Daniel Santamaría
ANNCOL

Militares colombianos manipulan pruebas para ocultar su responsabilidad e inculpar a las víctimas, denuncian en carta pública dirigida al presidente Uribe Vélez la vice alcaldesa de Estocolmo Margareta Olofsson y el primer suplente al Parlamento Europeo Jens Holm. Agregan «según fuentes de toda solvencia y de toda credibilidad- de que el Ejército ejecutó extrajudicialmente, en el caserío de Caño Seco (municipio de Fortul- Arauca), el pasado 5 de agosto, a tres líderes históricos del departamento: Héctor Alirio Martínez, Leonel Goyeneche y Jorge Prieto»
Damos a conocer a nuestros lectores la carta en su totalidad, fechada el 27 de agosto en la ciudad de Estocolmo.

Luz Perly Córdoba hoy detenida mediante montajes de los servicios de inteligencia del Estado colombiano el pasado 18 de febrero de 2004, tuvo la oportunidad en el verano de 2003 entrevistarse con Margareta Olofsson entre otros.

Según Jens Holm, en un almuerzo en la casa de gobierno de Estocolmo, Perly, advirtió a la vice alcaldesa de «la persecución, judicialización y ejecuciones extrajudiciales de los dirigentes sindicales, campesinos y sociales están en curso en Arauca». Alirio, Leonel y Jorge son el reflejo de las denuncias manifestadas por Luz Perly.

La dirigente campesina de la Asociación Campesina de Arauca – ACA, fue invitada a Europa con la financiación de organizaciones politicas y sociales del viejo continente.

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Señor
Álvaro Uribe
Presidencia de la República 27, 2004 3:30 PM

C.C. Sr. Carlos Franco, Programa Presidencial de DDHH y DIH.
Sr. Edgardo Maya, Procuraduría General de la Nación.

Cordial saludo,

Sr. Presidente: hemos tenido conocimiento -según fuentes de toda solvencia y de toda credibilidad- de que el Ejército ejecutó extrajudicialmente, en el caserío de Caño Seco (municipio de Fortul- Arauca), el pasado 5 de agosto, a tres líderes históricos del departamento: Héctor Alirio Martínez, Leonel Goyeneche y Jorge Prieto, quienes gozaban de medidas cautelares de protección dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos-CIDH y se habían desempeñado durante décadas como reconocidos líderes sociales,
campesinos y sindicales.

Nos preocupa enormemente la versión oficial de su Gobierno según la cual estos líderes sociales dispararon a unidades militares, lo que provocó su muerte, así como que la competencia de la investigación sea asumida por la
jurisdicción penal militar. Y nos preocupa porque ya son múltiples los casos en Colombia -y especialmente en Arauca- en los que autoridades militares manipulan las pruebas para ocultar su responsabilidad e inculpar a las víctimas.

Por esta razón, y en nuestra condición de organismos defensores de Derechos Humanos, campesinas y sindicales, solicitamos su intervención para que la
investigación de este caso la suma exclusivamente la Justicia Ordinaria y no la Justicia Penal Militar, con el fin de garantizar la maxima transparencia y aplicación de justicia y equidad a este lamentable caso.

Cordialmente,
Margareta Olofsson, vice-alcaldesa Estocolmo, Suecia
Jens Holm, Partido de Izquierda, Suecia, primer suplente al Parlamento Europeo