Hernán Scandizzo
Indymedia

La semana pasada el periodista salteño Marco Díaz Muñoz visitó las ciudades de Buenos Aires y La Plata para presentar Orden, Represión y Muerte. Un libro escrito con palabras claras y directas que documenta las luchas de los trabajadores desocupados y de los diferentes pueblos originarios en la provincia; que recorre los silencios y obsecuencias del poder y sus periferias; que habla de las complicidades estatales y empresariales en la violación de los derechos humanos; que homenajea a los que sufren día a día los embates del modelo y a quienes murieron en las rutas o en sus casas - por la represión o la depresión.

Marco es integrante de la Agencia de Noticias Colectivo de Periodistas del Noroeste Argentino – Copenoa – y trabajó en medios nacionales – TN y Canal 13 - y provinciales - Canal 2 Santa Clara de Asís - y de los que fue ‘separado’ por su crítica al régimen provincial encabezado por el gobernador Juan Carlos Romero. El último ‘desplazamiento’ lo sufrió el fin de semana, cuando debía cubrir para América 2 las elecciones legislativas en Salta y a último momento fue reemplazado por otra persona más conveniente para el gobierno provincial y los intereses del medio. En esta entrevista él habla de la represión, las complicidades, los muros y los logros, a pesar de todo.

- ¿Era una necesidad escribir Orden, Represión y Muerte?

M: Sí, era una necesidad. Fundamentalmente porque no hay registros bibliográficos en la provincia de Salta sobre estos hechos donde el Estado avanza en la criminalización de la protesta social, previo a la represión, con un modelo neoliberal que establece estos mecanismos para que el mismo tenga, de alguna manera, éxito.

- Más allá de la inexistencia de registros bibliográficos, habrá otras producciones periodísticas.

M: En la provincia de Salta el 99% de los medios de comunicación dependen del Estado, del gobierno provincial, de la denominada publicidad oficial, que pasa a ser propaganda a cambio de dinero. Esto ha generado que en los medios de comunicación no se conozca lo que el gobierno no quiere que se conozca, de hecho en algunas coberturas hemos estado con otros grupos periodísticos que sabían que iba a acontecer una represión y se retiraban media hora antes de esos hechos. Entonces es como que fuimos asumiendo, a veces sin querer, una gran responsabilidad, que era estar en el lugar de los hechos. Fundamentalmente no para tener la noticia sino para documentar y en muchos casos para que los compañeros se sintieran protegidos ante esa desigualdad de fuerzas.

Durante la presentación del libro en La Plata tuve un debate muy interesante, un abogado hacía una crítica al sistema y fundamentalmente a los grandes medios de comunicación - a estos monopolios de la comunicación - que no dan a conocer, que no profundizan, lo que sucede en materia de criminalización de la protesta social, del conflicto social, en la República Argentina. Y tengo que decir que estoy de acuerdo con el hecho de que no avanzan sobre la profundización de por qué se originan esos conflictos sociales, o por qué se llega a la represión, o por qué se llega al incidente, pero pasan a goteos esa realidad. Cada uno de los hechos que denunciamos en "Orden, Represión y Muerte" ha sido plenamente expuesto a través de estos grandes medios de comunicación, no con la profundidad que nosotros quisiéramos.

El 17 de junio de 2001 en Mosconi - con los francotiradores de Gendarmería - las imágenes y estar en el lugar que debemos estar los periodistas, permitieron tirar abajo esa organización de mentiras – que esos desocupados eran peligrosos, portaban armas y estaban vinculados con grupos guerrilleros de Colombia – preestablecidas por el Estado, el Poder Judicial y las fuerzas de seguridad. Nosotros necesitábamos dar a conocer, que quedara un antecedente de lo que pasaba en Salta, cómo este gobernador instrumentó todo este sistema con la Secretaría de Seguridad, a cargo de (Sergio) Nazario, un torturador - en el libro lo contamos con testimonios de detenidos que reconocen a este hombre siniestro.

- ¿Qué otros sectores, con posibilidad de denunciar callan o dan un paso al costado?

M: Hay organizaciones vinculadas a los derechos humanos que entiendo que no están a la altura de lo que ha sucedido en la provincia de Salta. Es como que hay un debate que no se da, que únicamente ingresa toda la problemática de los derechos humanos a partir de la década del ’70 y sobre el advenimiento de la democracia en el ’83. Nosotros entendíamos, porque somos un grupo de compañeros, que esto también forma parte de las aberraciones contra los derechos humanos, donde el Estado no garantiza, precisamente, el trabajo, la vida, la salud, ni garantiza los derechos civiles elementales.

En la provincia de Salta, desde el ’95 hasta el 2005, hay 5 asesinatos no esclarecidos (Alejandro Gómez y Orlando Justiniano – mayo 2000 –, Aníbal Verón – noviembre 2000 –, Omar Barrios y Carlos Santillán – junio 2001). Ahora se cumplen 5 años del asesinato de Aníbal Verón y no hay un solo procesado. El gobernador está indirectamente implicado y el juez federal Abel Cornejo, que investiga la causa, es el mismo que dio la orden de reprimir. Es decir, una impunidad entre el sector político gobernante - el Partido Justicialista -, la Justicia - tanto provincial como federal – y las fuerzas de seguridad - que actúan por las decisiones de este gobernador feudal que no comprende que en un sistema democrático van a haber sectores que pueden no estar de acuerdo con él.

- El libro lo acotás al período 1995/2005, el período de Romero en la gobernación. ¿El inaugura una política de disciplinamiento social en Salta?

M: Se habían dado algunos hechos represivos pero no en la magnitud ni en la organización sistemática (que tuvieron desde la asunción) del gobernador Romero, desde la conformación de la Secretaría de Seguridad. Hoy el Secretario de Seguridad maneja absolutamente todo y toma decisiones políticas. Si antes el Jefe de Policía en muchos casos no ordenaba la represión ante una contravención policial, ahora ellos justifican la represión directamente con una contravención policial. El Jefe de Policía - este es otro debate abierto – pasa a ser un cuarto poder, porque el puede decidir si reprime o no. Ha pasado en muchos casos que buscábamos al juez que había dado la orden de reprimir y nunca existió ese juez sino que era el Jefe de Policía que había actuado bajo una ley contravencional.

Se conoció, por ejemplo - esto lo publicó la doctora Mara Puntano (abogada que asume la defensa de la mayoría de los luchadores sociales en la provincia) -, que desde la Corte Suprema de Justicia de la Nación se le solicitó a la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Salta si tenía algún registro sobre denuncias contra la policía – allá hay mucho gatillo fácil. Esa información interna que mantenían ellos dejó al descubierto que ni siquiera el 3% de las denuncias que se hacen contra la policía se esclarecen, desde que asumió Romero no hay un policía condenado en la provincia de Salta por violencia policial.

- Romero apenas asume, anticipando las consecuencias sociales de la privatización de las empresas públicas y los despidos masivos, monta la Secretaría de Seguridad.

M: Sí. Y el impacto represivo no ha sido tan sólo físico sino que también ha sido psicológico. Porque, por ejemplo, dejó a 5 mil trabajadores públicos en la calle, le dio la posibilidad, engañando, de los retiros voluntarios con el 50% de la indemnización y en cuotas, pagadero, lo restante. Y a otros les generó la expectativa, que fue una mentira también, de que el Estado necesitaba que la gente se capacitara para ingresar nuevamente. El señor que era plomero hizo un curso de perfeccionamiento en el área, para ingresar a la administración hacían talleres determinados para oficinistas, bueno, eso nunca llegó y generó que en el caso de algunos trabajadores se rompiera la estructura social de su familia y se quitaran la vida. Y todo ese desastre no estuvo contemplado sino que al contrario, se fortaleció el sistema represivo para darle palos y generar el miedo, el orden, a través de la policía.

El es muy claro– del gobernador estoy hablando – porque cuando presenta los primeros 25 decretos de necesidad y urgencia, apenas asume, los argumenta. Quedé sorprendido cuando accedimos a la argumentación para la defensa de la aplicación de esos decretos, era ni más ni menos que la vía libre para el neoliberalismo en Salta. El Estado se desentiende de sus empresas, se las entrega a grupos de amigos, las privatiza, y él lo justifica diciendo que el Estado, como bienestar social, ha fracasado, que tiene un sinfín de oficinas que generan un Estado burocrático e ineficiente. Entonces propone la participación de actores civiles, lo que le deja libre el camino para la privatización.

- En la represión del 17 de junio de 2001 aparecen los francotiradores de Gendarmería encapuchados dentro de una refinería, presencia que intentan adjudicársela a los piqueteros. ¿Circunstancialmente las fuerzas de seguridad usaron las instalaciones de las petroleras para montar la represión o las petroleras son parte de la represión?

M: Las petroleras son parte de la represión a los movimientos sociales, de hecho no tan sólo de la violencia por parte de las fuerzas de seguridad sino que hay juezas en el distrito Tartagal – la provincia de Salta está dividida por distritos, el Departamento San Martín está en el Distrito Judicial Tartagal - que sus esposos son gerentes de empresas petroleras multinacionales, y donde la influencia de estas mismas con otros jueces es muy fuerte. Es decir, ellos (los jueces) conviven con esos empresarios y la relación que tienen, obviamente, es mucho más fluida que la relación que pueden tener con un desocupado - al cual sí lo criminalizan, lo persiguen, lo detienen. De hecho, cuando (Oscar Ruiz, Rubén Sedan, Carlos Cabral, Hugo Carabajal, Ramón Maldonado, Antonio Vargas, Victor Chananpa, Rubén Gordiola, Omar Salinas y Daniel Valencia) fueron acusados del incendio de una oficina petrolera (Tecpetrol) en Gral. Mosconi, los desocupados estuvieron más de 40 días detenidos sin ninguna prueba (desde el 21 de noviembre 2003). Lo que deja al descubierto la impunidad de la justicia de poder apropiarse de tu libertad sin ningún elemento que justifique, precisamente, esa privación.

- ¿Qué posibilidades tienen de que otros medios de Salta tomen las producciones de Copenoa?

M: Es difícil pero hay algunos medios que se están interesando en la problemática, hay radios que lo están tomando, fundamentalmente del interior de la provincia, ante la necesidad de información. Y en Salta capital hay algunos diarios nuevos, algunos semanarios, que incluyen notas periodísticas de Copenoa, por ejemplo, el tema ambiental. El año pasado tuvimos mucha repercusión en cuanto a una investigación que hicimos sobre el asesinato de Aníbal Verón.

Voy a contar una anécdota que sirve para comprender esto que te estoy explicando, porque a la distancia parece difícil que esté tan restringida la libertad, de que tú puedas pensar distinto de otra persona. Lamentablemente la provincia de Salta, por las denuncias que se van radicando, es de visita obligatoria para organizaciones internacionales de derechos humanos. A principios de este año una visita que hizo Amnistía Internacional a la ciudad de Salta dio la posibilidad de que se le mandara partes de prensa a todos los medios de comunicación.

Un canal por cable que había pautado mandar a un periodista para hacerle la nota a la gente de Amnistía Internacional y a la doctora Puntano. Le hicieron la nota pero cuando sale la noticia aparece un diputado del PJ, vinculado a la Secretaría de Derechos Humanos, hablando de la visita de Amnistía Internacional - cuando ni siquiera se reunió con ellos - y del avance de los derechos humanos en la provincia.

Prensa y Difusión del gobierno se encarga de marcar las pautas a todos los medios de la provincia de Salta. Tú prendes la televisión y vas a ver al ministro de Salud haciendo una recorrida por tal lugar, después vas a ver al ministro de la Producción, después al Gobernador... de un informativo con 14 notas si las 14 notas no son del gobierno, en ese número ronda.

- Además del control de la información, contabas que también las expectativas en general de quienes están en el ámbito de prensa, en muchos casos, no es justamente participar en proyectos como Copenoa.

M: La única posibilidad de estudiar comunicación social en la provincia de Salta, en la ciudad de Salta, es ingresar a la Universidad Católica, pagando una cuota que supera los $250 y con programas de estudio – que entiendo yo – no avanzan sobre el compromiso de los comunicadores para un proyecto de comunicación que englobe la crítica, la búsqueda de la verdad, de tratar que todos tengan voz e inclinar un poquito más para aquellos que son los más débiles. Y los chicos las posibilidades que tienen, con esos parámetros, es terminar siendo agenderos de los políticos o Relaciones Institucionales, es decir, trabajan para las empresas que eran del Estado o en formaciones que hace el Estado con empresas, mandan a los medios partes de qué es lo que hace esa empresa.

Esa es la perspectiva, lamentablemente, que tienen los colegas en la provincia de Salta. Es una perspectiva que algunos dicen que genera un salario y permite vivir, otros entendemos que se puede vivir dignamente en esta profesión, fundamentalmente con un compromiso de dar a conocer lo que sucede cotidianamente.

- Copenoa se nutre con gente que viene laburando en los medios, con gente que se acerca ahora.

M: Gente que viene trabajando en los medios y gente que nunca tuvo experiencia en medios, porque trabajamos también con comunidades donde ellos hacen el nexo de la información. Nosotros por ahí, sin perder lo que es el cuerpo de la información, le damos tratamiento más periodístico a la información, la englobamos dentro de la redacción periodística, y de esa manera lo llevamos adelante.

- ¿En las comunidades y en la UTD qué repercusión tuvo la aparición de este libro que habla de sus luchas y denuncia las represiones cotidianas?

M: El libro lo vamos a presentar la segunda semana de noviembre, pero conociendo algunas reacciones por videos que hemos hecho, la gente del interior se emociona. Se mezclan esas emociones de alegría por luchar, por lo que van consiguiendo – que siempre es mínimo, pero es esfuerzo y triunfo, en definitiva – y con la tristeza, ellos siempre te cuentan de ‘las muertes’. Creo que hay muchos que van a sentir esa mezcla de sentimientos, pero vamos a esperar a ver qué es lo que pasa cuando ellos también lo vean y lo puedan leer, fundamentalmente.

Me gustaría comentar que estuvimos en el Astilleros Río Santiago, fue una experiencia muy linda, conocer lo que era ese enjambre de trabajadores soldando en cada uno de los talleres y conversar con ellos. Fuimos con Pepe (Pepino Fernández, de la UTD Mosconi), y cuando lo presentaban había compañeros que lo conocían. Algunos ojeaban los libros y no podían creer que eso haya sucedido en la Argentina. Creo que ese es el objetivo, que se pueda ir conociendo, que los compañeros que trabajan y tienen su realidad puedan ver lo que pasa en otros lugares, que están tan alejados, también la sufren pero siguen adelante. Porque era como decirles: "Mirá, acá te presento este librito, esto es lo que cuenta: la criminalización de la protesta social...", y a su vez, al lado mío, estaba Pepino Fernández, que es la esperanza de un cambio social en el lugar, que es la persona a dónde recurren los desocupados de Gral. Mosconi.

* Orden, Represión y Muerte. Diario de la criminalización de la protesta social en Salta (1995/2005) fue editado por los colectivos Tierra del Sur.