Orlando Restrepo
Subeditor de Justicia

Los bloqueos se presentan en Putumayo, Antioquia, Sucre, Magdalena, Casanare, La Guajira, Guaviare, Caquetá y Meta.
Según estadísticas de organismos gubernamentales conocidas por EL TIEMPO, la situación involucra a las cabeceras municpales, veredas, corregimientos e inspecciones, que son blanco en la actualidad de esta cruel práctica.
El funcionamiento es simple: los grupos llegan a las poblaciones y comienzan a racionar lo que las tiendas venden. En un segundo paso, controlan el movimiento de personas, instalando retenes por los que no permiten el ingreso de alimentos y exigen a veces salvoconductos para el ingreso y salida. De esa manera, provocan un desplazamiento controlado de quienes consideran son afectos al otro bando.

Ya sea por cuenta de los paramilitares o de la guerrilla zonas como los Montes de María, El Catatumbo, la Sierra Nevada de Santa Marta y el Bajo Atrato padecen el estrangulamiento por hambre.
El bloqueo de alimentos como arma de guerra tiene también otras motivaciones, según la Red de Solidaridad. Una de ellas es la posesión de la tierra. Es decir, como consecuencia del fuerte racionamiento de alimentos, la situación obliga los habitantes a dejar sus tierras o venderlas al primer postor.
"La tierra es oro, representa el valor más preciado en las provincias porque son tierras productivas", sostiene un funcionario del alto gobierno, que pidió la reserva de su identidad.
Una segunda causa, y tal vez la más importante, es el interés estratégico. Las comunidades obligadas al bloqueo están generalmente cerca de carreteras, de ríos o de corredores de movilidad hacia retaguardias o regiones ricas en producción ilícita o lícita.
En este último caso, el cofinamiento de los habitantes les sirve a los grupos para mantener la mano de obra de los 'raspachines' y evitar señalamientos públicos por los desplazamientos.
"Muchos actores armados obligan a los habitantes de un pueblo a permanecer allí con restricción de alimentos y de movilización; así no se les culpa de desplazamiento y pueden controlar el área, aparentemente sin problemas", sostiene el funcionario.
Su uso va en aumento. Los grupos armados están recurriendo cada día más a la práctica del bloqueo o confinamiento de acuerdo con Codhes, ONG que se ocupa del fenómeno de la desmovilización en Colombia.
En opinión de Harvey Suárez, directivo de esta entidad, el confinamiento de comunidades es sinónimo de campos de concentración y viola el derecho internacional humanitario.
Copia de la historia
El bloqueo de alimentos es un arma muy antigua. El primer reporte del que se tiene noticia está en las historias de Homero, en las que da cuenta del prolongado cerco a la ciudad de Troya.
"El fin era agotar a la población, llevarla al límite y minar su liderazgo", asegura el politólogo Alfredo Rangel.
Más recientemente en la segunda guerra mundial, los alemanes realizaron un sitio a Stalingrado. Y hoy, según Rangel, los confinamientos y bloqueos son una estrategia del conflicto en Colombia.
Incluso, si bien sus voceros sostienen que no se trata de un bloqueo, la Fuerza Pública sí ha establecido rigurosos controles para evitar que alimentos y medicamentos terminen desviados hacia frentes y columnas de guerrilla y paramilitares. Este último caso se presenta, por ejemplo, en Miraflores (Guaviare) uno de los escenarios del Plan Patriota.
"Las brigada móviles controlan combustibles y enlatados y si la gente logra pasar algo las Farc se los quitan en los retenes del río o los 'paras' en tierra firme", asegura un líder comunal.
Voceros del Ejército afirman que sí existe una estrategia para restringir el paso de grandes cantidades de alimentos, especialmente en el Guaviare y los departamentos donde se lleva a cabo el Plan Patriota, pero que estas operaciones no van dirigidas a las personas del común.
Según el general Reinaldo Castellanos, comandante de la Fuerza de Tarea Omega, unidad militar al frente del Plan Patriota, el Ejército solo incauta cantidades desmesuradas de alimentos, que generalmente han sido encontradas en caletas o son llevadas en lanchas por personas que no tienen una explicación razonable para transportarlas.
"Hay familias que tiene cinco miembros y a veces llevan alimentos como para 40 personas", sostiene.
El general Castellanos asegura que en los últimos seis meses, las tropas han incautado 118 toneladas de alimentos en esa región y al menos 300 millones de pesos en drogas provenientes de Brasil, especialmente para combatir la leishmaniasis.
Porque, cabe anotar, el hambre no es el único problema, los bloqueos de guerrilla y 'paras' impiden también el acceso a los servicios de salud y se producen rebrotes de enfermedades.
Para tratar de menguar la crisis, el Gobierno ha comenzado a hacer misiones de abastecimiento y salud. Una de ellas se realizó en tres zonas del río Atrato. Funcionarios, todo tipo de profesionales de la salud y miles de mercados llegaron a bordo de naves de la Armada Colombiana fuertemente protegidas.
Dos ejemplos
El oriente confinado
Desde hace más de 15 meses, cuando estalló una guerra por el control de territorio entre el Bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y las Autodefensas Campesinas de Casanare (Acc), los pobladores de Villanueva (Casanare) están casi aislados de Villavicencio.
Villanueva, con unos 20.000 habitantes, es considerada de dominio de las Acc, mientras que Barranca de Upía, a cinco minutos por carretera, es de dominio del Centauros.
"Los armados de Upía dicen que somos enemigos y no nos permiten pasar hacia Villavo a llevar ganado para la venta. El 70 por ciento del comercio cerró, los arroceros no pueden comprar insumos, no pueden ir a las fincas", dijo un habitante consultado por este diario. Hay temor pues hasta mayo pasado 49 personas murieron baleadas en el casco urbano.
Ni cazar ni criar gallinas
El encierro apagó la vida en el Bajo Atrato. De eso sabe Belarmino*, quien desde hace 35 años vive en esas selvas chocoanas. Desde 1997, los primeros grupos de autodefensas que hicieron presencia impusieron su dominio con fusiles y a punta de hambre.
El bloqueo ha sido una constante para las comunidades de Salaquí, Truandó y Cacarica. Los paramilitares no permiten que los indígenas pasen alimentos por más de 50.000 pesos. Aunque hace dos semanas, una misión del Gobierno llegó hasta un sitio cercano llevándoles mercados.
Solo permiten comprar dos bombas de gasolina (12 galones). Nadie responde por aquel que infrinja esta 'orden'.
Ni las actividades tradicionales se pueden realizar. "Antes me internaba tres horas y podía cazar venado, guagua, puerco'e monte, danta, pavón o monos negros; ahora lo pienso dos veces para salir, uno no sabe con quién va a chocar", cuenta Berlamino.
Un caso
A Francisco Puerta*, un campesino de 76 años, lo que más le sorprendió de su secuestro fue ver que en el camino por las trochas del norte de Antioquia solo encontraban a su paso casas vacías y animales muertos de inanición.
Los guerrilleros de las Farc querían llevarlo hacia el occidente del departamento, pero los paramilitares que para ese entonces -año 2000- estaban en plena ofensiva para desterrar a la guerrilla de ese territorio aplicaron una vieja estrategia de guerra: cortaron el ingreso de cualquier alimento, aun para los habitantes de caseríos.
"No había nada para comer. Pasábamos días apenas tomando aguapanela", cuenta el campesino, que hoy goza de libertad.
En una petición inusual y que daba cuenta del desespero por el hambre que aguantaban, los guerrilleros le exigieron a la familia como único pago para su rescate llevarles un camión lleno de víveres.
Esta estrategia, la del hambre, se ha convertido en una de las más utilizadas hoy por 'paras' y guerrilla en el conflicto, en aquellas zonas donde la disputa es más acentuada. Lo que pretende es ablandar al enemigo para derrotarlos, a veces, sin necesidad de enfrentamientos directos.
Vuelven fiebre amarilla y cólera
Los bloqueos conllevan también una limitación de acceso a servicios de salud y de asistencia humanitaria.
Hay lugares donde han resurgido enfermedades, como el rebrote de fiebre amarilla en la Sierra Nevada de Santa Marta y el Catatumbo (Santander), donde 'paras' y guerrilla no permiten el trabajo de las brigadas de salud.
Los recientes brotes de rabia en Chocó -donde un chamán fue culpado de la enfermedad y asesinado por la comunidad-; de leishmaniasis en Chaparral y San Antonio (Tolima); y cólera, en Nariño, también se debieron, en parte, al problema de la violencia, según el Instituto Nacional de Salud (INS).
A la comunidad indígena de Jiguamiandó, en Carmen del Darién, entre Antioquia y Chocó, con 226 embera-catío, los actores armados no permiten la entrada de brigadas de salud desde 1998.
Según Rafael Romero, director de INS, el bloqueo es una de las causas para que 640 municipios, de los 1.192 que hay en Colombia, presenten baja cobertura en salud, aunque advierte que esa no es siempre la única causa para los rebrotes o la falta de atención.
ORLANDO RESTREPO
Subeditor de Justicia