Del caso Berríos al plan Cóndor, incluyendo a Bordaberry

La impunidad se desfleca lentamente mientras la justicia investiga los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz y avanza el pedido de extradición de tres oficiales, requeridos por el caso Berríos. Antes paseaban por 18; ahora les queda la opción de pasar a la clandestinidad, como Manuel Cordero.

Samuel Blixen
Brecha

Sobre la palabra de honor empeñada por el comandante del Ejército, Santiago Pomoli, empezó a correr la cuenta regresiva: el fiscal penal Luis Bajac elevó al juez Gustavo Mirabal su opinión favorable a la extradición solicitada por el juez chileno Alejandro Madrid, de tres oficiales del Ejército implicados en la conspiración para el secuestro y asesinato del agente de la DINA chilena, Eugenio Berríos, ejecutado en nuestro país después de permanecer secuestrado durante más de un año en una operación conjunta de militares chilenos y uruguayos.
El general Pomoli, bajo palabra de honor, había asegurado en su momento al magistrado que los coroneles Tomás Casella (r) y Wellington Sarli, y el teniente coronel Eduardo Radaelli se presentarían ante el juzgado tantas veces como fueran convocados y que estarían en todo momento ubicables.
Con la opinión del fiscal, quien estimó que el pedido de extradición es formalmente correcto y ajustado a los términos del tratado entre Chile y Uruguay, el juez comenzará el lunes 13 el estudio del reclamo de su colega Guzmán. Mirabal tendrá diez días para pronunciarse sobre dos cuestiones principales: una, que el delito de conspiración fue cometido en Chile, como asegura el magistrado chileno; y dos, que la prescripción del delito debe contarse de acuerdo con las leyes chilenas, que estipulan un máximo de 15 años.
Si el juez coincide con el fiscal y otorga la extradición, entonces se abre un interrogante: ¿serán detenidos los tres oficiales en forma preventiva mientras se sustancien las acciones de apelación -detención que habitualmente se aplica en cualquier caso de extradición-, o se extenderá el compromiso de garantía del comandante hasta que la extradición se efectivice? Si se produce esto último se verificaría una notable discriminación a favor de inculpados que recibirían un trato distinto por el solo hecho de ser militares; y además nada asegura que, al menos en el caso de Casella, no ocurra lo que pasó con el coronel (r) Manuel Cordero, que sigue en la clandestinidad, con paradero desconocido, mientras el juez Pedro Hackenbruck sigue esperando que se presente en el juzgado para decidir sobre el procesamiento solicitado por el fiscal Rafael Ubiría por el delito de desacato por ofensas. Porque ocurre que Radaelli y Sarli, como oficiales en actividad, están sujetos a la obediencia debida, y si se fugan, como lo hizo Cordero, entonces se convertirían en desertores. Pero tales acotaciones no se aplican a la conducta de Casella, que es retirado. Además, la detención preventiva inevitablemente ocurrirá si se otorga la extradición, porque los tres oficiales se negaron a la invitación del juez Mirabal para viajar voluntariamente a Chile.
Ahora bien: si por el contrario el juez desecha la extradición, habrá que ver qué hace la justicia uruguaya, porque delito hubo, un cadáver fue encontrado con tres balazos en una duna. Si, como se presume, la justicia chilena entrega las 6 mil fojas de actuaciones sobre el caso, es posible que surjan elementos que la Policía y la justicia uruguaya no supieron encontrar en los 11 años que se tomaron para averiguar, sin éxito.
En un sentido o en otro parece agotada "la otra" impunidad, aquella que se desplegó más allá de la generosa ley de caducidad aplicando lo que algunos expresaron como "el espíritu de los legisladores", que se extiende a todo aquello que molesta a los militares, en su relación con la justicia, y que ha instalado en el país dos categorías de ciudadanos. El caso Berríos es un ejemplo acabado de ese estado de cosas.
Lo mismo ocurre con los civiles responsables de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Ahí están Juan Carlos Blanco y Juan María Bordaberry respondiendo ante la justicia por los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz, una vez que sus defensores (gobernantes, políticos, legisladores) agotaron todos los argumentos para eludir la acción de la justicia. Pero aún hay mucho camino por recorrer: el juez Timbal todavía está esperando la información específica solicitada a la cancillería y al Ministerio de Defensa para determinar el grado de involucramiento oficial del gobierno en los asesinatos de Buenos Aires (véase recuadro) y de la participación de oficiales uruguayos. El ministro Yamandú Fau (quien en la Cámara de diputados afirmaba en 1986 que "algún día hemos de saber quiénes fueron sus asesinos, tenemos, más allá de nuestras obligaciones políticas, ideológicas, compromisos que nos vienen desde muy hondo, de lo profundo") tiene ahora dificultades para encontrar en su ministerio hasta la información más elemental, como por ejemplo quiénes integraban el Consejo de Seguridad Nacional donde, se afirma, se habrían decidido los asesinatos.
El espíritu de complicidad engendra el desparpajo: el ministro de Turismo, Pedro Bordaberry, hijo del ex dictador, no tuvo empacho en afirmar que la acusación contra su padre era una maniobra del Frente Amplio, "lo que me lleva a pensar que esto es un ataque político. Son hechos que acaecieron hace como 30 años y durante 18 o 19 años nadie hizo denuncias; lo único que ha cambiado es que yo ejerzo un cargo público". Convertir aquellos terribles asesinatos en el marco del Plan Cóndor en un pretexto para escaramuzas electorales deja al desnudo sus propias cualidades. La abogada Hebe Martínez Burlé se vio obligada a recordar que la denuncia "fue impulsada por ex legisladores en 1986 o 1987 y erróneamente fue archivada, pero esto no comenzó ahora, tiene cerca de 20 años". El senador emepepista Eleuterio Fernández Huidobro dijo comprender al ministro que, por defender a su padre, afirma un disparate y es injusto con el Frente. El senador nuevoespacista Rafael Michelini, hijo del senador asesinado, afirmó: "Nunca lo escuché al ministro condenar la dictadura uruguaya, los asesinatos y las desapariciones de la dictadura militar justamente con su padre a la cabeza en los años setenta".
Son todas manifestaciones de una impunidad que lentamente se desfleca. Por lo pronto, a la probable extradición de tres militares por el caso Berríos se suma el pedido de detención preventiva de José Gavazzo, Manuel Cordero, Jorge Silveira y Julio César Vadora, por los crímenes del Plan Cóndor, si finalmente la Suprema Corte de Justicia coincide con el Ielsur en que las detenciones preventivas con vista a extradición deben quedar en manos de la justicia y no del Poder Ejecutivo. Y por si fuera poco, queda todavía lo que resuelva la justicia argentina por los mismos crímenes, lo que promete un alud de solicitud de extradiciones.

No sabe, no contesta
Juan María Bordaberry se escudó en dos argumentos inapelables para eludir el interrogatorio de cuatro horas a que fue sometido por la fiscal Mirtha Guianze y el juez Roberto Timbal, sobre los asesinatos de Michelini y Gutierrez Ruiz: o bien no se acordaba de lo ocurrido, o bien no tuvo noticias.
"De esos sucesos me enteré por los medios de comunicación", dice ahora este estanciero ex dictador para explicar su ignorancia. Parece una burla: en Buenos Aires asesinaban a dos legisladores que representaban en el exilio, junto con Wilson Ferreira, el mayor peligro político para una dictadura que se enfrentaba a la posibilidad de una apertura hacia la transición, y el presidente de la República no preguntaba qué pasó, cómo fue, quién lo hizo. Su propio ministro de Economía, Alejandro Végh Villegas, buscaba contactos en Buenos Aires con Michelini, y él, el presidente, no estimaba relevante el episodio. Bordaberry, un presidente cuyo mandato culminaba en noviembre de 1976 (seis meses después de ocurridos los asesinatos), leía los diarios para enterarse del suceso que modificaba sustancialmente su propio proyecto político. Él, Bordaberry, pretendía convertir a Uruguay en un Estado corporativo, fascista; los militares que le otorgaban un precario sustento no estaban de acuerdo. Había múltiples tendencias: unas (con respaldo de políticos como Julio María Sanguinetti) rechazaban el fascismo pero preferían dilatar la salida democrática; otras querían prolongar la dictadura, con fascismo o sin él; y algunas (con respaldo de los dirigentes blancos) se inclinaban por fomentar la transición. El presidente Bordaberry no encontraba, entonces, una relación directa entre los asesinatos de Buenos Aires (que incluían también a Wilson Ferreira) y sus propios proyectos fascistas, de modo que se contentó -así lo dijo a la fiscal Guianze- con la lectura de los diarios, y si tomó alguna otra medida, ahora no lo recuerda.
Al ex presidente le falla oportunamente la memoria, y un idéntico inconveniente exhibió ante los magistrados el ex canciller Juan Carlos Blanco. El ex presidente no recuerda haber sido notificado de acciones de comandos militares uruguayos en el exterior, pero sí sabe positivamente que el Plan Cóndor no existió. Blanco, por su parte, no recuerda las gestiones realizadas ante las autoridades argentinas para que vigilaran a los tres prominentes exiliados.
Bendita amnesia. Para refrescar la memoria de sus indagados, los magistrados apelarán a documentos desclasificados del Departamento de Estado estadounidense y documentos desclasificados por la Secretaría de Derechos Humanos del gobierno argentino. Estos últimos contienen registros sobre la insistencia de Blanco en reclamar un seguimiento más estricto de los movimientos de Michelini, Gutiérrez Ruiz y Ferreira.
Los documentos estadounidenses revelarán el grado de conocimiento que podía tener el ex presidente sobre el Plan Cóndor y sobre la actuación de militares uruguayos en Argentina. Un despacho del embajador estadounidense Ernest Siracusa al Departamento de Estado, el 5 de junio de 1976, establece que, en función de las conversaciones mantenidas con fuentes del gobierno, éste sostiene que no existe ninguna coordinación con aparatos de inteligencia de los países vecinos. Probablemente, si mejora la memoria del ex canciller Blanco, se podrá saber si Siracusa le comunicó la información aportada por el embajador estadounidense en Buenos Aires, en el sentido de que funcionarios de las Naciones Unidas manejaban los nombres de oficiales uruguayos, entre ellos un mayor del Ejército, que participaron en los secuestros de exiliados uruguayos en Buenos Aires.
Quizás a la vista de tales documentos se produzca una mejoría de la memoria de estos amnésicos ilustres, que por cierto no fueron interrogados con las técnicas vigentes durante sus mandatos.