Una vez más, entre los dichos y los hechos, nos encontramos ante una nueva contradicción, propia de la ambivalencia presidencial y de un Gobierno Nacional que pretende tergiversar el rol del canal 7, en tanto ente estatal de todos los argentinos, como también impedir la difusión de "la verdad de la milanesa" como en el caso de los ferrocarriles que iba a tratarse en el programa Huella Digital, donde iban a exponer el compañero Juan Carlos Cena, del MONAREFA y los compañeros Jorge Urruchuga y Rubén Sobrero, integrantes del Cuerpo de Delegados del Ferrocarril Mitre y Sarmiento que opera TBA.

A pesar de los discursos presidenciales, la orden del Coordinador General del Sistema Nacional de Medios Públicos, Salvador Laganá, comunicando la no emisión de este programa constituye un grosero acto de censura y, a la vez, una nueva tergiversación del rol del canal estatal que, al igual que en el pasado, lo transforma en un canal gubernamental.

Sin dudas, la verdad viene molestando desde hace tiempo. Ante cada investigación periodística acerca de la gestión presidencial o de algunos integrantes del Gobierno Nacional, cuyas conclusiones no le son netamente favorables, se intenta cercenar la labor de quienes tienen el fuego sagrado del periodista, el que lleva a la búsqueda de aquello que pueda esclarecer el origen y el proceso de las problemáticas argentinas, frecuentemente tergiversadas por los multimedios, voceros de la oligarquía.

Mientras, paradójicamente, se desarrolla el II Congreso Mundial de Periodismo y Comunicación, se advierten claramente las limitaciones a la libertad de expresión y de prensa que ensombrecen a una democracia renga y dejan al desnudo la fragilidad del Estado de Derecho, en manos de una clase política dispuesta a seguir el mandato que le impone el poder económico.

Pero no es casual que justamente sea el tema ferroviario. Además de lo que expone brillantemente el compañero Cena, existen otras cuestiones poco conocidas: la inaccesibilidad de trenes y andenes para personas con discapacidad motriz o con movilidad reducida, en lo físico y la inaccesibilidad sensorial, para las personas con discapacidad visual o auditiva; ambas, motivo de una demanda promovida contra la Secretaría de Transporte de la Nación y las empresas Ferrovías, Trenes de Buenos Aires (TBA) y la añeja Unidad de Gestión Operativa del Ferrocarril San Martín, debido a la "violación de los Derechos Humanos de los usuarios", por parte del Defensor del Pueblo de la Nación, Dr. Eduardo Mondino, en julio de este año (1).

Por otro lado, tal como hemos mencionado desde esta columna, el Grupo Quiero Vivir Hoy, liderado por Gladys Ferrara, también interpuso una denuncia por discriminación por la inaccesibilidad física en el transporte automotor, en octubre de 2003, que recayó en la Jueza Federal Dra. María Romilda Servini de Cubría, quien ha fallado recientemente mediante la desestimación del reclamo gracias a un informe del Ministerio de Infraestructura y Vivienda de la Nación en el cual se expresaba "la casi normalidad de la accesibilidad", lo cual fue apelado y que tiene una audiencia en los Tribunales Federales de Comodoro Py para el 22 del corriente.

Nada es casualidad, ni nace de un repollo y por cierto, la verdad molesta... Más aún, cuando ella se evidencia de la mano de quienes conocen la realidad ferroviaria en profundidad, al igual que los usuarios con o sin discapacidad que día a día sufren los vaivenes de un servicio cada vez más deficitario, pese a los enormes subsidios otorgados por la Nación.

Entonces, cuando los hechos dejan lugar a las palabras huecas de un discurso, aparece la mordaza para acallar las voces que, tan sólo, dicen "la verdad de la milanesa"...

(1) Diario Clarín, Sección La Ciudad, 29/05/2005
Demanda del Defensor del Pueblo de la Nación
"Acusan a empresas de trenes de violar derechos humanos".