Tony Clarke y Maude Barlow
Lancara

A menudo bebemos un vaso de agua sin reparar apenas en el valor de este recurso. Sin embargo, según estimaciones recientes de la Organización de Naciones Unidas, en el planeta hay 1.300 millones de personas que carecen de un acceso adecuado al agua potable, y 2.500 no disfrutan de un sistema de saneamiento apropiado. En todo el mundo, hay seres humanos que arriesgan la vida en conflictos bélicos por el problema del acceso al agua dulce. Aunque estas luchas no son nuevas, pues el agua ha sido siempre un elemento esencial para la vida y la naturaleza del planeta, se intensifican a medida que el agua se convierte en un recurso cada vez más escaso y lucrativo. Como ya preveía el ex vicepresidente del Banco Mundial a finales de los años noventa, «Las guerras del siglo XXI se librarán a causa del agua».

Las batallas del agua
Uno de los puntos más conflictivos de las batallas por el agua es Latinoamérica. De hecho, la primera gran guerra del agua del siglo XXI estalló en Bolivia cuando el Banco Mundial exigió, para la renovación de un préstamo de 25 millones de dólares, la condición de que se privatizasen los servicios de agua del país más pobre de Latinoamérica. En cuanto se vendió el servicio municipal de agua corriente de Cochabamba [cuya población supera la cifra de 500.000 habitantes] a Bechtel, una poderosa empresa estadounidense, el precio del agua aumentó de forma notable en enero y febrero de 2000. Decenas de miles de habitantes tomaron las calles de Cochabamba para expresar su descontento por el aumento de los precios y los consecuentes cortes de suministro. Al final, la escalada de las protestas derivó en una huelga general que paralizó la economía de la ciudad, medida que obligó a Bechtel a hacer las maletas y huir del país. Pero no por mucho tiempo. La gran corporación regresó de nuevo con un pleito de 25 millones de dólares contra el gobierno boliviano, al que exigía el pago de indemnizaciones por pérdida de beneficios.
En otras zonas del dominio hispanohablante, se han librado duras batallas por el agua en otros frentes, sobre todo en ciertas regiones de Latinoamérica.
• En Argentina, las asociaciones de consumidores y otros grupos han luchado durante una década contra la privatización de la red de agua corriente pública por parte del gigante empresarial francés Suez, que ha generado un proceso de corrupción generalizada, además de la contaminación del Río de La Plata y beneficios sin precedentes. Recientemente Suez ha amenazado con renunciar a su contrato de 30 años de suministro de agua a Buenos Aires, salvo si se garantiza protección contra la fluctuación de la tasa monetaria, que ha reducido los márgenes de beneficios de la compañía.
• En Uruguay, una coalición de trabajadores y asociaciones ha promovido un referéndum nacional con el fin de lograr una enmienda constitucional que garantice el agua como derecho humano y bien público, fuera del alcance de las grandes empresas con fines lucrativos. Cuando una empresa filial de la compañía de aguas española Aguas de Bilbao recibió la concesión del suministro de agua con fines lucrativos en la provincia de Maldonado, los precios del agua aumentaron y los suministros se contaminaron.
• En Chile, los grupos ecologistas han protestado enérgicamente contra la venta de los sistemas fluviales. Durante el régimen de Pinochet, el 80% de los ríos se vendió al sector privado con el fin de facilitar la utilización del agua para la producción de energía y el consumo agrícola. La compañía española ENDESA ha adquirido gran parte de los sistemas fluviales de Chile para desarrollos principalmente hidroeléctricos.
• En Perú, los ciudadanos de las zonas más pobres han emprendido una lucha armada contra los precios abusivos del agua. En Lima, los pobres pagan a un vendedor privado hasta tres dólares por metro cúbico de agua, suministro que deben recoger y transportar en cubos por sus propios medios y que, a menudo, contiene agua contaminada. Los ciudadanos más opulentos, en cambio, pagan 30 centavos por metro cúbico de agua tratada que sale por el grifo de sus viviendas.
• En Guatemala, los campesinos, trabajadores y ecologistas locales protestan contra la construcción de 5 presas en el río Usumacinta, que recorre gran parte del territorio guatemalteco y mexicano meridional. Además de la generación hidroeléctrica, el proyecto se utilizará para bombear agua desde Usumacinta hasta la península de Yucatán, con el fin de aportar irrigación a los macrocultivos agrícolas destinados a la exportación, proceso que ya ha dañado la mayor parte del sistema ribereño de Guatemala. La inundación de la tierra supone una amenaza también para el sustento de la población local.
• En México, la población indígena del estado de Chiapas, en el extremo meridional, se prepara para emprender una batalla contra Coca-Cola, empresa que intenta asegurarse el control de las reservas de agua más importantes del país. En un país donde la mayor parte de la población sufre recortes de agua, más del 30% de los suministros de agua dulce se encuentra precisamente en la región de Chiapas, donde la multinacional Coca-Cola se ha posicionado para controlar los acuíferos locales, presionando a los gobiernos locales para utilizar leyes de zonificación preferencial con el fin de incrementar el control privado sobre los manantiales.
Crisis del agua
Bajo estas batallas locales subyace una crisis mundial del agua, cada vez más aguda. En la actualidad, 31 países sufren una grave escasez de agua. En menos de un cuarto de siglo, se calcula que dos tercios de la población mundial no tendrán acceso adecuado a los suministros de agua dulce. Es más, el mundo se divide cada vez más entre las regiones «ricas» y «pobres» en lo que se refiere a recursos de agua.
Ésta es, de hecho, la paradoja que caracteriza gran parte de Latinoamérica en nuestros días. Por un lado, Latinoamérica disfruta de gran abundancia de manantiales de agua dulce. El 20% del residuo líquido mundial —la fuente de agua renovable que constituye nuestros suministros de agua dulce— proviene sólo de la cuenca del Amazonas. Brasil tiene más agua que ningún otro país, pues dispone de la quinta parte de los recursos de agua del planeta. El territorio latinoamericano alberga cuatro de los 25 ríos más caudalosos del mundo —Amazonas, Paraná, Orinoco y Magdalena—, además de algunos de los lagos más grandes, entre los que se cuentan el Maracaibo en Venezuela, el Titicaca en Perú y Bolivia, el Poopó en Bolivia, y el Buenos Aires, compartido por Chile y Argentina. En consecuencia, los latinoamericanos deberían tener una de las asignaciones de agua dulce per cápita más elevadas del mundo, algo menos de 3.100 metros cúbicos por persona al año.
Pero por otro lado, algunas zonas de Latinoamérica sufren una sequía tan acuciante, que aproximadamente el 25% del continente se considera árido o semiárido. Se incluyen ahí no sólo desiertos naturales como la Patagonia, al sur de Argentina, o el de Atacama en el nordeste de Chile, sino también otros provocados por el hombre en amplias zonas de Perú, Bolivia y el noroeste de Argentina. Más al norte, el Caribe carece de manantiales de agua dulce, puesto que no pueden fluir ríos por sus exiguos territorios. En la mayor parte del Valle de México, los desiertos naturales se funden ahora con los provocados por el hombre. De hecho, Ciudad de México, antaño rodeada de lagos, está esquilmando sus últimos acuíferos accesibles. En efecto, el ciudadano medio sólo puede acceder a 28,5 metros cúbicos anuales, menos del 1% de los 3.100 de que debería disponer cada persona al año.
He aquí la paradoja latinoamericana: la escasez de agua en una tierra con importantes recursos acuáticos naturales. Más de 130 millones de personas carecen de suministro de agua potable en sus hogares, y se calcula que sólo una persona de cada seis cuenta con redes de saneamiento adecuadas. La ciudad brasileña de São Paulo, pese a que pertenece al país con más manantiales de agua dulce del mundo, afronta una seria amenaza de racionamiento, pues su suministro de agua depende de fuentes que están cada vez más alejadas de la ciudad, y el coste del transporte supera la capacidad adquisitiva de muchos habitantes. Además, la situación empeora constantemente, pues las medidas políticas que fomentan la agricultura industrial desplazan cada año a millones de agricultores de pequeña escala a los barrios periféricos de las ciudades.
Al mismo tiempo, los recursos de agua dulce latinoamericanos sufren también problemas de contaminación constantes. En toda la región, las cuencas de ríos y lagos y los hábitat acuáticos se convierten a menudo en contenedores de basura, desagües de minas o depósitos de residuos agrícolas e industriales. La mayor parte de las aguas residuales vierte directamente en los ríos, lagos o canales sin tratamiento de ningún tipo. En las zonas maquiladoras de la frontera entre México y Estados Unidos, la contaminación industrial es tan perniciosa, y el agua limpia llega a ser tan escasa, que los bebés y los niños beben Coca-cola o Pepsi en lugar de agua. Paradójicamente, el país más contaminante de la región es Brasil, que también es el que ostenta el récord de mayores recursos de agua dulce. Brasil permite la contaminación química e industrial masiva, así como los vertidos de mercurio provenientes de las minas de oro. Sólo una parte de la Europa del Este y China superen los niveles de contaminación acuática de Brasil.
Paralelamente, la demanda mundial de agua dulce se duplica cada 20 años, es decir, a un ritmo más de dos veces superior a la tasa de crecimiento de la población. En la actualidad, en muchas zonas del mundo los grandes derrochadores de agua son las industrias de alta tecnología y la agricultura industrial, no los hogares individuales. Los sistemas de riego agrícola consumen alrededor del 65%-70% del agua, principalmente para producir alimentos destinados a la exportación; el 20%-25% se dedica a fines industriales, entre los que se incluye la producción de chips de silicio de alta tecnología; y el 10% restante es para uso doméstico. Si se mantienen estas tendencias, antes del año 2025 la demanda de agua excederá los recursos terrestres en un 56%.
Los científicos advierten que una seria amenaza de crisis se cierne sobre el ciclo hidrológico del planeta. Este ciclo regula que cada gota de agua que se evapora de una planta, lago, pantano, río o de la superficie terrestre vuelva a precipitar sobre los bosques, lagos, pastos, praderas, contribuyendo así al equilibrio natural. Pero si esa gota cae sobre una acera o un edificio, no es absorbida por el suelo y, por tanto, no llega al mar. A medida que la superficie terrestre se despoja de bosques y praderas, mayor es el número de manantiales y arroyos que se agotan y menores son las precipitaciones que vierten sobre la cuenca de los ríos.
Si la especie humana continúa expandiendo sus ciudades e industrias al ritmo actual, cabe esperar que se intensifique la amenaza del ciclo hidrológico terrestre hasta el punto de que el agua deje de ser un recurso renovable. Ciudad de México, por ejemplo, ya depende de acuíferos para el 70% de su suministro de agua y está dilapidando estas fuentes subterráneas a un ritmo 80 veces superior al de su recuperación natural.
Los magnates del agua
De pronto el agua se ha convertido en un bien muy preciado en los mercados mundiales. Del mismo modo que el petróleo ha pasado a ser el «oro negro» del siglo XX, el agua está destinada a convertirse en el «oro azul» del siglo XXI. En un clima en que la progresiva escasez de agua se asocia a una demanda cada vez mayor de este recurso, su valor de mercado se ha duplicado o incluso triplicado. En consecuencia, los especuladores de la inversión han procurado adquirir los derechos de aguas en zonas agrícolas, con el fin de venderlos a las ciudades sedientas. Ha surgido así una nueva clase de empresarios «cazadores de agua», que explotan los recursos de agua dulce del planeta y los venden al mejor postor.
En medio de esta fiebre del «oro azul», ha surgido una nueva industria mundial del agua cuyo valor rondaba, según las estimaciones del Banco Mundial, el billón de dólares estadounidenses anuales en 2001. Entre los principales magnates de este pujante sector, se encuentran las corporaciones con fines lucrativos que ofrecen servicios de agua o venden agua embotellada.
Con el fin de aprovecharse de la crisis del agua en Latinoamérica, numerosas empresas privadas europeas de servicios de agua han decidido asumir las operaciones de suministro público de agua en la mayoría de los países de la región, incluidos Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú y Uruguay. Aunque algunas compañías, como Aguas de Barcelona y aguas de Bilbao, tienen contratos con los municipios, la mayoría de las empresas que interviene en Latinoamérica es filial local de las tres principales corporaciones de servicios de agua: las francesas Suez y Vivendi y la alemana RWE-Thames. En conjunto, estas tres compañías aportan servicios de agua corriente y saneamiento a 300 millones de clientes en más de 130 países.
Hace una década, el grupo de las tres grandes empresas prestaba servicio a sólo 51 millones de personas en sólo 12 países. Suez y Vivendi controlan ahora más del 70% del mercado de suministro de agua en todo el mundo. Sus ingresos se han incrementado al mismo ritmo que su desarrollo. Vivendi obtuvo más de 12.000 millones de dólares de beneficios en 2002, frente a los 5.000 millones de hace una década. Las tres se sitúan entre las 100 empresas mundiales con unos ingresos anuales conjuntos de casi 160.000 millones de dólares en 2002, y una tasa de crecimiento anual del 10%, lo cual supera muchas economías nacionales en las que intervienen. Sin embargo, el historial de los servicios que han prestado hasta el momento, sobre todo en los países en desarrollo del sur del planeta, es a la vez turbio y bien documentado: contratos secretos, incremento de las tarifas, ineficiencia del servicio, cortes del suministro [para los que no pagan], escasa calidad del agua, casos de soborno y corrupción, además de márgenes de beneficios muy amplios.
A menudo el Banco Mundial y el Banco de Desarrollo Interamericano (BID) facilitan la entrada agresiva de estas compañías en los mercados latinoamericanos. Tanto Suez como Vivendi recurren a su considerable influencia entre las entidades crediticias multilaterales para que el suministro privado de agua sea una «condición» de la condonación de la deuda o la concesión de nuevos préstamos. El BID es el acreedor de unos 58.000 millones de deuda en la región, lo cual le confiere un tremendo poder para imponer la privatización del agua a los municipios desesperados. En realidad, algunos de los préstamos más cuantiosos del BID concedidos durante la década pasada fueron destinados directamente a las compañías multinacionales de agua para que se hiciesen con las concesiones de agua privadas en países como Argentina, Bolivia y Honduras.
Paralelamente, tras una serie de fiascos del sector privado en los países en desarrollo, las tres grandes empresas del agua reivindican ahora una financiación garantizada para aislarse de las fluctuaciones monetarias antes de realizar inversiones en los países del sur. En consecuencia, el Banco Mundial ha decidido triplicar sus compromisos de financiación anual para la privatización del agua. Además, ahora que el gobierno ha privatizado sus servicios de agua, no puede cederlos a manos públicas sin correr el riesgo de sufrir sanciones económicas, de acuerdo con las normas de la Organización Mundial del Comercio, o de que alguna empresa de servicios de agua interponga una demanda en su contra, con arreglo a alguna otra norma internacional de comercio o inversión.
Otro grupo de magnates del agua son los amos de la industria del agua embotellada. En la actualidad, este sector es uno de los más boyantes y menos regulados del mundo. En los años setenta, el volumen anual de agua embotellada y comercializada en todo el mundo era de 1.000 millones de litros. Pero antes del año 2000 las ventas anuales de agua embotellada ascendieron a 84.000 millones de litros, de los cuales el 25% se comercializa y consume fuera del país de origen. Aunque el agua embotellada ofrece unas garantías esenciales en muchas zonas del mundo, es también uno de los mayores chanchullos de nuestra vida cotidiana, pues se vende, como mínimo, a un precio medio que es 1.100 veces superior al del agua del grifo.
Todos los análisis coinciden en que la industria del agua embotellada ha crecido a un ritmo desmesurado. En 2000, las ventas de agua embotellada en todo el mundo se cifraban en torno a los 22.000 millones de dólares estadounidenses. En 2003, dichas ventas han ascendido a 46.000 millones de dólares. Nestlé es el líder mundial en agua embotellada, con no menos de 68 marcas, seguido de Pepsi Cola, Coca Cola y Danone. En la mayoría de los países en desarrollo, la principal línea de productos Nestlé es Nestlé Pure Life, que en realidad es agua del grifo purificada a bajo coste con adición de minerales, y que comercializa con el eslogan de «pura y natural». El agua embotellada de Pepsi se comercializa con la marca Aquafina, y la de Coca-Cola es Bon Aqua. Ambas se limitan a extraer el agua del grifo municipal y a añadir minerales antes de venderla como agua embotellada.
En los últimos años, los magnates de las bebidas populares han ampliado sus operaciones a Latinoamérica, en busca de nuevas oportunidades en un mercado en pleno desarrollo. Allí Coca-Cola ha logrado beneficiarse de su extensa red de plantas de embotellado. En México, que según los analistas de inversión de J.P. Morgan es el segundo país, sólo después de Italia, en consumo de agua embotellada per cápita, Coca-Cola tiene una red de 17 empresas de embotellado, frente a las 6 de Pepsi. En Brasil, donde Coca-Cola dispone de 19 compañías de embotellado y comercializa la marca Bon Aqua de agua mineral desde 1997, la compañía prevé incrementar agresivamente su cuota de mercado de agua purificada. Coca-Cola tiene proyectos similares en Chile, donde domina el 31% del mercado del agua mineral y el 69% del de refrescos.
Aunque las marcas Cocacola y Pepsi son conocidas en todo el mundo, esto no garantiza que los productos contengan agua potable en perfectas condiciones. En la mayor parte de los casos, ambas procesan el agua municipal con un sistema de filtros de «ósmosis inversa», añaden minerales, y después venden el producto como agua purificada. Aunque los sistemas de filtrado que emplean eliminan más impurezas que los servicios municipales de agua, nadie garantiza que el agua embotellada sea perfectamente apta para beber. Además, tanto Pepsi como Cocacola han tenido casos de contaminación y otros problemas relativos a la calidad del agua. En 1999, por ejemplo, las botellas de Bon Aqua de Cocacola tuvieron que ser retiradas del mercado porque contenían moho y otras formas de contaminación bacteriana. Es más, desde el estado de Chiapas, en México, hasta el de Kerela, en la India, existe una creciente oposición popular contra la repercusión de ambas multinacionales en la dilapidación y contaminación del sistema de agua local, debido a las operaciones de embotellado.
Movimiento del agua
Como reacción ante la crisis mundial del agua y los programas de los magnates de este recurso, ha surgido un nuevo movimiento social, integrado por campesinos, indígenas, trabajadores, consumidores y un amplio rango de organizaciones ciudadanas comprometidas con la lucha por el agua. Su mensaje principal es que el agua es un elemento esencial de la vida y, por tanto, toda el agua pertenece a la naturaleza y al hombre. El agua es un derecho humano universal. No es un recurso que pueda convertirse sin más en un artículo destinado a la compraventa en el mercado. Tampoco es un servicio que deba gestionarse y distribuirse desde el sector privado en función de la capacidad adquisitiva del consumidor. El agua, esencia y fuente de vida en este planeta, es patrimonio común y una responsabilidad sagrada. En otras palabras, el agua pertenece a «los bienes comunes», esos espacios no lucrativos de la vida que deben conservarse para la naturaleza y la humanidad.
En su mayor parte, los programas de acción de este movimiento del agua tienen su origen en cuatro principios interrelacionados: [a] igualdad del agua --- el agua, como derecho humano universal, debe distribuirse equitativamente a toda la humanidad, no en función de los principios del mercado y la capacidad adquisitiva; [b] conservación del agua --- el agua debe conservarse en sus cuencas naturales, evitando su derroche o mala utilización, con el fin de que se renueve el ciclo hidrológico y perdure este recurso para las generaciones futuras de este planeta; [c] calidad del agua --- esa agua, elemento vital, debe protegerse de la contaminación causada por los vertidos de residuos químicos o industriales; y [d] democracia del agua --- el agua se protege y gestiona mejor a través del sector público, con la participación directa de la comunidad en las decisiones relativas a su extracción, consumo y distribución.
En Latinoamérica, este movimiento del agua se manifiesta como una nueva alianza. El 22 de agosto de 2003, 47 organizaciones ciudadanas de 16 países americanos se reunieron en San Salvador para emprender un nuevo movimiento llamado «RED VIDA». Al mismo tiempo, definieron su plataforma de acción en una «Declaración para la defensa del derecho al agua».
A través de esta nueva alianza, los grupos miembros aspiraban a construir una red de apoyo y solidaridad con las diversas luchas que se libran contra la privatización de los servicios de agua urbanos; contra los diques, desvíos y trasvases de los sistemas fluviales, que tienen una repercusión negativa en la naturaleza y en el nivel de vida de la población; contra la exportación masiva del agua de los ríos, lagos y arroyos; y contra la rápida reducción de los acuíferos subterráneos.
Antes de su constitución, los grupos miembros de RED VIDA se sumaron a otros activistas de Asia, África, Europa y Norteamérica para hacer frente común contra los agentes de la privatización en el Forum Mundial del Agua de Kyoto (Japón) en marzo de 2003. Al organizarse en brigadas de «el agua es vida», lograron organizar un serio debate sobre los principales asuntos en varias sesiones temáticas, impidiendo así que el Banco Mundial y las tres grandes corporaciones del agua alcanzasen un consenso en cuanto a los principales puntales de su proyecto de privatización. En enero de 2004, los miembros de RED VIDA también desempeñaron un papel activo en la creación y desarrollo de un «Movimiento del Agua Mundial de los Pueblos» en Nueva Delhi (India). En la cumbre de Nueva Delhi, celebrada en vísperas del Foro Social Mundial de Mumbai, intervinieron participantes de 64 países que, a su vez, desarrollaron una plataforma internacional para la educación y la acción en asuntos relativos al agua.
Este nuevo movimiento, no obstante, no está sólo comprometido con la movilización de la resistencia ante la privatización del agua, sino que pretende construir también modelos alternativos de gestión de este recurso. Como alternativa al modelo de «sociedad privada-pública» promovido por el Banco Mundial y las tres grandes compañías del agua, por ejemplo, el movimiento ha comenzado a defender un modelo de «sociedad pública-comunitaria» que se ha desarrollado y probado en Porto Alegre (Brasil).
En esta ciudad de más de 3 millones de residentes, los servicios de suministro de agua pasaron de nuevo a manos públicas después de un período de gestión privada, según un nuevo modelo que requería mucha mayor participación comunitaria en la toma de decisiones acerca del tratamiento de los recursos. El servicio público de agua no sólo ha resultado ser viable desde el punto de vista financiero, sino que además ha mejorado y ampliado los servicios de aguas de modo que satisfagan las necesidades de toda la ciudad. Actualmente, los ciudadanos de Cochabamba (Bolivia) están desarrollando un modelo similar de gestión pública de los servicios de agua, basada en la colaboración comunitaria.
Por último, parece que este movimiento en ciernes refleja una nueva concepción de la inminencia y tenacidad de la lucha, rasgo que lo diferencia de otros movimientos sociales. Al organizar las campañas, los activistas del agua parecen decididos a trazar una línea en la arena. Claramente la población y las comunidades no pueden vivir sin agua. Para muchos, la lucha es cuestión de vida o muerte. Por tales motivos, la reivindicación de democracia en la distribución de este recurso no puede y no debe ser silenciada.