Argentina: La lucha continúa

Andrea Ferrari
Página 12

La Secretaría de Ciencia y Tecnología encargó al Comité Nacional de Etica en la Ciencia y la Tecnología que estudie el caso de los investigadores que recibieron financiación de la Armada norteamericana, dado a conocer por Página/12 el pasado domingo. Según explicó el secretario Tulio del Bono a este diario, además del punto de vista ético se está considerando el aspecto legal, "y hasta donde pudimos averiguar no hay ninguna ley que lo impida". "Es un tema bastante complejo de regular sin caer en una limitación de los derechos de cada uno a la libre investigación en el marco de lo que su propia conciencia le indique", señaló. En lo personal, Del Bono sólo ve un conflicto ético en caso de que alguno de los convenios incluyera una cláusula de confidencialidad sobre los resultados de la investigación. Considera además que son los distintos organismos donde se desempeñan los investigadores los que deben llevar el control ya que son autónomos y "tienen mecanismos que regulan sus actividades".
La Oficina Naval de Investigaciones de la Armada norteamericana incluye en su página web una descripción de las investigaciones que financia. Tal como publicó este diario, tres proyectos involucran a la Argentina: un trabajo de nanotecnología, que realizan investigadores del Instituto Balseiro, un estudio oceanográfico de la cuenca del Río de la Plata y un proyecto en el área físico-matemática para estudiar redes complejas con vistas a su aplicación en modelos de redes terroristas, a cargo de una investigadora de la Universidad de Mar del Plata. Fue la diputada Lilia Puig de Stubrin quien echó luz sobre el caso al presentar un pedido de informes para reclamar información oficial sobre todos las investigaciones científicas en instituciones nacionales que estén siendo financiadas por una fuerza militar extranjera.

–¿Cuál es la posición de la secretaría sobre este financiamiento a los investigadores?
–La investigación tiene un alto grado y marco de libertad. En este caso los que tienen que tomar las decisiones o las medidas son los organismos donde investigan los científicos. Hay investigadores de la CNEA y uno de la Universidad de Mar del Plata. Cada uno de esos organismos es autónomo y tiene mecanismos de control. Hacer una normativa de tipo general es muy complicado porque podríamos entrar en colisión con las libertades individuales y personales de cada investigador.
–¿El hecho de que la financiación venga de una fuerza militar no le da otro carácter?
–Bueno, es un organismo de financiamiento para una tarea de investigación determinada. Legislación que lo prohíba no hay. Están los reglamentos y regulaciones en cada repartición específica y los códigos propios de la ética profesional que pueda tener cada uno de ellos, pero no hay una ley o reglamentación que específicamente impida una cosa de esa naturaleza.
–¿En lo personal no cree que hay involucrada una cuestión ética al aceptar fondos de una fuerza que financia investigación con fines militares?
–No conozco las tareas que cada uno ha estado haciendo. Creo que hay un tema muy puntual de la plataforma submarina, que puede ser de utilidad al país. Luego hay una investigación de nanotecnología. Y hay una tarea en especial que está vinculada con el tema del terrorismo. Bueno, Argentina combate el terrorismo como cualquier otro país democrático y es firmante de acuerdos internacionales. Hay toneladas de material dando vueltas por el mundo sobre hasta dónde llegan las posibilidades de un país de regular la capacidad de investigación de un científico: son muy limitadas, más allá de los propios códigos éticos de la actividad.
–¿Pero no hay un choque de intereses teniendo en cuenta que son investigadores que desarrollan su actividad en instituciones públicas los que reciben los fondos de la fuerza militar?
–Hay que ver si la tarea de investigación es para uso exclusivo de la fuerza que lo paga o es de uso público. Supongo y quiero creer que será de utilidad para cualquiera. Si hay un convenio de investigación que involucre confidencialidad para le entidad en beneficio propio, ahí sí habría una colisión en cuanto a los marcos éticos y otros de tipo más formal. Hay que tener en cuenta que el sueldo de esa persona está pagado por la organización a que ella pertenece. Debiera investigarse si el trabajo en el que esta persona está involucrada implica confidencialidad. Pero normalmente cuando hay tareas de colaboración de nivel internacional los resultados son de uso público. Se publican en revistas y son para la humanidad en su conjunto. Supongo que las instituciones a las que pertenecen los científicos han controlado estas cosas. En la secretaría hemos pedido una opinión al Comité de Etica al respecto y ellos la van a dar a la brevedad posible.
–¿No le preocupa que desde la CNEA, que se plantea el uso de la energía nuclear con fines pacíficos, se investigue con una fuerza militar?
–Depende de la tarea que estén haciendo, que no conozco. Además, es la fuerza militar de un país amigo.

Cómo será el debate

Creado en el año 2001, el Comité Nacional de Etica en la Ciencia y la Tecnología está formado por personalidades de diferentes disciplinas, reconocidos tanto por sus méritos académicos como por sus trayectorias personales. Son autónomos y no representan grupos de interés ni creencias religiosas. Para el estudio de los casos incorporan además los conocimientos de investigadores de distintas disciplinas que no son miembros permanentes pero participan en comisiones organizadas ad hoc.
El Comité recibe casos de diversas fuentes: la Secretaría de Ciencia y Tecnología, las comisiones de Ciencia y Técnica del Congreso, el Poder Ejecutivo, empresas y particulares. Una vez que toma un caso, reúne el máximo conocimiento posible sobre el tema. Un relator organiza la información y los aportes de investigadores externos y el caso se analiza en forma conjunta. Puede tratarse de proyectos de ley, de prácticas relacionadas con el ejercicio de la actividad científica, de inquietudes de investigadores o de empresas vinculadas a la ciencia. Finalmente el Comité llega a una serie de conclusiones y elabora recomendaciones. Las recomendaciones no son vinculantes, pero en la mayoría de los casos han sido aceptadas. A excepción de la coordinadora, Otilia Vainstok, y un asistente, la tarea de los integrantes del Comité es ad honorem.