Los acusa de homicidio calificado y lesiones en la represión del jueves de Corpus

También pide capturar a los generales Manuel Díaz Escobar y Raúl Mendiolea Cerecedo
En el expediente no se menciona al ex procurador general de la República Sánchez Vargas

Gustavo Castillo y Alfredo Mendez
La Jornada

La Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) solicitó ayer órdenes de aprehensión por genocidio contra el ex presidente Luis Echeverría Alvarez y el ex secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia, además de otras 10 órdenes contra responsables de la matanza del 10 de junio de 1971 -conocida como jueves de Corpus-, por los delitos de homicidio calificado y lesiones.
En la solicitud de la Femospp se incluye la petición de captura contra los generales Manuel Díaz Escobar, creador y jefe de los halcones, y Raúl Mendiolea Cerecedo, quien fue subjefe de Policía y Tránsito del Distrito Federal.
Por la noche, trascendió que la Femospp no solicitó la captura del ex procurador general de la República Julio Sánchez Vargas, quien estaba como indiciado.
La decisión sobre si se libran las órdenes de captura será responsabilidad del juzgado segundo de distrito en materia penal, a cargo de José César Flores Rodríguez, el mismo juez que a pesar de haber incurrido en desacato, el pasado 8 de julio consideró procedente la extradición de seis ciudadanos vascos, y que tiene en sus manos un juicio por defraudación fiscal contra el ex banquero Carlos Cabal Peniche.
El plazo para que dictamine si existen suficientes elementos para conceder los mandatos judiciales vence este viernes pasadas las nueve de la noche.
La historia de la consignación, de acuerdo con fuentes oficiales, comenzó pasadas las tres de la tarde, cuando Carrillo Prieto se reunió con "las más altas autoridades del país" y se tomó la decisión de llevar a los tribunales a Echeverría Alvarez.
En círculos policiacos corrió la versión de que el fiscal especial se había entrevistado con el presidente Vicente Fox, y que el titular de la Secretaría de Gobernación, Santiago Creel, había dado el visto bueno al expediente.
Horas más tarde, de manera sorpresiva, el fiscal Ignacio Carrillo Prieto arribó -aproximadamente a las siete de la noche- a la explanada de los juzgados federales que se ubican en el Reclusorio Norte de la ciudad de México para consignar la averiguación previa PGR/FEMOSPP/ 011/2002.
Carrillo Prieto descendió de una camioneta roja y encabezó al grupo de funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) que ingresaron a los juzgados nueve cajas de cartón que contenían los 13 tomos de la averiguación previa relativa al 10 de junio de 1971.
Durante una hora y 25 minutos, Carrillo Prieto y varios agentes del Ministerio Público Federal permanecieron en el interior del área de juzgados federales.
Inicialmente trascendió que la consignación recaería en el juzgado 17, pero que por exceso de trabajo correspondería conocer del caso al juzgado segundo, a cargo de José César Flores Rodríguez.
A las ocho de la noche con 20 minutos, Carrillo Prieto y sus acompañantes abandonaron el lugar a toda prisa, apartando cámaras y micrófonos. No hubo declaración alguna.
Mientras el fiscal estaba en los juzgados, en la sede de la Femospp se había preparado todo para una conferencia de prensa, que nunca se realizó.
Leopoldo Ayala, Carolina Verduzco y David Roura, integrantes del Comité del 68, indicaron que un funcionario de la Femospp sólo les informó que la conferencia se había cancelado y que debían abandonar el inmueble. Para evitar cualquier contacto con los medios de comunicación, en la fiscalía fueron descolgados los teléfonos.
La averiguación
Fuentes oficiales revelaron que la acusación de genocidio contra Luis Echeverría Alvarez y Mario Moya Palencia se sustenta en el hecho de que ambos participaron en la elaboración y desarrollo de una política gubernamental
encaminada a eliminar a los opositores del régimen, principalmente militantes de izquierda y de grupos estudiantiles.
Gran parte del expediente está integrado por copias certificadas de libros, revistas y recortes periodísticos, documentados en el Archivo General de la Nación.
Según las fuentes consultadas, para estructurar la acusación de genocidio la Femospp establece la hipótesis que desde el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, la Secretaría de Gobernación ejecutó una política represiva de manera continua, que tuvo su primera fase de 1966 a 1971. El 10 de junio de este último año habría sido el momento culminante de esa etapa, luego vendrían la guerra sucia y las desapariciones forzadas.
De acuerdo con los datos obtenidos, el primer ensayo de esa política fue la represión al movimiento médico, en 1964. Posteriormente continuó con la presión ejercida para que en 1966 renunciara el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Ignacio Chávez.
Luego vendrían los hechos del 2 de octubre de 1968 y la matanza del 10 de junio de 1971, todo como una política continuada en la cual Luis Echeverría Alvarez constituyó el brazo ejecutor, primero como secretario de Gobernación (1964-1970) y luego como presidente de la República, de 1970 a 1976.
En ese sentido, el ex secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia, habría dado continuidad a la política represiva trazada por Luis Echeverría como parte de una estrategia impulsada también desde el gobierno de Estados Unidos contra el comunismo, ya que en ese entonces se consideraba un peligro para la estabilidad de los gobiernos el activismo de grupos de izquierda.
Los otros indiciados
De acuerdo con fuentes judiciales, la Femospp señaló como presuntos responsables de la matanza del 10 de junio a Raúl Mendiolea Cerecedo (ex jefe de la policía); el general Manuel Díaz Escobar Figueroa (jefe de los halcones) y Javier, hermano de éste; Candelario Madera Paz, Sergio San Martín Arrieta, El Watusi, y Rafael Delgado Reyes, entrenadores del grupo paramilitar que ese año llegó a contar con mil elementos distribuidos en cuatro secciones.
Javier Díaz Escobar estudió en el Colegio del Aire, en Zapopan, Jalisco. Llegó en 1968 al Departamento del Distrito Federal, a instancias de su hermano Manuel, e ingresó como inspector de abastos y mercados.
Tras la disolución de los halcones fue adscrito a la sección quinta del Estado Mayor Presidencial (área encargada de la seguridad del presidente y su familia), e informes de la DFS lo ubican posteriormente como parte del personal comisionado para la escolta del que fuera candidato a la Presidencia de la República, José López Portillo. Tras la campaña y el ascenso de López Portillo al poder, fue adscrito a la policía capitalina, en donde Arturo Durazo Moreno lo nombró "general".
Sergio San Martín Arrieta, según documentos que se localizan en el Archivo General de la Nación, a pesar de haber sido detenido por su participación en asaltos bancarios fue designado "técnico en vigilancia" (custodio) en el Reclusorio Oriente a partir del primero de junio de 1976.
Según documentos de la Femospp, Rafael Delgado Reyes obtuvo de Manuel Díaz Escobar una carta de recomendación e ingresó a laborar en el DDF en la Dirección de Acción Deportiva, y se le asignó como maestro de artes marciales en las delegaciones Gustavo A. Madero e Iztapalapa.

Se pretende regresar al pasado y poner en riesgo las instituciones, sostiene Madrazo
Inaceptable para el PRI, el intento del Estado por aniquilar a sus adversarios

Revisará que el pliego de consignaciones esté acorde con la justicia; no negociará la ley
El dirigente priísta dio a conocer la comisión de juristas que defenderá al ex presidente
JOSE ANTONIO ROMAN Y CLAUDIO BOLAÑOS CORRESPONSAL
El presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Roberto Madrazo Pintado, aseguró que la llamada guerra sucia es una "cortina de humo" que pretende regresar el país al pasado y "pone en riesgo la existencia de las instituciones y, por tanto, la del Estado mismo". El futuro de México y los mexicanos depende de la fortaleza de sus instituciones, por lo cual el PRI las defenderá por encima de cualquier interés, dijo durante una gira de trabajo por el estado de Aguascalientes.

Por la noche, tras conocer el pliego de consignaciones por la matanza del 10 de junio de 1971 -hechos conocidos como el Halconazo-, ya con un nuevo matiz, la dirigencia priísta señaló que revisará que el mismo esté acorde con la justicia, la legalidad plena y el estado de derecho.
"Será a partir del contenido y el análisis exacto y responsable de los hechos consignados lo que guíe siempre nuestra conducta, apegándonos a la ley. No aceptaremos ningún intento del Estado para aniquilar a los adversarios políticos y para relacionar estos hechos con procesos electorales", señala el escueto comunicado de tres párrafos en el que el PRI fija su postura acerca del pliego presentado por el titular de la Fiscalía para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), Ignacio Carrillo Prieto.
Asimismo, expresa su confianza y respaldo a las decisiones que en este caso adopte el Poder Judicial de la Federación. "Estamos ciertos que en éste, como en otros casos, sus determinaciones habrán de responder a los principios básicos de legalidad, imparcialidad y certeza jurídica".
Como tercer y último punto, el PRI manifestó su irrevocable decisión de no negociar la ley, sus principios y los intereses nacionales bajo ningún concepto.
Horas antes, en Aguascalientes, en tono más agresivo Madrazo Pintado dijo que en el país existen dos agendas diferentes: la del Revolucionario Institucional, que pretende resolver la problemática social del país y que tiene que ver con su desarrollo y avance, y la "agenda electorera" del Partido Acción Nacional (PAN) que, en contraste, tiene que ver con una política de linchamiento y revanchismo que pone en riesgo el futuro de la nación.
El dirigente priísta insistió en ponerle orden a la agenda nacional priorizando las necesidades y demandas de los mexicanos, para lo cual invitó a las diversas fuerzas políticas a dejar de lado la confrontación y las revanchas personales.
Madrazo Pintado reveló los nombres de los seis expertos en derecho penal y con maestría que integrarán la Comisión de Juristas Defensores de la Legalidad, que defenderá al ex presidente Luis Echeverría Alvarez y a los militares relacionados con los hechos del 10 de junio de 1971: Moisés Moreno Hernández, Marco Bezares Escobar, Francisco Galván, doctor Sergio García Ramírez y, por el PRI, el doctor Mariano Palacios Alcocer y Raúl Cervantes.
Especificó que estos ataques responden a la falta de resultados de una administración sin rumbo y sin proyecto de gobierno, por lo que la única forma en que el PAN puede ser competitivo en elecciones es mediante la vía de la descalificación, pero no puede dudarse que tras cuatro años al frente del Ejecutivo, los mexicanos quieren el cambio del cambio.
Advirtió sobre el riesgo de fracturar el orden jurídico, dado que no existen delitos que perseguir, ya que éstos prescribieron y no se cuenta con elementos jurídicos válidos ni demostrables. Sin embargo, dejó en claro que el PRI no defiende impunidades sino que los procedimientos se ajusten a la ley.
Opinó que el tema de la guerra sucia debió iniciarse con una comisión de la verdad en vez de haber creado la fiscalía para juzgar a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad.
"Quizá el procedimiento era iniciar con una comisión de la verdad, que primero nos dijeran la verdad de lo que pasó, que no nos fuéramos a las suposiciones, sino que una vez con los hechos probados de la verdad, entráramos a tener un fiscal en este tema; se comenzó tal vez al revés", dijo.

No hay pruebas contra Echeverría: Juan Velásquez
Ningún juez apegado a la ley validará la solicitud del fiscal

ALFREDO MENDEZ ORTIZ


Ignacio Carrillo Prieto, titular de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), prejuzgó desde el inicio de la averiguación previa, relativa a las investigaciones sobre la matanza del 10 de junio de 1971, el hecho de que el ex presidente Luis Echeverría Alvarez; su secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia, y el ex procurador general de la República, Julio Sánchez Vargas, serían consignados por "el enfrentamiento ocurrido ese día", y adelantó que se incoaría contra ellos el delito de genocidio, lo que "demuestra que no hay elementos o pruebas que tipifiquen jurídicamente algún acto ilícito", aseguró el abogado Juan Velásquez, defensor de los tres ex funcionarios.
Entrevistado vía telefónica, después de que la Femospp presentó ayer solicitudes de órdenes de aprehensión por delitos cometidos en la década de los 70, el litigante dijo que aún desconocía si en realidad sus defendidos estaban incluidos en el pliego de consignación, aunque no descartó que eso ocurriera.
Según el penalista, aun cuando se hubiera pedido la captura de sus clientes, "ningún juez que actúe apegado a la ley" podrá validar la solicitud de la Femospp.
Velásquez informó que en las próximas horas, tanto él como el abogado Heraclio Bonilla -ambos encabezan la defensa de los tres ex funcionarios- se reunirán con Echeverría Alvarez, en su casa, para afinar la estrategia de sus clientes.
Aseguró que de ninguna manera sus defendidos se evadirán de la acción de la justicia o solicitarán otro amparo, "de entrada, porque confiamos en que el juez niegue las órdenes de aprehensión, y además mis defendidos han dicho que ahí están y responderán a cualquier acusación".
-¿La defensa ya analizó el impacto político que tendrá una eventual consignación del ex presidente de la República? -se le preguntó.
-Reconozco que el asunto lleva una carga política enorme, pero yo confiaría en que los señores jueces se atuvieran estrictamente a lo que establece la ley.
-¿Por qué no hay elementos para que proceda la orden de aprehensión?
-He insistido que no hay un delito de genocidio ni hay pruebas contra mis defendidos. Además, (lo ocurrido el 10 de junio ) a estas alturas ya todo estaría prescrito. El fiscal Carrillo ha afirmado insistentemente que en su consignación incluiría el delito de genocidio y yo siempre he sostenido que en México nunca ha habido genocidio, tampoco dictaduras militares o golpes de Estado. Lo que sí se han registrado son enfrentamientos de los que han resultado heridos o muertos, pero no genocidio.
-Se ha documentado que el 10 de junio de 1971 se utilizó todo el aparato del Estado para reprimir a los estudiantes.
-Eso sólo es de lo que se habla.
-Son 13 tomos de averiguación, ¿en 24 horas se puede analizar con apego a derecho y de manera objetiva la indagatoria de la Femospp?
-A lo mejor sí, porque la mayoría de los tomos lo que tienen son copias de libros, revistas y periódicos, los cuales no tienen eficacia probatoria legal.
-¿Hay un afán de la fiscalía de llamar la atención de manera política o mediática?
-A final de cuentas habría que preguntárselo al fiscal, pero lo que sí sé es que no hay elementos para que judicialmente se acuse a mis defendidos.
-¿Ya se sabe en qué juzgado recayó la consignación?
-Todavía no sé ni a que juzgado haya llegado ese expediente, porque tengo versiones contradictorias, ni por qué delitos se solicitó el ejercicio de la acción penal, porque el fiscal (Ignacio Carrillo) se abstuvo de hacer su anunciada declaración.

Descarta fracaso para modificar pensiones del IMSS
La consignación fortalece el estado de derecho: PAN

GEORGINA SALDIERNA

El dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Luis Felipe Bravo Mena, declaró anoche que la decisión del fiscal Ignacio Carrillo Prieto de consignar ante un juez el expediente de los responsables de la matanza del Jueves de Corpus, implica el fortalecimiento del estado de derecho.
Agregó que el caso está en manos de las autoridades correspondientes "y serán los jueces, no los políticos ni los partidos", los que digan la última palabra. Entrevistado al término de la presentación del libro Ocho años de gobierno, de José María Aznar, el dirigente panista descartó que la consignación pueda provocar el fracaso de la negociación en el Congreso para modificar el régimen de jubilaciones y pensiones de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Consideró que no deben mezclarse ambos temas, y puntualizó que en el caso del Seguro Social se actúa con base en convicciones, mientras que la guerra sucia es un asunto de carácter estrictamente judicial.
El ex secretario de Energía, Felipe Calderón Hinojosa, convino en que "la vida pública del país debe guiarse por la ley y en la medida que se cumpla las normas México tendrá una sociedad diferente". Manifestó su apoyo a la consignación del expediente en el Reclusorio Norte, y sostuvo que "el país vive momentos de gran intensidad; todos tienen riesgos, pero no veo un peligro en especial en este momento".
Ambos panistas consideraron que serán las autoridades judiciales las que determinen el grado de responsabilidad de los presuntos inculpados, y se negaron a referirse en particular sobre el ex presidente Luis Echeverría o el ex secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia.

Pide iniciar juicios que aclaren el Jueves de Corpus
Insta el PRD a emitir las órdenes de aprehensión

El Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática (CEN del PRD) dio a conocer ayer su postura sobre la consignación del ex presidente Luis Echeverría Alvarez como presunto responsable de la represión contra el movimiento social y estudiantil el 10 de junio de 1971. Llamó al Poder Judicial de la Federación "a asumir su responsabilidad histórica y la emisión de las correspondientes órdenes de aprehensión por el juez ante quien sea presentada la consignación penal".
Manifestó que después de 30 años, "en que aquella matanza ha estado en total impunidad, es necesario que finmente actúe la justicia y se aplique la legislación del país. Es inadmisible cualquier forma de impunidad de quienes fueron gobernantes y violaron los derechos humanos, y organizaron matanzas que resultan ser graves crímenes".
El PRD se refirió a la consignación de anoche ante un juez, de la siguiente forma: "lo más importante ahora es que se lleven a cabo juicios penales que establezcan la verdad penal sobre la matanza del Jueves de Corpus, en lugar del vacío judicial que ha existido hasta hoy, con la consecuente impunidad promovida desde el Estado.
"El principal inculpado por la matanza era, entonces, el presidente de la República, lo que amerita que al menos el tiempo en que desempeñó el cargo no pueda contar para efectos de prescripción, además de lo establecido en el derecho universal aplicable a este tipo de crímenes. El PRD se pronuncia también en favor de juicios penales apegados a derecho, en los que se respeten las garantías de los inculpados."
El PRD hizo un reconocimiento a los denunciantes, que durante años mantuvieron la exigencia de justicia: el Comité del 68, el Comité Eureka y los familiares de las víctimas de la represión, por su perseverancia en esta lucha.

Desde que era candidato presidencial ofreció aclarar los crímenes del pasado
La consignación abre un nuevo frente de confrontación entre Fox y priístas

Las expectativas que generaron en 2000 las promesas del entonces candidato panista Vicente Fox Quesada de esclarecer la matanza de octubre de 1968, la represión del jueves de Corpus, en 1971, y la guerra sucia, confirmadas después como Presidente, resultaron anoche en un suceso inédito en la historia política del país: la consignación del ex presidente Luis Echeverría como presunto responsable de genocidio por los crímenes cometidos por los halcones hace 33 años, hecho que a la vez abre a Fox un frente de confrontación con el priísmo.


Separados en la historia reciente, en círculos priístas trascendió anoche que el propio Echeverría y el ex presidente Carlos Salinas de Gortari pactaron la conformación de un frente priísta unido que les permita contrarrestar lo que consideran una "nueva ofensiva" foxista en su contra. En su gestión, Salinas rompió con Echeverría y lo acusó de encabezar una nomenklatura política que operaba en su contra.
Esa nomenklatura -se insinuó entonces- habría tenido que ver con el asesinato del candidato presidencial priísta Luis Donaldo Colosio, el 23 de marzo de 1994, en Lomas Taurinas, Tijuana.
Las esperanzas que generó Fox Quesada desde su campaña electoral fueron cuestionadas con gran escepticismo por organizaciones no gubernamentales y, en especial, por el Comité Eureka, ante los alcances de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), instancia en la que derivó el gran debate que se generó en el escenario político nacional desde el inicio de este gobierno.
Las primeras promesas de Fox aludían al esclarecimiento de los hechos del 68 y la masacre del jueves de Corpus. "Su sacrificio no fue en vano", dijo en París en 2000, siendo presidente electo. En Estrasburgo, Fox aceptó que el gobierno y el Ejército "son los principales acusados" por la "mucha represión" y los "muchos desaparecidos" que hubo en México a partir del movimiento estudiantil.
En diciembre de 2001, Fox se refirió a las matanzas del 68 y del jueves de Corpus como actos de dominio público "nunca aclarados, sobre todo la violencia y la brutalidad que parece haberse usado en muchos de los casos".
Pero esas afirmaciones fueron desvaneciéndose y, a finales de 2002, Fox declaró que "buena parte" de los delitos de la llamada guerra sucia "han prescrito", lo que llevó al fiscal Ignacio Carrillo Prieto a señalar que eran opiniones del Ejecutivo federal y que él esperaría la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Antes, en febrero de ese año, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Clemente Vega García, estableció que las fuerzas armadas "han cumplido con lo que se les ordenó como razón de Estado".
En el equipo foxista se generó un debate encabezado por el entonces canciller Jorge Castañeda y el coordinador del gabinete de Seguridad Nacional, Adolfo Aguilar Zinser, quienes se mostraron en favor de la creación de una comisión de la verdad.
En el lado contrario se situaron el secretario de Gobernación, Santiago Creel, y el procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, quienes finalmente impusieron su propuesta de crear una fiscalía especial y no una comisión de la verdad, porque ésta generaría, argumentaron, expectativas de esclarecimientos, pero tendría un cuestionado valor jurídico al situarse por encima de las instancias constituidas.
Sin embargo, el puntal que definió el curso de los crímenes de la guerra sucia fue el informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de noviembre de 2001, en el que se estableció que durante ese periodo sí se habían registrado numerosas desapariciones forzadas.
Sólo las 3 mil páginas que documentaban 532 casos denunciados de personas víctimas de desapariciones forzadas entre los años 1970 y 1980 hicieron reaccionar al mandatario federal.
"Se hace necesario recordar que durante su campaña se comprometió a crear una comisión de la verdad, hecho que no sucedió, y en su lugar creó la Femospp con el argumento de asegurar la investigación y procesamiento penal de los responsables por los delitos cometidos en el pasado", precisó en varias ocasiones el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
La fiscalía a cargo de Carrillo Prieto, nació en enero de 2002 y a ella se integró un consejo ciudadano, responsable de aportar la llamada verdad histórica tanto de la matanza del 68, el halconazo y la guerra sucia en que derivaron ambos sucesos.
La primera limitación de la fiscalía radicó en que sólo investigaría delitos que se hubiesen cometido hasta 1985, es decir, sin abarcar los sexenios de los ex presidentes Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, y dejando sin posibilidad de investigar matanzas como las de Aguas Blancas, Acteal y El Bosque.
El nombramiento de Carrilo Prieto causó dudas e interrogantes entre dirigentes de partidos políticos, ex dirigentes del movimiento estudiantil de 1968, de las madres de desaparecidos y organismos de derechos humanos, principalmente porque el fiscal no tenía antecedentes en materia de derechos humanos.
Entonces, Carrillo Prieto comenzó un proceso de recopilación informativa y testimonial que llevaron ante el fiscal al ex jefe del Departamento del Distrito Federal, Alfonso Martínez Domínguez, por su involucramiento en la represión ejecutada por los halcones, en una declaración que hizo en Monterrey poco antes de morir.
Después comparecería Echeverría, quien en una actitud desafiante ante los medios de comunicación expresó con socarronería: "cállenlos, cállenlos". En mayo de 2001, el ex mandatario señaló su fidelidad priísta y su gran confianza y "simpatía" por el presidente Fox. Fue la primera vez que un ex mandatario comparecía ante el Ministerio Público para responder por sucesos trágicos e indignantes ocurridos durante su gestión.
A la fecha, sólo está preso, en Monterrey, Miguel Nazar Haro, ex responsable de la Dirección Federal de Seguridad, acusado de la desaparición de Jesús Piedra Ibarra, hijo de Rosario Ibarra. Luis de la Barreda Moreno, otro de los acusados, se dio a la fuga en diciembre de 2003.
En el curso de estas investigaciones fueron fundamentales dos decisiones de la SCJN . Una de ellas, en enero de 2002, que concedió un amparo a los líderes del movimiento estudiantil por omisiones y obligó a investigar la matanza de 1968. Una más, en julio pasado, estableció que la prescripción forzada comienza a contar cuando aparece viva o muerta una persona.
Hace apenas unos días, la advertencia del secretario de la Defensa, crispó más el ambiente político al indicar que hay riesgos de que el país se desahaga entre las manos y pidió que el perdón se extienda para todos, aunque después aclaró que sus señalamientos no fueron por la vinculación del Ejército en la guerra sucia.
Hoy, con la solicitud de las órdenes de aprehensión de Echeverría, de su secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia, y al menos de 10 personajes más, se abre un flanco de confrontación entre el priísmo y el gobierno foxista, acentuado con el presunto pacto entre Echeverría y Salinas de Gortari. De por medio están las artilugios jurídicos de la defensa de los acusados con el argumento de que los delitos ya prescribieron.
JUAN BALBOA, RENATO DAVALOS Y ARTURO GARCIA HERNANDEZ

Luis Echeverría se lavó las manos y se consolidó el Estado represor

El 10 de junio de 1971, jueves de Corpus, un grupo paramilitar dependiente del Departamento del Distrito Federal (DDF), conocido como los halcones, agredió a golpes y balazos a miles de estudiantes que, convocados por normalistas, habían salido a las cinco de la tarde del Casco de Santo Tomás con dirección a la Escuela Nacional de Maestros.
La marcha era en apoyo a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León, quienes sostenían una movilización en Monterrey en protesta por la imposición del gobernador, Eduardo Elizondo, de una nueva ley orgánica.
En la avenida México-Tacuba se estacionaron varios autobuses de los cuales descendieron jóvenes fornidos, que con macanas, varas de kendo y armas de fuego arremetieron contra los estudiantes.
Los agresores, algunos de los cuales pertenecían al Batallón Olimpia, responsables de la matanza de estudiantes en Tlatelolco en 1968, persiguieron a los manifestantes por San Cosme hasta la avenida Hidalgo. Mientras, el Zócalo se llenaba de tanques; las fuerzas públicas eran visibles en distintas partes del centro de la ciudad y, de súbito, ahí estaba de nuevo la atmósfera de la matanza del 2 de octubre de 1968.
El entonces presidente Luis Echeverría Alvarez se lavó las manos y responsabilizó de la agresión al jefe del DDF, Alfonso Martínez Domínguez, a quien destituyó del cargo. Por el acto de represión, el regente de la ciudad se ganó el sobrenombre de Halconso.
La decisión presidencial de prohibir y reprimir aquella marcha fue el último empujón que algunos jóvenes de aquellos años necesitaban para convencerse que en México no habría un cambio político sin el uso de las armas.
Antes el gobierno había aplastado los movimientos de ferrocarrileros, médicos y de los navistas potosinos, además de asesinar a Rubén Jaramillo y a estudiantes el 2 de octubre... en la década anterior.

Anoche visitó al ex mandatario en su residencia
Echeverría está preocupado, afirmó Juan Velásquez

CIRO PEREZ SILVA

Hace al menos cuatro días que al ex presidente Luis Echeverría Alvarez no se le ve por su residencia de San Jerónimo Lídice, al sur de la ciudad de México. Al menos eso fue lo que se aseguró ayer por la noche en la oficina del jefe de ayudantes del ex mandatario, a cargo de Francisco Vargas Castro, que está ubicada justo frente a la entrada principal de la propiedad, en la calle Santiago, número 216.
Sin embargo, esta versión contrasta con la primera que ofrecieron los elementos del Estado Mayor Presidencial (EMP) que resguardan el inmueble, poco después de las 7 de la noche, cuando se empezó a reunir un numeroso grupo de reporteros, camarógrafos y fotógrafos en las afueras de la residencia para conocer la primera impresión de Luis Echeverría luego de que el fiscal Ignacio Carrillo Prieto consignara el expediente en el que se le involucra por su presunta responsabilidad en diversos hechos cometidos durante la llamada guerra sucia.
"Está por llegar, va a llegar en unos minutos, va a arribar en unos minutos", aseguraban los diligentes jóvenes de traje oscuro. Otro aseguró que el ex presidente estaba fuera del país, retomando una versión difundida en varios medios de comunicación y que días antes fue desmentida por Juan Velázquez, uno de sus abogados.
Conforme transcurrían las horas y los periodistas se trasladaban de la entrada principal, en la calle Santiago, hacia la puerta lateral, en la calle Magnolia, número 131, hasta donde se prolonga la extensa residencia del ex mandatario, la versión de los guardias empezó a ser uniforme. "El señor está en Cuernavaca", repetían los elementos del EMP cada vez que un nuevo reportero se sumaba al grupo que ya hacía guardia y preguntaba en la oficina de ayudantes sobre el paradero de Echeverría Alvarez.
Hasta las 23 horas se registraron los primeros movimientos en la residencia de San Jerónimo. Por la puerta principal salió un vehículo compacto para volver menos de 5 minutos después, conducido por un elemento de seguridad. Quince minutos después repitió la operación.
Más tarde corrió la versión de que el abogado Juan Velásquez acudiría a platicar con el ex mandatario, ya que -aseguró en diversas entrevistas en radio y televisión desde el Reclusorio Norte- el ex presidente Luis Echeverría se encontraba en casa.
Antes de la media noche, el abogado Juan Velásquez arribó al domicilio del ex presidente. Cerca de la una de la mañana, salió de la residencia y platicó brevemente con los medios de comunicación. Explicó que Echeverría Alvarez está preocupado, toda vez que desconoce el contenido de la consignación.
Adelantó que esperarán hasta que el juez resuelva si obsequia las órdenes de aprehensión, y en caso de que se incluya al ex presidente se pedirá arresto domiciliario.
Comentó que después de reunirse con Echeverría Alvarez, éste se mostró un poco más tranquilo y se retiró a descansar en espera de lo que resuelva el juez. Entonces se podrá establecer una estrategia clara de defensa.