Quito, 15 sep. (PL)

El Estado ecuatoriano tiene hoy listo el paquete de licitación para cinco de los campos petroleros que opera, a pesar de los rechazos por considerarlo la entrega a privados del principal recurso nacional.
De acuerdo con el ministerio de Energía y Minas, la semana próxima publicará la convocatoria en la prensa y páginas web para promocionar el proceso.
Las áreas amazónicas operadas por la entidad pública PETROECUADOR que entrarán en subasta son Shushufindi, Auca, Culebra-Yulebra, Lago Agrio y Cononaco, cuyas reservas remanentes (en el sitio) bordean los 900 millones de barriles de crudo.
El gobierno firmará contratos con las compañías ganadoras mediante la modalidad de obras, bienes y servicios, la cual permite a personas jurídicas comprometerse a ejecutar trabajos específicos para la estatal.
Aquellas aportarán tecnología, capitales, equipos o maquinarias necesarios para el cumplimiento de las obligaciones contraídas, a cambio de una remuneración en dinero.
Esta será una primera fase en el asunto, pues en una segunda, a principios de 2005, saldrán a licitación el eje estructural Ishpingo-Tambococha-Tiputini (ITT) y los bloques del suroriente.
Las reservas estimadas en el ITT son de unos mil millones de barriles de petróleo, las mayores en el país, donde se requieren cuatro mil millones de dólares para su explotación, según los cálculos de las autoridades.
Sectores políticos y sociales expresan constantemente su oposición a las intenciones oficiales, pues para ellos representan una entrega a las transnacionales de importantes ingresos provenientes del primer rubro de exportación ecuatoriano.
Varios bloques parlamentarios bloquearon en el Congreso las reformas enviadas por el Poder Ejecutivo a la Ley de Hidrocarburos, sobre todo en el aspecto de las licitaciones.
Ello condujo al gobierno a desistir de la modalidad propuesta en su plan, que otorgaba una amplia mayoría a las compañías en la recepción de ganancias, y mantener la vigente hasta ahora de obras, bienes y servicios.
Aún así, la puja sigue siendo rechazada por su carácter privatizador, pese a los argumentos esgrimidos para su realización por el gobierno.
Este insiste en la necesidad de que inviertan en las zonas empresas fuertes en capitales y tecnología, pues le es imposible hacerlo con el objetivo imperioso de aumentar la producción petrolera que incremente los ingresos.
Los grupos de legisladores opuestos al programa aseguran, por su parte, lo factible que resultaría para el Estado alcanzar ese fin mediante un proceso de modernización que incremente la eficiencia de PETROECUADOR.