Samuel Blixen
BRECHA

A un probable gobierno progresista le resultará extremadamente complicado, y en todo caso muy caro, desmontar las consecuencias de la estrategia de blancos y colorados destinada a afianzar el control de los cargos en la administración pública y, de paso, atender las necesidades del clientelismo que las dramáticas perspectivas electorales están multiplicando desesperadamente.
El objetivo consiste en apresurar el ingreso de nuevos funcionarios elegidos a dedo y generalizar los nombramientos en cargos de relevancia para cualquier administración, pero que están sujetos a las normas de la carrera funcional. Puesto que los nombramientos de funcionarios presupuestados están sujetos a serias restricciones, que se multiplican en un año electoral, los mecanismos de designación revelan una particular 'originalidad' del gobierno a la hora de favorecer a ciudadanos 'funcionales' a los partidos tradicionales.

Las nuevas 'herramientas'

Desde que se instaló el criterio de que era necesario eliminar la práctica de los nombramientos para ser coherentes con el discurso de achicamiento del aparato estatal y aumento de su eficiencia, los estrategas del clientelismo inauguraron mecanismos para hacer entrar a sus clientes por la ventana del costado. Uno de ellos, el más conocido, es el contrato de obra que en muchas reparticiones sustituyó al funcionario por un 'contratado' elegido cuidadosamente y que a la vez aceptaba las nuevas reglas de juego que lo ponen a merced de quien decide la renovación del contrato.
Actualmente hay unos 950 contratos de obra, una cifra muy levemente inferior a los 1.000 que existían en 2001. La ANEP concentra una parte significativa de los contratos de obra controlados por el Tribunal de Cuentas, pero se desconoce el número de contratos que administra directamente la OPP con fondos del PNUD, y muchos de los cuales se concentran en el BPS. Los contratos son esencialmente injustos porque son en su mayoría discrecionales y además instalan sustanciales diferencias de remuneración para tareas similares. Algunos, de cifras siderales, son otorgados sin que se justifique el porqué de la contratación; es el caso de los contratos del Ministerio de Transporte para supervisar las obras de la megaconcesión o algunos otorgados en el Banco de la República mientras se desplaza a funcionarios de carrera aptos para la tarea.
Pero como los contratos son a término y su renovación depende del organismo que lo concede, no existen certezas, y menos jurídicas, de que el contratado permanezca vinculado al aparato del Estado cuando se produce el recambio gubernamental. En algunos casos, como ha sido denunciado recientemente, el presidente de la República ha firmado decretos que han sancionado la mutación a la inamovilidad, invocando normas que permiten las transformaciones de cargos y funciones, siempre que no originen 'aumento en los créditos presupuestales asignados, ni lesión de derechos funcionales'. La presupuestación de 12 contratados en el Ministerio del Interior, una medida que se impulsó inmediatamente después de que Guillermo Stirling abandonó el cargo para zambullirse en la campaña electoral, sí lesionó los derechos de funcionarios con antigüedad, además de favorecer directamente a parientes y amigos de asesores que trabajaron cerca de varios ministros del Interior.
Hay, sin embargo, otro mecanismo más sofisticado que, según han informado fuentes del Tribunal de Cuentas, se está generalizando entre gallos y mediasnoches, para convertir al contratado en funcionario presupuestado (y por tanto inamovible). Consiste en declarar 'excedentario' al contratado, en lugar de esperar a la terminación de los plazos del contrato o de rescindir el mismo. Declarar excedentario a un contratado sugiere una contradicción intrínseca, pero en la medida en que la ley obliga a reasignar al excedentario en otra función, los 'contratados-excedentarios' son oportunamente solicitados por los jerarcas de otras reparticiones que los incorporan, por un pase de magia, a la plantilla de funcionarios. Se desconoce la magnitud de la maniobra que, según las fuentes, obedece a una selección muy rigurosa de los beneficiados.
En ciertas reparticiones estatales prosperan otros mecanismos, parientes del contrato, que facilitan el ingreso a dedo en la administración. Un ejemplo es el original régimen de 'encargaturas' en la estratégica DGI. El sistema sustituye al régimen de carrera administrativa, ha facilitado una 'invasión' de jóvenes profesionales bajo el régimen de 'unipersonales', y ha instalado la paradoja de que una empresa privada inspeccione a otra empresa privada.
Otra 'herramienta' funcional al clientelismo es la designación de becarios, que ingresan con sueldos muy humildes pero que después, invocando normas legales para uso de partidas especiales en los presupuestos, acceden rápidamente a excepcionales privilegios que pueden o no convertirse en permanentes. Un caso paradigmático -y revelador de cómo el clientelismo se distribuye equitativamente entre blancos y colorados- es El Correo, donde 'becarios simples', con remuneraciones de 2 mil pesos, se transforman en 'becarios especiales' beneficiados con sueldos de 22 mil pesos por sus cualidades de discreción y confiabilidad.

Anudando el control

Por sus consecuencias políticas y financieras, los más recientes nombramientos en el Servicio Exterior de la cancillería tienen una significación más relevante que el simple clientelismo, aunque lo incluyen. Se trata de maniobras que tienden a mantener el control de puestos clave.
El Ministerio de Relaciones Exteriores tiene en el exterior 83 consulados y 23 embajadas, con un promedio de cinco funcionarios en cada uno. Los destinos son cubiertos por funcionarios de carrera, salvo aquellas designaciones que el gobierno califica como 'cargo de confianza'. Actualmente el gobierno mantiene diez embajadores o cónsules 'de confianza'; la designación más reciente fue la de Marcelo Graniero, hasta entonces secretario del presidente Jorge Batlle, como embajador en Portugal. Algunos destinos son verdaderamente estratégicos y justifican la designación de confianza, aunque puedan percibirse otras motivaciones: es el caso de la embajada en Estados Unidos, cubierta por Hugo Fernández Faingold, o la embajada en Argentina, que detenta Alberto Volonté. Pero la designación en régimen de confianza del embajador en la India o en Sudáfrica no tiene nada de estratégica, simplemente es un privilegio para sus titulares, Vicente Anchordoqui y Nicolás Moreno.
La carrera diplomática no escapó al régimen del clientelismo. Según fuentes de la cancillería un solo embajador de carrera tiene una explícita adhesión al EP-FA. Pero aun así, la necesidad de contemplar la carrera diplomática había instalado un mecanismo de funcionalidad y justicia: una 'junta de destinos' que decidía las designaciones a partir de las sugerencias del propio aspirante.
Ese mecanismo quedó suspendido desde hace dos años. Recién en los últimos dos meses se ha comenzado la distribución de misiones, unos 37 destinos de los cuales ya se completaron 15. Las decisiones implican un fuerte condicionamiento para el próximo gobierno: puesto que, formalmente, las designaciones cumplen los requisitos de la carrera, y no son designaciones de confianza, el diplomático podrá permanecer en el cargo durante cinco años, es decir el tiempo del próximo gobierno.
Algunas designaciones son vitales, como por ejemplo la del forista Raúl Polak en las Naciones Unidas en Ginebra (donde Uruguay ha jugado un papel de alcahuete de Estados Unidos contra Cuba); o la del herrerista Boris Svetogorsky (hijo del notorio intermediario en la compra-venta de armas) como cónsul en Chicago; la de Alfredo Cazes, ex director en cargos políticos de la cancillería destinado nada menos que a Israel; o la de Gerardo Librando, que asumió como embajador en España. Hay designaciones 'en puerta' que tienen el mismo objetivo de crear problemas políticos: según fuentes de BRECHA estaría pronta la designación de Julio Benítez como embajador en Venezuela; es obvio que la misión en Caracas puede ser de vital importancia para un futuro gobierno progresista. Un pachequista no sería, en principio, el hombre adecuado para impulsar la política del gobierno en ese convulsionado país que se vuelve estratégico en una concepción latinoamericana de las relaciones exteriores.
Un futuro gobierno tiene la posibilidad de 'repatriar' al diplomático y designar a un sustituto, ya sea de 'confianza' o de carrera; pero cuesta mucho dinero. Por ejemplo: la designación de Antonio Camps como embajador en Arabia Saudita se revela como una movida a dos puntas: por un lado se premia a un hombre de Luis Alberto Lacalle y por otro lado se le crea un problema al futuro gobierno. Su instalación en Ryad cuesta unos 70 mil dólares; como Camps llega al tope de edad dentro de 18 meses, habrá que gastar otros 140 mil dólares para traerlo y mandar al sustituto que permanecerá cinco años.
Estas designaciones de última hora, algunas deliberadamente demoradas, son consideradas como poco éticas porque atan de manos y crean situaciones de hecho al futuro gobierno. Pero algunas tienen ribetes escandalosos: Diana Espino, que acaba de ser nombrada embajadora en Grecia, además de ser funcionaria de carrera, cuenta con dos 'ventajas': por un lado es la esposa de un socio de los Peirano en sus emprendimientos argentinos; por otro, aseguró su designación con la obtención de 120 mil euros que la primera dama Mercedes Menafra piensa invertir en la recuperación de la antigua finca de los Batlle