José Steinsleger
La Jornada

Quito. Voz de alarma reiterada hasta el hartazgo: el frágil ecosistema de las islas Galápagos se halla en acelerado y franco proceso de extinción. Sobre llovido, mojado: tras la destrucción y saqueo del patrimonio bibliográfico y museográfico de Irak, origen de la civilización, Estados Unidos pretende ahora la ocupación militar del archipiélago ecuatoriano, bellísimo mirador del que disponen los terrícolas para observar cómo era la Tierra millones de años atrás.
Las apetencias del imperialismo yanqui sobre las Galápagos se remontan a los años en que el capitán David Porter estableció en las islas la primera base militar, utilizada para atacar a los barcos ingleses que navegaban por el Pacífico (1812).
En 1852, Washington redobló sus esfuerzos y encomendó al embajador Cushing la compra de las islas, lo que no llegó a concretarse. Dos años después, un senador gestionó con el gobierno de Quito una concesión para explorarlas a cambio de un préstamo de tres millones de dólares, monto que tendría al territorio insular como... prenda de garantía.
Presiones renovadas tuvieron lugar durante la revolución liberal del primer gobierno de Eloy Alfaro (1895-1901), cuando, estando de por medio un conflicto internacional con Perú el empresario Archer Harman, constructor del ferrocarril trasandino, propuso alquilar las islas por un lapso de 99 años al precio de 15 millones de dólares.
Alfaro convocó a un referéndum y la iniciativa sufrió un revés que pareció definitivo. Pero en la Segunda Guerra Mundial el Pentágono construyó en las islas una base militar para sus operaciones. En 1946, el gobierno nacionalista de José María Velasco Ibarra (1944-47) exigió el desmantelamiento de la base, luego de una infructuosa componenda oligárquica que pretendía vender el archipiélago en 20 millones de dólares.
A mediados de 1980, durante el gobierno de Ronald Reagan, el Pentágono trató de abrir en las Galápagos un frente de guerra contra el narcotráfico, so pretexto de una eventual intervención en Nicaragua. La base sería destinada al llamado "proyecto de defensa estratégica" de la agencia espacial estadunidense, mejor conocido con el nombre de guerra de las galaxias, a semejanza de lo convenido con Chile en la isla de Pascua.
La importancia estratégica de la provincia insular se inserta en los objetivos de la llamada Iniciativa Regional Andina (Plan Colombia), proyecto que en América del Sur busca la constitución del mando militar unificado de los ejércitos nacionales, bajo supervisión del Pentágono. Los eufemismos en pos del cometido son conocidos: lucha contra la "inseguridad", el "narcotráfico" y el "terrorismo". Y en el caso de las Galápagos, "mejoramiento portuario".
En marzo pasado, el general James Hill, jefe del Comando Sur, pidió al gobierno de Ecuador la firma de un convenio para permitir a la flota de guerra de Estados Unidos la intercepción de embarcaciones en aguas del país andino. "El convenio sería vital para la seguridad hemisférica", declaró Hill. Simultáneamente, la fragata de guerra Long Way hundía el barco Santa María (3 de marzo), como hizo la fragata McInerney con el pesquero Daiki Maru (30/06/01), que se encontraba a 68 millas de las islas y la fragata Ruben Jans con el barco Exito (05/07/02).
En total, la flota de guerra yanqui ha hundio una docena de modestos barcos de pesca ecuatorianos (Don Ignacio, Challenger, Varie Mariela, Diego Armando, Marfil Margarita, etcétera), con el cargo de "traslado de inmigrantes ilegales".
Los buques del imperio operan desde el puerto de Manta, donde, luego de retirarse de Panamá, el Comando Sur consiguió acuerdos fijados para sólo tres meses de permanencia. Pero durante el gobierno del demócrata cristiano Jamil Mahuad (derrocado por el movimiento indígena en enero de 2001) los acuerdos se extendieron a 10 años, con el añadido de uso irrestricto de los aeropuertos nacionales e inmunidad diplomática para los efectivos de la base.
En la isla de Baltra, la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) mantiene el Grupo Aéreo 225, asentado desde 1963. Sin embargo, en julio del año pasado un dictamen judicial emitido por un juez local otorgó la isla en propiedad a la FAE, violando la Ley Orgánica Especial para la Conservación y Desarrollo y la Ley Forestal de Conservación de la Vida Silvestre, la cual señala que las áreas naturales del Estado son "inalienables, imprescriptibles y sobre ellas no puede constituirse derecho real alguno".
Según los semanarios Tintají y El Sucre, los más leídos de Ecuador, la opinión generalizada del pueblo ecuatoriano gira en torno a la certidumbre de que el gobierno de Lucio Gutiérrez tiene la intención de construir en Baltra una base militar, que a la postre será operada por Estados Unidos.
En el Congreso Nacional, la venta de Baltra fue rechazada, a más de motivar fuertes críticas. No obstante, el involucramiento progresivo de Ecuador en la guerra de Colombia ya es parte de los planes de Washington en la subregión andina.