomo que provenían de armas reglamentarias utilizadas por personal de la policía de la Pcia. de Santa Fe: Graciela Acosta, Walter Campos, Juan Delgado, Yanina Garcia, Rubén Pereyra, Ricardo Villalba y Claudio Lepratti.
A la fecha tan solo dos policías se encuentran privados de la libertad por resultar ser los responsables materiales de los asesinatos de Graciela Acosta y Claudio Lepratti: Luis Armando Quiroz y  Esteban Eduardo Velázquez. Permaneciendo el resto del personal policial implicado en los restantes asesinatos sobreseídos, encontrándose al  día fecha cumpliendo funciones gracias a la decisión de los sucesos gobiernos provinciales.
A lo largo de estos 4 años hemos denunciado de manera sistemática cada una de las acciones llevadas adelante, por parte del poder político, con el único objetivo de preservar la impunidad de los máximos responsables de estos hechos el ex Gobernador y actual Senador Nacional Carlos Alberto Reutemann, el ex Ministro de Gobierno Lorenzo Domínguez,  el ex secretario de Seguridad Provincial. Enrique Alvarez y quienes  se encargaron de ejecutaron sus ordenes  la plana mayor de la policía de provincial.
La absoluta falta de voluntad política para  esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades pertinentes quedo demostrada desde el  mismo momento en que se cometieron los crímenes. En el ámbito del Poder Legislativo, lo puso de manifiesto el  rechazo del Partido Justicialista a la conformación de una comisión investigadora, haciendo suyos   los argumentos de la principal institución estatal involucrada en los hechos, la policía de la provincia. Por su parte en el Poder Judicial, es necesario recordar las prácticas judiciales y policiales detectadas por la CING, que comenzaron a edificar la impunidad,
• Alteración y/o modificación del escenario de los hechos; Recepción de testimonios por parte de personal  policial involucrado en los homicidios investigados; Desobediencia de las instrucciones prevencionales dictadas por el propio juez de instrucción; falsificación de pruebas, como testimonios o actas policiales; Amenazas e intimidación a familiares de las víctimas y a testigos; Fabricación de causa penal  a la  víctima; Falta de preservación del escenario del hecho, En la totalidad de las indagatorias los policías niegan la utilización armas letales a pesar de encontrarse acreditado la utilización de las mismas; Rechazo a los pedidos de abocamiento solicitados por representantes de los familiares de las víctimas o por el Ministerio Fiscal; Falencias en la conducción Judicial de las investigaciones; Demora u omisión en la  realización de medidas probatorias esenciales; La instrucción Judicial no agota la totalidad de las hipótesis investigativas,  fundando sus resoluciones  casi exclusivamente sobre la base de las investigaciones realizadas por la policía y de los dichos de los propios imputados; denegatoria de participación de los familiares de las víctimas en las causas donde se deberían investigar las responsabilidades institucionales, entre otras que han sido reiteradamente denunciadas por la CING, en los diversos informes elevados a las autoridades políticas y judiciales durante los últimos 4 años.

Estas prácticas policiales y judiciales han sido convalidadas a través de acciones y omisiones de manera particular por el Poder Ejecutivo Provincial.  A través las mismas se crearon las condiciones para impedir el esclarecimiento de los hechos, garantizando la impunidad de sus autores materiales e intelectuales y eludiendo las responsabilidades políticas.-
El cambio de autoridades provinciales hace dos años lejos de significar un cambio en las políticas de impunidad las ha consolidado. En dicho período se designo  al Comisario Maldonado como jefe de la Policía de Rosario, el mismo que en diciembre del 2001 era jefe de la División Judiciales, el mismo que coordinó y avaló las maniobras para encubrir a los responsables y cómplices de los asesinatos de Diciembre. Se nombró además a los Comisarios  MILICIC y STORANI  (jefe y subjefe de la policía en Diciembre del 2001) en la Comisión de Planificación e Inteligencia del Ministerio de Interior nacional en representación de Santa Fe. El nombramiento de un ex diputado provincial, Domingo Pochetino, que voto en contra de la conformación de una comisión investigadora parlamentaria como Secretario  de Derechos Humanos puso de manifiesto  la impronta del nuevo gobierno de Jorge Obeid, que en dos años de gestión  no ha tenido la delicadeza  de recibir a los familiares de las víctimas de diciembre del 2001, a pesar de los reiterados pedidos realizados. Es necesario hacer notar además el incumplimiento de la promesa  realizadas a la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Nación, de entregar   la totalidad de la información existente en el Estado Provincial en relación a las ordenes impartidas a las fuerzas de seguridad durante el 19,20 y 21 de diciembre del 2001.-
En este mismo de orden de ideas es necesario resaltar además que a pesar de toda la prueba colectada que demuestra  la responsabilidad de Estaban Velázquez en el asesinato de Pocho Lepratti, además del  procesamiento por encubrimiento agravado y falsedad ideológica de 11 policías, que se desprende de dicha investigación, el apoderado de la Fiscalía del  Estado Provincial planteo en todas las oportunidades judiciales que tuvo " que no se ha demostrado con certeza que el balazo recibido por Claudio Lepratti y su posterior  muerte  haya sido  efectuado por Estéban Velázquez" y  señaló que "es posible que el disparo mortal haya provenido de terceros ubicados en la Circunvalación" , planteo  que ofende la inteligencia humana además de poner de manifiesto una vez  el inquebrantable compromiso con la impunidad de las autoridades provinciales.
Un párrafo aparte merece la actuación del poder legislativo provincial, y de modo particular la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados de la Provincia que durante estos 4 años además de incumplir el compromiso que se había autoimpuesto al rechazar la conformación de una comisión parlamentaria investigadora, esto es. " un estricto seguimiento de los avances en materia administrativa y judicial, efectuar y adoptar en lo inmediato, decisiones tendientes a obtener más información y en su consecuencia, aquellas necesarias, que aseguren la plena vigencia de los derechos y garantías, como así también que o se avizore el mínimo sesgo de impunidad ante la posible comisión de un ílicito.", premió con su  ascenso a   uno de los principales  artífices judiciales de la impunidad de los funcionarios públicos,  como lo ha sido el Juez Roberto Reyes. Quien tuvo el apoyo de todo el bloque oficialista de los legisladores de nuestra provincia, los que el día 13 de Octubre de este año coronaron con sus firmas en forma definitiva el ascenso de este personaje nada menos que al cargo de Camarista en retribución  a su valentía de no juzgar a los verdaderos responsables políticos de una masacre anunciada. La decisión del poder legislativo a través de sus legisladores oficialistas de convalidar el ascenso de Reyes coronó la impunidad y selló el pacto de complicidades necesarias de nade menos que todos los órganos del Estado.- .- Demostrando  el funcionamiento del Poder Judicial en plena connivencia con las prácticas del poder político.-
Este ascenso resulta ofensivo y claramente incompatible con el  Estado de Derecho y la Democracia además  de constituir una afrenta inaceptable para con los familiares de las víctimas y la vigencia de los Derechos Humanos y las libertades democráticas.
Una vez más reafirmamos que  los funcionarios del Estado por pertenecer a la entidad que monopoliza la violencia tienen responsabilidades superiores a las de cualquier ciudadano, esas responsabilidades pueden incumplirse tanto por acción como por omisión.
Por otra parte los funcionarios políticos son los responsables de administrar correcta y legalmente la violencia del Estado y sobre ellos recae la responsabilidad que el conjunto de la población les delega por medio del voto.
Durante las jornadas del 19,20 y 21 de diciembre del 2001 el despliegue de las fuerzas de seguridad en toda la extensión del territorio provincial y, en especial, el operativo policial montado en Rosario, Villa Gobernador Gálvez y la ciudad de Santa Fe, obedeció a una decisión política del gobierno provincial. Por lo tanto es evidente que dada la magnitud de los acontecimientos, no fue la conducción de la Policía  quien decidió llevar adelante ese gran operativo donde participaron todas las divisiones y secciones policiales, sino que fue el Poder Ejecutivo el que ordenó cuáles eran los objetivos a cumplir y cómo cumplirlos.-
Todo lo aquí afirmado fue expresado también, en febrero del 2004, por  la Sala IV de la Cámara Penal de Santa Fe. La misma envió al fiscal de Cámara una resolución  que ordenó  investigar la supuesta responsabilidad de los funcionarios políticos del gobierno de Carlos Reutemann durante la represión policial del 19 y 20 de diciembre de 2001, remarcando que la posible existencia del delito de incumplimiento de deberes de funcionario público fue planteada desde el inicio del expediente, en mayo de 2002, y hasta ahora no fue investigada en ningún ámbito judicial. Este órgano jurisdiccional al emitir  esta opinión viene a cuestionar  la actuación de los sucesivos funcionarios judiciales que tuvieron en sus manos dicha investigación y no lo hicieron a saber: el Dr. Barbero, Titular del Juzgado de Instrucción de la 13 Nominación, el Dr. Alarcón Titular del Juzgado Correcional de la 2da Nominación; el Dr. Roberto Reyes, titular del Juzgado Correccional de la 8va Nominacion de la Ciudad de Santa Fe, el Dr Favareto Fiscal de la Ciudad de Santa Fe  y la Dra Nelida Riboira Fiscal de la Ciudad de Rosario, entre otros.
En este 4º aniversario nos unimos y nos movilizamos para reivindicar  una verdadera democracia, para decir la lucha sigue y seguirá,  y exigir el juzgamiento y la condena a todos los funcionarios políticos, policiales y judiciales que consagraron la impunidad en Santa Fe permitiendo que los asesinos,   represores y genocidas sigan cumpliendo funciones en las fuerzas de seguridad y en el aparato de Inteligencia de los Estados Provincial y Nacional.

No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos juicio y castigo a los culpables.

COMISION INVESTIGADORA NO GUBERNAMENTAL DE LO HECHOS DE DICIEMBRE DEL 2001.-
FAMILIARES DE VICTIMAS DE DICIEMBRE DEL 2001.-