Los presidentes de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Enrique Iglesias, se sumaron ayer, por separado, al coro de organismos internacionales y de países con fuertes intereses petroleros en Bolivia que apoyan el referéndum del 18 de julio y que presionan para disuadir sobre una nacionalización del gas y el petróleo.

En su corta visita a la ciudad oriental de Santa Cruz, Lula expresó su respaldo al presidente Carlos Mesa en todos los proyectos que emprendió desde que asumió el mando en octubre del 2003. Dijo que el referéndum, las elecciones y la Constituyente serán positivos para el país.

En La Paz, Iglesias dijo que "el gas era un elemento fundamental para el desarrollo de este país", por lo que respaldó la consulta que, sin embargo, es ampliamente cuestionada por los sindicatos y organizaciones populares porque no permitirá la nacionalización del gas y el petróleo, sino que, por el contrario, legitimará el control que las transnacionales tienen sobre la totalidad de los yacimientos y reservas de hidrocarburos de Bolivia, valorados en más de cien mil millones de dólares.

A nueve días del referéndum, las declaraciones de Lula e Iglesias sobre los asuntos internos de Bolivia fueron saludadas por la administración de Mesa, que intensificó una millonaria e imponente campaña propagandística a favor de la consulta, a la par que amenazó con multas y cárcel para los opositores y acrecentó la militarización del altiplano en previsión al anunciado boicot de la Central Obrera Boliviana (COB) que lucha por la nacionalización.

GARANTÍAS PARA LAS PETROLERAS

La fugaz presencia de Lula sirvió también para dejar en claro que el referéndum no afectará los intereses brasileños y que el gobierno boliviano respetará los contratos y los privilegios concedidos a Petrobras, que controla la sexta parte de todas las reservas de gas y petróleo de Bolivia, que lleva gas boliviano a Brasil y la Argentina, controla ductos, la distribución interna de carburantes y tiene una posición dominante en la industria energética del país.

La declaración conjunta suscrita por Mesa y Lula, a pesar de su tono diplomático, no deja lugar a dudas. "Los Presidentes manifestaron la expectativa de que los resultados del referéndum sobre la política energética de Bolivia y la futura nueva ley para el sector de hidrocarburos del país, permitan la continuidad de la cooperación bilateral ya existente y el desarrollo de nuevos proyectos de interés mutuo, en un ambiente de estabilidad, previsibilidad y seguridad jurídica", señala el inciso 11 de la Declaración.

Lula también anunció la condonación de la deuda bilateral de 52 millones de dólares, un crédito por 600 millones de dólares para el desarrollo de la infraestructura vial que una a ambos países y la creación de un polo de desarrollo en la frontera con la construcción de una planta gasquímica binacional y la construcción de dos plantas termoeléctricas.

"Seguro como estoy del éxito del referéndum que condiciona nuestra decisión nacional, estoy con certeza de que podremos llevar adelante ese emprendimiento que va a generar una nueva dimensión en Bolivia de lo que entendemos por el uso adecuado de nuestras materias primas", señaló el Presidente Mesa, avalando el proyecto que seguramente será desarrollado por Petrobras.

La estatal petrolera del Brasil ha recibido enormes ventajas de los gobiernos neoliberales bolivianos, que le concedieron, por ejemplo, la explotación de megacampos de gas como San Alberto y otros, con una rebaja tributaria del 32%, lo que es cuestionado por la COB y otras organizaciones sociales, que creen que con el apoyo del proletariado brasileño se podría redefinir, en términos más justos, la presencia de Petrobras en Bolivia.

GESTIONES DE LAS PETROLERAS

Las gestiones de Lula en defensa de Petrobras tienen el mismo objetivo que las realizadas por las Embajadas de Estados Unidos y España, que han presionado al gobierno boliviano para que no afecte los intereses de sus empresas petroleras, como es el caso de Repsol YPF, Enron, Shell y otras.

El compromiso asumido por Mesa y su gobierno es que, sea cual fuere el resultado del referéndum del 18 de julio, todas las compañías extranjeras que operan en Bolivia tendrán la propiedad y podrán explotar y disponer de los 54 trillones de pies cúbicos de gas y de los más de 480 millones de barriles de petróleo que tienen de reservas, por lo menos hasta el año 2036, cuando concluyen sus contratos de 40 años. Una vez vencido este plazo, el Estado podrá fijar nuevas reglas de juego.

El gobierno boliviano, con el aval de los organismos internacionales, propugna que el único cambio que tendrían que aceptar las transnacionales es un paulatino aumento en el pago de tributos, a partir del 2008, pero siempre y cuando se incrementen notablemente los volúmenes de producción de gas y petróleo y de exportación a la Argentina, Estados Unidos y México.

Hasta ahora, el arreglo parece muy ventajoso para las petroleras, que están siendo muy acosadas por los sindicatos y organizaciones campesinas y de indígenas que reclaman su expulsión y la nacionalización de las reservas de hidrocarburos y de las instalaciones que tienen en el país.

No extraña, por ello, que el referéndum de Mesa haya desatado la oposición de los sindicatos y organizaciones sociales, que lo califican de "tramparendum", y que al mismo tiempo haya concitado el apoyo de las petroleras y el respaldo del Departamento de Estado y de la Embajada de Estados Unidos para que el sucesor y vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada, derrocado en octubre del 2003, se mantenga en el cargo hasta el 2007.

Según declaró hace poco el presidente de Repsol, Alfonso Cortina, el referéndum boliviano arrojaría un "resultado favorable" para el consorcio petrolero, que ha vuelto a trabajar para impulsar el proyecto de exportación de gas boliviano a México y Estados Unidos. Tan favorable sería la consulta que los especialistas bursátiles de España y Europa han adelantado que las acciones de petrolera española aumentarán su valor unitario en 0.85 dólares, lo que significará una ganancia de mil millones de dólares para Repsol, si se consolidan los resultados de la consulta y se frenan las exigencias sobre la nacionalización.

Sobre el tema tributaria, Cortina dijo que estaban negociando y que podrían llegar a un acuerdo satisfactoria para las partes. Repsol controla, actualmente, la quinta parte de todas las reservas de gas y petróleo de Bolivia, por lo que las gestiones de la Embajada española también han sido intensas, al igual que la presión de los organismos internacionales.

MÁS CONDICIONAMIENTOS

Así, por ejemplo, el Banco Mundial ha condicionado el desembolso de 150 millones de dólares anuales para Bolivia al verificativo exitoso del referéndum y que posibilite que se pueda exportar gas a los mercados de ultramar, tal como señala el informe oficial de ese organismo internacional denominado "Estrategia de Asistencia al País" correspondiente al 2004.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) también ha dicho lo suyo. "Un resultado negativo del referéndum sobre las exportaciones de gas no sería entendido por los gobiernos" que apoyan a Bolivia, había advertido el director del Fondo para el Hemisferio Occidental, Anoop Singh, según difundió a principios de marzo Econoticias.

En esa oportunidad, el director del FMI, dijo que las perspectivas de que el país logre un importante apoyo financiero concesional, necesario para superar sus críticos niveles de endeudamiento y déficit, "dependerán de que Bolivia logre un sólido acuerdo interno para aprovechar sus abundantes reservas de gas y encuentre mercados alternativos para la exportación".