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Ecuador cumple hoy 25 años del retorno a la democracia tras varios períodos de regímenes militares y su población padece un aumento progresivo y persistente de la pobreza, afirma un análisis del diario El Universo.

Las razones, o al menos algunas, las sitúa en las preferencias por el pago de la deuda externa, la falta de políticas económicas y sociales de largo plazo, los intereses partidistas y las malas gestiones gubernamentales, según expertos interrogados.

El periódico rememora la jornada del 10 de agosto de 1979 cuando Jaime Roldós asumió la presidencia del país al ser entregado el poder por un triunvirato castrense.

De acuerdo con Patricio Pazmiño, del Centro de Derechos Económicos y Sociales citado en el reporte, hablar de democracia es hacerlo de inversión social y redistribución de la riqueza, sin embargo, los resultados de estos 25 años son desastrosos.

'Ecuador es uno de los países de la región con más alta concentración de la riqueza y socialización de la pobreza, y ese proceso de empobrecimiento ha sido progresivo', agrega.

Datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos aseguran que el 60% de la población vive en la pobreza, mientras el salario promedio por familia es de 265,95 dólares, con el cual debe cubrir una canasta básica de 387,59.

Otro especialista, Gaitán Villavicencio, asevera que en términos de indicadores sociales el país ha retrocedido a la década de los 60 del siglo pasado debido, entre otros factores, a la aplicación de políticas económicas fondomonetaristas por todos los gobiernos.

Villavicencio menciona cómo los beneficios logrados con el 'boom' petrolero de los años 70 y 80 -cobertura y calidad en educación y salud- se pulverizaron.

Entonces, prosigue, vino el crecimiento vertiginoso del subempleo y desempleo 'que torpemente, en particular los últimos gobiernos, han justificado que se debe a la migración internacional'.

Recuerda que en aquella época comenzó la crisis del endeudamiento externo y a partir de ahí las sucesivas administraciones firmaron 12 acuerdos con el Fondo Monetario Internacional.

Esto ha hecho, afirma el analista, que el presupuesto general del Estado destinara en estos 25 años desde el 19% hasta el 50% al pago a los acreedores foráneos, 'perjudicando la inversión social y productiva'.