Carmen Moreno (PL)

Aunque una solicitud de ampliación presupuestaria de unos 40 mil millones de guaraníes (70 millones de dólares) se encuentra retenida en el Senado, el Ejecutivo da muestras de buena fe a favor del sector rural.

Esa cantidad forma parte del compromiso que asumiera Duarte con líderes de organizaciones campesinas y sindicales el pasado 1 de septiembre relacionado con la compra de tierras para miles de familias.

No obstante, la adquisición de hectáreas se mantendrá hasta el 2008, con el dinero que será establecido en los siguientes presupuestos, más las donaciones de países extranjeros.

A decir del propio Presidente, el gobierno no está para generar fracturas sino en busca de la paz social.

Resultante directa de esta voluntad es la decisión del Ministerio de Agricultura y Ganadería de prestar asistencia técnica integral (con unos 540 especialistas) a alrededor de 85 mil productores.

Como otra muestra del interés gubernamental de resolver el conflicto con el campo, el Ejecutivo desactivó su pleito con la Federación Nacional Campesina (FNC) por la liberación de fondos para pequeños productores.

El Crédito Agrícola de Habilitación otorgará unos cinco mil millones de guaraníes (un millón de dólares) a los pequeños productores asociados a la FNC.

Con ese fondo se ampliará la cobertura de más de dos mil 700 hectáreas de cultivo de algodón, sobre todo para la compra de semillas e insecticidas.

Ese fue el pacto entre el ministro de Agricultura, Antonio Ibáñez, y representantes de la FNC que ocuparon las instituciones crediticias del Estado a principios de mes.

Los conflictos rurales, que desde hace unos dos meses constituyen la principal noticia de Paraguay, sacaron a la palestra también añejos focos de corrupción: los militares se quedaron con cerca de 550 mil hectáreas del ya desaparecido Instituto de Bienestar Rural (IBR) durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989).

Así lo hizo saber el senador de País Solidario Carlos Filizzola, quien remarcó que esa cantidad de tierras es justo la que precisan los campesinos y por lo tanto reclamó una investigación sobre todo lo que hizo el IBR y el Ministerio de Agricultura y Ganadería en ese tiempo.

La tierra ociosa no debió ser entregada a los militares, ya que en manos de esa gente no sirve de nada, mientras que los labriegos pueden hacer grandes trabajos en caso de acceder a los terrenos, insistió.

También la Justicia militar fue sacudida por el interés del gobierno de atender las demandas campesinas y ordenó ahora la revisión de la venta de las tierras de las Fuerzas Armadas, que de siempre se supo se realizó de forma paradójica.

Los hechos irregulares se habrían registrado durante el gobierno del ex presidente Juan Carlos Wasmosy (1993-98), y aparece una vez más el ex general Lino Oviedo como precursor de las situaciones anómalas, precisó el general Porfirio Ramírez, presidente de la Justicia militar.

Ramírez explicó que se investigan las situaciones de varias cuentas bancarias, ya que supuestamente el dinero recaudado debió depositarse a nombre del Ministerio de Hacienda, pero eso no ocurrió en muchas ocasiones.

Precisó que las indagaciones en el fuero militar proseguirán y que luego los resultados serán remitidos a la procuraduría.

El gobierno paraguayo anunció igualmente el inicio del censo agropecuario, en medio de las amenazas de invasiones de tierras realizadas por unas cinco mil familias campesinas y las protestas del sector privado.

De acuerdo con el vicepresidente Luis Castiglioni, el censo comenzó en el departamento de San Pedro, donde se efectuó una serie de actos y reuniones con el gobernador, los intendentes locales, y representantes de los labriegos y de la policía.

El propósito, dijo, es conocer a ciencia cierta la situación de los campesinos con vistas a la repartición de las tierras.

Sin embargo, suspicaces por la informalidad de los gobiernos anteriores, los miembros de la Federación Nacional Campesina, advierten que no abandonarán la lucha y van a seguir entrando a las sucursales bancarias hasta que el gobierno responda a sus reclamos.

'La ocupación será una protesta por la indiferencia del gobierno no sólo hacia quienes no poseen tierra propia sino hacia quienes, teniendo un pedazo de terreno, no cuentan con recursos para comprar semillas de algodón', indicó.

Las declaraciones tienen que ver con el compromiso gubernamental de disponer de unos cinco mil millones de guaraníes (un millón de dólares) para ampliar la cobertura de más de dos mil 700 hectáreas de cultivo de algodón, sobre todo para la compra de semillas e insecticidas.

Por su parte, la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC) anunció la decisión de más de cinco mil familias de ocupar unas 150 mil hectáreas en 12 departamentos del país.

Inconforme con las acciones tanto de los campesinos como del gobierno, el sector privado considera que el país está incluso al borde de una quiebra institucional.

Enrique Riera, presidente de la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio, aseguró que Paraguay está al borde del rompimiento de las bases jurídicas institucionales de la República, y propuso repeler a balazos a los invasores de tierras.

Según el ganadero, el Ejecutivo 'está instando a la lucha de clases y a la anarquía con el populismo que practica'.

Resulta que -como dijera el máximo representante de la Asociación Rural, Alberto Soljancic- los latifundistas no pueden entender ahora que el propio Ejecutivo de luz verde a los campesinos para las ocupaciones de tierras.