Jenaro Villamil
La Jornada

El 11 de abril de 2002, poco después de la intentona golpista contra Hugo Chávez, el vicealmirante Víctor Ramírez Pérez, entrevistado en Venevisión, afirmó claramente: "nosotros (los organizadores del golpe) contábamos con un arma mortal: los medios".
No le faltó razón a Ramírez Pérez. Los grandes consorcios televisivos y radiofónicos, ante el derrumbe del modelo político que los cobijó y alentó, dejaron de ser medios para asumir ese papel: "armas mortales". Desde el ascenso de Chávez al poder no han sido sólo testigos o víctimas de la polarización en Venezuela. La han alentado, trabajado, promovido. Han justificado su animadversión al chavismo envueltos en la libertad de expresión y el derecho a la información, pero ni una sola de sus concesiones y propiedades ha sido revocada y no se han inmutado cuando en aras de esos mismos derechos han tergiversado los hechos. Critican al bolivarismo por ser "populista" y en no pocas ocasiones han calificado a Chávez de talibán, comparándolo también con Idi Amin, Mussolini o Hitler, pero evaden mencionar que ellos mismos han alentado desde la pantalla un modelo de populismo de derecha, con no pocos ingredientes racistas, y su parcialidad noticiosa raya en el fundamentalismo mediático.
El domingo pasado, este mismo conglomerado de medios transformados en fines políticos, fueron derrotados en el referéndum revocatorio que ellos alentaron, publicitaron, financiaron y ahora descalifican, a pesar de que contó con el aval de dos observadores internacionales que ellos mismos legitimaron: los ex presidentes James Carter y César Gaviria.
El uso y abuso de la pantalla que le critican a Hugo Chávez fue cometido por ellos mismos al pretender convertirse en un referéndum revocatorio adelantado. No lo consiguieron por tres razones fundamentales:
1. Su naturaleza oligárquica. El régimen mediático en Venezuela, como el de muchos otros países latinoamericanos (incluyendo a México), está muy lejos de constituir un modelo democrático. Las tres cuartas partes de la audiencia está controlada por cuatro grandes consorcios televisivos: Venevisión, Globovisión, Radio Caracas Televisión (RCTV) y CMT. Por lo menos nueve de los 10 periódicos de mayor circulación, encabezados por El Nacional, están alineados con los intereses y posiciones políticas de los consorcios televisivos. No hay competencia libre entre ellos por la simple razón de que la familia Cisneros, comandada por Gustavo Cisneros, heredero de la dinastía fundada por Diego, controla no sólo la principal cadena televisiva sino a las principales empresas publicitarias y cadenas radiofónicas. El otro empresario televisivo, Alberto Federico Ravell (Globovisión) se alinea finalmente a Venevisión. El negocio televisivo venezolano, el tercero más grande después de Brasil y México, tiene redes internacionales claras. Cisneros forma parte de la red global con intereses en Univisión, la cadena que controla 80 por ciento de la televisión de habla hispana en Estados Unidos, junto con Televisa; es socio de Directv de América Latina, de Playboy TV, de Galavisión, de Vale TV, Vía Digital y del poderoso consorcio informático AOL de América Latina. Cisneros, calificado por el escritor mexicano Carlos Fuentes como "un adelantado", es socio lo mismo de Televisa que del grupo español Prisa y mantiene una "provechosa asociación" con Coca Cola y Pizza Hut, según su propia semblanza
2. Sus veleidades golpistas. Los medios venezolanos privados y sus socios internacionales que con insistencia recuerdan el pasado "golpista" de Chávez o lo acusan de "autócrata" evaden mencionar que ellos mismos avalaron y patrocinaron la frustrada intentona golpista de abril de 2002, encabezada por el sindicato empresarial Fedecámaras. Todo mundo registró, incluyendo a las nada prochavistas cadenas angloparlantes CNN y BBC, que el 13 de abril de 2002, cuando Chávez fue restituido en el poder, los canales de Venevisión y Globovisión continuaron transmitiendo telenovelas, filmes de acción, programas de cocina y caricaturas. Los venezolanos se enteraron por los medios alternativos y las propias cadenas internacionales. ¿Eso significa defender el derecho a la información?
Antes y después del referéndum criticaron al Canal 8 estatal y a Radio Nacional de "bombardear de propaganda chavista" a las audiencias. Sin embargo, su propia parcialidad llegó a niveles escandalosos, incluso ahora que rechazan asumir los resultados del referéndum que le dio una victoria de casi 6 votos de cada 10 al presidente actual. Una de las series televisivas que mejor han documentado la parcialidad y las veleidades golpistas de la televisión venezolana fue producido por los irlandeses Kim Bartley y Donnacha O'Brian, titulado La revolución que no fue televisada.
3. Audiencia vs ciudadanía. La experiencia venezolana nos volvió a demostrar que el rating nunca será lo mismo que el voto, aunque pretenda suplantarlo, y que la ciudadanía no se puede constreñir a su papel de audiencia. El chavismo entendió ambos procesos y, a pesar de sus innegables errores de comunicación política al inicio de su gobierno en 1998 o de su documentada incontinencia verbal en pantalla, ha desplegado en paralelo un proyecto social que jamás las televisoras privadas hubieran promovido (como las misiones de alfabetización, la Mercal, que vende comida barata, los bachilleratos para adultos, la atención sanitaria con asistencia de médicos cubanos, etcétera). A estos proyectos los descalifican de "populistas", pero la realidad es que han creado una legitimidad que no se observaba en Venezuela desde el desastre económico y político de Carlos Andrés Pérez, responsable de una furiosa represión contra los humildes durante el Caracazo de 1989. Los más de 400 muertos de la represión de esa temporada nunca son recordados por los medios privados.
El referéndum en Venezuela demuestra que la construcción de ciudadanía es un proceso complejo, duro y polémico. Sin embargo, en lugar de promoverlo, los grandes medios privados pretenden suplantarlo y hacer del referéndum un instrumento virtual que sólo es legítimo si los favorece. Hoy se volvió a demostrar en Venezuela que cuando los medios buscan controlar el proceso político, al margen de la ciudadanía, pierden su recurso más preciado: la credibilidad.