SUMARIO 1- Enemigos de la Humanidad 2- Criminalizar la protesta I 3- Más hipócritas 4- Criminalizar la protesta II 5- Criminalizar la protesta III 6- Anibal obliga a sus huestes 7- Aclaración 8- Masacre de Magdalena 9- Próximas Actividades
ENEMIGOS DE LA HUMANIDAD
Esta semana se volvieron a conocer más y nuevos detalles sobre las atrocidades
que cometen las fuerzas armadas yanquis en Irak. Dos hombres denunciaron que a
partir de su detención a manos de las tropas invasoras sufrieron palizas
diarias, simulacros de fusilamientos, sofocaciones, humillaciones sexuales por
parte de las uniformadas femeninas y hasta se los encerró en una jaula con
leones.
A su vez se conoció el estado sanitario de 173 prisioneros de una cárcel de
Bagdad, dependiente de la nueva policía irakí que es entrenada por los esbirros
del imperio. Los detenidos, todos acusados de sedición "parecían sobrevivientes
del holocausto" según la prensa. Para aquellos que no lo entienden, estos
procedimientos se denominan tortura, crimen de lesa humanidad que, además, en
situación de guerra como la que se vive en el mundo gracias a EE UU, es
crimen de guerra.
También se conocieron las declaraciones de ex director de la CIA, Gral. Turner,
que acusa a la actual administración de la central de inteligencia yanqui de
aplicar sistemáticamente la tortura a pesar que el congreso no admitió la
petición del vicepresidente Cheney en cuanto que los espías puedan
torturar terroristas cuanto quisieren y lo consideren necesario. El presidente
Bush ya anticipó que podría vetar esa resolución y así rediscutir la "licencia
para torturar" .
Mazmorras como las mencionadas, las de Guantánamo, Abu Ghraib, etc. parece que
hay en todos lados del planeta. Y también se confirmó que la CIA se dedica a
hacer desaparecer presuntos terroristas y llevarlos a centros clandestinos de
detención en Jordania, Malasia, Arabia Saudita, Egipto, Singapur, y también a
las "nuevas democracias" del Este Europeo como Rumania y Polonia.
Finalmente admitió el Pentágono que usaron fósforo blanco -arma prohibida por
las Convenciones de Ginebra- para atacar a los "terroristas" en Fallujah.
El interrogante sería: ¿Son necesarias más pruebas para considerar a EEUU
enemigo de la humanidad? ¿Son necesarias más pruebas para caracterizar al
invitado de K, George Bush como el Hitler del siglo XXI?
CRIMINALIZAR LA PROTESTA
Las movilizaciones antiimperialistas del pasado viernes 4 en Buenos Aires, Mar
del Plata y Montevideo culminaron, en todos los casos, con represión y presos.
En Buenos Aires, los siete compañeros detenidos fueron indagados el sábado por
el juez Ballesteros, y luego excarcelados. Esta semana -en tiempo verdaderamente
record- todos fueron procesados por intimidación pública, algunos en concurso
con el delito de lesiones (a policías) y de daño (a locales de empresas
norteamericanas). Como siempre, los únicos elementos de prueba contra los
compañeros son las declaraciones de los policías que los detuvieron, que llegan
al absurdo, por ejemplo, de imputar a un compañero que tiene una seria
discapacidad en una pierna haber arremetido a patadas contra dos uniformados a
la vez. Obviamente la defensa apelará los procesamientos ante la Cámara Federal.
En Mar del Plata, como ya hemos informado, todos los detenidos de la noche del 4
de noviembre, en número superior a 80, fueron liberados entre el sábado y lunes
siguiente. Sólo cinco de ellos quedaron imputados por "hurto calamitoso",
mientras que los demás, demostrando lo arbitrario de la cacería producida por la
policía, fueron objeto de convenientes detenciones "para establecer identidad",
cuando no de inexistentes "contravenciones" del código de faltas provincial.
Pero en la Ciudad Feliz no había terminado aún la marcha cuando el intendente
radical (hoy espada kirchnerista) Daniel Katz salió a los medios a señalar a los
dirigientes del MTR-CUBa Oscar Kuperman y Ricardo "Chacho" Berrozpe como
"responsables de esta locura", tema sobre el que ya nos pronunciáramos en el
comunicado titulado "Hipócritas". A partir de allí se desató una avalancha de
acusaciones en los principales medios de la ciudad (liderados por el inefable La
Capital, que cada vez tiene menos que envidiarle a la Nueva Provincia, el diario
de la familia Massot de Bahía Blanca), y que a su vez fue reproducida por
Clarín, La Nación y otros medios nacionales.
De inmediato se instaló en esos medios que además de los mencionados, otros
referentes de Quebracho, del Movimiento 29 de Mayo y de otras organizaciones
estaban siendo investigados, y más aún, que se había librado órdenes de
detención sobre la base de un "informe de inteligencia" elaborado por el
Ministerio de Seguridad bonaerense. Cualquier similitud entre ese informe y
el célebre "libro azul" con que el ministro Corach promovió denuncia ante el
juez federal Liporace contra varias organizaciones populares a mediados de los
noventa, no es mera casualidad, sino la prueba evidente de la continuidad de las
políticas represivas en Argentina. Sólo que Arslanián, superando por varios
cuerpos a Corach, incluye en su "informe de inteligencia" a todo el arco que
movilizó contra Bush en Mar del Plata, pues aparecen allí mencionados, además de
los compañeros de las organizaciones ya señaladas, dirigentes y referentes del
Polo Obrero, del MST-Unite, de la CCC, entre otros.
El juez federal Castellanos inició una investigación luego de recibir este
material desde la justicia ordinaria, fuero en el que sólo quedó radicada una
causa por daño, referida a los vidrios de las empresas de capitales
multinacionales que fueron blanco de la bronca popular. El Frente Antirrepresivo
de Mar del Plata, CORREPI y FIDELA tomaron intervención en estas causas, e
interpusieron una medida para conocer la situación de quienes aparecían
reiteradamente nombrados en los medios como poco menos que prófugois de la
justicia.
De manera coincidente, tanto el juez de garantías provincial Paolini como su par
federal Castellanos, respondieron que no hay imputación a ninguno de los
peticionantes, ni restricción alguna a su libertad ambulatoria. Castellanos
directamente informó que no hay en su juzgado causa alguna que involucre a las
personas en cuyo beneficio se interpuso la medida. O sea, carne podrida en la
prensa promovida por el democrático Arslanián y el inefable Katz, para fomentar
la persecución a los compañeros, lo que denunciamos desde CORREPI como parte de
la inacabable y creciente campaña represiva contra los luchadores.
En Uruguay, mientras tanto, el juez Fernández Lecchini procesó a los cuatro
detenidos por marchar contra Bush y contra la firma del convenio bilateral de su
país con Bush por "sedición". El lenguaje que utiliza el magistrado, plagado de
expresiones como "vándalos", "horda" o "turba", sólo tiene parangón con la
ideología que trasunta el fallo, que considera que los compañeros Ignacio
Corrales, Fiorella Josendez, Claudio Piñeiro y Lilian Bogado, al participar de
la marcha, cometieron el delito de sedición pues la convocatoria "habla con odio
y violencia hacia un país, un gobernante, una clase social, conforme con los
carteles que llevaba como bandera la columna y con las leyendas que pintaban los
edificios, "muerte al capital, muerte al Estado, fuego al capital, fuego al
Capital".
Esos son los jueces del gobierno "progresista y de izquierda" del hermano país,
cuando del decoro del imperio se trata...
MÁS HIPÓCRITAS
Patéticamente hipócritas. Repugnamente hipócritas, los concejales de Mar del
Plata declararon "personas non gratas" a Berrozpe y Kuperman. Ese mismo grupo de
lamebotas cipayos y alcahuetes se negaron hace apenas meses a declarar "persona
non grata" al jefe del imperio. A Bush no, ese es "visitante ilustre".
CRIMINALIZAR LA PROTESTA II
El jefe del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados, Raúl Castells,
será sometido a juicio por el delito de coacción por ir a pedirle comida a la
cadena yanqui de comidas rápidas Mc Donald´s. El hecho ocurrió el diciembre del
año pasado cuando Castells reclamó 50 mil "cajitas felices" al local que está
ubicado en Corrientes y 9 de Julio.
El juicio empezará el 5 de diciembre y como está claro siempre, la justicia y
los políticos están a favor de los que representan los intereses
norteamericanos.
Esperemos que Castells sea absuelto y que no vuelva a prisión por luchar. Lo que
sí le pedimos es que no busque solidaridades en otros que también van a ir a
juicio oral pero por enriquecimiento ilícito y por omitir declaraciones juradas
como es el caso de Carlos Menem.
CRIMINALIZAR LA PROTESTA III
El sábado 19 de noviembre, Ana Isabel Zanutigh, dirigente del Sindicato de Amas
de Casa, fue detenida por la policía santafesina en momentos que se interpuso
ante el accionar represivo de agentes de la fuerza de seguridad provincial, en
un procedimiento realizado en el barrio 29 de abril en el norte de la ciudad de
Santa Fe.
La gremialista intentó pedir explicaciones ante el atropello perpetrado por la
policía en perjuicio de vecinos cuyo único delito achacable parece ser su
condición de humildes.
Como dicen los miembros del Sindicato de Amas de Casa "Esta es una muestra
más de la violencia ejercida por un gobierno que primero excluye a los
ciudadanos social y económicamente para luego, como si nada fuese suficiente,
reprimirlos y humillarlos violando la intimidad de sus propios hogares. Exigimos
la inmediata liberación de nuestra compañera y el esclarecimiento del hecho por
el cuál el Gobierno de la provincia ha comenzado una escalada indiscriminada en
los niveles de represión y el ejercicio reaccionario del monopolio de la
violencia contra quienes tenemos la decisión de hacer respetar nuestro derechos
y dignidad de ciudadanos."
Exigimos la liberación inmediata de Ana Zanutigh, que, bueno es recordarlo, fue
la persona que radicara la primera denuncia penal contra el ex menemista y
actual transversal Carlos A. Reutemann, por las inundaciones del 29 de abril de
2003.
ANIBAL OBLIGA A SUS HUESTES
El Gobierno instruyó a los jefes de las fuerzas de seguridad nacionales para que
denuncien penalmente a quienes cometan actos de agresión, resistencia a la
autoridad o lesiones contra el personal uniformado durante el ejercicio de sus
funciones. La determinación -publicada en el Boletín Oficial- fue adoptada por
el ministro del Interior, Aníbal Fernández. Y está dirigida específicamente a
las autoridades de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía de
Seguridad Aeroportuaria.
Fernández argumentó que debido a la política oficial de "contener y no reprimir"
las protestas sociales, "se pone en riesgo la integridad física y en ocasiones
hasta la propia vida" de los efectivos que controlan la seguridad en las
movilizaciones. En el texto, el Gobierno recordó que -por decisión oficial- los
miembros de las fuerzas de seguridad trabajan en las protestas "desprovistos de
armas de fuego, escudos, bastones y cascos". Además, se aclaró que esa política
se adoptó para "mantener el delicado pero necesario equilibrio entre la protesta
social y los derechos del resto de la ciudadanía".
Al respecto, el artículo 1ª de la norma dispone la instrucción a los jefes de
las fuerzas de seguridad "para que, por donde corresponda, se lleven a cabo las
denuncias penales por agresión, resistencia a la autoridad, lesiones o cualquier
otra conducta reprochable de mayor gravedad, de la que fuera objeto el personal
en el ejercicio de sus funciones". Además, se aclaró que -como paso previo a la
presentación judicial- los responsables de las instituciones "deberán ordenar
que el servicio jurídico interno de cada repartición produzca el correspondiente
dictamen sobre el caso, abordando la juridicidad del planteo, la verosimilitud
de los elementos de prueba y su ofrecimiento".
A veces este gobierno casi resulta cómico. Desde antaño -no sólo desde la
asunción K- cada vez que hay un incidente en una marcha o movilización,
religiosamente hay algún "efectivo" policial que en el ejercicio de su función
-o sea, reprimiendo- alega haber sufrido la agresión descarnada de algún
enemigo del orden que lo manda, siempre también, en "observación al Hospital
Churruca".
Los medios, siempre como siempre, recogen esa información y la magnifican al
punto de hacer notar que los pobres servidores públicos que han quedado tan
malheridos que deben ser trasladados al dispensario policial. Claro, nunca van a
ver como siguen, porque como siempre, los supuestos lesionados policiales no
registran finalmente ni un mínimo raspón.
Lo que ocurre es que para justificar que ellos habitualmente pegan a mansalva a
los manifestantes, hace falta alguna "víctima" de parte de la policía. Alguna
vez vimos una causa en la que un efectivo policial que denunciaba estar
terriblemente lesionado... en los nudillos de su mano derecha, mientra el
detenido tenía hematonas en las costillas, evidentemente "el arma agresora".
Ahora el cada vez más parecido a Corach Aníbal Fernández ordena a los titulares
de las fuerzas de seguridad nacionales que denuncien penalmente a quienes los
agredan o lesionen. Dice el bigotudo, cada vez más parecido a un comisario de
Quilmes, que los canas y demás ponen riesgo su integridad física y en ocasiones
hasta la propia vida para controlar las movilizaciones.
Fernández, no seas cínico. Si siempre, cada vez que inventan algún efectivo
policial que debe ser ingresado al Hospital Churruca, viene un esbirro del
ministerio fiscal para hacer la denuncia que ahora vos pretendés que hagan los
canas. Si sabés perfectamente que los fiscales están prestos a ser genuflexos
ante la autoridad polìtica y a su vez, hacerle la venia a la policía. Decí la
verdad. Siempre, pero siempre lo que CORREPI llama "combo movilización", la
carátula que fiscales y jueces inventan para involucrar manifestantes y poder
así legitimar la represión, es precisamente, "lesiones, resistencia a la
autoridad y daños".
Lo que hacés con esto, Fernández, es dar una señal a los que se manifiestan para
que sepan que los pueden denunciar los propios canas. Y con ello, disciplinar
socialmente. No mientas más.
ACLARACION
La CORREPI quiere recordar que el intendente Aníbal Ibarra ha sido a lo largo de
su gestión acérrimo defensor del Código Contravencional, eficaz herramienta
represiva para controlar socialmente a los pobres, a los distintos, a los
jóvenes. Que Ibarra, desde el balcón de su despacho presenció impávido todas las
represiones llevadas a cabo en Plaza de Mayo desde su jura como Jefe de Gobierno
de la Ciudad. Y que ningún jefe de gobierno puso más moneda contante y sonante
que él para contribuir a pertrechar a la Policía Federal, con vehículos y
armamento.
Por más Museos o Parques de Memoria que haya inaugurado simbólicamente, u
obediencias debidas que haya planteado como inconstitucionales, a la hora de
definirse por la represión buscó el verso de la "convivencia" para coartar las
libertades de los habitantes de la ciudad de Buenos Aires.
MASACRE DE MAGDALENA
Como titularan los diarios en estos días, a un mes del incendio que cobró la
vida de 33 jóvenes presos en la cárcel de Magdalena, la investigación judicial
se ha limitado a recolectar las autopsias, ordenar un par de pericias, y recibir
declaraciones testimoniales, entre las que se destacan las de los
guardiacárceles.
Como siempre que el uniforme es el responsable, se cita a los funcionarios del
aparato represivo como testigos, y salvo los familiares de víctimas que se
constituyeron en partes nadie reclama que se los indague como imputados. Por
otra parte, y como declarara nuestro compañero Marcelo Ventura Peña, abogado en
la causa, nada se ha hecho, salvo grandilocuentes declaraciones oficiales, para
garantizar la integridad física de los verdaderos testigos y víctimas a su vez,
los presos sobrevivientes, por cuya seguridad personal responsabilizamos al
estado provincial y nacional.
Para lo que sí se pinta solo el gobierno provincial es para mandar a su
espadachín de los DDHH, Remo Carlotto, y sus funcionarios subalternos, a
intentar comprar la voluntad de los familiares de las víctimas con ofrecimientos
de todo tipo: Asistencia psicológica para "superar el trauma", como
eufemísticamente llaman al homicidio masivo; abogados para iniciar acciones
civiles de resarcimeinto (de reclamar juicio y castigo en sede penal, ni
hablar); subsidios, etc.
Pero los familiares de los presos muertos, que se han organizado con el apoyo de
organizaciones antirrepresivas, no aceptaron en su mayoría las prebendas que les
ofrecieron, Carlotto u otros funcionarios del área. Por el contrario, el día que
los citó para recibirlos con el gobernador, se concentraron en número cercano a
las 400 personas en la estación de tren de La Plata, con la presencia de
compañeros de CORREPI y del MUP-FP Darío Santillán.
La marcha arrancó silenciosa hasta que nuestras compañeras familiares de
víctimas del gatillo fácil empezaron a batir palmas y cantar las consignas
antirrepresivas habituales. Frente a la Casa de Gobierno se quemó un muñeco (una
rata con uniforme del Servicio Penitenciario). Funcionarios de la Secretaría de
DDHH que se habían presentado ya en varias reuniones de los familiares de
Magdalena quisieron convencerlos de que entrara sólo una pequeña delegación,
pero los compañeros no se amilanaron, o entraban todos o ninguno.
Finalmente entraron todos, incluidos compañeros de la comisión de familiares de
CORREPI como Olga Durán. Llegados al dorado recinto se dispusieron tres sillitas
bajo la araña de quicientos focos, y 40 enfrentadas en forma de anfiteatro. Remo
Carlotto, su segundo el Dr. Pochat y una tercera funcionaria de la secretaría se
acomodaron y emepezaron a explicar lo bueno que es el gobierno de Solá.
Los familiares se retiraron indignados y se dirigieron a la Fiscalía, donde
también ingresaron con madres de víctimas de gatillo fácil organizadas en
CORREPI como Esther Lobato, Olga Durán, Ramona Núñez y Estela Rivero, exigiendo
a voz en cuello justicia para sus hijos asesinados.
PROXIMAS ACTIVIDADES
Miércoles 23 de noviembre, 15:00, marchamos desde Congreso a Plaza de Mayo (por
Callo y luego por Corrientes) reclamando LIBERTAD A LOS PRESOS POLÍTICOS;
AMNISTÍA A LOS LUCHADORES, CESE DE LAS PERSECUCIONES.
Sábado 3 de Diciembre, 00:00, Recital y fiesta de la CORREPI en el Centro por
los DDHH "Hermanos Zaragoza", 53 e/ 3 y 4, La Plata, para juntar fondos
para el acto de presentación del Archivo de Casos 2005.
Viernes 9 de Diciembre, Acto en Plaza de Mayo en la Décima Actualización anual
del Archivo de personas asesinadas por las FFSS argentinas 1983/2005.
CORREPI EN FM LA TRIBU (88.7), lunes 10:30 y jueves 18:30, semana por medio.
CORREPI
Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional correpi@fibertel.com.ar
