La mina de oro de Yanacocha, al norte del Perú, es la más grande de América y va camino de convertirse en la mayor del mundo. Su rentabilidad, a prueba de los vaivenes del precio del metal, permite a sus gestores pronosticar, como mínimo, diez años más de jugosos ingresos. Pero, nada de esto es motivo de regocijo entre los habitantes de la zona, para quienes la buena marcha del negocio ha sido hasta ahora sinónimo de expropiación de sus tierras, degradación de su entorno y división de las comunidades.
La mina avanza, sin tregua, desdibujando a su paso el paisaje andino del departamento de Cajamarca. Día y noche, excavadoras de dimensiones prehistóricas mordisquean sus cerros para extraer, por cada tonelada de arena removida, un gramo de oro.
Y es que en Yanacocha o Laguna Negra (su traducción del quechua) no hay pepitas de oro, ni vetas doradas: el preciado metal se encuentra en forma de partículas diseminadas de material volcánico. A pesar de ello, los casi tres millones de onzas de oro que salieron de la mina el año pasado dan una idea de la rentabilidad del negocio.
Los responsables de la mina, un consorcio formado por la empresa estadounidense Newmont Mining Company (51% de la participación), la compañía peruana Buenaventura (43%) y el Banco Mundial (5%), no tienen ningún problema en reconocerlo. Es más, confían en seguir mejorando sus resultados hasta situarse a la cabeza de la producción mundial, desplazando de ese lugar privilegiado a la Grasberg Mine de Indonesia.

Oro que no luce

El oro de Yanacocha, sin embargo, no luce igual para todos. Desde que comenzara a operar hace 12 años, las poblaciones vecinas han denunciado el impacto negativo de la mina sobre su entorno natural, su salud, la de su ganado y, en consecuencia, sobre su medio de vida.
La explotación está ubicada en la cabecera de cuatro microcuencas que abastecen de agua a más de 100.000 personas. De ahí, que la principal preocupación de los campesinos locales sea la contaminación de sus ríos y acuíferos con el cianuro que se utiliza en la extracción del oro.
Gomer Vargas, alcalde Huambocancha Baja, una de las comunidades aledañas, ha visto cómo con la llegada de la mina desaparecían los peces de los torrentes, se perdían plantas medicinales y surgían, en personas y animales, dolencias hasta entonces desconocidas. 'Al ganado se le cae la piel y a los niños les salen ronchas' se lamenta el regidor Vargas, cansado de que nadie se haga eco de sus quejas.
Porque, desde Yanacocha, no están dispuestos a asumir ningún tipo de responsabilidad en este sentido. En su defensa, sostienen que el sofisticado proceso de lixivación de cianuro que emplean para obtener el metal se desarrolla en un circuito cerrado con un 'escaso margen de error del 0,3%' para pérdidas o filtraciones. Aseguran asimismo que el agua es tratada antes de ser liberada al medio ambiente y que disponen de un detector de fugas que les permitiría reaccionar a tiempo ante cualquier eventualidad.
Sucio historial
Sin embargo, en el historial de la mina existen episodios que ponen en entredicho la presunta pulcritud de su trabajo. Hace cuatro años, el derrame de más de 150 kilos de mercurio de uno de los camiones de la compañía dejó un reguero de contaminación a lo largo de 27 kilómetros, que provocó el envenenamiento de varias personas. La mina se gastó más de 10 millones de dólares en la limpieza y recuperación del entorno, así como en pruebas médicas a la población local. Pero, con ello, no pudo evitar que algunos vieran en ese gesto, un intento de tapar la falta de medidas de seguridad en el transporte del material tóxico.
Para desesperación de los afectados, nada de esto ha alterado sus planes de ampliación. Hoy por hoy, la explotación se circunscribe a 10.500 hectáreas, pero la concesión estatal asciende a 150.000 hectáreas. En principio, Yanacocha debería echar el cierre dentro de diez años, aunque algunas fuentes de la compañía aseguran que hay negocio para otras tres décadas.

Creciente resistencia

Sólo la creciente resistencia de la población local a vender sus tierras podría, en cierta medida, amenazar su empeño expansionista. La mina, no obstante, ha contado hasta la fecha con el amparo del estado peruano que, como propietario del subsuelo, ha podido imponer la expropiación forzosa del terreno siempre que se ha encontrado mineral.
Eso es, precisamente, lo que les pasó a cientos de familias que de la noche a la mañana se vieron obligadas a desprenderse de su fuente de sustento, aunque, todo sea dicho, también hubo quien sucumbió voluntariamente a la tentación del dinero rápido. Sea como fuere, estos hogares han pagado un alto precio por ello. 'Vendieron su chacra (parcela) y recibieron un dinero a cambio, pero ahora no tienen de que vivir porque no saben hacer otra cosa que trabajar la tierra', explica el Padre Marco Arana de la organización opositora a la mina Grufides.
Ahora que las miras de la compañía se han puesto en el Cerro Quilish, la gente no parece dispuesta a permitir que la historia se repita. A diferencia de la minera, cuyo interés por la montaña reside en los tres millones de onzas que, según los técnicos, podría albergar en su seno, a los campesinos les inquieta el futuro de los manantiales y acuíferos que nacen en esa elevación y que nutren el Río Grande y Río Porcón, dos fuentes de agua fundamentales para la región.
En un hito sin precedentes, la presión ciudadana consiguió hace dos años que el gobierno de Cajamarca declarara la zona 'Area Protegida'. Aun así, la empresa no está dispuesta a dar su brazo a torcer: ha recurrido la decisión y ha encargado varios estudios de impacto ambiental. Todo con tal de conseguir expandir sus tentáculos al Cerro Quilish.
Pero, el Padre Arana no necesita que venga ningún experto a decirle que una mina es peligrosa en una cabecera de cuenca. Eso es, a su modo de ver, tan evidente como que el agua fluye de arriba abajo y que sin ella, no hay agricultura, pero tampoco minería, y es en este punto, precisamente, donde surge el conflicto de intereses.
Mientras éste se resuelve, Yanacocha se esfuerza en hacer publicidad de su obra social: los servicios de saneamiento y abastecimiento de agua, las escuelas, las casas comunales, las hectáreas reforestadas, los empleos creados,... Poco importa que 6.000 de los 8.000 trabajadores sean subcontratados o que la carretera asfaltada por la mina no llegue más allá de sus límites, la experiencia le dice al Padre Arana que, al final, la compañía se saldrá con la suya.
La minería es un sector mimado por el estado en Perú. No en vano, genera el 45% de los ingresos por exportaciones del país y en él se concentra más del 17% de la inversión extranjera directa. En estas circunstancias, nadie está dispuesto a velar por los intereses de unos cuantos miles de campesinos de una remota provincia del norte del país. 'Aquí en Cajamarca la mina gobierna todo' sentencia el alcalde Vargas.