Ángel Guerra
La Jornada

Tal como había denunciado anticipadamente La Habana la presidenta de Panamá Mireya Moscoso decretó, vísperas del fin de su mandato, el indulto a cuatro connotados terroristas internacionales de origen cubano y sus cómplices. Sus hechos de sangre más notorios -entre otros muchos cometidos a lo largo de décadas- y añeja vinculación con la CIA y la contrarrevolución de Miami han sido ya reseñados ampliamente por numerosos autores y medios, incluso varios de probada antipatía hacia la revolución cubana. El escandaloso perdón de Moscoso ha hecho circular en el mundo sus acciones terroristas contra el pueblo de Cuba y también las ejecutadas en diversos países como operativos de la guerra sucia de Estados Unidos contra los movimientos populares latinoamericanos. Igualmente, los asesinatos y sabotajes que han cometido en el propio suelo de la potencia norteña. Estos datos deberían haber bastado para que figuraran en la lista de los criminales más peligrosos y buscados internacionalmente. Sin embargo, únicamente la oportuna denuncia de Fidel Castro forzó a que fueran detenidos y enjuiciados cuando preparaban una masacre que no sólo habría cobrado la vida del presidente cubano sino la de cientos de panameños. Juristas de la nación canalera han destacado que se les indultó vulnerando groseramente la Constitución, las leyes y tratados internacionales de los que Panamá es signatario.
Pero, como veremos, hay algo bastante más ominoso en este asunto. Resulta que tres de los terroristas tienen su residencia permanente y están cobijados por el pasaporte de la superpotencia que reivindica el liderazgo mundial de la "guerra contra el terrorismo". Fue de allí que salieron hacia Panamá y allí a donde han regresado luego de que Moscoso los liberara, sin que haya actuado contra ellos el inmenso aparato montado por Washington supuestamente para combatir el terrorismo. Fue portando un pasaporte estadunidense a nombre de otra persona que las autoridades panameñas autorizaron la salida de su territorio de Luis Posada Carriles, el cuarto integrante del grupo y a todas luces su jefe, documento con el que según el gobierno de Honduras ingresó a su jurisdicción en San Pedro Sula, donde desapareció misteriosamente. El meollo de la cuestión es que esta película de James Bond no puede ocurrir en Panamá, Honduras y Miami sin el patrocinio o la complacencia de la Casa Blanca. Mucho menos cuando Cuba había venido alertando enérgicamente desde meses atrás sobre los trajines de la mafia contrarrevolucionaria asentada en Florida para conseguir la excarcelación de los criminales. La denuncia había logrado romper el cerco informativo anticubano, entre otras razones por el vigoroso movimiento de repudio que provocó en organizaciones sociales panameñas y latinoamericanas.
Los heroicos pueblos de América Central tienen una larga historia de lucha por su soberanía y contra la injerencia de Estados Unidos. Son herederos de Morazán, Sandino, Farabundo Martí, Victoriano Lorenzo y Omar Torrijos. En su haber están la revolución nicaragüense, la guerra popular en El Salvador y la estoica guerrilla guatemalteca. Precisamente por eso han sido víctimas de un plan contrarrevolucionario y genocida de factura estadunidense que ha generalizado el control de la región por gobiernos peleles. La llegada a la presidencia de Panamá de Martín Torrijos podría representar un primer paso en la reversión de esa tendencia. Independientemente de los méritos personales que eventualmente posea, para nadie es un secreto que con su elección los panameños buscan reivindicar la dignidad, la soberanía y el espíritu latinoamericanista de los que su padre, el general Omar Torrijos, fue un estandarte señero.
Cuba, que rompió –y mantiene rotas- las relaciones diplomáticas con Panamá una vez que Moscoso indultó a los terroristas, ha advertido que hará lo mismo con cualquier gobierno que los acoja o proteja. Martín Torrijos afirmó en su toma se posesión que "no hay un terrorismo que se condena y otro que no" y aseguró que buscará de inmediato restaurar la relación con Cuba. Cabe esperar que en ese tenor proceda rápidamente a solicitar la extradición de los criminales refugiados en Estados Unidos y en cualquier otra parte y a reencausar el proceso judicial abortado por su antecesora. No tiene otro camino para restablecer la honra del Estado panameño y actuar de acuerdo con el legado de su padre.
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