"500 veces se probó esta cobardía"
Después de siete meses, el tribunal que juzga al comisario Alfredo Fanchiotti y a su chofer está por dictar sentencia. La fiscalía pidió prisión perpetua. Antes de la resolución, les tocará a los defensores.

Laura Vales
Página 12

Dos preguntas estuvieron presentes durante estos siete meses en la sala de audiencias donde se juzgó al comisario Fanchiotti y su chofer, Alejandro Acosta. La primera fue dicha finalmente el jueves por Mariano Bergés, de la querella de Santillán: "Muchas veces me he preguntado cómo es posible que existiendo tantas imágenes hubiera que cumplir con un juicio de este tamaño. Me queda la idea de que cada vez que tuvimos que exhibir una foto o un video, probamos estos desgraciados hechos. Si vimos 500 veces las fotos de la muerte de Darío Santillán, 500 veces se probó el cobarde y traicionero modo en que fue muerto". La segunda pregunta fue formulada por Rodrigo Borda, querellante por los heridos: "Hemos preguntado a los testigos cuestiones que parecían exceder a las dos muertes, como cuál era la percepción del Gobierno sobre el conflicto social, o qué se discutía en esos días en el gabinete. ¿Qué nos aportó esa información?" El interrogante tiene que ver con si será posible ir más allá de lo filmado o fotografiado. En este sentido, el balance es que se consiguió avanzar, ya que hubo ex funcionarios que reconocieron lo que hasta ahora sólo podía ser denunciado como una deducción.
- Un testimonio memorable en ese sentido fue el del entonces jefe de la SIDE, Carlos Soria. "Yo analizaba junto a los ministros la situación y siempre surgían los mismos temas: cacerolazos, caos, cortes de ruta, escraches", declaró ante el tribunal. La protesta del 26 de junio "era un caso testigo porque por primera vez todas las organizaciones sociales se ponían de acuerdo. No lo podíamos permitir. La democracia funciona con orden." Por su indicación, la SIDE elaboró un informe que mostraba a los piqueteros como la nueva guerrilla urbana y advertía sobre la existencia de un plan insurreccional para derrocar a Eduardo Duhalde. El informe fomentó la respuesta violenta del Estado. Le preguntaron a Soria si él no evaluaba la seriedad de informes que hablaban de una inminente revolución.
–Por supuesto que evaluaba. Los hechos del 19 y 20 de diciembre (del 2001) se evaluaron mal y por eso pasó lo que pasó.
–¿Usted consideró que (el 26 de junio) había un riesgo real?
–En la Argentina de los últimos años siempre estamos en riesgo –dijo.
- Los informes de la SIDE llegaron a los tribunales de Lomas de Zamora con demora, ya comenzado el juicio. "Eso, y la reticencia de los entonces jefes de la fuerzas federales para explicar las tareas de inteligencia que realizan, que están expresamente previstas en la ley de inteligencia, nos hacen pensar que los informes que nos mandaron son sólo la punta de un iceberg", dice Ignacio Irigaray, de la querella de Santillán. "De todos modos, los informes de la SIDE que llegaron al tribunal son ilegales." Por este motivo la querella pidió que se abra una causa judicial contra Soria y Oscar Rodríguez, quien fue su segundo en la SIDE.
Según la ley de inteligencia, es ilegal "obtener o almacenar datos sobre personas por sus opiniones políticas o su pertenencia a organizaciones partidarias o sociales", repasa Irigaray. "Además, la información acopiada deber ser socialmente justificable, esto es, que su obtención debe tener no sólo un fin legal sino también moral. Por ello no se debe permitir que oficinas gubernamentales se dediquen al registro y archivo de información falsa o discriminatoria sobre los habitantes, con fines persecutorios".
- ¿Para qué otros funcionarios se pidió juicio? Para el ex ministro de Seguridad Luis Genoud (hoy integrante de la Suprema Corte bonaerense) y el ex jefe de la policía bonaerense Edgardo Beltracchi. Al ex ministro de Justicia Jorge Vanossi, por falso testimonio. Eduardo Duhalde, Juan José Alvarez (secretario de Seguridad), Jorge Matzkin (ministro del Interior) y Alfredo Atanasof (jefe de Gabinete) ya están imputados en los tribunales federales. Esa investigación hasta ahora no tuvo movimiento.
- El fiscal Bernardo Schell pidió, a su vez, que se investiguen los vejámenes cometidos contra los manifestantes detenidos en la comisaría 1ª de Avellaneda. El caso testigo es el de Sebastián Russo: herido en una pierna, lo tuvieron ocho horas sangrando en la comisaría, donde además lo golpearon hasta desfigurarlo. Los malos tratos contra los detenidos sólo se interrumpieron cuando se presentaron Luis Zamora y Vilma Ripoll.
- Los querellantes completaron, en sus alegatos, el clima político en el que ocurrió la masacre de Avellaneda. Recordaron la conferencia de Matzkin en la que sostuvo que los piqueteros se habían matado entre ellos. "Las acciones que dejaron el trágico saldo de dos muertes constituyen un plan de lucha organizado y sistemático", aseguró. Juan José Alvarez intentó también instalar esta versión. "Los que manifestaron lo han hecho de una manera violenta e irracional, se han visto agresiones con escopeta". La conferencia de prensa, señalaron los querellantes, mostró la voluntad política del Gobierno de encubrir lo que había sucedido.
- Un hilo histórico permite, además, leer las muertes de Kosteki y Santillán en un contexto más amplio. Roberto Yansón, querellante por las víctimas, colocó una de sus puntas en la dictadura y la otra en el presente. Consideró que el uso de munición de guerra contra los manifestantes y los vejámenes en la comisaría son secuelas del terrorismo de Estado. "Secuelas que hacen que los policías bonaerenses miren como enemigos a las personas que caminan por la calle, especialmente si se trata de pobres o de negros, como dijo el propio Fanchiotti" (según su chofer, cuando comenzaron los incidentes el comisario le dijo "a estos negros hay que matarlos"). La otra punta del hilo, ubicada en el presente, es el rol de la Justicia frente a los abusos, "con jueces y fiscales que avalan, como lo han hecho en el caso de Gabriel Roser, que un militante social pase un año y medio preso por una causa armada por la Bonaerense". Si el contexto político de junio de 2002 permite entender cómo Fanchiotti y Acosta hicieron lo que hicieron, el actual habla de por qué, pese a todas las imágenes, los acusados insistieron en decir que los disparos salieron de piqueteros infiltrados, o que ellos no usaron municiones de plomo