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Argentina: La lucha continúa
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Una iniciativa de varias organizaciones urbanas y campesinas
Prensa de Frente
Uno de los ejes de la actual campaña electoral tiene que ver con los altos
índices de pobreza, indigencia, los planes sociales, el trabajo infantil. La
mayoría de los candidatos se rasgan las vestiduras -sólo lo harán hasta el 23 de
octubre, desde luego- en lo formal y no por el problema de fondo, como enfatizan
desde siempre las organizaciones sociales urbanas y rurales autónomas.
En ese contexto, es interesante rescatar una acción internacional en la que se
denunció que Argentina violaba el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales. Pese a los anuncios oficiales, esas violaciones siguen a
la orden del día.
En mayo del 2003, el relator especial de la Comisión de Derechos Humanos de la
ONU para el Derecho a la Alimentación, el suizo Jean Ziegler, elevó una
interpelación al gobierno argentino, luego de recibir denuncias de FIAN (Food
First Information y Action Network) y EED (Servicios de las Iglesias Evangélicas
en Alemania para el Desarrollo). Estas ONGs, junto con un delegado de Vía
Campesina (movimiento internacional que coordina organizaciones de pequeños y
medianos agricultores, trabajadores campesinos y comunidades indígenas en más de
65 países de América, Asia, África y Europa), recorrieron diferentes zonas del
país. La misión comprobó casos puntuales en Capital Federal y en las provincias
de Buenos Aires, Córdoba, Santiago del Estero, Misiones, Tucumán y Jujuy.
En esa oportunidad fueron acompañados por el MTD Aníbal Verón (hoy en el Frente
Popular Darío Santillán), el Movimiento Campesino de Santiago del Estero
(MOCASE), la Asociación de Productores del Norte de Córdoba (APENOC) y la COBA
de Tucumán, entre otras organizaciones, y el diputado nacional José Roselli.
El informe destacaba las violaciones corroboradas: que "el Estado argentino está
en la obligación de demostrar que no ha violado el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales, y Culturales", del cual el Estado es parte desde
1994 cuando fue incorporado a la Constitución Nacional. En los artículos 1 y 2
de dicho Pacto, queda constancia de que los Estados adheridos al mismo "tomarán
medidas apropiadas para asegurar la efectividad del derecho a la alimentación",
así como reconocen "el derecho fundamental de toda persona a estar protegida
contra el hambre".
Recomiendan que "los planes sociales cubran a todos los grupos en situación de
vulnerabilidad alimentaria. En el caso puntual del Programa de Jefas y Jefes de
Hogar Desocupados, debería reabrirse la inscripción y extenderse su ámbito de
aplicación a los sectores que aún no reciben las prestaciones".
Cabe acotar que antes de la partida de la misión, Vilmar Schneider de FIAN, y
Ramiro Tellez de Vía Campesina, dejaron en la Casa Rosada un pedido de
entrevista para interiorizar a los inquilinos transitorios del primer piso de
Balcarce 50 de la centralidad del informe a partir de las constataciones in
situ. Nunca obtuvieron respuesta, lo mismo que los reclamos de los sectores más
desprotegidos, dado que estos problemas tienden a acentuarse.
En este contexto suena tragicómica, más allá de las intenciones de los
organizadores, la maratón que se realizará el 16 de este mes en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en conmemoración al Día Internacional para la
Erradicación de la Pobreza.
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