Hedelberto López Blanch
Rebelión

El nuevo presidente de El Salvador, Elías Antonio Saca, que tomó posesión del cargo el pasado 1 de junio, tendrá durante su mandato la insana satisfacción de acabar de convertir a su país en una neocolonia, si continúa entregando a las empresas norteamericanas el control de la economía y hasta de su soberanía.
Su antecesor en el cargo y también miembro de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Francisco Flores, en los cinco años que estuvo en el poder lanzó al país por el camino del neoliberalismo y el libre comercio que han provocado mayor disparidad en la distribución de Producto Interno Bruto de la nación que solo alcanza los 12 000 millones de dólares anuales.
Datos de organismos internacionales indican que el 20 % de la población recibe el 59 % de los ingresos, mientras más del 40 % recibe menos del 6 %.
El Salvador es el país más pequeño de Centroamérica con 21, 040 kilómetros cuadrados de superficie y que padeció durante largos años una sangrienta guerra civil. El camino del neoliberalismo acogido por los dirigentes de ARENA desde 1992 cuando llegaron al poder, ha incrementado la pobreza en el país con la consecuente delincuencia social y la proliferación de numerosas bandas.
Saca recibe una nación que en el 2003 tuvo un déficit en la balanza comercial de 2 627 millones de dólares, una pobreza que alcanza al 53 % de los ocho millones de salvadoreños.
En cuanto al desempleo, cifras oficiales lo calculan en el 7 % mientras que los sindicatos y partidos de oposición como el Movimiento Popular de la Resistencia (MPR) lo ubican en 16 % y otro 40 % que realiza labores en el sector terciario, vendiendo bisuterías, frutas y vegetales.
Antes de concluir su mandato, Flores dejó encaminado el Tratado de Libre Comercio para Centroamérica (TLC) tras la firma del documento, en Washington el pasado 28 de mayo último, efectuada por lo representantes El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Costa Rica y Estados Unidos.
El TLC traerá desastrosas consecuencias para las débiles y atrasadas economías de la región y en el caso específico de El Salvador, acabará de abrir las puertas al capital extranjero que se adueñará de extensiones de tierra para nuevos cultivos, llevará a la quiebra a las pequeñas y medianas empresas que no podrán competir con los monopolios internacionales y hasta controlará los servicios a la población como la electricidad, el agua y la salud.
Según el documento firmado y que entrará en vigor si los diferentes Congresos dan su aprobación, durante el primer año serán suprimidos los aranceles al 99,8 % de las exportaciones industriales salvadoreñas hacia Estados Unidos y en correspondencia se eliminarán los impuestos al 78 % de los productos provenientes del norte hacia la nación centroamericana.
El beneficio no es nada halagüeño pues el 90 % de las mercancías salvadoreñas están desgravadas desde hace año debido a las facilidades de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe. Además, muchos de esas mercancías son producidas con materias primas, insumos y tecnologías norteamericanas y el Salvador solo pone la mano de obra barata.
Los principales productos que van hacia el mercado norteamericano son los obtenidos en las maquiladoras, que representan el 88 % de esa exportación.
Desde hace meses, la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios de El Salvador (AMPES) ha denunciado que la concreción del TLC significará para sus miembros la quiebra inminente porque el calzado, textiles, artes plásticas, carpinterías y otros rubros no podrán competir con las tecnologías y presentación de las mercancías norteamericanas que inundarán el mercado nacional.
Situación similar ocurrirá en el campo pues la ya deprimidas cosechas de arroz, maíz y frijol (debido a la falta de créditos y apoyo gubernamental) terminarán aplastadas con la entrada de esos productos alimenticios procedentes del Norte, sin pagar impuestos.
Aun más grave será el trato igualitario que se establece en el TLC para todos las compañías estadounidenses que dirijan sus capitales hacia Centroamérica. Las leyes les permitirán tener los mismos derechos que las empresas nacionales, pero a la hora de reclamar cualquier medidas que estas estimen arbitrarias o que afecten sus intereses, lo podrán hacer ante organismos o tribunales internacionales.
Es decir, si una empresa adquiere propiedades en una zona acuífera, por ejemplo, y se hace dueña del servicio a la población, que deberá ser pagado, el gobierno no podrá tomar medidas que le puedan afectar como la de volver a nacionalizar el servicio pues tendrá que pagar a la compañía no solo lo que costó la inversión, sino también las ganancias que pudo obtener durante los años que explotaría los manantiales.
Los servicios de agua, electricidad y alimenticios, continuarán pasando al control foráneo, mientras que los sanitarios y hasta los educacionales irán convirtiéndose cada vez más en un privilegio de quien pueda pagarlos.
Al no tener el gobierno decisiones sobre estos imprescindibles servicios y producciones, también disminuirá su capacidad para mantener la soberanía e independencia económica, social y política del país pues estará atado al arbitraje del capital extranjero dirigido desde Estados Unidos.
El flamante presidente Elías Antonio Saca ha reiterado que continuará la política neoliberal, de libre comercio y a favor de la confirmación del TLC llevada adelante por su antecesor o lo que es igual: ver convertido a El Salvador en una verdadera neocolonia.