Todas las zonas y barrios de La Paz, una urbe de casi un millón de personas, y de El Alto, de casi 800 mil, amanecieron bloqueadas hoy en el inicio de un paro total del transporte público, exigiendo el congelamiento de precios de los carburantes por un año.
La contundente movilización de los choferes sindicalizados, que levantaron "barricadas" con sus propios vehículos en las principales calles y avenidas, dejaron sin posibilidad de transporte a decenas de miles de ciudadanos que debían trasladarse a sus centros de trabajo y estudio y obligó a las autoridades a decretar tolerancia y horario continuo, y en otros casos a suspender actividades.
En las primeras horas de este miércoles, las ciudades de La Paz y El Alto estaban semiparalizadas, en la mayor protesta post referéndum que se realiza en Bolivia, y que hasta ahora se ha desarrollado sin enfrentamientos ni incidentes de consideración
A las nueve de la mañana, el bloqueo se sentía con fuerza en casi todos los barrios de La Paz y El Alto, desde donde tienen previsto marchar hacia el centro de la ciudad, en las próximas horas, una multitud de vecinos, campesinos y obreros que reclaman, al igual que los choferes, que no aumenten más los precios de los carburantes (ver "El pueblo retoma la lucha por el gas y el petróleo", en www.econoticiasbolivia.com)
La Central Obrera, las juntas vecinales, los campesinos Sin Tierra y los transportistas han conformado un frente común en contra de la política hidrocarburífera del gobierno, que prioriza los intereses de las petroleras extranjeras, que controlan todas las reservas de gas y petróleo de Bolivia, que pagan muy pocos impuestos y que comercializan los carburantes en el mercado local al precio internacional del petróleo.
Los sectores populares demandan la nacionalización de los hidrocarburos y el fin de la política oficial que permite que la petroleras extranjeras, que tienen unos costos de producción más bajos del mundo, obtengan millonarias ganancias en el mercado interno que se extraen de la empobrecida economía de los ciudadanos y de las anémicas arcas fiscales.
Según las autoridades bolivianas, el congelamiento de dos meses en el precio de los carburantes (a un equivalente de 27 dólares el barril el petróleo) equivale a una subvención directa para las petroleras del casi siete millones de dólares.
"Los bolivianos somos dueños del gas y el petróleo, pero estamos pagando el precio internacional solo para beneficio de las transnacionales. Esto ya no podemos soportarlo", sintetizó una ciudadana consultada por una canal local de televisión.