En Ginebra, Suiza, se desarrolla desde del 26 de julio al 13 de agosto de 2004, el 56º período de sesiones de la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos en la Oficina de las Naciones Unidas. En ella se analizan diversos aspectos sobre violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales, en particular la política de discriminación racial y de segregación, en todos los países y en especial en los países y territorios coloniales y dependientes. Uno de los principales temas es sobre prevención de la discriminación, que contempla: Racismo, discriminación racial y xenofobia; Prevención de la discriminación y protección de los pueblos indígenas; Prevención de la discriminación y protección de las minorías. En el marco de estas sesiones, la coordinación de organizaciones e identidades territoriales Mapuche, que agrupa a más de 20 referentes organizacionales de dicho Pueblo, ha hecho circular un documento - Informe enominado: "Conflictos territoriales, violación a los Derechos humanos e incumplimientos del Estado al Pueblo Mapuche en Chile".
El documento contiene un cuadro general sobre los procesos de judicialización, criminalización a las demandas Mapuche y de la persecución de que son objeto integrantes de este Pueblo originario. Asimismo, se hace mención de las principales recomendaciones que hace el relator de las Naciones Unidas Rodolfo Stavenhagen, en su informe oficial que diera a conocer en abril de este año a la Comisión de Derechos Humanos. 60º período de sesiones sobre la situación de Derechos Humanos del Pueblo Mapuche en Chile, entre ellas, la que señala..... "Bajo ninguna circunstancia deberán se criminalizadas o penalizadas las legítimas actividades de protesta o demanda social de las organizaciones y comunidades indígenas- y - No deberán aplicarse acusaciones de delitos tomados de otros contextos ("amenaza terrorista", "asociación delictuosa") a hechos relacionados con la lucha social por la tierra y los legítimos reclamos indígenas". Se asume también, la recomendación que hace el mismo relator al gobierno de Chile para una amnistía general a los denominados presos políticos mapuche y que afecta actualmente a numerosas personas ante la aplicación de leyes represivas especiales como antiterrorista y de seguridad interior del Estado.
El texto hace mención de casos particulares sobre condenas de presos políticos Mapuche , que afectan incluso a autoridades tradicionales de dicho Pueblo, como también, se hace referencia al incumplimiento del gobierno en materias de legislación y políticas tendientes al reconocimiento de los derechos de Pueblos originarios, principalmente aquellos compromisos contractuales que fueron asumidos ante la propia OEA y que a la fecha no se han hecho efectivo, en el marco de lo que fue el conflicto Represa Ralco.
La coordinación de organizaciones e identidades territoriales Mapuche, también grafica sus denuncias en cuatro casos sobre conflictos territoriales, intrínsicamente relacionados con sus Derechos humanos: - Expansión de la industria forestal - Instalación de basurales en comunidades - Borde costero y recursos marinos - y el conflicto Represa Hidroeléctrica Ralco en la cordillera de los Andes, altos del Bio Bio.
El mismo documento , será base de las reclamaciones que se extenderán a la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en contra del Estado chileno por violación a los Derechos humanos del Pueblo Mapuche.
Para los próximos días, se esperan importantes intervenciones al interior de las sesiones de la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos de la ONU, por parte de diferentes instancias que darán cuenta en el mismo tenor, denuncias sobre atropellos y discriminación que afectan al Pueblo Mapuche.
A continuación se extiende contenidos del documento hecho circular.
CONFLICTOS TERRITORIALES, VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS E INCUMPLIMIENTOS DEL ESTADO AL PUEBLO MAPUCHE EN CHILE.- PRESENTACIÓN -En Chile, el recurso a la violencia para controlar cualquier forma de disidencia o reinvidicación política se utiliza de manera vigente y sistemática, bajo un amparo en la "legitimación" en la "teoría de la seguridad nacional", justificando la militarización empleada como instrumento para luchar a los que el poder denomina como "subversivos".
-En este contexto el mantenimiento del orden público y la continuidad del modelo económico liberal pasan a ser los objetivos principales de la tutela dentro de cada Estado, en perjuicio principal de los derechos del Pueblo Mapuche.
-En la actualidad, poderes represivos buscan pretextos fáciles para criminalizar y reprimir la disidencia , con medios destinados a conducir a los movimientos sociales hacia la renuncia, durante cortos o largos periodos de tiempo, de algunos derechos fundamentales (como el derecho de asociación, de libre expresión de las propias opiniones o el derecho a la intimidad), a cambio de orden público y seguridad, garantizados a través de la represión policial.
-Al respecto, el movimiento autónomo Mapuche se ha convertido en el "enemigo" principal del modelo económico impulsado por el Estado a favor de las grandes compañías y transnacionales, el que es considerado como una amenaza a estos intereses económicos, cuyas reivindicaciones han sido perseguidas además, por las "acusaciones" de ser consideradas una amenaza a la estabilidad política y a la cohesión social del País.
-El Estado de Chile ha puesto primero una política que profundiza el modelo económico, basado en la inversión de capital extranjero en el contexto del proceso de globalización por sobre los Derechos de los Pueblos originarios.
-En Chile, las tendencias de militarización hacia las zonas de las comunidades Mapuche, con la máscara antiterrorista y de seguridad interior ataca las libertades, criminalizando toda disidencia, en especial la que se expresa al margen de las instituciones y desde abajo. La manipulación informativa legitima actividades ilegítimas e ilegales de los poderes públicos contra el movimiento Mapuche: represión arbitraria del ejercicio de las libertades y vulneración de las garantías jurídicas y procesales. El efecto perseguido es desalentar la expresión y justas reivindicaciones, con ello, se busca consolidar el modelo económico y sus intereses a costa del territorio mapuche y sus recursos.
-El Pueblo Mapuche que históricamente ha resistido ante los intentos de exterminio y asimilación, ha encontrado a través de cada uno de los gobiernos, agresividad, autoritarismo y persecución a sus propuestas de vida y reivindicaciones; calificadas de insurgentes y de terrorismo, hecho que se ha agudizado aún más en el último tiempo..
-Se ha puesto en marcha el más feroz plan de eliminación de expresión, para lo cual han implementado la judicialización y encarcelamientos masivos de dirigentes y una sistemática persecución.
-Los medios de comunicación han contribuido a crear en la opinión pública la obsesión por la figura del "terrorista y violentista Mapuche" como enemigo que atenta contra el progreso y la seguridad.
-Todo esto ha hecho posible la criminalización y la puesta fuera de la ley de algunas organizaciones y autoridades del Pueblo Mapuche, como por ejemplo el caso de autoridades territoriales Mapuche, "Lonko": Pascual Pichún y Aniceto Norin (cárcel de Traiguén) imputados por "amenazas terroristas", en medio de conflictos de reivindicaciones territoriales.
Al respecto, en septiembre del 2003, Pichún y Norin fueron condenados a la pena de 5 años y 1 día de prisión por el delito de "amenazas de incendio terrorista", luego de un supuesto atentado que sufriera Juan Figueroa, un ex ministro de gobierno y actual miembro del Tribunal Constitucional. En ese juicio, una de las pruebas fundamentales fue la declaración de dos testigos cuya identidad no pudo ser conocida por los defensores ni por los acusados, y que corresponde a lo que se conoce como "testigos sin rostro". Los mapuche afectados estuvieron un año privados de libertad antes de enfrentar el juicio; y, no obstante ser absueltos en una primera instancia, la Corte Suprema, en medio de la presión de Figueroa, sectores empresariales y del propio gobierno, ordenó anular este juicio lo que generó su condena en un segundo juicio oral penal público.
Otras autoridades, como el "werkén" Víctor Ancalaf (Cárcel Concepción), acusado por ley antiterrorista en medio de conflictos con la transnacional ENDESA - ESPAÑA en la construcción de una represa hidroeléctrica que destruyó la convivencia de comunidades Mapuche - Pewenche en la cordillera.
También, el de los werkén José Naín (Cárcel Angol) y Marcelo Catrillanca (No habido), y de Patricia Troncoso, entre otros (as), presos políticos Mapuche víctimas de estas políticas en Chile con empresas forestales, como Forestal Mininco, Todo ello obviamente sin aportar una sola prueba determinante, sino teniendo como única base la sospecha. La ecuación activista - terrorista, experimentada se aplica en todo sentido, cuyo alcance involucra a un gran número de hombres y mujeres Mapuche perseguidos actualmente por la justicia chilena.
-Cabe consignar, que el relator de las Naciones Unidas Rodofo Stavenhagen, en su informa oficial que diera a conocer en abril de este año a la Comisión de Derechos Humanos. 60º período de sesiones, en Ginebra, Suiza y que contiene un diagnóstico y recomendaciones sobre la situación de Derechos Humanos del Pueblo Mapuche en Chile, señala categóricamente: ... "Bajo ninguna circunstancia deberán se criminalizadas o penalizadas las legítimas actividades de protesta o demanda social de las organizaciones y comunidades indígenas- y - No deberán aplicarse acusaciones de delitos tomados de otros contextos ("amenaza terrorista", "asociación delictuosa") a hechos relacionados con la lucha social por la tierra y los legítimos reclamos indígenas"... En el mismo tenor, recomienda la amnistía a los presos políticos Mapuche... " El Relator Especial recomienda que el Gobierno de Chile considere la posibilidad de declarar una amnistía general para los defensores indígenas de los derechos humanos procesados por realizar actividades sociales y/o políticas en el marco de la defensa de las tierras indígenas."...
-Mientras continúan las persecuciones, encarcelamientos y juicios contra Mapuche, aún está impune el asesinato del joven Alex Lemún, muerto a los 17 años, ejecutado por la policía chilena al interior de un predio forestal en noviembre 2002.
-En los últimos años ha existido un cuadro creciente y escandaloso de actos de violencia contra mujeres mapuche, principalmente por parte de fuerzas públicas, como una expresión más de la violación a los Derechos Humanos y aumento sostenido de racismo en Chile, siendo numerosos los casos que lo demuestran.
CONFLICTOS TERRITORIALES Y DERECHOS HUMANOS DEL PUEBLO MAPUCHE CONFLICTO FORESTAL Y PUEBLO MAPUCHE En Chile, el fenómeno de la globalización en el sector forestal, ha agudizado aún más los conflictos territoriales entre comunidades Mapuche y compañías forestales, principalmente a causa de los impactos negativos que dicha industria estaría generando a las comunidades con las plantaciones industriales en monocultivos de especies exóticas (pino y ecucaliptus), a lo que se agrega los problemas históricos acerca de la posesión de las tierras, la presión en los recursos naturales y el explosivo crecimiento del sector forestal en el territorio histórico Mapuche, fijando los límites de sus espacios, y los impactos que esto genera en la calidad de vida de la gente Resulta insostenible las versiones tan opuestas y que aparentan ser irreconciliables entre sectores mapuche, empresariales, oficialistas y políticos ante el conflicto territorial entre comunidades y organizaciones mapuche frente a empresas forestales. Para unos, las denominadas recuperaciones y reivindicaciones de tierras de los mapuche son actos que se encasillan en el orden y seguridad en primer término, y luego, en una situación de extrema pobreza. Para lo primero, se han utilizado una serie de términos con el fin de catalogarlo: Terrorismo rural, violentismo, infiltración, vandalismo, etc, donde los medios de comunicación masiva han cumplido un rol fundamental en este tipo de categorizaciones.
En distintas circunstancias, las empresas Forestales han acusado directamente a comunidades y organizaciones Mapuche de provocar atentados, incendios forestales intencionales, extracción ilegal de madera y el ingreso de animales en sus terrenos. Como contraparte, organizaciones mapuche han acusado reiteradamente de invasión, usurpación, etnocidio, daños ambientales y neo colonialismo en los territorios, como también de autoatentados y montajes perpetuados por las propias empresas con el fin de criminalizar las demandas mapuche Para organizaciones e identidades territoriales Mapuche que han denunciado estos hechos, el conflicto con las empresas forestales no es tan solo una disputa por tierras, así da cuenta la comisión forestal de la coordinación de organizaciones e identidades territoriales, señalando que el conflicto territorial con las empresas forestales es una lucha por sobrevivir, por los derechos, dignidad, reconocimiento y las posibilidades de un desarrollo autónomo. Para la coordinación, el freno a la expansión forestal, es además, el intento de impedir que esta actividad siga introduciendo mayor empobrecimiento, daño ambiental y deterioro cultural al Mapuche y vastos sectores sociales. Se agrega que, la lucha contra las forestales, como tema de fondo, es intentar cambiar la relación política del Estado hacia el Pueblo Mapuche, porque los grupos dueños de las forestales son grupos fácticos que son parte controladora del Estado Chileno y toda su "maquinaria", siendo responsables directos de la marginación, exclusión y opresión que enfrenta el Mapuche y mayoritarios sectores sociales.
Hoy, las empresas y servicios públicos del Estado están abocados de lleno a promocionar descaradamente las plantaciones exóticas entre comunidades Mapuche y campesinos para obtener la complicidad y neutralidad de los más desposeídos en estos territorios, como es el programa de fomento forestal para el pequeño propietario.... "Evidentemente, el poder adquisitivo de las cosechas de estas plantaciones estará a favor de las empresas madereras"...., con esta política puede ocasionar en el tiempo que desaparezca aún más el poco bosque nativo y la flora y fauna que existe aún al interior de las reducciones mapuche y campesinos, como también, la pérdida de los recursos hídricos será extrema y se postrará la degradación e infertilización de las tierras, aumentarán los conflictos y las represiones para las comunidades y en muchos casos generará progresivamente la emigración de gran parte de la población rural a la vida urbana, generando mayor empobrecimiento, cesantía, hacinamiento y serios trastornos sociales.
Desde el punto de vista judicial, los conflictos territoriales con empresas forestales, principalmente Mininco y Arauco, han generando centenares de detenidos, procesados y condenados; decenas de heridos; cientos de movilizados, como saldo y resultado de múltiples movilizaciones tendientes a lo que se denomina "recuperación de tierras" y también con el fin de frenar la expansión y las graves consecuencias que se denuncian en contra de las empresas forestales.
Varios dirigentes y comuneros se encuentran sometidos a proceso, en distintos casos juzgados por la ley 12.927 de Seguridad Interior del Estado y la ley 18.314 o Antiterrorista, creadas desde la dictadura militar y aplicadas de manera activa y vigente en democracia como forma de control social a las reivindicaciones Mapuche; y la aplicación constante del sistema penal público.
Por otro lado, los problemas más candentes que aqueja al Pueblo Mapuche tienen que ver con los impactos territoriales a causa de la expansión forestal y que aparecen descritos en la información ofrecida por Relator Especial para Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, Rodolfo Stavenhagen en su misión a Chile, en su informe 2003 - 2004 para la ONU.
CONFLICTO BASURALES (VERTEDEROS) EN COMUNIDADES MAPUCHE Las miles de toneladas de basura que genera la llamada IX Región (región de la araucanía) mensualmente, implican múltiples impactos a su territorialidad tanto ambiental, social, cultural, sanitario y económico en las familias mapuche. Surge así un nuevo foco de conflicto, que llama la atención sobre otra forma de intervención en la vida de las comunidades, y que para las comunidades es una nueva expresión de la discriminación: el racismo ambiental.
Para las familias la basura llega principalmente a las escasas tierras que ocupan o reclaman, y se sitúan cerca o encima de sus centros ceremoniales, cementerios y escuelas. Los antecedentes que existen permiten apreciar y entender los efectos que la basura y la instalación de nuevos vertederos provocan en las comunidades mapuches.
En esta región, existen unos 19 vertederos están ubicados en comunidades mapuche, que representa un 70 % aproximado del total de recintos. Los demás basurales se ubican en sectores de campesinos chilenos pobres, lo que demuestra la forma de discriminación.
De las 16 mil toneladas que produce la Región, más de 11 mil toneladas van a parar a sectores cuyos vertederos están al interior o colindantes con comunidades mapuche Las propias comunidades han insistido en señalar la gravedad que enfrentan en sus territorios, denunciando la contaminación ambiental a causa de los vertederos, especialmente de las aguas; la alteración de los sistemas de vida; el empobrecimiento y la violación al patrimonio cultural en varios lugares, además, se puede constatar que la totalidad de los vertederos emplazados en territorio mapuche, se encuentran en malas condiciones de infraestructura y carecen de una regulación y supervisión que es inadecuada por parte de los organismos técnicos.
Asimismo, los basurales han implicado cambios en la vida de las familias, y algunas de ellas han hecho de la basura una forma de subsistencia y dependencia. También la marginación del lugar y las escasas posibilidades de desarrollo de los sectores aledaños, obligan a las familias y jóvenes en especial a emigrar y buscar nuevas posibilidades en otros lugares.
Los basurales, en su mayoría, llevan más de 10 años funcionando, sin cumplir todas las exigencias sanitarias y ambientales. La contaminación que ya se ha provocado es irreversible en algunos lugares y su sólo perfeccionamiento en el control e infraestructura, no garantiza la seguridad e integridad de las familias que están expuestas. Ante esto, la posición de las familias es absolutamente legítima: "Erradicar los basurales, terminar con los graves impactos y el racismo ambiental", pero, a pesar de las múltiples peticiones, acciones y denuncias que en estos últimos años las comunidades y organizaciones Mapuche han realizado ante las autoridades, no ha existido ningún cambio sustancial ni voluntad para revertirlo, y los problemas continúan para cientos de familias Mapuche.
INCUMPLIMIENTO DEL GOBIERNO - CONFLICTO BORDE COSTERO - LEY DE PESCA Y DERECHOS ANCESTRALES MAPUCHE A LOS RECURSOS Eran miles mapuche - lafkenche (Mapuche del territorio costero) y williche (Mapuche del territorio del sur) que estuvieron en una convocatoria histórica el 10 de marzo de este año, que viajaron desde lugares tan distantes, donde esperaban entregar al Presidente Ricardo Lagos una propuesta relativa al uso del borde costero marítimo y el nuevo proyecto De Ley que promueve el gobierno sobre Pesca, que atenta a las comunidades en el uso a los recursos que han hecho desde tiempos inmemoriales y que hoy se ve afectado por la presencia de sectores e intereses de grupos económicos al amparo de esta legislación..- Lagos había dado su compromiso de asistir, para recibir "cara a cara" de las propias autoridades lafkenche las exigencias y propuestas para revertir las actuales condiciones de vulnerabilidad a sus Derechos al territorio costero - marítimo. El encuentro era la culminación de un largo proceso de discusión y análisis, el que se había establecido entre ambas partes, fijando el lugar de Trawua Trawua, en el sector Wapi, sin embargo el Presidente de Chile no asistió y nunca recibió la propuesta. ¿cuál es el mensaje entonces que quiere dar el gobierno de Chile si se niega al diálogo y a las propuestas?.
Sobre el acceso y protección del Borde costero, este punto está directamente relacionado con la Ley de Pesca, al respecto identidades Mapuche lafkenche y organizaciones Mapuche Williche que acceden a estos recursos, han sostenido en este sentido que el mar es un espacio mágico, religioso y productivo para el Mapuche por lo que la alteración de uno de ellos, repercute necesariamente en el otro, como un gran sistema integrado. La afirmación guarda relación con la amenaza que para los Mapuche Lafkenche y Williche implica la posibilidad de que sean grandes consorcios los que manejen el borde costero, acabando con una de los elementos ancestrales y constitutivos de su cultura.
Para el movimiento identidad Lafkenche, los recursos marinos tienen una multiplicidad de funciones, tales como el uso medicinal, agroecológico, artesanal y simbólico. Por tanto separar el elemento humano del componente de entorno implica no sólo el término del intercambio socioeconómico y cultural con otras familias, sino también la destrucción de toda una cultura, por cuanto se estaría acabando con la propia cosmovisión Mapuche.
Sin embargo, como contraparte a esta visión, los sistemas de pesca industrial llevados por grandes grupos económicos, como Angelini y del Rio, son los mayores agentes de depredación. La pesca de arrastre y por descarte, como también las salmoneras, la contaminación marina por petróleo, mercurio y contaminantes orgánicos persistentes va en continuo aumento, afectando a los ecosistemas marítimos y a las poblaciones, todo esto, en el marco de una legislación que beneficia a quienes depredan, en lugar de apoyar a quienes pueden hacer una explotación sostenible y contribuir a resolver las deficiencias alimentarias.
INCUMPLIENTO GOBIERNO CONFLICTO REPRESA - HIDROELECTRICA RALCO EN TERRITORIO MAPUCHE PEWENCHE.
El 10 de diciembre de 2002, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA recibió una petición presentada por Las familias Mapuche pehuenche opositoras a la represa, en la cual se alegaba la violación por parte del Estado de Chile de los derechos protegidos por los artículos 4, 5, 8, 12, 17, 21 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con motivo del desarrollo del Proyecto Central Hidroeléctrica Ralco, llevado adelante por la Empresa Nacional de Electricidad S.A. (ENDESA). En la misma comunicación los peticionarios realizaron una solicitud de medidas cautelares, a fin de evitar daños irreparables a los derechos de las supuestas víctimas. Esta última solicitud estaba encaminada a evitar que la empresa procediera a inundar las tierras que ocupan las presuntas víctimas, como parte de la construcción de la represa.
En una audiencia realizada ante la CIDH, las partes formalizaron su interés en lograr una solución amistosa en el presente asunto, firmando un documento base para lograr dicho acuerdo. Las partes lograron un acuerdo definitivo el 17 de octubre de 2003, oportunidad en que el Gobierno de Chile a nombre del Estado se comprometió a asumir una serie de medidas que hasta el día de hoy no ha cumplido.
la propia CIDH, reconoce la importancia de las medidas a las que se ha comprometido el Estado para el reconocimiento de los derechos de todo el pueblo mapuche en Chile. La Comisión, señala, que estará atenta y dará seguimiento al cumplimiento del acuerdo que se aprueba.
Entre uno de los puntos destacables, está el asumido por el Gobierno de Chile quien se comprometió a insistir en una reforma constitucional ante el Congreso Nacional, para lo cual presentará un nuevo proyecto de ley, cuya iniciativa se acompañará de un amplio proceso de entendimiento en torno a su contenido, generando instancias de diálogo y convocando a las organizaciones y comunidades indígenas en cuanto directos interesados y al conjunto de la sociedad chilena, con la finalidad alcanzar un amplio consenso sobre su contenido.
Sin embargo, ante la reciente propuesta de Reforma Constitucional entregada por el Gobierno el pasado 16 de abril de 2004, y que es absolutamente desentonada, a espalda de los Pueblos originarios, el gobierno violó el acuerdo vinculante suscrito ante la CIDH, puesto que para la definición del contenido de su propuesta de Reforma no se realizó el proceso de dialogo, consulta y consenso con las organizaciones y comunidades que había sido establecida.
Otro de los puntos, es la ratificación del convenio 169 que tampoco ha cumplido y no ha tenido ninguna voluntad para gestionarla tal cual se comprometió.
En el mismo orden, el Gobierno se comprometió a nombre del Estado chileno a asumir mecanismos que permitan solucionar los problemas de tierras que afectan a las comunidades Indígenas del sector del Alto Bío Bío, conflictos que en vez de resolverse se agudiza aún más. También, dentro de los acuerdos, estaba contemplado el de tomar mecanismos para asegurar que las comunidades indígenas sean informadas, escuchadas y consideradas en el seguimiento y control de las obligaciones ambientales del proyecto Central Hidroeléctrica Ralco, pero como respuesta a esto, las familias pewenche tuvieron recientemente la inundación cometida por ENDESA de su cementerio ancestral.
Otro de gran envergadura, es el que dentro de un plazo breve y urgente, se asumirían medidas respecto de las causas judiciales que afectan a dirigentes indígenas que han sido procesados por acciones relacionadas con la construcción de la Central Hidroeléctrica Ralco, entre ellos, la de Víctor Ancalaf. Sin embargo, como respuesta a esto, el propio Gobierno a través del gobernador del Bio Bio, ante una sentencia en contra de Ancalaf en primera instancia a 10 años de cárcel, exigió una pena superior en contravención a sus compromisos ante la OEA.
Estos y varios otros puntos, han sido letra muerta para el Gobierno, quien se sigue burlando del Pueblo Mapuche y sigue atropellando los derechos fundamentales y colectivos.- Los acuerdos y el documento de la CIDH es exigible y obligatorio, y sometido a control y verificación de su cabal cumplimiento, pero el gobierno NO CUMPLE.
Sobre Ancalaf, cabe consignar, que es el único acusado en supuestos ataques incendiarios perpetuados a camiones de la empresa ENDESA, aplicando la Ley antiterrorista y con un ministro en visita exclusivo para la investigación: Diego Simpértigue quien lo condenó por "ataques terroristas". Al respecto, sobre su sentencia, todas las definiciones de la dogmática, de la jurisprudencia y de la historia del artículo 9º sobre "terrorismo" de la Constitución hablan de conductas extremadamente graves, crueles y atentatoria contra bienes básicos de personas, y que persiguen en último término afectar gravemente a la sociedad o al Estado. En definitiva, el terrorista no cumple ni siquiera la reglas básica humanitarias.
¿esta concepción guarda alguna relación con la conducta que describe la sentencia, cuando en el hecho imputado no se afectó a personas, e, incluso, ni siquiera a los conductores del camión ante la quema? ¿de qué manera se puede pensar que se han visto afectadas la sociedad o el orden social?.
Además, se puede indicar que en este caso ningún grupo u organización se atribuyó el acto como suele suceder en caso de actos terroristas. Ello es importante para efectos de conocer la intencionalidad de los hechos. Más allá de que no está comprobada ninguna autoría, la intencionalidad es clara, y ninguna relación guarda con provocar temor en la población o parte de ella, ya que involucró a camiones de una persona jurídica o empresa perfectamente determinada, que era ENDESA o sus contratistas, en medio de un conflicto donde el propio gobierno lo señalaba como "conflicto entre particulares".
La diferencia de apreciación claramente responde a un prejuicio racial y discriminatorio hacia los mapuches, lo cual es gravísimo y de enorme exceso.
ANTECEDENTES GENERALES PUEBLO MAPUCHE El Pueblo Mapuche es una sociedad milenaria que tiene una cosmovisión, idioma, estilo de vida y organización propia, la que se desarrolló como Nación de manera libre, independiente y soberana en gran parte de los territorios que se conocen hoy como Chile y Argentina, siendo el único pueblo originario en América que logró resistir a la invasión de la corona española entre los siglos 16 hasta principios del 19.
Conformados los Estados de Chile y Argentina desde 1810, luego de la independencia con España, comenzaron diversos intentos fallidos por invadir el territorio Mapuche, acciones que finalmente se concretaron desde fines del siglo 19 después de una atroz guerra bélica, transformando a los Mapuche a una minoría étnico-nacional oprimida, colonizada y empobrecida, sometida a un sistema de dominación a través de la imposición Estado-nación que se expresa en todos los ámbitos: político, económico, social, cultural, religioso e ideológico.
Sólo en el lado chileno, el Estado desde el año 1881 hasta principios del siglo 20, saqueó a la Nación Originaria Mapuche el 95 % de su territorio histórico, perdiendo unas 9.500.000 hectáreas de su superficie. Hecho muy similar ocurrido en Argentina.
A principios del siglo XX, con posterioridad a estas invasiones bélicas en el territorio mapuche, los Estados de Chile y Argentina junto a varios Estados europeos acuerdan una nueva política colonialista para estas zonas geográficas, principalmente en el sur, lo que se concreta con la llegada de miles de "colonos" principalmente desde Alemania, Italia, Suiza y Holanda, entre otros, quienes ocuparon a título gratuito grandes extensiones de tierra Mapuche.
Hoy, la mayor parte de estas tierras están en la actualidad en posesión de grandes grupos económicos. como empresas forestales, pesqueras, mineras, petroleras, hidroeléctricas, enormes proyectos turísticos o latifundios de colonos descendientes de europeos a cargo de enormes compañías y transnacionales.
El Pueblo Mapuche en su justa lucha por la recuperación de su territorio y dignidad, así como en el ejercicio de sus derechos políticos, civiles y sociales es víctima de una constante, sistemática y planificada violación de los derechos humanos y agresión policial, destinado al encarcelamiento de los actores y la judicialización de las demandas, como asimismo, tanto en Chile como en argentina, el Pueblo Mapuche es víctima del despojo de identidad y sus recursos por parte de grandes grupos económicos que actúan como verdaderos poderes fácticos en estrecha alianza y decidido apoyo por parte de los Estado chileno y argentino, los mismos que en la actualidad oprimen a nombre del modelo económico imperante contra todo aquel que defienda sus derechos.
================== Hacemos un llamado a las organizaciones e identidades territoriales Mapuche; a los Pueblos y Naciones originarios; a las diversas personas y organizaciones sociales locales e internacionales que aspiran a conformar una sociedad justa fundada en el respeto a la vida y la diversidad cultural a estar atentos, solidarizar y pronunciarse ante nuevas imposiciones y atropellos colonialista que afectan al Pueblo Mapuche, que intentan insertarse a través de políticas públicas como un germen en el seno del territorio Mapuche para la destrucción.
Convocamos a intervenir y a expresarse.
Coordinación de organizaciones e identidades territoriales MAPUCHE - coordinacionmapuche@yahoo.es Agosto del año 2004.- MAPUEXPRESS - INFORMATIVO MAPUCHE desde territorio Mapuche http://www.mapuexpress.net