El proyecto de nueva Ley de Hidrocarburos, presentado anoche por el presidente Carlos Mesa, se orienta a viabilizar de inmediato las exportaciones de gas y no deja margen para la nacionalización de la riqueza hidrocarburífera, demandada por los sectores sociales y populares.
El presidente inició la batalla del gas en el Congreso. En un mensaje a la nación, Mesa entregó el proyecto trabajado por expertos internacionales y funcionarios de Banco Mundial, que adecuaron los resultados del referéndum en 30 artículos, que deben ser analizados y evaluados por el Parlamento Nacional, donde se enfrentarán quienes buscan que las petroleras paguen más impuestos y quienes intentan preservar todos sus beneficios y prerrogativas. Este debate estará sujeto a la presión callejera que las organizaciones sociales y sindicales realizarán desde afuera en pos de la nacionalización de las reservas de gas y petróleo de Bolivia, la segunda en importancia de Sudamérica.
Según señala la agencia gubernamental ABI, Mesa explicó que el proyecto de ley que enviará al Congreso recoge los resultados del referéndum, como la abrogación de la Ley 1689 del 30 de abril de 1996.
El proyecto también incluye la "recuperación de la propiedad de los hidrocarburos para el Estado en boca de pozo", lo que no se traduce, sin embargo, en una nacionalización ni en la expropiación de reservas ni bienes que poseen las transnacionales.
El proyecto, según Mesa, busca dos objetivos. El primero plantea que el Estado tenga el control de precios, la comercialización, el mecanismo interno y también el control sobre exportación de los hidrocarburos que realizarán las transnacionales; el segundo, que las empresas petroleras se adecuen a las nuevas reglas y migren del contrato vigente al que entrará en vigencia una vez aprobada la nueva Ley de Hidrocarburos.
El Presidente aseguró que se mantendrá la seguridad jurídica para las petroleras y se respetará la fe del Estado en el cumplimiento de los contratos.
En torno a la refundación de la estatal petrolera de YPFB, Mesa dijo que se crearán dos unidades, que serán Ypfb Autárquico y Ypfb SAM, con control del Estado. La primera, de un carácter más administrativo, y la otra con posibilidades para incursionar en el ámbito productivo, aunque en muy pequeña escala por carecer de capital y recursos financieros significativos.
Mesa dijo que por una parte estará Ypfb autárquico con la potestad de la firma de contratos internacionales y nacionales y el control global sobre el tema de los hidrocarburos en forma conceptual.
Apuntó que Ypfb SAM, con control y administración del Estado, además de la transferencia de las acciones que benefician a los bolivianos de las empresas capitalizadas en favor de esta empresa, para que pueda ser protagonista en toda la cadena productiva de los hidrocarburos.
Adicionalmente, añadió- Ypfb SAM, contará con los recursos y el patrimonio con la actual empresa estatal petrolera residual
El proyecto también incorpora modificaciones de orden tributario, reemplazando el impuesto sobre las utilidades extraordinarias (Surtax) por el Impuesto Complementario a los Hidrocarburos (ICH), que gravará el aumento de los volúmenes de exportación de gas hasta un total del 32 por ciento.
Según Mesa, el nuevo esquema tributario aumentaría los ingresos del Estado. "Si se aprueba la nueva Ley de Hidrocarburos inmediatamente, con la actual producción, sin que se haya incrementado un litro de producción de petróleo o un millar de pies cúbicos de gas, en 2005, se lograría 90 millones de dólares adicionales a los que hoy se percibe", resumió ABI..
Expresó que los beneficios de los ingresos, deben ser destinados principalmente a la salud, educación, infraestructura y el empleo y que el ICH tenga como destinatario al Tesoro General de la Nación y, que beneficie directamente a los departamentos productores aumentando sus ingresos además de las regaláis que hoy en día reciben. Otros beneficiarios serían las Fuerzas Armadas y la Policía.