El empecinamiento del gobierno de Vicente Fox en impedir la posible candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones de 2006 y el uso faccioso de las instituciones y del poder público contra el gobernante capitalino han generado ya un rechazo social contundente y masivo que se expresó ayer en una marcha enorme y en un Zócalo repleto en apoyo al programa propuesto por el político tabasqueño. Los afanes de destruir una propuesta nacional alternativa con recursos legaloides y triquiñuelas judiciales ?como es la petición de la Procuraduría General de la República de desaforar a López Obrador por un desacato imaginario? se han convertido en una inmejorable plataforma de lanzamiento para esa misma propuesta. El designio oficial de negar a la oposición su derecho a competir en las urnas ha llevado a los ciudadanos a exigir en las calles el ejercicio de ese derecho, con lo que se evidencia, ante México y el mundo, el carácter antidemocrático y autoritario del "gobierno del cambio". La concentración de ayer tiene, desde esta perspectiva, diversos significados: es una muestra de respaldo a López Obrador y a la propuesta de país de la izquierda, pero es también un acto de rechazo a Fox, a sus arreglos inconfesables con Carlos Salinas y a la reconstituida red de complicidades priísta-panista que hoy pretende atropellar los derechos políticos del jefe del gobierno capitalino y a los mexicanos que desde ahora lo consideran su opción electoral.

El acoso mediático, político, presupuestal y judicial contra la administración que encabeza López Obrador ?en el que la demanda de desafuero es sólo el más reciente capítulo? ilustra, en efecto, que la fórmula electoral que llegó a la Presidencia en 2000 enarbolando las banderas de la alternancia, el cambio, la democracia, la legalidad y la transparencia ha dado pie a una recomposición, en la cúpula del poder público, del estilo discrecional, corrupto, oligárquico e intolerante que caracterizó los últimos tramos del priísmo. Los intentos por penalizar al gobernante capitalino recuerdan, de manera inevitable, los "juicios" montados en tiempos de Gustavo Díaz Ordaz a presos políticos como Heberto Castillo y José Revueltas, o el implacable y sanguinario acoso del salinato contra luchadores sociales y políticos, especialmente los perredistas. El empeño de Fox por influir en su propia sucesión y por marginar al precio que sea a uno de los posibles contendientes en ese proceso evoca, necesariamente, la oprobiosa costumbre del dedazo.

La torpeza política imperante en Los Pinos es de tal magnitud que el equipo presidencial no ha caído en la cuenta de que, a estas alturas, con la carga de desgaste y desprestigio que arrastra el Ejecutivo federal, los ataques que de él proceden fortalecen en vez de debilitar, ya sea en las propias filas del panismo ?donde el enojo presidencial le hizo la candidatura a Felipe Calderón Hinojosa? o fuera de ellas.

Ante la creciente visceralidad exhibida por el propio mandatario, por su secretario de Gobernación y por otras personalidades del primer círculo presidencial, es razonable suponer que muchos ciudadanos encontraron un atractivo adicional en el propósito formulado ayer en el Zócalo por López Obrador de gobernar mediante acuerdos y de "convencer y persuadir a los sectores de buena voluntad para impulsar los cambios", es decir, justamente lo que no ha podido hacer el foxismo en los casi cuatro años transcurridos desde que llegó al poder. De igual manera, los otros puntos propuestos ayer por el actual jefe de Gobierno del Distrito Federal resultan esperanzadores por sí mismos, pero también porque contrastan con las erráticas y erradas acciones y actitudes del gobernante federal. Este tendría que admitir ante sí mismo que su oportunidad en el poder terminará el primero de diciembre de 2006, y renunciar a cualquier tentación de intervenir en los destinos nacionales más allá de esa fecha. De otra forma, corre el riesgo de convertirse, al igual que su aliado priísta de esta coyuntura, en un indeseable insepulto político.

En este que es el tramo final de su presidencia, Vicente Fox y sus colaboradores tendrían que concentrarse en la tarea de preservar la armonía y la paz social y asegurar un funcionamiento republicano y sereno de las instituciones. El único mérito al que aún puede aspirar el foxismo, además del de haber inaugurado la alternancia ?porque el crédito de haberla logrado le corresponde más bien a la ciudadanía?, es el de entregar el poder en paz y con estabilidad a quien los votantes mandaten para gobernar en los comicios de 2006. Pero el grupo en el poder pareciera empeñado en arruinar a toda costa esa perspectiva deseable y en provocar una peligrosa polarización política y social.