El Presidente amenaza con anular al Parlamento, si no se aprueba su ley del gas, que no quiere que nadie discuta ni menos modifique. El Congreso se resiste a ser un simple florero de mesa. Está en duda las elecciones municipales y es otra presión sobre el MAS de Evo Morales. Los sindicatos y organizaciones populares se alistan para volver a las calles en pos de la nacionalización

Econoticiasbolivia.com

Una crisis política de imprevisibles consecuencias estalló hoy en Bolivia, tras que el presidente Carlos Mesa anunciara que vetará todas y cada una de las iniciativas del Congreso, hasta que éste apruebe sin modificaciones su resistida ley sobre el gas y los hidrocarburos.
"Desde hoy no voy a promulgar ninguna ley que sea sancionada por el Congreso Nacional, hasta tanto sea aprobada la Ley de Ejecución y cumplimiento del Referéndum", dijo Mesa, durante una intervención que fue trasmitida al anochecer de este viernes por las cadenas de televisión y que marca una virtual guerra de poderes entre el Congreso y el gobierno.
Horas antes, el Parlamento había rechazado, por insuficiente, el proyecto de ley que Mesa intenta que se apruebe sin discusión ni modificación alguna. La Comisión de Desarrollo Económico de la Cámara de Diputados había dejado en la "congeladora" el proyecto de Ley y conminado al gobierno a entregar en una semana una ley petrolera, que no deje tantos vacíos legales ni facilite que aspectos fundamentales sean reglamentados por decreto, como pretende Mesa.
La decisión del Ejecutivo de vetar todas las leyes que se generen en el Congreso, puso, en lo inmediato, un velo de duda en torno a la realización de las elecciones municipales de fin de año, que aún deben ser legisladas por el Congreso. Las modificaciones al Código Electoral que regirán las elecciones municipales del 5 de diciembre, necesarias para su plena vigencia, aún no han sido promulgadas por parte del gobierno.
"Huele a chantaje", dijo la red televisiva Unitel al reseñar la presión que ha comenzado a ejercer Mesa sobre el conjunto de los partidos políticos con representación parlamentaria y en especial sobre el Movimiento al Socialismo (MAS), de su aliado, el diputado cocalero Evo Morales, que es el más interesado en las elecciones municipales.
Hasta ahora, Morales se había opuesto a la ley de Mesa porque consideraba que vulneraba todo el sentido y alcance del referéndum del 18 de julio, sobre el que hay varias interpretaciones sobre su significado que van desde la anulación de los contratos de las petroleras y su nacionalización hasta el pleno respeto de la inversión extranjera y un empuje a la exportación del gas.
Mesa, que promueve una ley favorable a las petroleras, ya que legitima sus derechos sobre las reservas de gas y autoriza sus exportaciones a cambio de un poco más de impuestos, no quiere que nadie más que él interprete los resultados del referéndum.
Desde su "victoria" en el referéndum (la Corte Electoral sólo tomó en cuenta los votos por el Si y por el NO a las cinco preguntas, pero no los votos blancos, nulos y la abstención, que suman en conjunto el 60% del electorado), Mesa se ha tornado más soberbio y se ha arrogado la potestad para interpretar los resultados del referéndum y hacer que ésta sea ley, sin discusión ni debate en el Congreso, compuesto en dos tercios por representantes de los partidos neoliberales que gobernaron con el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, del que Mesa era su vicepresidente, y otra tercera parte por militantes del oficialista MAS y de otros pequeños grupos indigenistas.
Si Mesa cumple sus amenazas irá, en los hechos, en camino a lograr la anulación real del Congreso. Una actitud muy lejana a la que tenía a principios de año, cuando sostenía que su gobierno era impensable e ilegítimo si se cerraba o anulaba el Parlamento, tal como pretendían varias organizaciones sociales y sindicales.
Horas antes de la aparición televisiva de Mesa, el Presidente del Senado, Hormando Vaca Diez había anunciado que no aprobaría la ley remitida por el Ejecutivo, hasta que se cumpla lo que dijo el propio ministro de Minas e Hidrocarburos, Guillermo Torres, quien aseguró que era factible tener lista en una semana una nueva propuesta de ley, más completa y seria.
Hasta el cierre de este despacho, no se conocía la reacción del MAS sobre el anuncio de Mesa y sus implicaciones sobre el tema electoral, al que esta tienda política y su líder habían supeditado todo su accionar, incluso a costa de merecer la expulsión de la Central Obrera Boliviana (COB). Tampoco se dio a conocer reacciones entre los sindicatos y organizaciones populares que han programado marchas y movilizaciones de masas para la próxima semana en demanda de la nacionalización del gas y el petróleo.
Aparentemente, el gobierno de Mesa intenta que el Congreso apruebe de inmediato su ley para evitar que los sectores sociales vuelvan a la carga y transformen la pugna entre parlamentarios y gobernantes en una lucha nacional contra las petroleras.