Andrés Soliz Rada
Rebelión

Prólogo a la tercera edición del libro "La Fortuna del Presidente", de Andrés Soliz Rada

I.- GSL Y SUS CONEXIONES TRANSNACIONALES.- Cuando Gonzalo Sánchez de Lozada (GSL) fugó de Bolivia, el 17 de octubre de 2003, acosado por una incontenible rebelión popular, protagonizada por la ciudad de El Alto y las laderas paceñas, y extendida a la mayoría de las regiones de Bolivia, su poderío económico, dentro y fuera del país, había alcanzado niveles notables, sólo comparado, en la primera mitad del siglo pasado, con Simón I. Patiño, el más importante de los "barones" del estaño. Sin embargo, Patiño se negó a ser Presidente de la República, aduciendo, en tono despectivo, que para eso tenía a sus abogados. GSL, en cambio, imitó a los oligarcas de la plata, Aniceto Arce y Gregorio Pacheco, quienes, en los últimos lustros del Siglo XIX, mezclaron la política y los negocios privados. En 1996, un año antes de terminar su primer mandato presidencial, GSL fue designado miembro del directorio del Instituto de las Américas, fundación de la Universidad de San Diego, California, EEUU, destinada a debilitar el papel del Estado en América Latina e impulsar las políticas neoliberales. En el mismo acto, fue integrado a la mesa directiva Richard Flury, de la petrolera Amoco, la que, junto con la British Gas, forma parte del consorcio Pacific LNG, interesado en exportar, según sus voceros, gas boliviano a California, EEUU, vía Chile. Las palabras de bienvenida fueron pronunciadas por el diplomático norteamericano Paul H. Boeker.
En ese momento, el directorio del Instituto estaba integrado, además, por James Bannantine, de la ENRON, "capitalizadora" de los gasoductos, poliductos y oleoductos de YPFB, después de lo cual se declaró en quiebra no sin antes estafar a sus accionistas norteamericanos. Junto a GSL se hallaban, asimismo, William L. Friend, de la Bechtel, la empresa norteamericana que provocó, en Cochabamba, en abril de 2000, la guerra del agua, por la cual el citado consorcio pretende cobrar Dls. 25 millones por "lucro cesante". En el directorio del Instituto figuran, además, representantes de la British Petróleum (BP), Marathon Oil, Shell, CMS Energy y Sempra. Esta última es distribuidora de gas en Santiago de Chile, junto a la British Gas (BG) y Repsol, y debía hacerse cargo de la comercialización del gas boliviano en California. GSL hizo todos los meritos para integrar el referido directorio, ya que cumplió la meta de aniquilar al Estado nacional (1).
Por otra parte, GSL integra la "Society of the Americas" or "Council of Americas", organizada por David Rockefeller, del Chase Manhatan Bank y nieto de John D. Rockfeller, fundador de la Standard Oil. Enrique Sánchez de Lozada, padre de GSL, fue un protegido de los Rockfeller, según los datos biográficos que figuran en el presente libro. A su vez, David Rockefeller ha impulsado el Consejo Internacional de Asesores de Presidentes, uno de los órganos ejecutivos del "Council of Américas", al que llama, de manera presuntuosa, el "gobierno mundial". Entre los miembros del "Council of Américas" se hallan los oligarcas chilenos Agustín Edwards (aliado de Pinochet en el derrocamiento de Allende), Edgardo Boeninger, Malú Edwards, Fernando Lens y Alvaro Salegh, además de Pepe Fanjul, de la Repsol, y Kenneth Lay, de la defraudadora ENRON. Su presidente es William Rhodes, vicepresidente del City Group, acusado de blanqueo de dólares y vinculado al City Bank y al City Trust de las Bahamas, donde GSL depositó el 50 % de las acciones de la "capitalización", que, según prometió e incumplió, deberían ser de propiedad individual de los bolivianos (2).
El tercer pilar externo de GSL es la Corporación Financiera Internacional (IFC), brazo financiero del Banco Mundial, que compró, hace más de 20 años, el 5 % de las acciones de su empresa, la Compañía Minera del Sur (COMSUR). En este contexto, el Banco Mundial presta dinero a COMSUR, es socio de COMSUR y fiscaliza a COMSUR. Sólo cabe preguntar si la mayor corrupción es de COMSUR o del Banco Mundial, socio, beneficiario y fiscalizador de la empresa de Sánchez de Lozada. GSL es, asimismo, socio de la gigante inglesa Rio Tinto Zinc (RTZ), la comercializadora de cobre más grande del mundo, la que ha adquirido el 33 % de las acciones de COMSUR. A su vez, la RTZ tiene el 30 % de las acciones de "La Escondida", el yacimiento de cobre más grande de Chile, después de Chuquicamata, que pertenece al Estado vecino. Son también socios de "La Escondida" la australiana Broken Hill Propietary (BHP), con el 57 %, la japonesa Mitsubishi, con el 10 % y la IFC con el 2.5 %. El interés de GSL por exportar gas boliviano a California es compartido por la IFC, RTZ, BHS, BG, BP y COMSUR, ya que el norte chileno, y de manera especial, la mina "La Escondida", necesitan con urgencia el gas boliviano. En septiembre de 1994, el Presidente de YPFB, Mauricio Gonzáles, impulsó, por orden de GSL, la construcción del gasoducto Tarija (Bolivia) – Tocopilla (Chile), el que se frustró por la oposición de las Fuerzas Armadas (3).
El 4 de marzo de 2002, Orvana Minerals Corp (Orvana), de Canadá, informó que su directorio tenía la siguiente composición: GSL, Presidente de la Junta Directiva: George Hamilton, asociado a la firma Gemini Ernest & Young, de Toronto; José Convay, director; Robert A. Wats, director; Donald French, asesor inversionista en la explotación del oro de Kori Kollo, Bolivia. La vinculación de COMSUR con Orvana permite la explotación de la Mina "Don Mario", en el departamento de Santa Cruz, a la que se ha conectado un ramal del gasoducto a Cuiabá (Brasil) (4). Todo para favorecer a GSL. El 27-08-99, GSL declaró que, debido a su actividad política, hacía 20 años que estaba alejado de la actividad minera (5). ¿Cómo se puede estar alejado de la actividad minera y presidir, hasta el 31 de julio de 2002, el directorio de una transnacional del sector?
El tríptico editado a principios de 1998 por el Ministerio de Comercio Exterior e Inversión, destinado a privatizar la fundición de estaño de Vinto, ubicada a 7.5 kilómetros de la ciudad de Oruro, indica que sus activos ascienden a 95.3 millones de dólares y sus pasivos a 24 millones. Los pasivos fueron transferidos al Tesoro General de la Nación (TGN). Por tanto, su patrimonio era de 95.3 millones de dólares. La COMSUR, asociada a la inglesa Commonwealth Development Corporation (CDC), la adquirió, en junio de 2002, en algo más de 6 millones de dólares (6). La fundición fue comprada inicialmente por la Allied Deals PLC, de Inglaterra, en 14.7 millones de dólares, pero inscrita a nombre de una empresa diferente: Allied Deals Estaño Vinto SA, Se argumentó que con ese cambio la empresa compradora ya era una sociedad anónima nacional, inscrita en nuestro registro de comercio. Si lo anterior es cierto, no se entiende por qué llegó de Londres un "liquidador" para re vender la fundición a la COMSUR en el monto indicado. Para mayor confusión, Allien Deals se transformó en la empresa RBG Resources, la que estafó alrededor de 1.000 millones de dólares a bancos ingleses, norteamericanos y de emiratos árabes (7).
El ex viceministro de Minería, Mario Paulsen, denunció que Allied Deals adquirió "Vinto" gratuitamente, ya que si bien pagó 14.7 millones de dólares, no se tomó en cuenta que, en el momento de la venta, la fundición tenía estaño metálico y repuestos por valor de 16 millones de dólares (8) El precio de venta fue inicialmente fijado en 10 millones de dólares por el banco francés Paribás, asociado a consultores locales emparentados con el ex Canciller de Hugo Bánzer, Carlos Saavedra Bruno. El contrato prohibía revender la fundición hasta el 31 de enero de 2003, lo que también fue incumplido, razón por la que debió ser anulado de inmediato. Allied Deals se adjudicó, además, el joint venture para explotar Huanuni, uno de los emporios estañíferos más grandes del mundo, el cual otorga 85 % de utilidades a la compañía británica y el 15 % a la desmantelada COMIBOL. Ante la quiebra de la empresa foránea, COMSUR manifestó su interés en adjudicarse Huanuni (9). El diputado de la extinguida CONDEPA, Pedro Rubín de Celis, denunció estas irregularidades, pero no fue escuchado ni siquiera por sus colegas de Oruro. Pese a lo anterior, Rubín de Celis obtuvo un requerimiento del fiscal del distrito por el que se pide al Congreso de la República proseguir las investigaciones pertinentes. Ningún parlamentario de la nueva gestión legislativa se ha ocupado del tema.
De acuerdo al ex delegado para la revisión y mejora de la "capitalización, Juan Carlos Virreira, una parienta cercana de GSL y su asesora política para las elecciones de 1997, Susana Sánchez de Lozada, es la encargada de América Latina de "Independent Power Corporation", empresa inglesa que compró la hidroeléctrica "Guaracachi" de la gigantesca empresa norteamericana "First Energy". Lo anterior implica que el ex presidente liquidó la estatal Empresa Nacional de Energía (ENDE) para que, pocos años después, su parienta y asesora política ingrese al negocio de la hidroelectricidad del brazo de una transnacional inglesa (10). Según "Econoticias", de febrero de 2003, los intereses empresariales de GSL abarcan a Bolivia, Brasil, Chle, Perú, Malasia, Tailandia y países africanos.
2.- GSL BEBE AGUA SALADA PARA CALMAR SU SED DE DINERO.- Sus últimos meses de gobernante, sirvieron a GSL para incrementar aún más su riqueza. Según su declaración jurada de bienes, el 6 de agosto de 2002 (día en que inició su segunda Presidencia), su fortuna ascendía a 359.266.200 bolivianos (50 millones de dólares). Un año después, el 8 de agosto de 2003, declaró que ascendió a 427.696.220 bolivianos (59 millones de dólares) (11) Pese a sus cuantiosos bienes, que por lo menos quintuplican lo que él dice, GSL se apropió de "gastos reservados" del TGN, hasta los últimos momentos de su gestión, en los que redactó el DS 27213, de 17-X-03, disponiendo que su Ministro de Gobierno, Yerko Kucoc, no rinda cuentas del manejo de esos gastos ante el Contralor General de la República, como él mismo había dispuesto, mediante DS 27005, de 30-5-03, sino ante su propia persona. Por esta disposición facultó al Jefe de Estado (es decir a su propia persona) a destruir la documentación presentada por su ministro.
El apuro por apropiarse de los últimos centavos del erario público a su alcance, hizo que, en días previos a su fuga, el Ministro de Hacienda. Javier Comboni, exigiera al Presidente del Banco Central, Juan Antonio Morales, la entrega de dos millones de dólares, a fin de atender gastos emergentes de la convulsión social. El hecho es que aparecieron desembolsos del Banco Central anteriores a la entrega de la nota que pedía esos fondos. GSL hizo publicar su decreto 27213, el 17 de octubre, en la Gaceta Oficial (archivo de las disposiciones legales), cuando el personal de la "Gaceta" no trabajó ese día. El mismo decreto apareció firmado en Palacio de Gobierno, pese a que el Jefe de Estado se había recluido en su residencia, de cuyas instalaciones fue trasladado a los aeropuertos de las ciudades de El Alto, primero, y de Santa Cruz, después, desde donde viajó a Miami.
En la mañana del 17 de octubre, los tres ministros de Nueva Fuerza Republicana (NFR), Dante Pino, Erik Reyes Villa y Adalberto Kuajara, renunciaron a sus funciones. Una semana antes, lo había hecho Jorge Torres, del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). No hubo más remedio, en consecuencia, que conseguir, en medio de la balacera que provocó 60 muertos y 500 heridos de gente humilde, a cuatro ministros improvisados, a fin de completar las firmas que requería el decreto 27213. Así aparecieron las rúbricas de Luís Fernando Peredo, Guido Meruvia, René Pereira y Henrry Oporto, en cuya hoja de vida se dirá que fueron ministros sólo para firmar el decreto modificatorio de los gastos reservados.
Kukoc regresó al país una semana más tarde, debido a que no logró cambiar en dólares todo el dinero de los "gastos reservados", razón por la que los había enviado a casa de su amigo de infancia, Milder Alzadum. Al tratar de rescatar ese dinero, fue detenido por la policía, de manera que ahora encara un juicio por apropiación de fondos públicos. Este proceso está pendiente y, probablemente, formará parte del juicio de responsabilidades al ex presidente y sus colaboradores inmediatos por genocidio y apropiación de fondos públicos. Un predecesor de Kukoc en el Ministerio de Gobierno, Alberto Gasser, también manejó ilegalmente gastos reservados, según la "Unidad de Investigaciones Financieras" (UIF) (12). Tales gastos sirvieron, además, para pagos ilegales a diputados de la coalición oficialista, según la diputada del MNR por el departamento de Santa Cruz, Roxana Sandoval (13).
Otro ex ministro de gobierno, Víctor Hugo Canelas, declaró que GSL, en su mandato de 1993 a 1997, cobró siete mil dólares mes de la partida de gastos reservados (sus ministros recibían mil dólares menos, al igual que su vicepresidente, Víctor Hugo Cárdenas), los que eran habidamente reclamados por GSL, mientras declaraba a la prensa que él no cobraba sueldo alguno, ya que el que le correspondía lo donaba a una entidad de beneficencia. Canelas presentó a los medios de comunicación un "recibo" firmado por el Presidente de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), Alberto Alandia, a quien GSL instruyó pagar una gratificación de 800.000 bolivianos (180.000 dólares), al concluir su primer gobierno, en 1997, por favores otorgados a COMSUR (14). Cuando Alandia negó el hecho, Canelas lo emplazó a un reconocimiento legal de firma y rúbrica, con lo que terminó el entredicho. El caso sirvió para recordar que COMSUR tiene contratos de alquiler y de riesgo compartido con COMIBOL para la explotación de yacimientos de Mina "Porco", "colas y desmontes" del Cerro de Potosí; Mina "Bolivar", en Oruro, "Mina "Colquiri", en La Paz", Mina "Don Mario" en Santa Cruz, además de otros yacimientos en diferentes regiones del país. El ex ministro puntualizó que en julio de 1997 entregó, por orden de GSL, 4 millones de bolivianos (770.000 dólares), a Fanny Garret, secretaria de COMSUR en las últimas décadas.
Canelas añadió que GSL dispuso que el Movimiento Bolivia Libre (MBL), dirigido por Antonio Aranibar Quiroga, que co-gobernó con GSL entre 1993 y 1997 y que co-gobierna con Carlos Mesa, recibía dineros de los "gastos reservados", los que eran cobrados por Miriam Van Der Veen, militante "emebelista". Las revelaciones de Canelas, fueron confirmadas por el Presidente del Banco Central, Juan Antonio Morales, quien admitió públicamente que cobraba un "plus" mensual en las ventanillas del Ministerio de Gobierno, en tanto que uno de los Ministros de Mayor Confianza de GSL, José Guillermo Justiniano, reconoció que todos los dignatarios de Estado se beneficiaban con sobresueldos del mismo origen. Los "gastos reservados" se usaron para pagar facturas de la campaña electoral del MNR. Así ocurrió con la imprenta del diputado del MNR, Luis Eduardo Siles, quien había impreso propaganda para la candidata a alcaldesa de ese partido, Gaby Candia, hoy condenada en la cárcel de mujeres por comprar con sobreprecio terrenos para el municipio de La Paz (15)
3.- GSL Y LA ENTREGA DE LA PROPIEDAD DE LOS HIDROCARBUROS A LAS TRANSNACIONALES.- Los últimos días del primer gobierno de GSL fueron trágicos para el país. El 4 de agosto de 1997 (faltaban dos días para la entrega del mando al presidente electo, Hugo Bánzer Suárez), GSL dictó el DS 24806, que aprueba, en un sólo artículo, el "modelo de contrato" (es decir el formulario) entre el Estado y las petroleras. En el artículo tercero del "modelo de contrato", se determina que las transnacionales adquieren el derecho de propiedad sobre los hidrocarburos en boca de pozo. Como la entidad petrolera estatal, YPFB, está prohibida de explorar, explotar y comercializar hidrocarburos, se colige que las compañías han adquirido el derecho de propiedad sobre todas las reservas de gas existentes en Bolivia y sobre las que se descubrirán a futuro. Ninguna de las leyes de hidrocarburos que se dictaron en Bolivia, a lo largo de ocho décadas, había incluido una disposición semejante. La cláusula décima del formulario indica que la información de las petroleras tiene carácter reservado.
En la "gaceta oficial" no figura el "modelo de contrato", razón por la que permaneció en secreto durante casi cuatro años. El decreto "gonista" contradice el artículo 139 de la Carta Magna, según el cual "los yacimientos de hidrocarburos, cualquiera sea el estado en que se encuentren o la forma en que se presenten, son de dominio directo, inalienable e imprescriptible del Estado. Ninguna concesión o contrato podrá conferir la propiedad de los yacimientos de hidrocarburos...". Los defensores de GSL respondieron que el 24806 transfería la propiedad de los hidrocarburos en boca de pozo y no de los yacimientos, es decir del gas y del petróleo que se encuentran bajo tierra. Tal subterfugio no puede, como es obvio, tergiversar el espíritu y la intencionalidad del artículo constitucional. Pero aún en el peor de los casos y suponiendo que los manipuladores jurídicos de GSL burlaron la Carta Magna, es indiscutible que no puede haber enajenación de propiedad pública mediante simple decreto, sino a través de Ley de la República. Así establece el artículo 59, inciso 7º de la Constitución Política del Estado, que, al detallar las atribuciones del Poder Legislativo, dice: "Autorizar la enajenación de bienes nacionales, departamentales, municipales, universitarios y de todos los que sean de dominio público". El inciso 5º del mismo artículo indica que el Poder Legislativo debe "autorizar la contratación de empréstitos que comprometan las rentas generales del Estado, así como los contratos relativos a la explotación de las riquezas nacionales"
Lo inaudito del caso, aunque parecería imposible encontrar algo más inaudito que despojar a un país de toda su riqueza de gas y petróleo mediante un decreto clandestino, es que el Tribunal Constitucional se pronunció, mediante sentencia de 5 de diciembre de 2003, por la constitucionalidad del DS 24806, cuya ilegalidad había sido demandada por parlamentarios opositores. La sentencia constitucional, con relación al inciso 5º, dice que en la Ley de Capitalización, de 21 de marzo de 1994, el Poder Legislativo otorgó al Ejecutivo una "autorización implícita" para suscribir contratos entre el Estado y las transnacionales. El razonamiento es absurdo, ya que ningún poder del Estado, y menos el Legislativo, puede delegar sus funciones a otro poder. Así lo establecen los artículos 30, 69 y 115 de la Carta Magna. La "autorización implícita" implicaría aprobar contratos "a futuro", es decir aún inexistentes. Con relación al inciso 7º, el Tribunal Constitucional admite "la posibilidad de que empresas privadas puedan ser propietarias de los hidrocarburos una vez extraídos del suelo...". Para evitar esa "posibilidad", las leyes de hidrocarburos de Banzer y Paz Zamora determinaban que YPFB es dueña de los hidrocarburos en boca de pozo, de modo que la petrolera estatal pagaba en gas y petróleo a las compañías por la exploración y explotación de los campos, de acuerdo a contratos. Como puede advertirse, una cosa es que las compañías sean dueñas de los hidrocarburos en boca de pozo y otra distinta que reciban hidrocarburos como pago por su trabajo. El doctor Rolando Roca Aguilera no suscribió la sentencia constitucional en desacuerdo con la misma. Votaron a favor de las petroleras los magistrados René Baldivieso Guzmán, Elizabeth Iñiguez de Salinas, Artemio Arias Romano y Martha Rojas Alvarez. Esta última intervino, como fiscal de narcóticos, íntimamente vinculada al ex ministro Carlos Sánchez Berzain, en el complot que organizó la Embajada norteamericana y la CIA, la noche del 30 de septiembre de 1993, para destituir al entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Edgar Oblitas Fernández (16) .
El DS 24806, fue abrogado por el Presidente Carlos Mesa, en febrero de 2004. Sin embargo, como el Tribunal Constitucional desechó con anterioridad la demanda de inconstitucionalidad a la que hicimos referencia, tal abrogatoria no tuvo efecto retroactivo, así que las transnacionales continuarán siendo propietarias de los hidrocarburos en boca de pozo, en tanto se cumplan los 78 contratos de "riesgo compartido" con las compañías, cuya duración se prolongará en los próximos 36 años. La disposición "gonista" fue suscrita por los siguientes ministros: Antonio Aranibar Quiroga, Víctor Hugo Canelas Zannier, Alfonso Kreidler, José Guillermo Justiniano Sandóval, René Blatmann Bauer, Fernando Candia Castillo, Franklin Anaya Vásquez, Alberto Vargas Covarrubias, Mauricio Antezana Villegas y Jaime Villalobos Sanjinés. Dos de los personajes aquí citados: Fernando Candia Castillo y Jaime Villalobos Sanjinés se incorporaron poco después al directorio de Transredes (ENRON - Shell). ¿Hubo agradecimiento por sus servicios? Otro de los firmantes, Aranibar Quiroga, fue contratado como consultor jurídico de la petrolera "Chaco" ¿Otro agradecimiento de las petroleras?
4.- GLS: RESULTADO DE LA DERROTA DE LA REVOLUCION NACIONAL.- GSL ha ocasionado irreparables daños a Bolivia; sin embargo, él es sólo un resultado de la derrota de la revolución nacional del 9 de abril de 1952, y del triunfo de la nueva Rosca, a través del golpe del 4 de noviembre de 1964, encabezado por el general René Barrientos Ortuño. La revolución de 1952, es el punto central de nuestra historia republicana, ya que de la misma manera que los acontecimientos de parte importante de la humanidad se dividen entre lo ocurrido antes y después de Cristo, en Bolivia el quehacer histórico está separado por los sucesos de antes y después del 52. La eliminación del latifundio y el voto universal reconocieron la condición de seres humanos a las mayorías quechuaymaras, consideradas como bestias de carga desde la conquista hispana. La nacionalización de las minas demostró, como dijo Sergio Almaraz, que en ciertas ocasiones, los bolivianos podíamos ser no sólo objeto de la historia sino también sujetos de nuestro propio destino. Los cambios originados el 9 de abril están enraizados en la guerra del Chaco, cuya tragedia exhibió el anacronismo de la oligarquía minero-feudal, que mantuvo al país en la miseria, el analfabetismo y el atraso. El enfrentamiento fratricida con el Paraguay hizo germinar la raíz indomestiza del ser nacional, al permitir que hombres de todas las latitudes del país, hasta entonces desconocidos entre si, mezclaran su sangre en las trincheras calcinadas por el dolor, el sufrimiento y la muerte. La revolución boliviana es, por esos antecedentes, junto a la mexicana de 1910 y la cubana de 1959, una de las tres grandes revoluciones latinoamericanas del Siglo XX.
La revolución de abril es, al mismo tiempo, la culminación victoriosa de un largo y sacrificado proceso de acumulación revolucionaria y el inicio de una era de esperanzas para un pueblo permanentemente humillado. La revolución y la contrarevolución se enfrentaron desde el mismo día de la victoria popular. La corriente revolucionaria avanzó con la nacionalización de las minas y la fundación de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), el voto universal, la reforma agraria, la presencia de milicias obreras y campesinas y la organización de la Corporación Boliviana de Fomento (CBF), que impulsó la construcción de la carretera Cochabamba – Santa Cruz, que significó la vinculación física y espiritual del Occidente y del Oriente del país y, con ello, el autoabastecimiento en petróleo, azúcar y arroz, así como las perspectivas para la ganadería, la soya y otros productos alimenticios. La profundidad de la revolución explica la vigencia política de sus conductores, a pesar de sus errores y traiciones, en las cinco décadas siguientes al 52. La grandiosidad del proceso revolucionario no puede hacer olvidar, sin embargo, que Víctor Paz Estenssoro (VPE) llegó al gobierno con tres traumas profundos. El primero causado por el colgamiento del Presidente Gualberto Villarroel, ejecutado por la oligarquía y el stalinista Partido de la Izquierda Revolucionaria (PIR), con la complicidad activa del Partido Obrero Revolucionario (POR), expresión del trotskismo dogmático de Guillermo Lora. El segundo, por el no reconocimiento diplomático, por más de seis meses, al gobierno del Presidente mártir, ordenado por el Departamento de Estado y acatado por todos los gobernantes de la región, con excepción de la Argentina de Perón. El tercero, por el bloqueo económico que sufrió el régimen villarroelista, en sus primeros meses de gestión. Pese a esos temores, VPE nacionalizó las minas, en el acto más importante de su vida política. Si VPE nacionalizó las minas por temor, convencimiento u oportunismo es algo que queda para las especulaciones políticas. Lo cierto es que lo hizo y que su firma ha quedado estampada en el histórico decreto del 31 de octubre de 1952.
VPE y su equipo de gobierno consideraron imposible consolidar y afianzar el proceso revolucionario enfrentando la dominación norteamericana. El derrocamiento en Guatemala de Jacobo Arbenz, por la CIA, en 1954, por haber afectado los intereses de la United Fruit Internacional, reforzó este punto de vista. Guillermo Bedregal Gutérrez, ex presidente de COMIBOL, afirmó que el antiimperialismo del MNR quería decir, simplemente, luchar contra la Rosca minera y el latifundismo, ya que a título de antiimperialismo, entendido como la resistencia a los norteamericanos, el MNR no podía rifar su porvenir y su viabilidad (17). Es verdad que después de la Segunda Guerra Mundial la ex URSS y sus aliados eran un factor de equilibrio frente a EEUU y Europa Occidental, pero resultaba ciertamente arriesgado ensayar una pugna frontal con Washington desde la mediterránea Bolivia. La revolución cubana hizo que, en una primera etapa, Washington reforzara su apoyo al gobierno del MNR, frente a la necesidad de presentarlo como paradigma de cambios sociales susceptibles de ser aplicados sin salir de su dominio. Posteriormente, ejecutó el golpe barrientista, al considerar que VPE no era suficiente garantía para contener la revolución proclamada por Fidel Castro. Bajo estos parámetros, era un exceso pedir a Paz Estenssoro que se declarara socialista. Lo que sí se le reclama, en cambio, es que debió gobernar con un mínimo de dignidad, honradez y eficiencia. El desorden y la inmoralidad hicieron que EEUU inoculara el virus de la contrarrevolución en el torrente sanguíneo de abril hasta paralizarlo y corromperlo, lo que facilitó a Washington recuperar posiciones a través de la desnacionalización del petróleo, la reorganización de las FFAA dentro de parámetros norteamericanos, el Plan de Estabilización Monetaria (o Plan Eder), impuesto, en 1956, por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Plan Triangular para la Minería, financiado, entre 1961 y 1964, por EEUU, Alemania Federal y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).Uno de los dos puntos claves del retroceso (el otro fue el petróleo) se concentró en el fracaso económico de la nacionalización de las minas. Y si bien, a pesar de todo, el MNR, hasta su derrocamiento, en 1964, estuvo articulado a la Revolución del 52, no es menos cierto que su impulso transformador era ya inexistente.
La nacionalización de las minas fue acompañada por la creación de COMIBOL, convertida, desde su inicio, en una de las empresas mineras más grandes del mundo. Si se tiene en cuenta que, entre 1950 y 1952, el 96.8 % de las exportaciones de Bolivia eran minerales y que entre 1953 y 1954, ese porcentaje alcanzó al 96.6 % (18), se comprenderá que de la suerte de COMIBOL dependía el destino de la revolución nacional. VPE conoció en detalle la situación de la minería. El 13 de mayo de 1952 (168 días antes de la nacionalización), creó una comisión encargada de estudiar los aspectos jurídicos y técnicos de la Gran Minería (Patiño, Hoschild y Aramayo) y se pronunció sobre el informe de la Misión Keenleyside, de octubre de 1951, elaborado por una misión norteamericana. Ambos estudios señalaron que los barones del estaño habían llevado a la industria a una situación angustiante (19). Un elemental sentido común indicaba que VPE debía ser extremadamente cuidadoso con el manejo de COMIBOL a fin de sacarla a flote. El jefe del MNR contaba a su favor, en esas circunstancias concretas, con la mística de los trabajadores, quienes, en entusiastas asambleas, decidieron aportar con una cuota de sus salarios a la instalación de hornos de fundición de estaño. El manejo irresponsable de COMIBOL preparó la condiciones para el advenimiento de GSL y para que el MNR, concebido por Carlos Montenegro en su libro "Nacionalismo y Coloniaje", como instrumento de liberación nacional, y definido por Paz Estenssoro, durante la resistencia contra la Rosca, como la "articulación de todo el pueblo boliviano con excepción de los sirvientes del imperialismo" (20), se convirtiera en el partido de los sirvientes del imperialismo contra el pueblo boliviano. VPE dictó los decretos de 29 de abril de 1952 y 16 de junio de 1952, por los que se reincorporaron a sus fuentes de trabajo a los obreros y empleados despedidos de las minas, a raíz del derrocamiento de Villarroel, en 1946, y de la guerra civil, de 1949. Se dispuso la recontratación de enfermos y rentistas y la indemnización a todos los asalariados por cambio de razón social, sin perder su antigüedad. Tal indemnización hizo que COMIBOL, la flamante empresa estatal, destinara 7 millones de dólares de sus escasos fondos a ese cometido. La Gran Minería contaba, a fines de 1951, con 24.000 trabajadores. Al terminar el primer gobierno de VPE (1956), COMIBOL tenía 36.000 obreros y empleados, que producían menos que la Gran Minería. En poco tiempo, COMIBOL sufría una pérdida de 375.000 dólares mensuales, de 3.3 millones de dólares en 1954 y de 80.000.000 en los gobiernos del MNR de 1952 a 1964 (21).
La contratación innecesaria de asalariados fue justificada por el Ministro de Minería y líder de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Lechín Oquendo (JLO), en informe a los trabajadores de primero de noviembre de 1954, con estas palabras: "El decreto que ordenaba el retorno de los obreros despedidos por causas políticas y sindicales contribuyó en mucho a atenuar ese problema social (el de la desocupación). Por otra parte, la política del Ministerio de Minas de admitir una sobre dotación de obreros en las minas hasta que se lograra una ubicación en las actividades agrícolas, fue un factor apreciable en la disminución de la cesantía y la mendicidad" (22) Es obvio que los problemas estructurales del país, como el de la desocupación, sólo podían ser resueltos si COMIBOL, como empresa estratégica, generaba excedentes y utilidades. Por el contrario, la demagogia y el nacimiento de una corrupta burocracia, insensible y satisfecha, precipitaron la liquidación de la minería nacionalizada y la quiebra de COMIBOL.
La dirección del MNR no se propuso seriamente instalar hornos de fundición de estaño. VPE dispuso que los concentrados de estaño sean fundidos en la Williams Harvey (Inglaterra), de propiedad de la Patiño Mines, lo que descartaba la posibilidad de fundirlos en el país. En octubre de 1960, VPE rechazó un donativo de hornos de fundición de la ex URSS. Bedregal (quien tenía rango de ministro), faltó a la verdad en el Parlamento al indicar que la URSS había ofrecido un crédito y no un donativo para la fundición, pero fue desmentido por el Presidente del Senado, Federico Alvaraez Plata, quien puntualizó que el ofrecimiento de Nikita Kruchtchev, Presidente del Consejo de Ministros de la URSS, lo recibió personalmente en la Asamblea General de las Naciones Unidas (23). Un año más tarde, Bedregal y JLO aceptaron que Bolivia sea accionista de la fundición Wah Chang, ubicada en Texas City, en la que Patiño Mines tenía inversiones, lo que postergaba el anhelo nacional de tener una fundición en territorio boliviano. Sin embargo, el proyecto Wah Chang no llegó a concretarse. VPE, JLO y Bedregal aseguraban que Bolivia, por razones técnicas, económicas y por la oposición de ingleses y norteamericanos no podía tener su propia fundición en territorio boliviano, versión desmentida por el general Alfredo Ovando Candia, quien, durante su presidencia interina, de enero a julio de 1965, tramitó exitosamente en Alemania Federal la instalación de los hornos de fundición de estaño en Vinto, Oruro, la que se construyó en su segundo gobierno (1969 – 1970) y fue inaugurada por el general Juan José Torres, a principios de 1971.
Los errores estratégicos de COMIBOL fueron acompañados de desfalcos y malversaciones que desprestigiaron a sus gerentes y desmoralizaron a los trabajadores, muchos de los cuales se dedicaron al robo de minerales, los que eran vendidos a la propia empresa estatal. La acumulación de materiales adquiridos en exceso sobrepasó toda racionalidad y se constituyó en otra fuente de descapitalización de la empresa y fuente de corrupción inagotable (24) Con el correr del tiempo, casi todas las minas de COMIBOL arrojaron pérdidas, pero en lugar de solucionar el problema se continuó con el trabajo, aduciendo que eran "empresas sociales" (25). COMIBOL sufrió la interferencia del MNR, que ordenaba contratar a obreros y empleados innecesarios, de los sindicatos y del control obrero, con derecho a veto (26). El desgano, el ausentismo, el desperdicio de horas de trabajo fueron adquiriendo carta de ciudadanía, hasta terminar en irresolubles embrollos y conflictos. La Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FTTMB), acumuló una enorme influencia. Se constituyó en uno de los pilares defensivos de la revolución de abril, pero, bajo la conducción de Lechín, careció de claridad política para contener la debacle administrativa. De manera paralela, los directorios de COMIBOL fueron cayendo en manos de mineros privados, varios de ellos allegados a GSL, que la debilitaron, hasta convertirla en un "casco viejo", alrededor del cual debía desarrollarse la minería privada. La expresión fue acuñada por el general Juan Lechín Suárez, Presidente de COMIBOL en el gobierno de Barrientos y hermano paterno de JLO (27).
La COMIBOL fue obligada a entregar sus divisas al Banco Central de Bolivia, en 1953 y 1954, al tipo de cambio de 190 pesos bolivianos por dólar y, en 1955, a 500 pesos bolivianos por dólar, en momentos en que el tipo de cambio libre iba fluctuando de 600 a 1.500 y 3000 pesos por dólar en el mercado paralelo (28). Amado Canelas dice que si se permitía al ente estatal cambiar sus divisas en el mercado paralelo hubiera resuelto sus problemas más graves. El tema tiene, sin embargo, otra lectura, ya que la entrega de divisas de COMIBOL al Banco Central fortaleció al TGN, el que tuvo disponibilidad para desarrollar el polo de desarrollo cruceño. No obstante, tal medida no necesitaba destruir a la minería estatal. El descalabro de COMIBOL generó un agudo proceso inflacionario, contenido por el plan de estabilización monetaria de 1956. Al iniciarse la segunda presidencia de VPE (1960-1964), cuyo vicepresidente fue JLO, se aplicó el Plan Triangular, financiado por EEUU, Alemania Federal y el BID, a fin de "salvar" a COMIBOL. El "Plan contrató 26 asesores, casi todos innecesarios, que cobraban elevados sueldos y cuyos informes eran copia de diagnósticos elaborados por técnicos y abogados bolivianos. La situación de COMIBOL sufrió pocos cambios positivos, pero, en cambio, alquiló sus mejores yacimientos a GSL, como la mina Porco, en condiciones nefastas para el interés nacional. El FMI condicionó el respaldo al plan de estabilización monetaria a la desnacionalización del petróleo, lo que obligó al MNR a aprobar el Código Davenport, calificado, en su momento, como "el más liberal del mundo", lo que ocasionó que YPFB perdiera el control de los hidrocarburos, los que, sin embargo, fueron nacionalizados por Ovando, el 17 de octubre de 1969. La defensa de esta nacionalización y de la instalación de los hornos de fundición de estaño forjaron a la Izquierda Nacional (IN) boliviana, bajo el rótulo de Grupo Revolucionario "Octubre" (GRO). Esta fue la organización política que defendió con total consecuencia ambas medidas. Las banderas del GRO impulsaron a la Federación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (FTPB) a denunciar las claudicaciones de JLO en el cuarto congreso de la COB, realizado del 1 al 12 de mayo de 1970, y fueron la base de las propuestas programáticas de Conciencia de Patria (CONDEPA), agrupadas en el texto titulado "El Libro del Modelo Endógeno".
En síntesis, VPE y la dirección del MNR carecieron de la visión nacional que se necesitaba para potenciar a COMIBOL. Defenderla con eficiencia, austeridad y honradez era una tarea posible y necesaria a fin de contener la arremetida de los ex barones del estaño y del imperio, cuya meta, la destrucción de COMIBOL, era un objetivo irrenunciable, a fin de demostrar la inviabilidad de las nacionalizaciones en América Latina. VPE, entre 1985 y 1989, en su cuarta presidencia, aplicó las políticas de ajuste estructural dictadas por el FMI, las que, profundizadas por GSL culminaron con la liquidación de todas las empresas estratégicas del Estado. En su descargo, GSL podría decir, y con razón, que fue un gobernante democráticamente elegido. Ganó tres elecciones presidenciales y las convenciones del MNR que postularon su jefatura. Gobernó con el apoyo de la casi totalidad de los partidos políticos con representación parlamentaria. En su primer gobierno (1993-1997), fue respaldado por el Movimiento Revolucionario Tupaj Katari de Liberación (MRTKL), por Unión Cívica Solidaridad (UCS) y por el "izquierdista" Movimiento Bolivia Libre (MBL).Su segunda administración (2002-2003) contó con el concurso del Movimiento del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), de Nueva Fuerza Republicana (NFR) y de UCS. NFR y el MIR fueron implacables críticos de GSL en la campaña electoral de 2002, lo que no les impidió formar parte del gobierno de GSL debido, según dijeron, a presiones norteamericanas. El respaldo que recibió GSL de sectores de la sociedad civil también fue considerable. La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), al hacer suyas las políticas neoliberales, encontró en el presidente "gringo" al intérprete de sus postulados antiestatistas. Varios sindicatos y organizaciones populares fueron divididos por la prebenda. Tal lo ocurrido, en diversas oportunidades, con la Central Obrera Boliviana (COB), las confederaciones campesinas, los gremiales y los chóferes.
Los principales medios de comunicación social pasaron a depender, de manera casi exclusiva, de la publicidad de las empresas "capitalizadoras", las que, en los hechos, financiaban los informativos más importantes. Numerosas Fundaciones y ONGs extranjeras auspiciaron centenares de talleres, seminarios y conferencias que mostraban al neoliberalismo como al único camino posible para el país. GSL mezcló la liquidación del patrimonio estatal con la Ley de Participación Popular, que, como su nombre lo indica, facilitó la intervención ciudadana en el manejo y fiscalización de los municipios. Así se desvió la atención ciudadana hacia la necesaria discusión de los problemas del ornato público, el agua potable, la luz y la basura, en tanto el país era despojado, sin información suficiente y sin un debate en profundidad, ni siquiera en el parlamento (ya que todo se hacía mediante decretos), del gas, petróleo y ferrocarriles, además de sus empresas de electricidad, aérea y telecomunicaciones. Intelectuales que se habían declarado de izquierda, muchos seguidores del Partido Socialista – Uno (PS-1), fundado por Marcelo Quiroga Santa Cruz, del Movimiento Bolivia Libre (MBL) y aún de los Partidos Comunistas ("moscovitas" y "pequineses"), justificaron su transfugio, con el pretexto de impulsar la "Participación Popular".
La alienación ideológica hizo que se confundiera democracia con libre mercado, de modo que oponerse a la liquidación de patrimonio público significaba ser partidario de regímenes autoritarios. Tránsfugas, malversadores, especuladores y enajenadores de las empresas estatales justificaban su conducta aduciendo que eran "demócratas". Así se practicó el "demo-entreguismo", de acuerdo al término acuñado por Augusto Céspedes. La democracia se convirtió en una abstracción congelada y estática, incapaz de incorporar el referéndum, la iniciativa ciudadana (como derecho a sugerir leyes y reformas constitucionales), sin facultades para remover el mandato de representantes inútiles y corruptos, sin posibilidades de lograr la cohesión de voluntades para defender y profundizar la adopción de decisiones autónomas frente al poder extranjero. La democracia en abstracto fue manipulada por las grandes potencias en perjuicio de los países periféricos. Varias corrientes nacionales y populares de América Latina, en su desesperación por librarse de los García Meza, Stroessner, Pinochet o Videla no advirtieron que el imperialismo utilizaba esa abstracción para imponer las políticas neoliberales, liquidar las empresas estatales, los bancos de fomento y las organizaciones sindicales y populares que frenaban el avasallamiento estadounidense. Dirigentes de partidos políticos que habían nacido como antiimperialistas, como el MIR, por ejemplo, se sometieron a la Embajada de EEUU. En la resistencia al dictador Luís García Meza (1980-1981), dirigentes de organizaciones sociales, sindicales y políticas recibieron ayuda norteamericana y europea, de la cual ya no pudieron desprenderse. En ese período, la Izquierda Nacional planteó la defensa, no de la democracia en abstracto, sino de un proceso democrático, capaz de enfrentar, con banderas propias, a las transnacionales así como a las dictaduras genocidas, a fin de alcanzar la autodeterminación nacional y el fortalecimiento económico del país.
Después de la crisis y del fracaso del gobierno de la Unidad Democrática y Popular (UDP), 1982-1985, CONDEPA levantó las banderas de la soberanía y la dignidad nacionales, pero el fallecimiento de su fundador, Carlos Palenque, errores de su propia conducción política y una sañuda campaña oligárquica, liquidaron su organización, pero no sus postulados. Son esos planteamientos los que hoy han recuperado fuerza y plena vigencia. CONDEPA convocó a la articulación indomestiza, basada en el rescate de nuestras culturas milenarias, con las creativas y prolíficas culturas de todas las regiones del país, a fin de consolidar la nacionalidad boliviana, orgullosa de sus orígenes y que encuentra en la interculturalidad el instrumento que necesita el país para forjar su propio destino. Lo indomestizo formó parte de la defensa de la unidad latinoamericana y de la revolución moral, cuyo primer paso debió ser el Proyecto de Ley de Investigación de Fortunas, presentado por el autor de estas líneas, en agosto de 1990. Los partidos tradicionales se niegan hasta ahora a debatir este proyecto. Parte de esa concepción es el modelo endógeno de potenciamiento nacional, que exige analizar con cabeza propia la conveniencia o no de recibir ayudas, donativos o préstamos foráneos y cuyo punto de partida debe ser el conseguir la autosuficiencia en alimentación, vestido y vivienda, como una forma de recuperar la autoestima y la dignidad nacionales, tan menoscabadas desde que se puso fin al proceso que nacionalizó la Gulf.
La dirección del MNR diluyó al proletariado minero con la liquidación de COMIBOL, alienó su propia conciencia nacionalista y neutralizó la vocación antiimperialista de sectores de las FFAA, cuyos mejores referentes fueron Ovando y Torres, GSL contribuyó a que la conciencia nacional sea aplastada por el manejo corrupto de la política. Fue el "caballo de Troya" de la oligarquía para infiltrarse en el MNR y terminar de destruirlo desde dentro. De manera paralela, el movimiento popular y sus expresiones políticas no supieron defender las trincheras conquistadas. Si se nacionalizó el petróleo por primera vez en 1937, nunca más debimos perderlo. Si la nacionalización de las minas fue una extraordinaria conquista histórica, es inconcebible que se hubiera liquidado a COMIBOL. Más inconcebible aún es que la fundición estatal de estaño de Vinto, que tanto sacrificio costó instalarla, hubiera terminado en manos de GSL. Si fuimos capaces de expropiar los latifundios, no es admisible que aún existan cientos de miles de campesinos sin tierra en extensas zonas del país. Si la revolución nacional y CONDEPA fueron importantes pasos en la estructuración de nuestra sociedad indomestiza, nutrida por su diversidad multiétnica y pluricultural, no se puede admitir que conflictos regionales e interétnicos, apoyados por intereses extranjeros Bolivia. La realidad reclama, nuevamente, la estructuración de un renovado movimiento patriótico, con visión latinoamericana, capaz de aglutinar a la nación oprimida contra la opresión foránea. No existe otro camino para impedir la disgregación nacional.
BIBLIOGRAFIA DEL PROLOGO A LA TERCERA EDICION
1.- www.iamericas.org/pdfsw/AnnualReports/annual97.pdf
2.- www.paginadigital.com.articulo-s/2000oct/noticias6salb2-12.html y www.americas-society.org/as/idex.html
3.- Andrés Soliz Rada: "La Conciencia Enclaustrada". Editorial "Contemporánea". La Paz-Bolivia. 1995. Página 68.
4.- Semanario "La Época". La Paz – Bolivia 10-08-03
5.- Revista "Cosas". La Paz – Bolivia. 27-08-99
6.- Periódico "La Prensa". La Paz–Bolivia. 6-6-02 y 29-09-02 7.- Periódico "La Patria". Oruro – Bolivia. 26-5-02.
8.- "La Prensa", 14-02-01.
9.- "La Patria". 2-6-02.
10.- http://www.indpow.co.uk/companyhistory.htm
11.- "La Época", 2-11-03.
12.- Periódico "La Razón". La Paz – Bolivia. 15-I-04.
13.- "La Razón". 23-01-04.
14.- "Prensa". Periódico mensual del Sindicato de
Trabajadores de la Prensa de La Paz. Junio de 2003.
15.- Semanario "Pulso"- La Paz – Bolivia. Del 16 al 22 de Enero de 2004. <>16.- Andrés Soliz Rada: "El Imperio en Bolivia. EEUU, el 21060 y el Poder Judicial". Imprenta Quality, La Paz-Bolivia. Año 2002. Páginas 26 a 37.
17. Guillermo Bedregal Gutérrez: "Víctor Paz Estenssoro, Una Semblanza Crítica".Fondo de Cultura Económica. México. Primera Edición. 1999. Página 622

18.- René Ruiz Gonzáles: "La Administración Empírica delas Minas Nacionalizadas". Editorial "Juventud". LaPaz-Bolivia. 1980. Segunda Edición. Página 24.

19.- Amado Canelas Orellana: "¿Quiebra de la MineríaEstatal Boliviana?". Editorial "Los Amigos del Libro".La Paz-Bolivia. 1981. Páginas 38 a 41.

20.- Guillermo Bedregal Gutiérrez: "Víctor Paz Estenssoro, el Político. Una Semblanza Crítica". Fondo de Cultura Económica. México. 1999. Página 173.

21.- Amado Canelas Orellana: "Mito y Realidad de la Corporación Minera de Bolivia". Editorial "Los Amigosdel Libro". La Paz-Cochabamba. 1966. Páginas 38 y 39. Guillermo Bedregal. Ob. Cit. Página 418. René Ruiz Gonzáles: "La Administración Empírica de las Minas Nacionalizadas". Editorial "Juventud". La Paz- Bolivia.1980. Páginas 154, 202 y 236.
22.- Canelas: "Mito y Realidad..." (Página 39)
23.- Canelas: "¿Quiebra de la... " (Página 74)
24.- Canelas: "¿Quiebra de la ... " (Páginas 166 y 169)
25.- Ruiz Gonzáles: Ob. Cit. Página 176
26.- Ruiz Gonzáles: Ob. Cit. Página 179
27.- Sergio Almaraz: "Réquiem Para una República". Editorilal UMSA. 1969. La Paz–Bolivia. Páginas 16 y 17.
28.- Canelas: "Quiebra de la... Página 57