Carlos del Frade
Argenpress

'Merced a la connivencia fraudulenta de ciertos funcionarios públicos de la Subsecretaría de Transporte de la provincia de Santa Fe, mediante un modus operandi que podríamos denominar sin ambages mafioso, se han producido hechos reñidos en su totalidad con normas puntuales de la Constitución de la Nación Argentina' y dieron 'como favorecidos a todo cuanto vengo denunciando a Empresas del Transporte Automotor de Pasajeros algunas propiedad del señor Agustín Bermúdez', el 'zar del transporte automotor de pasajeros' que 'ha llegado a ostentar en la actualidad, por lo menos el sesenta y cinco por ciento de la totalidad del transporte urbano de la ciudad de Rosario y el cincuenta por ciento de los servicios urbanos' del sur de la provincia de Santa Fe. Esto dice la denuncia presentada por Gregorio Hordichuk, ex presidente de la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Pasajeros de Rosario entre los años 1986 y 1990. El escrito presentado en distintos tribunales santafesinos es una lista de irregularidades que apunta sus dardos contra el actual titular de la Subsecretaría de Transporte de la provincia, ingeniero Miguel Latorre y también está plagado de denuncias que van de lavado de deudas a amenazas verbales y físicas.

El nudo de la denuncia

Las irregularidades 'han tenido como objetivo incumplir, evadir, dar por tierra con un sinnúmero de leyes, decretos leyes, decretos, ordenanzas, fueren de origen provincial, municipal y o comunal dentro de la República Argentina', marca el texto de la denuncia.

Se han 'creado empresas del transporte automotor de pasajeros' en la provincia de Santa Fe 'como por ejemplo Empresa Continental SRL con domicilio en calle San Martín 2690 de la ciudad de Rosario que conforman junto a '9 de Julio SRL' y 'América SRL', las empresas provinciales del señor Agustín Bermúdez, con los mismos recorridos y aumentos de horarios en el corredor Andino - Puerto General San Martín - Rosario - Villa Gobernador Gálvez - Alvear, con un solo objetivo: blanquear deudas con la nación (AFIP y DGI), con la provincia, los municipios y comunas (ingresos brutos ley 5.110 y otras y derechos de piso y plataforma, patentes e infracciones, a nivel nacional, municipal y comunal)'.

Muchas fueron las empresas que 'quedaron curiosamente caídas en este engorroso trayecto. También ellas eran propiedad del señor Agustín Bermúdez. Cabe entonces preguntarse, por qué razón cayeron dichas empresas mientras Bermúdez continúa prestando servicios con nuevas empresas', dice Hordichuk.

La respuesta es 'obvia, siendo la siguiente. Porque aquellas empresas han fenecido en sus servicios, llevando a cuestas la pesada carga de adeudar al fisco y otras reparticiones que conforman la recaudación de los erarios nacionales, provinciales, municipales y comunales liberando de dicha forma a las nuevas empresas creadas por el mismo dueño, que salen al ruedo impecables en su conformación económica financiera'.

Se especula con ello 'con el olvido de los funcionarios de los entes recaudadores quienes contrariamente a lo que ocurre en un juicio sucesorio, parecerían condonar graciosamente al magnificente deudor de las deudas que mantenían sus empresas sepultadas'.

A continuación se enumeran las empresas que corrieron la suerte descripta con anterioridad: Primera Junta SRL, línea 128; Transporte General Las Heras, lína 142; Don Bosco SRL, línea 111; Empalme Graneros, línea 110; Empresa Zona Sur, líneas 144, 145 y 146; Martín Fierro SA y Martín Fierro SRL, líneas 101, 102, 103 y 153.

Todas 'siguen perteneciendo al señor Agustín Bermúdez bajo otros nombres y conformaciones o disfraces jurídicos. Lo que resulta incalificable es el hecho de que todas estas anormalidades fueran conocidas por muchas autoridades y funcionarios a través de denuncias, publicaciones periodísticas, comentarios radiales, televisivos y ninguno de ellos, a través del tiempo que transcurrió luego de su conocimiento cabal, les interesó investigar, denunciar, o actuar de acuerdo a sus atribuciones o responsabilidad por las funciones que se desempeñaban. Los actos y hechos conocidos a ultranza por muchos, parecieran no tener suficiente entidad para que el/los responsable/s, tuvieran las sanciones que merecían y que aún la vindicta pública puede resolver', se esperanza casi melancólicamente Hordichuk.

Su empresa la Gran Rosario SRL dejó de existir y, según su ex propietario, fue el estado santafesino 'el responsable directo por la falsa, funesta' y 'dolosa actuación de sus autoridades y funcionarios' que cayeron en 'vicios y corruptelas' que denuncia en los cuadernillos que aporta como prueba documental.

Los hechos 'acontecidos y narrados no hacen más que confirmar los grados de irresponsabilidad, impunidad y dolo con que muchos empresarios se desenvuelven en distintas áreas y para lo cual, deben contar con la aquiescencia, mirar distraído o compungido de funcionarios y autoridades de turno, que ni siquiera tienen la moralina de tapar con tierra las heces que dejan en su inmundo trajinar político administrativo', concluye de manera tajante la denuncia.

Este escrito fue presentado por primera vez ante el juzgado del santafesino García Porta el 23 de mayo de 2002 y un año después, el 13 de abril de 2003, ante la jueza rosarina Raquel Cosgaya.

En la actualidad, enero de 2005, se encuentra en el juzgado de la octava nominación de la capital santafesina.

Agustín Bermúdez, en tanto, sigue creciendo y ampliando los límites de su negocio.

Ya ha llegado a la propia ciudad de Santa Fe.

Detalles

Hordichuk define el origen de estas 'irregularidades' en el año 1994 y las señala como hijas de las relaciones habidas entre la Subsecretaría Provincial del Transporte de Pasajeros de Santa Fe y distintas empresas del territorio.

El resultado fue que su empresa 'Gran Rosario SRL' llegó a la quiebra el 13 de setiembre de 2001.

En ese lapso reclamó por 'la competencia desleal por las rebajas de tarifas no autorizadas que aplicaban las empresas competidoras y la cantidad de servicios no autorizados que en definitiva -por incumplimientos de la provincia al no ejercer su poder de policía-' terminaron ocasionándole daños y perjuicios también denuncias en su momento.

Entre las faltas más 'graves y relevantes y que daban lugar a un trabajo en negro de todas estas prestaciones al margen de la ley con violaciones además, a los pagos de las leyes previsionales e impuestos, dado que al trabajar estas unidades sin patentar, sin habilitar, sin inspección técnica, sin seguros, tasas de transporte y violando normas vigentes en la materia, daban lugar a jugosas recaudaciones, por las cuales no se tributaba ni se declaraba como era de imperio legal hacerlo'.

En el cuadernillo número uno, adjuntado como pruebas documentales, figura 'la adquisición de un galpón en calle David Peña 678 de la ciudad de Rosario, por parte de la señora María Cristina Pradolini (esposa del ingeniero Latorre) al señor José Bermúdez (hermano de Agustín Bermúdez)'.

Allí también se establece otra fuerte presunción de la relación entre la familia Bermúdez y Latorre, a la sazón titular de la cartera que entiende en materia de transporte en la provincia tal como ocurre en el presente.

'Mediante el pago de un recupero por un siniestro del cual resultó responsable la empresa Martín Fierro, recibo de la doctora Elda Pedemonte, abogada, un cheque de quinientos pesos con fecha de emisión 13 de mayo de 1999, con dirección en calle David Peña 678 de Rosario, domicilio que según la guía telefónica resultaría también y curiosamente el domicilio del ingeniero Miguel Angel Latorre, a la fecha, subsecretario de transporte de la provincia de Santa Fe, función que inhabilitaría o inhabilita al ingeniero de estar relacionado comercialmente con empresarios, como sería el caso de Agustín Bermúdez, titular de la empresa Martín Fierro SA', dice la denuncia.

Además se agrega que el señor José Bermúdez 'cobra en ese momento la venta del galpón que le efectuara a la señora esposa del ingeniero Latorre, con cheques emitidos por Agustín Bermúdez' según se describe con fechas y números.

Todas estas irregularidades fueron remitidas e informadas a funcionarios de la Dirección General de Transporte de la Municipalidad de Rosario (Alejandro Boggaino) y al entonces y hoy gobernador, Jorge Obeid.

Siguen las denuncias sobre coches sin patentes, 'sin habilitar, sin inspección técnica' y 'a pesar de las múltiples infracciones detalladas, no se retiran unidades ni se confeccionan multas'.

En 1995 la prensa informaba que catorce líneas de colectivos 'han pasado todas a engrosar esta nueva sociedad jurídica, Rosario Bus SA y el cierre de las mismas'.

También aparecen constancias de la falsificación de 'las mediciones a pesar de haber solicitado al Automóvil Club Argentino y la Dirección General de Vialidad Nacional que eleven sus mediciones y las mismas no coinciden con las elevadas por la Dirección General de Transporte provincial y si con las de 'Empresas Gran Rosario SRL'. También falsean otros controles involucrando a la Cámara Empresaria del Transporte Multimodal de Pasajeros que desmiente totalmente el hecho', se agrega como resumen de las pruebas presentadas en los cuadernillos que acompañan la denuncia legal.

Luego viene una crónica del conflicto mantenido con delegados de la Unión Tranviarios Automotores, la intervención de la secretaría de Trabajo de la provincia y la imposibilidad de lograr una conciliación obligatoria. Eran los primeros días de enero de 2001.

Todo termina en la concesión de los permisos precarios de las líneas 104 y 209 y el traspaso del personal de 'Empresa Gran Rosario SRL' a la firma 'América TA. SRL'.

Pero desde el 26 de enero de 2001 la propia Subsecretaría de Transporte de la provincia había otorgado los mismos permisos y personal a la entonces desconocida empresa 'Continental TA SRL' que 'pertenece al grupo de empresas de Agustín Bermúdez y es el primer paso para blanquear deudas con la nación, provinciales y municipales' y esa misma maniobra ya había sido hecha 'en el municipio de Rosario con las empresas hoy desaparecidas prestatarias del servicio urbano con anuencia del municipio y de la UTA'. Esas firmas eran 'Primera Junta', línea 128; Transporte General Las Heras, línea 142; Don Bosco SRL, línea 111; Empalme Graneros, línea 110; Zona Sud, líneas 144, 145 y 146 y Martín Fierro SA y SRL, líneas 103, 101, 102 y 153. Estas catorce líneas fueron paralizadas el 8 de mayo de 2002 por falta de pagos de salarios.

Otro de los papeles incorporados como material digno de ser investigado por la justicia santafesina son las declaraciones periodísticas del ex titular del transporte provincial, Carlos Muia quien expresó: 'Soy una víctima de la mafia', según se publicó en el diario 'Rosario/12' del 22 de junio de 2002.

En junio de ese año, el juez santafesino de la segunda nominación, José Manuel García Porta 'procesó al subsecretario y al director de la Dirección Provincial de Transporte de la provincia por considerarlos incursos en el delito de 'Incumplimiento de Deberes de Funcionario Público y Abuso de Autoridad'.

Luego siguen atentados explosivos contra empresarios del transporte, contra unidades de la empresa 'Gran Rosario', amenazas telefónicas y de grupos de personas 'contra la propiedad, bienes y vida de los socios'.

Hordichuk también manifiesta haber recibido un sobre con un detalle descriptivo de 'juicios de apremio a la Administración Provincial de Impuestos por cobro de ingresos brutos no tributados pertenecientes aparentemente a las empresas de transporte automotor de pasajeros América SRL y 9 de Julio SRL, ambas empresas pertenecientes al Grupo Agustín Bermúdez. Según dichos listados -sin saber a ciencia cierta la veracidad de los mismos- ambas empresas estarían adeudando al erario público hasta el año 1998 por ingresos brutos calculados al 16 de setiembre de 2002, la friolera de cuatro millones quinientos veinte y tres mil doscientos dieciocho pesos'.

Toda una síntesis de lo único transversal que existe en la provincia y el país: los factores de poder. Empresarios casi monopólicos, funcionarios que se repiten, cierta dirigencia sindical y algunos jueces que decretan la impunidad. El resultado es grandes ganancias para pocos y servicios públicos de dudosa eficiencia.