En el Bolet�n n� 351 inform�bamos la grave situaci�n que se da en la ciudad de Bariloche con la militarizaci�n de los barrios del Alto, que concentran la poblaci�n m�s pobre, que aparenta ya tener visos de "prueba piloto" para las ciudades de gran brecha entre ricos y pobres. El verdadero cerco militarizado que rodea la zona de pobreza y exclusi�n divide la ciudad entre una zona "blanca" donde hay garant�as constitucionales y otra en la que todo vale, lo que adem�s sirve de excusa para que los sectores medios puedan decir "yo no s� nada", ya que el accionar d elas fuerzas de seguridad se constri�e al Alto.

Los compa�eros de la Corriente Militante por los DDHH de R�o Negro y Neuqu�n, entre ellos Marina Schifrin y Alfredo Ch�vez, e presentaron el pasado 6 de diciembre ante la justicia penal para iniciar una acci�n de amparo sobre el tema. S�lo despu�s de mucha presi�n y ante la presencia de los medios de comunicaci�n accedi� el juzgado a darle entrada a la presentaci�n, si bien de inmediato se declar� incompetente, remiti�ndola al inefable juez federal Le�nidas Moldes.

En el juzgado federal continuaron las dilaciones, esta vez exigiendo patrocinio letrado y personer�a jur�dica del peticionante. Se subsan� la cuesti�n al sumarse a la presentaci�n la APDH local, el Equipo Patag�nico de Derechos Humanos y el abogado Dar�o Rodriguez Duch. Ahora el juzgado est� resolviendo si es competente o si remite las actuaciones a la Corte Suprema, mientras contin�an en la ciudad los operativos conjuntos de fuerzas de seguridad federales y del grupo especial BORA de la polic�a provincial.

Los compa�eros reclaman en la presentaci�n que se declare la inconstitucionalidad de las medidas que reforzaron la cantidad de efectivos de seguridad en la ciudad y solicitaron medidas cautelares que hagan cesar los operativos policiales, argumentando que la intervenci�n de fuerzas de seguridad federales en jurisdicci�n provincial s�lo est� prevista en caso de que "est� en juego el orden constitucional; cuando hay una situaci�n de desastre natural o si existe peligro colectivo para la vida y el patrimonio de las personas", lo que en este caso est� ocurriendo, pero por la actuaci�n de gendarmer�a, el grupo BORA y dem�s personal uniformado.

Tener un rostro del tercer mundo, ser negro, musulm�n o latinoamericano pobre, es sin�nimo de ser objeto de racismo, persecuci�n y muerte en el primer mundo blanco, especialmente el saj�n.

Con el verso del terrorismo, la polic�a del genocida Blair fusil� a un ciudadano brasile�o en el subte londinense. Ni siquiera se hab�a resistido a ser demorado. Ahora le toc� el turno a la polic�a del genocida Bush. Esta semana, en el aeropuerto de Miami, mataron a un costarricense con la excusa de que el desafortunado -que aparentemente ten�a sus facultades mentales alteradas- habr�a dicho que ten�a una bomba en el bolso de mano.

Seg�n las informaciones disponibles, intervinieron en el fusilamiento los "alguaciles a�reos" que, armados, viajan en los distintos vuelos norteamericanos disimulados en el pasaje con la excusa de la "lucha contra el terorismo". Rigoberto Alpizar habr�a sufrido un episodio de p�nico e intent� bajar del avi�n antes del despegue. Los "sheriffs" del aire le ordenaron tirarse al suelo, pero el hombre no obedeci� y se aferr� a su mochila, por lo que le dispararon. Su mujer, seg�n testigos presenciales, gritaba en ese momento "no tiren, tiene un desorden mental".

Desde ya que la mochila no conten�a ning�n artefacto explosivo ni Alpizar dijo nada de una bomba, como declar� p�blicamente el obrero de la construcci�n que iba sentado a su lado en el avi�n. Todo remite a las mentiras exculpatorias como las que inventaron los asesinos de Scotland Yard para justificar el homicidio de Menezes. La concepci�n yanqui de la seguridad nacional les permite violar los m�s elementales derechos humanos, empezando por la vida, m�xime cuando el muerto es un individuo de tez oscura. 

El juicio por la masacre del puente Pueyrredon est� llegando a su fin. Despu�s de meses de testimonios, de arrimarse pruebas de todo tipo, esta semana se empezaron a escuchar los alegatos de la fiscal�a y de los particulares damnificados. A partir del lunes, las defensas de los acusados Fanchiotti y Acosta har�n su parte.

Mientras una manifestaci�n, de la que form� parte la CORREPI, se agolpaba a la entrada del tribunal de Lomas de Zamora, el ministerio p�blico -que precisamente no es la representaci�n de los intereses del pueblo, pues el fiscal Bernardo Schell ha sido bastante procana toda su vida - y los abogados de las familias Kosteki acusaron a los imputados como coautores de las muertes de Maximiliano Kosteki y Dar�o Santill�n y de otros siete intentos de homicidio de los piqueteros.

Los acusadores pidieron la pena de prisi�n perpetua para el comisario Alfredo Fanchiotti y su chofer, Alejandro Acosta. Para los otros cinco polic�as juzgados se solicitaron penas menores por encubrimiento, ya que ocultaron los cr�menes, y de 10 meses de detenci�n a Celestino Robledo, un retirado que se sum� a la represi�n.

En los alegatos se destac� que Fanchiotti y Acosta actuaron "de com�n acuerdo, disparando con munici�n de plomo para dar muerte a los manifestantes del 26 de junio del 2002, sabiendo cada uno lo que hac�a el otro y prest�ndose mutuo apoyo y demostrando un manifiesto desprecio por la vida humana, ya que se prob� largamente que a Dar�o Santill�n le dispararon mientras estaba indefenso, sin representar ning�n peligro, tratando de auxiliar a un compa�ero herido".

Pocas dudas hab�a en cuanto a la materialidad de los hechos y la responsabilidad penal de estos cretinos, porque los hechos fueron fotograf�ados y filmados. Pero esas im�genes nunca hubieran alcanzado estado p�blico si un fot�grafo independiente como Sergio Kowalewsky, representado por la CORREPI, no hubiera tenido el coraje de denunciarlo. Porque si se esperaba a los medios de comunicaci�n del sistema, que tambi�n ten�an esos retratos fotogr�ficos, probablemente nunca hubieran llegado a la justicia. Es bueno recordar que Clar�n, el gran diario argentino, demor� 24 hs. la publicaci�n de sus propias fotos de la represi�n.

Sobre Fanchiotti y Acosta recaeran las m�s duras condenas. Y se lo merecen. Pero este juicio ha sido rengo. Le falt� una pata. La matanza no fue planificada por un par de "loquitos sueltos" de la comisar�a primera de Avellaneda. Faltan los autores intelectuales. Como dijo uno de los fiscales "el gobierno (de Duhalde) gener� un clima, hizo gestos que incitaron a la represi�n (...) alent� el uso de la violencia" frente a ciudadanos "que estaban cayendo en la indigencia y se organizaron para reclamar".

Son responsables el ex titular de la SIDE Carlos Soria y a su segundo Oscar Rodr�guez, el ex ministro de seguridad bonaerense Luis Genoud y el ex de Defensa Horacio Jaunarena. El ex ministro del interior Juan Jos� Alvarez y el ex ministro de Justicia Jorge Vanossi. Y por supuesto, Duhalde.

Pero tambi�n es responsable por encubrimiento el gobierno de Kirchner, quien para la tribuna, supuestamente mand� los archivos de la SIDE para ser investigados y en realidad, como en el caso AMIA, se trat� de unos papeles sin contenido.

Unicamente habr� justicia para Maxi y Dar�o cuando los pol�ticos sean juzgados y castigados. 

En tanto que se conoc�a la liberaci�n de los cuatro compa�eros uruguayos detenidos por manifestarse en contra de Bush,  la justicia "frenteamplista" procesaba a la militante de la Plenaria Memoria y Justicia, Irma Leites por el delito de "desacato por ofensa".

Leites hab�a sido citada por el juez Miguez el pasado 8 de noviembre, luego de que integrantes de la Plenaria Memoria y Justicia realizaran una manifestaci�n frente a la sede del Tribunal de Apelaciones que orden� el archivo de la investigaci�n sobre la desaparici�n de Mar�a Claudia Garc�a de Gelman. En esa ocasi�n, militantes de la Plenaria pintaron la leyenda "Alcahuetes de los milicos" en el garage del Tribunal.

El juez Miguez pretend�a que Leites le diera los nombres de los autores de la pintada, y como Leites se neg�, la proces� por "desacatada". Irma Leites fue detenida en el a�o 1973 cuando ten�a veinte a�os, en aquel entonces era estudiante y trabajadora textil y permaneci� nueve a�os presa (desde noviembre del '73 hasta agosto del '82). Cuando la detuvieron integraba el Movimiento de Liberaci�n Nacional Tupamaro.

Durante su cautiverio fue torturada y como consecuencia del suplicio estuvo dos a�os sin poder caminar, raz�n por la cual, en ese momento se logr� que el gobierno suizo la solicitara, pero el asilo le fue denegado. Fue trasladada a varios centros de detenci�n de la dictadura uruguaya hasta que en 1982 encapuchada y esposada fue a Suecia.

Regres� a Uruguay en 1985 y continu� su militancia. Integr� el Comit� Central del MLN, al que en junio de 1989 present� su renuncia por profundas discrepancias pol�ticas. Finalmente, junto a otros compa�eros form� la Plenaria Memoria y Justicia, organizaci�n que lucha contra la impunidad y por el respeto a los Derechos Humanos.

Es gracioso que los jueces de Tabar� pretendan que una compa�era tan �ntegra sea buchona del sistema.

SEIS A�OS DE LA MASACRE DE CORRIENTES (Reproducimos el llamamiento de nuestra compa�era Hilda Presman, militante de derechos humanos autoconvocada desde el a�o 1999)

El purgador Arslani�n puso en funciones a los primeros 600 uniformados de la Polic�a Tur�stica supuestamente para prevenir y reprimir el delito en los partidos de la Costa Atl�ntica. Esta policia tur�stica suplantar� a los famos�simos Operativo Sol Sin Droga (o Droga Sin Sol como lo denomin� alguna vez Maradona) que la Provincia implementa desde hace 34 a�os en la Costa Atl�ntica.

Parece que el gobierno de Felipillo no quiere sacar canas de otros distritos para que se vayan a veranear a la costa, por lo que form� un grupo de "guardianes del orden" con bermudas y bronceador propio.

La verdad que es buena la idea ya que, de esta manera se podr� identificar a los canas que peguen y bardeen a los pibes, lo que habitualmente se dificulta porque durante el verano act�an en la costa efectivos de cualquier otro lugar de la provincia. Y ante cada denuncia, los fiscalillos de Dolores deber�n instruir causa contra los polic�as, y no como hasta ahora que ven�an diciendo que no pod�an continuar con las denuncias por apremios ilegales o vejaciones porque no pod�an determinar si el cana que peg� o humill� era de la departamental o de cualquier otro lugar de la provincia y no lo conoc�an.

Se supone tambi�n que los integrantes de la Tur�stica no tendr�n relaci�n con la cana de Pinamar, aquella que en el verano del 95 organiz� para el empresario burgu�s nacional Yabr�n el asesinato de Jos� Luis Cabezas.

Viernes 16 de diciembre, 19:00, CHARLA-DEBATE por la libertad y cese de persecuci�n de todos los luchadores populares. Anchorena N� 76, Capital Federal (a 3 cuadras de Plaza Once).

S�bado 17 de diciembre, 15:00, Corrientes y Angel Gallardo, Escrache al comisario Weber, asesino de Carlos Almir�n.