Argentina: La lucha continúa
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Tras la muerte de 32 presos en Magdalena
Todas las miradas apuntan a Solá y al Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB)
Emilio Marín
La cárcel de Magdalena, que supo albergar a pocos presos militares
'ilustres', pasó en 1996 al Servicio Penitenciario Bonaerense. Y entonces se
emparejó con las 40 unidades que dependen del mismo: hacinamiento, poca comida,
extorsiones contra los presos, represión interna y otros delitos. Este domingo
murieron 32 presos: todas las miradas fueron hacia el SPB y las críticas para
Felipe Solá.
Unidad 28
Los condenados en el juicio de 1985 a las ex juntas de comandantes supieron
comer muchos asados con su parentela cuando Magdalena era una cárcel para
militares atendidos a cuerpo de rey. Hasta el nombre de la ciudad, ubicada a 60
km de La Plata, mantenía cierta aureola castrense porque a un general lo
apodaron el 'Zorro de Magdalena' en los enfrentamientos de 'azules' y
'colorados' en 1962. No era Rommel pero lo llamaron de ese modo.
No sólo los genocidas Jorge R. Videla y sus colegas estuvieron a sus anchas
allí. Otro militar de una vertiente distinta a ellos, 'carapintada', como el
coronel Mohamed Alí Seineldín, vivió allí luego de su sangriento levantamiento
en 1990, hecho con los albatros.
Pero desde 1996 en adelante la unidad cambió de rango. Pasó a jugar en la
primera 'B', en la liga de los 40 establecimientos del Servicio Penintenciario
Bonaerense. La proliferación de la pobreza y las leyes de 'mano dura',
provocaron una inflación en el número de detenidos. Ninguno de éstos hizo
desaparecer a 30 mil personas, como Videla; ninguno tuvo los beneficios de la
cúpula dictatorial.
La amarga comprobación de que hay presos de primera y de cuarta se reiteró este
domingo. Por causas que la pericia y la investigación judicial deberán
esclarecer, murieron asfixiados 32 detenidos del pabellón 16 de buena conducta
('autodisciplina') en la unidad penitenciaria nº 28.
Según el ministro de Justicia provincial Eduardo Di Rocco y los jefes del
Servicio, se trató de una pelea entre presos con posterior motín. Aún en esta
hipótesis benigna con el poder, esas autoridades deberán explicar porqué
cerraron todo, llamaron tarde a los bomberos y no tenían agua ni extinguidores
en condiciones.
Explicación oficial
El ministro Di Rocco compró la versión del SPB: se trataría de un motín, sin
descartarse que encubriera un intento de fuga, nacido de una reyerta de presos
por el dominio del pabellón 16. Los internos habrían prendido fuego a sus
colchones y mantas, muriendo por intoxicación con el cianuro desprendido de la
quemazón del poliuretano.
Suponiendo que así fueron las cosas, lo que no se entiende es porqué los
guardias no abrieron a tiempo las puertas del pabellón ni porqué los bomberos
tardaron dos horas en llegar al lugar del siniestro.
La diputada bonaerense Marta Ferrara, titular de la Comisión de Asuntos
Penitenciarios de la Legislatura, anunció que promoverá acciones legales por
abandono de personas a Di Rocco y quizás al mismo gobernador. Se quejó de que en
mayo se intervino el Servicio Penitenciario pero se dejó intacta la Dirección de
Administración, que maneja fondos millonarios. Ferrara deploró: 'hoy vemos
cárceles sin matafuegos y sin agua, por ejemplo'.
La falta de esos dos elementos claves ya está certificada por los funcionarios
judiciales intervinientes. El pabellón 16 estaba en un 80 por ciento seco, o sea
que allí no se arrojó agua para contener las llamas.
Según el corresponsal de Clarín en la capital provincial, la primera orden del
gobernador Solá fue 'asegurar el perímetro del penal, contener la situación y
negociar con firmeza'. En esta instrucción oficial faltó algo esencial como
tratar de salvar vidas.
Ojalá la justicia pueda esclarecer lo sucedido. Mientras eso no ocurra será más
cercano a la verdad enfatizar en la muerte de 32 presos que en el motín, el
cliché gubernamental. Utilizar una u otra fórmula subraya la culpa
gubernamental-penintenciaria, o la deriva hacia los reos.
En materia de motines la mayor parte de las muertes fue provocada por el fuego o
la represión de los guardiacárceles. Eso surge de lo sucedido en los tres más
graves de la historia en cuanto a número de fallecidos: Villa Devoto en 1978,
Olmos en 1990 y ahora Magdalena.
Existen sí pero en general en esas revueltas no predominan las muertes de presos
por peleas propias, excepto en el motín de los 'Doce Apóstoles' en Sierra Chica.
Incluso la matanza de presos en Coronda, este año, habría sido instigada por un
sector del Servicio Penitenciario, que dio las órdenes y dejó 'área liberada'
para que acuchillaran a los rosarinos.
Es notable la forma como el Estado trata de hacer la gran Pilatos frente a
acontecimientos como el de Magdalena, sobre todo en época de elecciones. Los
presos se mataron entre ellos o se suicidaron con el incendio, afirman los
funcionarios ahora y en todos los motines. En junio de 2002 dijeron que los
piqueteros se habían tiroteado entre ellos. Algunos de los historiadores
oficiales, citados la semana pasada por La Nación, afirmaron -respecto a la
conquista- que los indios se mataron entre sí.
La otra campana
Para ser ecuánime con el órgano de prensa ganadero y bursátil, hay que decir que
sobre lo sucedido en Magdalena reprodujo los dichos de un empleado del SPB que
no dejaban bien parado al Servicio ni al gobierno de La Plata: 'hace tiempo que
había malestar, por el hacinamiento, la falta de comida y el trato de los
guardias con los internos'.
Estas denuncias de medios opositores y diputados ligados al duhaldismo hizo
brotar de paranoia al jefe de Gabinete. Esos sucesos habrían sido manipulados e
incluso originados por grupos cercanos al ex presidente provisorio para
perjudicar a Solá y por elevación a Kirchner.
Aunque algunas jugadas puedan estar en marcha, Solá se perjudica a sí mismo con
sus políticas penitenciarias. Un aliado del gobierno, Horacio Verbitsky,
escribió en Página/12: 'la muerte de tres decenas de reclusos es consecuencia
directa y previsible de la política decidida por el gobernador Felipe Carlos
Solá, el ministro de justicia Eduardo Di Rocco y el subsecretario de Políticas
Penitenciarias, Carlos Rotundo, en cuyas cuarenta cárceles la vida y la
integridad humana no valen nada'.
Un integrante de la Comisión Provincial de la Memoria (CPB), Hugo Cañón, declaró
a Cadena 3 que esos establecimientos bonaerenses son de terror. El ex fiscal
bahiense dijo que había entregado documentos al comisario de derechos humanos de
la Unión Europea y que el funcionario no podía creer que ese espanto ocurriera
hoy en Argentina.
Justamente esa CPB había presentado el viernes, un día antes de la tragedia, un
recurso de hábeas corpus a favor de los presos de Magdalena, luego de comprobar
las pésimas condiciones de detención. ¿Habrá sido sólo una casualidad que casi
inmediatamente se prendió fuego el pabellón de presos primarios y murió más de
una treintena? ¿O será una respuesta de la mafia enquistada en el SPB, esa que
tortura presos con picana eléctrica, saca internos a robar en su provecho,
rapiña la mercadería de los detenidos y los deja morir en los incendios?
El gobierno de Kirchner dice defender los derechos humanos. Pero en Buenos
Aires, centro de sus esfuerzos electorales, su aliado tiene a los presos como en
los campos de exterminio. Verbitsky no exageró en el título de su nota de ayer
'Las ESMAS de Solá'.