La justicia uruguaya ya est� tramitando el pedido de extradici�n enviado por su par chilena de los tres oficiales del ej�rcito uruguayo acusados de complicidad en el "Caso Berr�os." A pesar de las evasivas y los silencios oficiales, el pedido de extradici�n de los coroneles TOM�S CASELLA, EDUARDO RADAELLI y WELLINGTON SARLI fue cursado a la Suprema Corte de Justicia el pasado jueves 15, la que al d�a siguiente se lo remiti� al juez de turno, Gustavo Mirabal.
Los tres requeridos estuvieron implicados de una u otra manera en el secuestro, desaparici�n y muerte del bioqu�mico y agente secreto pinochetista Eugenio Berr�os, ocurrido en nuestro pa�s en 1992. Berr�os fue sacado clandestinamente de Chile en octubre de 1991 para evitar que declarara ante la justicia de ese pa�s en la investigaci�n del asesinato en Washington D.C. del ex canciller de Salvador Allende, Orlando Letelier. Tras pasar por Argentina, el 12 de ese mismo mes ya estaba instalado en Montevideo, bajo custodia conjunta de militares chilenos y uruguayos. Aqu� vivi� clandestinamente durante un a�o, pero el 12 de octubre de 1992, realiz� una llamada que le resultar�a fatal. En efecto, ese d�a Berr�os llam� a la embajada embajada chilena en Montevideo, solicitando un salvoconducto para volver a Chile y declarar ante la justicia, ya que no soportaba m�s la vida que estaba llevando.
Luego de que la persona con qui�n habl� en la representaci�n chilena comunicara la novedad a sus custodios, Berr�os fue reclu�do en la casa de playa del coronel Eduardo Radaelli en el balneario Parque del Plata, cercano a Montevideo. Tres d�as despu�s el conflictuado agente pinochetista logr� escaparse de sus custodios y se present� en la comisar�a del balneario, denunciando estar siendo secuestrado por militares chilenos y uruguayos y correr riesgo de vida. Mientras los polic�as tomaban su denuncia, la comisar�a se vi� rodeada de veh�culos militares, de uno de los cuales descendi� el coronel Tom�s Casella y reclam� a Berr�os, alegando que era un amigo suyo y "estaba mal de la cabeza.
Tras varias idas y venidas, Casella se fue con Berr�os y la denuncia fue anulada. El 24 de marzo de 1993, el general Augusto Pinochet visit� Uruguay, y Tom�s Casella fungi� como su edec�n, acompa��ndolo en su periplo por Montevideo, Piri�polis y Punta del Este. El 14 de abril de 1995 se encontr� un cadaver semi enterrado en las dunas del balneario El Pinar, el juez sobre el cual recay� la investigaci�n sospech� que podr�a tratarse del cad�ver de Berr�os y orden� un estudio antropom�trico que confirm� sus sospechas, al igual que lo har�a luego un estudio de ADN. Sin embargo, a casi diez a�os de iniciado, el caso fue pasando de juez en juez, todav�a se encuentra en la etapa pre-sumarial, y la justicia uruguaya no ha encontrado ning�n sospechoso.
Por el contrario, la justicia chilena s� fue capaz de avanzar en la resoluci�n del crimen a pesar de que nunca pudo contar con la colaboraci�n de su par uruguaya, que le neg� reiterados pedidos de compartir informaci�n bas�ndose precisamente en el secreto del presumario. Hoy d�a, los asesinos de Berr�os est�n presos en Chile, y la justicia de ese pa�s ha solicitado la extradici�n de sus c�mplices uruguayos. Como se pudo determinar en la investigaci�n efectuada en Santiago, los tres oficiales del ej�rcito uruguayo, tuvieron activa participaci�n en mantener a Berr�os secuestrado, y adem�s -por lo menos- facilitaron las condiciones para el crimen. A la justicia uruguaya s�lo la dejaron citarlos como "testigos.
Seg�n informa hoy el semanario "B�squeda," el juez Mirabal -antes que nada- deber� determinar si la asociaci�n il�cita de la que la justicia chilena acusa a Casella, Radaelli y Sarli, "se cometi� en Chile o si se concret� en Uruguay." La contestaci�n que Mirabal encuentre para esta pregunta es determinante, pues si el juez concluye en que la asociaci�n entre los militares chilenos y los uruguayos se realiz� en nuestro pa�s, ello determinar�a que la extradici�n no corresponde. Tomando en cuenta que ninguno de los gobiernos uruguayos posteriores a la dictadura ha accedido nunca a alg�n pedido de extradici�n de sus militares violadores de los derechos humanos, y conociendo el largo historial de omisiones de la "tutelada" justicia uruguaya, la respuesta a este pedido parece obvia.