Diego Cevallos
IPS

En las prisiones de América Latina, donde los motines, la violencia y el hacinamiento son moneda común, hay miles de personas, en su mayoría pobres, que pagan condenas por cometer delitos menores o porque no tuvieron un apoyo legal adecuado.
Nombre: David Pastor. Condena: cinco años de prisión. Acusación: robo de unas gafas. La ficha de este mexicano de 24 años es similar a la de muchos de los más de 650.000 que pueblan las prisiones de América Latina, verdaderos infiernos donde los derechos humanos no cuentan.

"Aquí te pones macho (valiente) o se te suben, pero si eres abusado (vivaz) la puedes pasar chido (bien)", señala Pastor, detenido en la prisión Varonil Norte de la capital mexicana, un centro diseñado para albergar a 4.892 internos, pero que hoy está superpoblado por casi 8.500.

En las prisiones de América Latina, donde los motines, la violencia y el hacinamiento son moneda común, hay miles de personas, en su mayoría pobres, que pagan condenas por cometer delitos menores o porque no tuvieron un apoyo legal adecuado.

En la cárcel "te tienes que ganar tu lugar y no puedes descuidarte ni cuando duermes, pues todo está lleno de ratas (ladrones y asesinos) y otras especies", dice Pastor, quien confiesa no tener ningún plan futuro para cuando cumpla su condena.

El Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (Ilanud) indica que en esta región "las prisiones, lejos de ser lugares donde los reclusos y reclusas reparan el daño causado y se rehabilitan para volver a la sociedad, se han convertido en depósitos de seres humanos y verdaderas escuelas del delito".

Los ejemplos de tal sentencia abundan. En abril, en el presidio brasileño Oso Blanco de Porto Velho, 14 detenidos fueron asesinados por sus compañeros de prisión durante un conato de rebelión.

En el incidente, los presos mostraron ante las cámaras de televisión cómo lanzaban cuerpos al vacío. También exhibieron partes de cinco presos a los que habían descuartizado.

En el penal La Esperanza de El Salvador, una revuelta dejó en agosto 31 muertos y otros tantos heridos, mientras que en mayo en Honduras más de 100 murieron calcinados al desatarse un incendio que no fue controlado a tiempo.

Según el Ilanud, que tiene sede en Costa Rica, a la flagrante violación de los derechos humanos de los detenidos en las cárceles se añade la superpoblación, que llega a niveles alarmantes.

De 18 países estudiados por el Ilanud en 2003, en todos se comprobó exceso de reclusos en los edificios carcelarios, pero en 15 de ellos el hacinamiento era crítico, es decir, con densidades iguales o superiores a 120 por ciento de su capacidad.

Además, en muchos países la mayoría de presos ni siquiera han recibido sentencia firme. Por ejemplo, 79 por ciento de los internos de las cárceles de Honduras esperan que los jueces definan su situación, en Uruguay ese porcentaje es de 72 por cada 100, en Ecuador de 70, en Perú de 67, en Panamá de 58 y en Bolivia de 56.

Como resultado, muchas de las personas acusadas pasan generalmente meses y hasta años privadas de su libertad antes de ser sentenciadas o declaradas inocentes.

En América Latina, "las personas privadas de libertad, son privadas prácticamente de todos sus derechos fundamentales y sometidas a condiciones insalubres y violentas, que constituyen en sí mismas una pena cruel, inhumana y degradante", señala el Ilanud.

Una investigación de la Comisión Latinoamericana por los Derechos y Libertades de los Trabajadores y los Pueblos, sostiene que las cárceles constituyen para un porcentaje de los detenidos "el inicio de la escuela que lo graduará de delincuente", mientras que para la mayoría es "la práctica diaria por ganarle un día más a la muerte".

Los homicidios al interior de las prisiones latinoamericanas ocurren en una relación 25 veces más alta que en la vida en libertad, y el número de muertes por suicidio es al menos ocho veces mayor.

"Creo que nadie puede decir que las cárceles son centros de rehabilitación, porque lo que allí se vive, con toda la corrupción de custodios y policías, es un infierno de injusticias. Puede haber excepciones, pero seguro son muy pocas", declaró a IPS Silvia Otón, abogada penalista que atiende casos de varios detenidos en cárceles mexicanas.

Un informe de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, filial de la Federación Internacional de Derechos Humanos, sostiene que en este país los presidios son escuelas del delito donde no se respetan los más elementales derechos humanos.

Evaluaciones similares las hacen diversas fuentes en toda América Latina.

La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de Uruguay define a las cárceles de su país como "campos de concentración donde los reclusos viven en condiciones infrahumanas". Las 24 prisiones de Uruguay tienen capacidad para un total de 3.266 reclusos, pero albergan a 7.201, según indican datos con corte a junio de 2003.

En las cárceles de Colombia "se violan flagrantemente los derechos constitucionales y humanos, lo que las convierten en infiernos", señala por su parte la Defensoría de Pueblo de ese país. La capacidad de las 174 prisiones colombianas es de 48.791 reclusos, pero hay más de 66.500.

En Brasil, donde hay 210.000 reclusos sentenciados en presiones construidas para albergar apenas a 180.000 personas, los organismos humanitarios denuncian que las cárceles son centros del delito y violencia.

En agosto, el gobierno brasileño de Luiz Inácio Lula da Silva lanzó un plan de nueve millones de dólares anuales para mejorar la atención de salud en sus presidios.

"No podemos abolir la prisión, pero se puede mejorar. Se puede conseguir que ese detenido no salga de ahí (de la cárcel) peor de lo que entró" , declaró el ministro de Justicia, Marcio Thomaz Bastos, al presentar el plan.

En Argentina, los "internos de los establecimientos carcelarios son coaccionados por personal penitenciario para cometer atentados contra la vida de sus compañeros, de fiscales, defensores y jueces que intenten denunciar o controlar el sistema", denunció en marzo el Observatorio Internacional de Prisiones en un informe sobre ese país.

La lista de evaluaciones y denuncias sobre las cárceles latinoamericanas, llamadas en muchos casos "centros de rehabilitación", es larga y prácticamente ninguna da cuenta de que la situación mejore.Nombre: David Pastor. Condena: cinco años de prisión. Acusación: robo de unas gafas. La ficha de este mexicano de 24 años es similar a la de muchos de los más de 650.000 que pueblan las prisiones de América Latina, verdaderos infiernos donde los derechos humanos no cuentan.

"Aquí te pones macho (valiente) o se te suben, pero si eres abusado (vivaz) la puedes pasar chido (bien)", señala Pastor, detenido en la prisión Varonil Norte de la capital mexicana, un centro diseñado para albergar a 4.892 internos, pero que hoy está superpoblado por casi 8.500.

En las prisiones de América Latina, donde los motines, la violencia y el hacinamiento son moneda común, hay miles de personas, en su mayoría pobres, que pagan condenas por cometer delitos menores o porque no tuvieron un apoyo legal adecuado.

En la cárcel "te tienes que ganar tu lugar y no puedes descuidarte ni cuando duermes, pues todo está lleno de ratas (ladrones y asesinos) y otras especies", dice Pastor, quien confiesa no tener ningún plan futuro para cuando cumpla su condena.

El Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (Ilanud) indica que en esta región "las prisiones, lejos de ser lugares donde los reclusos y reclusas reparan el daño causado y se rehabilitan para volver a la sociedad, se han convertido en depósitos de seres humanos y verdaderas escuelas del delito".

Los ejemplos de tal sentencia abundan. En abril, en el presidio brasileño Oso Blanco de Porto Velho, 14 detenidos fueron asesinados por sus compañeros de prisión durante un conato de rebelión.

En el incidente, los presos mostraron ante las cámaras de televisión cómo lanzaban cuerpos al vacío. También exhibieron partes de cinco presos a los que habían descuartizado.

En el penal La Esperanza de El Salvador, una revuelta dejó en agosto 31 muertos y otros tantos heridos, mientras que en mayo en Honduras más de 100 murieron calcinados al desatarse un incendio que no fue controlado a tiempo.

Según el Ilanud, que tiene sede en Costa Rica, a la flagrante violación de los derechos humanos de los detenidos en las cárceles se añade la superpoblación, que llega a niveles alarmantes.

De 18 países estudiados por el Ilanud en 2003, en todos se comprobó exceso de reclusos en los edificios carcelarios, pero en 15 de ellos el hacinamiento era crítico, es decir, con densidades iguales o superiores a 120 por ciento de su capacidad.

Además, en muchos países la mayoría de presos ni siquiera han recibido sentencia firme. Por ejemplo, 79 por ciento de los internos de las cárceles de Honduras esperan que los jueces definan su situación, en Uruguay ese porcentaje es de 72 por cada 100, en Ecuador de 70, en Perú de 67, en Panamá de 58 y en Bolivia de 56.

Como resultado, muchas de las personas acusadas pasan generalmente meses y hasta años privadas de su libertad antes de ser sentenciadas o declaradas inocentes.

En América Latina, "las personas privadas de libertad, son privadas prácticamente de todos sus derechos fundamentales y sometidas a condiciones insalubres y violentas, que constituyen en sí mismas una pena cruel, inhumana y degradante", señala el Ilanud.

Una investigación de la Comisión Latinoamericana por los Derechos y Libertades de los Trabajadores y los Pueblos, sostiene que las cárceles constituyen para un porcentaje de los detenidos "el inicio de la escuela que lo graduará de delincuente", mientras que para la mayoría es "la práctica diaria por ganarle un día más a la muerte".

Los homicidios al interior de las prisiones latinoamericanas ocurren en una relación 25 veces más alta que en la vida en libertad, y el número de muertes por suicidio es al menos ocho veces mayor.

"Creo que nadie puede decir que las cárceles son centros de rehabilitación, porque lo que allí se vive, con toda la corrupción de custodios y policías, es un infierno de injusticias. Puede haber excepciones, pero seguro son muy pocas", declaró a IPS Silvia Otón, abogada penalista que atiende casos de varios detenidos en cárceles mexicanas.

Un informe de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, filial de la Federación Internacional de Derechos Humanos, sostiene que en este país los presidios son escuelas del delito donde no se respetan los más elementales derechos humanos.

Evaluaciones similares las hacen diversas fuentes en toda América Latina.

La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de Uruguay define a las cárceles de su país como "campos de concentración donde los reclusos viven en condiciones infrahumanas". Las 24 prisiones de Uruguay tienen capacidad para un total de 3.266 reclusos, pero albergan a 7.201, según indican datos con corte a junio de 2003.

En las cárceles de Colombia "se violan flagrantemente los derechos constitucionales y humanos, lo que las convierten en infiernos", señala por su parte la Defensoría de Pueblo de ese país. La capacidad de las 174 prisiones colombianas es de 48.791 reclusos, pero hay más de 66.500.

En Brasil, donde hay 210.000 reclusos sentenciados en presiones construidas para albergar apenas a 180.000 personas, los organismos humanitarios denuncian que las cárceles son centros del delito y violencia.

En agosto, el gobierno brasileño de Luiz Inácio Lula da Silva lanzó un plan de nueve millones de dólares anuales para mejorar la atención de salud en sus presidios.

"No podemos abolir la prisión, pero se puede mejorar. Se puede conseguir que ese detenido no salga de ahí (de la cárcel) peor de lo que entró" , declaró el ministro de Justicia, Marcio Thomaz Bastos, al presentar el plan.

En Argentina, los "internos de los establecimientos carcelarios son coaccionados por personal penitenciario para cometer atentados contra la vida de sus compañeros, de fiscales, defensores y jueces que intenten denunciar o controlar el sistema", denunció en marzo el Observatorio Internacional de Prisiones en un informe sobre ese país.

La lista de evaluaciones y denuncias sobre las cárceles latinoamericanas, llamadas en muchos casos "centros de rehabilitación", es larga y prácticamente ninguna da cuenta de que la situación mejore.