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La Paz, septiembre 10, 2004.- La Comisión Mixta de Desarrollo Económico del Congreso advirtió hoy que Bolivia perderá anualmente 130 millones de dólares, si se aprueba la propuesta de Ley de Hidrocarburos del presidente Carlos Mesa en vez de la postulada por el Parlamento.
Con documentos y cifras oficiales en mano, el presidente de la Comisión, el diputado del Movimiento al Socialismo (MAS), Santos Ramírez, aseguró que las modificaciones tributarias impulsadas por el proyecto de Mesa determinarían que las petroleras extranjeras se apropien del 75 por ciento del negocio de la exportación de gas, dejando para el Estado, en impuestos y regalías, apenas el 25 por ciento.
El proyecto del Ejecutivo contempla la sustitución del Impuesto a las Utilidades Extraordinarias (Surtax) por el Impuesto Complementario a los Hidrocarburos (ICH), el que será deducible y pagado a cuenta de otros impuestos, y gravará en forma creciente a los campos de mayor producción. Con esta acción, según la versión del gobierno, se esperaría que el ICH recaude impuestos hasta un promedio del 32 por ciento, lo que sumado al 18 por ciento de regalías, daría un total de participación igualitaria en el negocio hidrocarburífero del 50 por ciento para el Estado y otro tanto para las petroleras. Esto, sin embargo, no es evidente, advierte la Comisión congresal.
"El ICH por el carácter compensable, deducible y proyectado como está, fluctuará entre un 5 y 8 por ciento, lo que se convierte en un gran engaño. En otras palabras, vía el ICH nunca llegaremos al 50 por ciento y por eso es que pedimos al Ejecutivo que deje de mentir bajo la complicidad de las petroleras", afirmó Santos Ramírez.
"Queremos que Bolivia, como propietario de los recursos energéticos se quede con el 50 por ciento y las petroleras con la otra mitad. Es lo más racional que le pedimos al Poder Ejecutivo, sin embargo, el Gobierno sólo propone llegar al 25 por ciento dejando el restante 75 para las petroleras", agregó.
TEMA TRIBUTARIO
El tema tributario y los niveles de recaudación para el Estado constituyen la principal diferencia que existe entre la propuesta de la Comisión congresal y la de Mesa, proyectos que plantean la modificación de los actuales contratos que tienen las petroleras, aunque respetando el control y dominio que ejercen sobre las reservas de gas y petróleo de Bolivia, las segundas en importancia en Sudamérica. Ninguno de estos proyectos plantea la nacionalización ni la expropiación de las reservas valuadas en más de cien mil millones de dólares, como postulan las organizaciones sociales y laborales, que nuevamente están movilizándose detrás de esa demanda y en contra de los proyectos del Congreso y del Ejecutivo.
Otros que se oponen a ambos proyectos, y también a la nacionalización, son varias transnacionales petroleras y los empresarios locales, que intentan que no exista ninguna modificación en la actual legislación o que éstas sean mínimas. Oficialmente, la asociación gremial que congrega a las empresas petroleras ha rechazado las modificaciones, aunque algunas petroleras importantes, como Petrobras y Repsol, manifestaron también su simpatía por el proyecto de Mesa.
En cambio otras empresas, como British Petroleum, expresaron su rechazo. Así, su representante en Bolivia, Octavio Pastraña, dijo que "hay una gran preocupación y esperamos, sinceramente, que el Ejecutivo y el Legislativo, en últimas, produzcan una ley que no inviabilice el futuro del país al inviabilizar el futuro de los campos. El proyecto, tal como está presentado, hace extremadamente difícil el desarrollo de los campos grandes".
UN FALSO DEBATE
En este marco, el presidente de la Comisión Congresal calificó como "falso" el enfrentamiento que libran a través de los medios de comunicación la empresarial Cámara de Hidrocarburos y el gobierno. "El presidente (Mesa) y las empresas petroleras están manejando un doble discurso para seguir engañando al pueblo boliviano".
"Quieren mostrar al pueblo que se están peleando (...) pero lo que pasa es que tanto el gobierno como las petroleras están en una campaña de manipulación de la información y tratan de mostrar una ley dura para las transnacionales, cuando en la realidad no es así", agregó.
En este contexto, descalificó la demanda del ministro de la Presidencia, José Antonio Galindo, que solicitó que el Parlamento apruebe el proyecto del gobierno y no aumente ni un centavo más de impuestos sobre las transnacional