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Argentina: La lucha continúa

Tras la muerte de 32 presos en Magdalena

Todas las miradas apuntan a Solá y al Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB)

Emilio Marín
La Arena

La cárcel de Magdalena, que supo albergar a pocos presos militares 'ilustres', pasó en 1996 al Servicio Penitenciario Bonaerense. Y entonces se emparejó con las 40 unidades que dependen del mismo: hacinamiento, poca comida, extorsiones contra los presos, represión interna y otros delitos. Este domingo murieron 32 presos: todas las miradas fueron hacia el SPB y las críticas para Felipe Solá.

Unidad 28

Los condenados en el juicio de 1985 a las ex juntas de comandantes supieron comer muchos asados con su parentela cuando Magdalena era una cárcel para militares atendidos a cuerpo de rey. Hasta el nombre de la ciudad, ubicada a 60 km de La Plata, mantenía cierta aureola castrense porque a un general lo apodaron el 'Zorro de Magdalena' en los enfrentamientos de 'azules' y 'colorados' en 1962. No era Rommel pero lo llamaron de ese modo.

No sólo los genocidas Jorge R. Videla y sus colegas estuvieron a sus anchas allí. Otro militar de una vertiente distinta a ellos, 'carapintada', como el coronel Mohamed Alí Seineldín, vivió allí luego de su sangriento levantamiento en 1990, hecho con los albatros.

Pero desde 1996 en adelante la unidad cambió de rango. Pasó a jugar en la primera 'B', en la liga de los 40 establecimientos del Servicio Penintenciario Bonaerense. La proliferación de la pobreza y las leyes de 'mano dura', provocaron una inflación en el número de detenidos. Ninguno de éstos hizo desaparecer a 30 mil personas, como Videla; ninguno tuvo los beneficios de la cúpula dictatorial.

La amarga comprobación de que hay presos de primera y de cuarta se reiteró este domingo. Por causas que la pericia y la investigación judicial deberán esclarecer, murieron asfixiados 32 detenidos del pabellón 16 de buena conducta ('autodisciplina') en la unidad penitenciaria nº 28.

Según el ministro de Justicia provincial Eduardo Di Rocco y los jefes del Servicio, se trató de una pelea entre presos con posterior motín. Aún en esta hipótesis benigna con el poder, esas autoridades deberán explicar porqué cerraron todo, llamaron tarde a los bomberos y no tenían agua ni extinguidores en condiciones.

Explicación oficial

El ministro Di Rocco compró la versión del SPB: se trataría de un motín, sin descartarse que encubriera un intento de fuga, nacido de una reyerta de presos por el dominio del pabellón 16. Los internos habrían prendido fuego a sus colchones y mantas, muriendo por intoxicación con el cianuro desprendido de la quemazón del poliuretano.

Suponiendo que así fueron las cosas, lo que no se entiende es porqué los guardias no abrieron a tiempo las puertas del pabellón ni porqué los bomberos tardaron dos horas en llegar al lugar del siniestro.

La diputada bonaerense Marta Ferrara, titular de la Comisión de Asuntos Penitenciarios de la Legislatura, anunció que promoverá acciones legales por abandono de personas a Di Rocco y quizás al mismo gobernador. Se quejó de que en mayo se intervino el Servicio Penitenciario pero se dejó intacta la Dirección de Administración, que maneja fondos millonarios. Ferrara deploró: 'hoy vemos cárceles sin matafuegos y sin agua, por ejemplo'.

La falta de esos dos elementos claves ya está certificada por los funcionarios judiciales intervinientes. El pabellón 16 estaba en un 80 por ciento seco, o sea que allí no se arrojó agua para contener las llamas.

Según el corresponsal de Clarín en la capital provincial, la primera orden del gobernador Solá fue 'asegurar el perímetro del penal, contener la situación y negociar con firmeza'. En esta instrucción oficial faltó algo esencial como tratar de salvar vidas.

Ojalá la justicia pueda esclarecer lo sucedido. Mientras eso no ocurra será más cercano a la verdad enfatizar en la muerte de 32 presos que en el motín, el cliché gubernamental. Utilizar una u otra fórmula subraya la culpa gubernamental-penintenciaria, o la deriva hacia los reos.

En materia de motines la mayor parte de las muertes fue provocada por el fuego o la represión de los guardiacárceles. Eso surge de lo sucedido en los tres más graves de la historia en cuanto a número de fallecidos: Villa Devoto en 1978, Olmos en 1990 y ahora Magdalena.

Existen sí pero en general en esas revueltas no predominan las muertes de presos por peleas propias, excepto en el motín de los 'Doce Apóstoles' en Sierra Chica. Incluso la matanza de presos en Coronda, este año, habría sido instigada por un sector del Servicio Penitenciario, que dio las órdenes y dejó 'área liberada' para que acuchillaran a los rosarinos.

Es notable la forma como el Estado trata de hacer la gran Pilatos frente a acontecimientos como el de Magdalena, sobre todo en época de elecciones. Los presos se mataron entre ellos o se suicidaron con el incendio, afirman los funcionarios ahora y en todos los motines. En junio de 2002 dijeron que los piqueteros se habían tiroteado entre ellos. Algunos de los historiadores oficiales, citados la semana pasada por La Nación, afirmaron -respecto a la conquista- que los indios se mataron entre sí.

La otra campana

Para ser ecuánime con el órgano de prensa ganadero y bursátil, hay que decir que sobre lo sucedido en Magdalena reprodujo los dichos de un empleado del SPB que no dejaban bien parado al Servicio ni al gobierno de La Plata: 'hace tiempo que había malestar, por el hacinamiento, la falta de comida y el trato de los guardias con los internos'.

Estas denuncias de medios opositores y diputados ligados al duhaldismo hizo brotar de paranoia al jefe de Gabinete. Esos sucesos habrían sido manipulados e incluso originados por grupos cercanos al ex presidente provisorio para perjudicar a Solá y por elevación a Kirchner.

Aunque algunas jugadas puedan estar en marcha, Solá se perjudica a sí mismo con sus políticas penitenciarias. Un aliado del gobierno, Horacio Verbitsky, escribió en Página/12: 'la muerte de tres decenas de reclusos es consecuencia directa y previsible de la política decidida por el gobernador Felipe Carlos Solá, el ministro de justicia Eduardo Di Rocco y el subsecretario de Políticas Penitenciarias, Carlos Rotundo, en cuyas cuarenta cárceles la vida y la integridad humana no valen nada'.

Un integrante de la Comisión Provincial de la Memoria (CPB), Hugo Cañón, declaró a Cadena 3 que esos establecimientos bonaerenses son de terror. El ex fiscal bahiense dijo que había entregado documentos al comisario de derechos humanos de la Unión Europea y que el funcionario no podía creer que ese espanto ocurriera hoy en Argentina.

Justamente esa CPB había presentado el viernes, un día antes de la tragedia, un recurso de hábeas corpus a favor de los presos de Magdalena, luego de comprobar las pésimas condiciones de detención. ¿Habrá sido sólo una casualidad que casi inmediatamente se prendió fuego el pabellón de presos primarios y murió más de una treintena? ¿O será una respuesta de la mafia enquistada en el SPB, esa que tortura presos con picana eléctrica, saca internos a robar en su provecho, rapiña la mercadería de los detenidos y los deja morir en los incendios?

El gobierno de Kirchner dice defender los derechos humanos. Pero en Buenos Aires, centro de sus esfuerzos electorales, su aliado tiene a los presos como en los campos de exterminio. Verbitsky no exageró en el título de su nota de ayer 'Las ESMAS de Solá'.