Pablo Suárez
El Hipnotizador

"Yo quiero que se investigue todo. No estamos dispuestos a tapar absolutamente nada, porque todo lo que se tapa explota más tarde". Estas palabras fueron pronunciadas por el gobernador bonaerense, Felipe Solá, el máximo responsable político en lo que respecta al funcionamiento del sistema carcelario en la provincia de Buenos Aires. Sus funcionarios se encuentran preocupados en "tapar" la criminalidad del Servicio Penitenciario Bonaerense, y contribuyeron a que la vida de 33 personas terminara por "explotar" la noche del sábado 15 en la cárcel de Magdalena.

Desde hace décadas los cuadros más corruptos del Servicio Penitenciario Bonaerense fueron avalados por los distintos gobiernos bonaerenses, desde Antonio Cafiero hasta Felipe Solá. Como un resabio de las prácticas llevadas a cabo por los esbirros de la última dictadura militar, los penitenciarios actúan con total impunidad en el sometimiento hacia los reclusos. Desde confiscar los alimentos que los familiares llevan a los presos, hasta obligarlos a robar parar ellos.

El lunes posterior a la tragedia Felipe Solá decidió intervenir el penal para "permitir libertad de movimientos a la investigación judicial". Suena como una burla cruel que el gobernador de Buenos Aires nombre como interventor de la UP 28 de Magdalena al abogado Leonardo Tundidor, el funcionario que ocupaba la dirección de Investigaciones Penitenciarias del Ministerio de Justicia, es decir, la dirección que debía investigar las denuncias, acumuladas desde hace décadas, contra los abusos de los penitenciarios y las condiciones de hacinamiento de los presos.

Las primeras versiones oficiales indicaban que el incendio del Módulo 16 de Autodisciplina se debió a un motín provocado por los presos. Esta versión, surgida, desde el SPB, fue la que el ministro de Justicia bonaerense, Eduardo Di Rocco, tomó como propia. El relato hecho a la Comisión Provincial por la Memoria por parte de los detenidos que fueron testigos del incendio, aquellos que se encontraban en el Módulo 15, echa por tierra la mentira oficial. Mentira que busca, una vez más, disimular la responsabilidad del SPB.

Las declaraciones de los presos alojados en el Módulo 15 coinciden en señalar que los esbirros del SPB se hicieron presentes en el Modulo 16 debido a una pelea entre presos. Los veinte guardias comienzan a disparar balas de goma con sus Itakas- por supuesto, es la única manera de tratar con estos ‘negritos chorros’-, sacan a una decena de presos del 16 y los obligan a tirarse al piso y los esposan. Bueno, aquí es donde aparecen el verdadero sadismo y crueldad de estos guardias: siendo conscientes del fuego que amenazaba con acabar con la vida de todos los reclusos del 16, los esbirros cierran la puerta con candado dejando encerradas a unas 40 personas en ese infierno de gritos, carne quemada y súplicas.

Fueron los internos del Módulo 15 los que socorrieron a sus compañeros del 16, mientras los guardias huían como ratas. No solamente los penitenciarios desatendieron, o les importó muy poco, la vida de los presos. Los médicos del puesto sanitario que se encuentra dentro del penal también abandonaron a su suerte a los internos; ellos mismos debieron auxiliar a sus compañeros, colocándole a los asfixiados una mascarilla para que pudieran respirar por unos segundos con el único tubo de oxígeno que había en el penal.

Es claro que al gobernador estas vidas no le interesan; ni a la justicia, que no investiga con celeridad las múltiples denuncias que rozan al sistema carcelario de todo el país. En el Mercado de Vidas Humanas las humanidades de las personas encarceladas cotizan bajo. Las condiciones infrahumanas de hacinamiento, la mala alimentación, el maltrato continúo por parte de los esbirros. Esto forma parte de las condiciones de vida que el sistema les tiene preparado a los ‘descarriados’, a los que no son ‘gente como uno’, a los ‘negros que no quieren trabajar’.

El gobernador Solá continuó con la línea de mano dura que hubo implementado el huidizo Carlos Ruckauf, cuando impulsó la denominada ley de ‘mano dura’ en 2000. Dentro de ese combo represor se encontraba la norma 12.405 que restringía las excarcelaciones y endurecía el régimen procesal. A partir de esa fecha ingresan casi 2.000 presos más al sistema de reclusión provincial.

Fedor Dostoievski escribió que el grado de civilización de una sociedad puede conocerse visitando sus cárceles. ¿A qué grado de barbarie hemos llegado como sociedad para que los desposeídos de siempre, los "cretas", sigan muriendo como animales en las mazmorras de Felipe Solá?