Entrevista a Elizabeth Moreno, antropóloga guatemalteca:

Domingo Martínez
Hika

Elizabeth Moreno trabaja en la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala (AVANCSO), donde coordina el proyecto sobre relaciones étnicas, racismo y discriminación. A mediados de noviembre viajó a diversas ciudades del Estado español para dar a conocer la situación que vive su país, en particular en lo que concierne a los derechos humanos, y tuvimos ocasión de conversar con ella.

AVANCSO se fundó en enero de 1986, año en el que se celebraron las primeras elecciones que se podrían llamar democráticas, todavía en una situación de guerra en Guatemala, porque la firma de la paz no se concretó hasta el mes de diciembre de 1996, tras 36 años de enfrentamiento armado interno. Por aquel entonces, un grupo de investigadores consideró necesario, pese a los evidentes riesgos, crear un centro que pudiera generar conocimientos sobre la realidad del país, pero sobre todo que fuera de utilidad a los sectores y organizaciones populares. «En aquellos años, un proyecto como éste era un reto, y sigue siéndolo. Empezamos a trabajar en temas no estudiados antes en el país, sobre todo las comunidades de resistencia, población civil que tras las masacres se vio obligada a huir a la montaña, organizarse y vivir deambulando de un sitio a otro», subraya Elisabeth.
Una de las fundadoras de la asociación, Myrna Mack, antropóloga también, fue la pionera en estos estudios. Esta labor le costó la vida: pocos días después de que las comunidades de resistencia salieran a la luz pública y de que se publicaran sus primeros estudios, en 1990, fue brutalmente asesinada.
¿Qué balance puedes hacer desde la firma de los acuerdos de paz entre el Gobierno y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), en diciembre de 1996, hasta nuestros días? ¿Cuál ha sido el grado de cumplimiento de esos acuerdos?
ELIZABETH MORENO. Los acuerdos de paz fueron –y quizá siguen siendo– una esperanza, una semilla para transformar una sociedad que históricamente ha estado polarizada entre la opulencia y la extrema pobreza. Cuando digo una semilla, me refiero a que esos acuerdos pueden convertirse en el motor de cambio para el país, el motor de cambio de esas causas que motivaron el conflicto armado interno. Pero digo pueden convertirse, porque, una vez firmados, parece que a todos los actores, o a la mayoría de ellos, políticos sobre todo, y a los gobiernos que hemos tenido después de la firma –el de Álvaro Arzú, del PAN; el de Jorge Serrano; y el último, el de Alfonso Portillo, del FRG– se les han olvidado esos acuerdos de paz.
Nosotros, como AVANCSO, consideramos que la agenda de la paz, que marcaba el camino de un reconocimiento de la discriminación, de un reconocimiento de la exclusión histórica de los pueblos indígenas, de un reconocimiento de la necesidad de una reforma económica profunda del país, no sólo de la industria, en la ciudad, sino sobre todo en el campo, donde vive la mayoría de nuestra población, se han quedado en papel mojado; o sea, consideramos que no ha habido un compromiso político de fondo por impulsar los acuerdos de paz. Ha habido algunos intentos de ponerlos en marcha, como la reforma educativa, que tuvo sus límites con el actual Gobierno; como los fondos de tierra, o los fondos de paz, pero siempre condicionados a intereses políticos, no necesariamente a intereses de la sociedad. Y las organizaciones sociales reivindican que se lleven adelante los acuerdos de paz.
En esta campaña electoral, cuya primera etapa ha tenido lugar recientemente, a la espera de la segunda vuelta, en realidad en ninguno de los discursos de los candidatos se ha escuchado hablar de la agenda de la paz. Y para nosotros esto es preocupante, porque existe en el país un alto nivel de miseria, de exclusión, de hambre, etc. Seguramente habrán escuchado por aquí las noticias que informaban de que en el oriente del país se habla de hambruna, de la existencia de niveles de hambre como en Etiopía. Esto puede ser un detonante de conflictos, porque la situación de la población es cada vez más difícil. Y sobre todo con complicaciones como la puesta en escena nuevamente de las PAC (Patrullas de Autodefensa Civil), que, en las comunidades, es un referente de mucho dolor, de represión, de controles.
En el documento firmado se incluían, entre otros, los llamados acuerdos para el reasentamiento de las poblaciones desarraigadas por el enfrentamiento armado. Otro muy importante fue el acuerdo para el esclarecimiento histórico de las violaciones a los derechos humanos y los hechos de violencia contra la población guatemalteca. ¿Qué fue de esos compromisos?
E.M. Uno de los primeros acuerdos que empezaron a ejecutarse fue el del reasentamiento, en función del cual una serie de organizaciones –la Iglesia especialmente– trabajaron para conseguir el retorno de las poblaciones que se encontraban sobre todo en Chiapas, en los campamentos de refugiados. Sin embargo, el grueso de la población, unas 25.000 familias, o un poco más, decidieron no regresar a Guatemala; se quedaron en los campamentos y se están reasentando en otras comunidades en Chiapas. La fundación Menchú, en México, desarrolla una actividad con estas comunidades. Las que fueron reasentadas lo hicieron en condiciones bastante complejas y paradójicas. Primero porque, en una gran mayoría, fueron a un área geográfica que no era su lugar de origen (por ejemplo, poblaciones de tierra fría fueron a la costa). Y segundo, porque el Gobierno compra tierras que luego tienen que ser pagadas por las comunidades a muy largo plazo, en condiciones de infraestructura deficiente. Por supuesto, unas más que otras, pero, sobre todo, las comunidades situadas en el altiplano.
Y, además de esto, se produce un fenómeno que, a mi parecer, como investigadora, creo que tiene interés analizar. Por ejemplo, se asienta en la misma área geográfica a población de distintas etnias proveniente de México, sin tener en cuenta algunos conflictos históricos que se produjeron por la posesión de la tierra. Esto va generando una dinámica conflictiva en algunas comunidades. La intención que se esconde en esta actuación es la de seguir desestructurando el tejido social de ese sector de refugiados.
En lo referente a la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de las Violaciones a los Derechos Humanos (CEH), antes del establecimiento de esa comisión, la Iglesia, a través de monseñor Gerardi, impulsó el REMHI (recuperación de la memoria histórica). Aunque se sabía lo que implicó el conflicto armado, el REMHI es el primer ejercicio para evidenciar ese holocausto, podríamos decir, de los pueblos indígenas en Guatemala. El REMHI empieza a evidenciar que se planifican las masacres y el tipo de destrucción de las aldeas de los pueblos indígenas.
En aquellos momentos no sabíamos si los comisionados de la CEH iban a tener una mayor beligerancia que la que tuvo el REMHI. Pero los miembros de esta comisión toman el informe del REMHI e incluso llegan más allá que éste. El informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, Memorias del silencio, cuyo nombre ya dice bastante, reconoce que en Guatemala hubo un genocidio entre 1981 y 1983, bajo el Gobierno de Ríos Montt; es decir, que si bien antes y después de esos años hubo acciones de violación flagrante de los derechos humanos, en ese periodo hubo un auténtico genocidio y etnocidio en el país. Sin embargo, tampoco ha habido una voluntad política de impulsar las recomendaciones de la CEH.
Para supervisar el desarrollo de esos acuerdos de paz, se creó, en 1997, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas (MINUGUA). ¿Cuál ha sido su labor en estos años?
E.M. Nosotros consideramos que la MINUGUA ha tenido distintos momentos.
En actual contexto, en el que se han producido otras formas de violación de los derechos humanos, si bien no tan masivas como en el periodo de conflicto armado o como en los primeros periodos después de la firma de la paz –durante el último Gobierno ha habido amenazas, allanamientos de casas, asesinatos de dirigentes, etc.–, el mandato de MINUGUA ha consistido en estar presente en el país o elaborar informes. Pero, lamentablemente, las misiones de Naciones Unidas no tienen un mandato mucho más fuerte, y si bien están verificando, podríamos decir que no tienen jurisprudencia legal. Creemos que ésta es una debilidad de las misiones de Naciones Unidas. Con la agravante de que el año próximo la MINUGUA sale del país. Creemos que el plazo que Naciones Unidas le dio a esta Misión, en un país tan conflictivo como Guatemala, donde todavía se siguen violando los derechos humanos, fue demasiado corto. Por lo tanto, pedimos, como sociedad, que la labor de MINUGUA pueda alargarse, porque, de una u otra forma, su labor ayuda en determinados momentos.
Las investigaciones emprendidas por nuestra asociación se hacen con las organizaciones sociales, para que éstas elaboren propuestas de política o conocimiento desde los sectores sociales. Asociaciones como la nuestra, de defensa de los derechos humanos, siempre sufren controles telefónicos y todo tipo de hostigamiento. Sin ir más lejos, el año pasado fue allanada nuestra sede. En esos casos, MINUGUA siempre está ahí y ofrece algún tipo de acompañamiento. Pero esto no es una garantía para las organizaciones.
Con el proceso de paz no se ha conseguido erradicar la violencia en Guatemala, una violencia que incluso se ha incrementado en los últimos tiempos. ¿Quién promueve esta violencia y contra quién se dirige principalmente?
E.M. En una sociedad como la guatemalteca, que ha salido de un conflicto armado interno, y sobre todo por el carácter que éste tuvo, la violencia se vuelve ahora más compleja, porque hay sectores de la población que sufren una extrema pobreza. Hay huérfanos a causa del conflicto armado que viven en la calle. La violencia se liga a otras causas como el uso de drogas, etc. Pero no podemos decir que la violencia que vivimos sea producto sólo de los sectores populares, como se desprende del discurso que escuchamos en nuestro país: "lo que pasa es que son las maras las que nos asaltan en la calle, son tal cosa". Por el contrario, hay que comprender que se trata de una violencia estructural. La primera causa de violencia es el hambre; el hambre y la pobreza son una forma de violencia y de violación de los derechos humanos.
Pero, sumado a esto, Guatemala se ha convertido no sólo en una cabeza de playa y un paso para el narcotráfico y el lavado de dinero, sino en un país muy importante para estas actividades ilegales. Los grupos del narcotráfico y del lavado de dinero, cada vez más, tienen relación con ciertos sectores económicos o del Gobierno.
Por lo demás, la firma de la paz no desmanteló las estructuras paramilitares y las estructuras de seguridad nacional. Existen grupos paralelos en el país ligados a sectores del Ejército o a grupos económicos que impulsaron la contrainsurgencia. Y no se puede descartar que estos grupos paralelos de seguridad nacional no estén ligados a algunos sectores del narcotráfico.
En Guatemala, son tan elevados los niveles de violencia estructural, de violencia común, como se dice –producto del narcotráfico y la violación de los derechos humanos–, que incluso el secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, planteó que la Comisión para la investigación de grupos paralelos pudiera ser coordinada desde Naciones Unidas. Sin embargo, esto no lo permite nuestra normativa legal, por lo que se ha generado toda una discusión en el país en relación con esta propuesta.
Además, el proceso de crecimiento de la violación a los derechos humanos no sólo se produce en el campo, sino también en las ciudades. Las diversas manifestaciones o expresiones de los sectores populares, como la ocupación de tierras por parte de los campesinos, son reprimidas o controladas, y se producen detenciones de dirigentes. Pero sobre todo se ataca a los periodistas y a las organizaciones de derechos humanos como AVANCSO, o a ciertos académicos. En estas condiciones, para nosotros es un reto poder trabajar.
Por ejemplo, en nuestro trabajo con la CONIC, la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina, con la que llevamos adelante la Plataforma Agraria, dirigentes campesinos e investigadores son perseguidos, controlados, etc. Si no hay una activación de los acuerdos de paz, o no se impulsan las recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, estas manifestaciones tan preocupantes de violación de los derechos humanos van a ir siendo cada vez más importantes.
En este capítulo, es preocupante también el incremento de la violencia ejercida contra las mujeres.
E.M. Éste es un hecho paradigmático, pero es sumamente difícil definir o determinar de dónde viene. En el transcurso de este año ha habido más de 500 mujeres asesinadas. Es difícil saber, por la saña, por la forma, en que han sido asesinadas cómo y por qué ha sucedido esto. Está es una forma más de violencia. Pero, también, otra forma de violencia son las agresiones, e incluso asesinatos, a los niños de la calle. Y ya he hablado de la violencia contra organismos de derechos humanos, como puede ser el caso de la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (CONAVI) u otros.
Como señalabas antes, la agenda de la paz abría el camino de un reconocimiento de la exclusión histórica de los pueblos indígenas. Pero en este terreno tampoco se ha avanzado mucho a lo largo de estos años, y la población indígena sigue sufriendo la discriminación étnica, racial y cultural. ¿Qué puedes añadir a este respecto?
E.M. El Acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas, uno de los acuerdos de paz, reconoce de una manera formal –aunque no se reconozca así en la Constitución de nuestro país– que Guatemala es un país multiétnico, pluricultural y plurilingüe, y que, a través de la Historia, los pueblos indígenas han sido objeto de racismo y de discriminación. Este acuerdo plantea, incluso, la necesidad de transformar las mentalidades de los guatemaltecos, para que se pueda, en un proceso largo, superar el racismo y la discriminación.
Pero si no ha habido voluntad política para impulsar el acuerdo socioeconómico y los demás acuerdos, menos la ha habido para aplicar éste, que es un acuerdo fundamental. Nosotros decimos que el racismo está en el origen del Estado guatemalteco, y que los indígenas tendrían que ser la esencia de la transformación del país, pues la mayoría de la población es indígena, con 23 grupos étnicos.
El racismo que sufren los pueblos indígenas es cotidiano. Está interiorizado en la mentalidad de los guatemaltecos, pero también en las instituciones: la educación, el sistema de justicia, etc. No obstante, se han dado algunos pasos. Así, las organizaciones indígenas han ido caminando en la reforma educativa, o en el sistema de justicia; pero se trata de pasos muy pequeños para la dimensión que tiene el problema.
Tras los acuerdos de paz, la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) se incorporó a la legalidad y se transformó en un partido político. ¿Qué papel ha desempeñado desde entonces y qué peso tiene hoy en la vida política del país?
E.M. Efectivamente, la URNG se convirtió en un partido político. La izquierda institucional partidaria en el país, que podría estar representada en la URNG y en la ANN (Alianza Nueva Nación), ha tenido, como todas las izquierdas que existen en América Latina y en el mundo, una serie de dificultades y contratiempos, de vaivenes y divisiones. Desde mi punto de vista, la URNG no ha logrado consolidarse como una fuerza de oposición a los sectores oligarcas, económicos... Esto no implica que no haga esfuerzos por irse reconstituyendo, pero podríamos decir que se encuentra en un proceso de debilitamiento. Por su parte, la ANN ha ido teniendo mayor fuerza, y ha ganado ahora cinco diputados en la capital.
Yo creo que en un país como el nuestro, donde la contrainsurgencia y el miedo han logrado penetrar en la mentalidad de la población, el articular un proyecto legal, un partido político de izquierda, todavía va a costar tiempo. Sobre todo, como decía antes, porque continúa la violación de los derechos humanos, que se han activado las PAC, que siguen existiendo grupos paralelos... Sin embargo, la URNG está ahí. Uno de los peligros que existían en estas elecciones era que desapareciera. Si no ganaba un diputado desaparecía; pero ganó dos, y así salió airosa de la batalla.
Creo que son los sectores populares, son los sujetos sociales, los que poco a poco van a ir reorganizando una propuesta ante el Estado. Y por eso es muy importante el apoyo de fuera del país.
A tenor de los resultados de los comicios del pasado 9 de noviembre, el ex general golpista Ríos Montt quedó apeado de la carrera electoral, y serán Óscar Berger, de la GANA, y Álvaro Colom, de la UNE, quienes competirán por la presidencia en la segunda vuelta, fijada para el 28 de diciembre. ¿Cuál es tu valoración de ese proceso electoral? ¿Qué perspectivas se abren tras estas elecciones?
E.M. Al iniciarse este proceso electoral, en AVANCSO hicimos un balance de la situación del país. En nuestra opinión, estamos en un proceso que podríamos llamar de una transición agotada. Creemos que tras los procesos de paz se abrió un espacio en el país para poder hacer transformaciones profundas. Pero la participación de sectores y de personas vinculados a la contrainsurgencia, vinculados a la violación de los derechos humanos, y de sectores económicos que no quieren transformar el país, que no quieren que lleguemos a una economía social de mercado que, dentro del capitalismo, pudiese cerrar más la brecha de la pobreza, ha hecho que este sistema y esta institucionalidad llegaran a un límite.
Un episodio que nos hace pensar qué institucionalidad es la que tendríamos que defender o de qué institucionalidad estamos hablando, lo refiere el que se haya inscrito para este proceso electoral a Ríos Montt. El hecho de que, para ello, no se haya tomado en cuenta la Constitución de la República, de que se hayan tomado por asalto, por así decirlo, la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral, nos demuestra que estos sectores tienen influencia en esa institucionalidad, que debería ser democrática.
En nuestra opinión, el proceso electoral no fue, desde su inicio, democrático ni constitucional. Debe recordarse que en este vaivén de si Ríos Montt era inscrito o no, en julio, el jueves negro y el viernes de luto, como se les conoce en el país, el partido del Gobierno sacó a la calle a una serie de personas encapuchadas, con llantas, armas, etc., en la ciudad de Guatemala, con el fin de presionar para que el ex dictador fuese inscrito como candidato. El hecho de que Ríos Montt no haya ganado la elección no implica que estas cosas no vuelvan a pasar. Y no sabemos el tipo de alianzas que se producirán.
Creo, por tanto, que en Guatemala vivimos un momento difícil, crítico, en una transición que llegó a su límite. Dependerá del presidente que resulte elegido en la segunda vuelta el transformar o no una institucionalidad débil que ha demostrado que no puede aplicar los acuerdos de paz y que está secuestrada por esas mafias del narcotráfico, pero también por esos sectores que están vinculados a la contrainsurgencia.
Pero sucede algo más preocupante aún: no creemos que porque Ríos Montt no haya ganado estas elecciones se le ha derrotado totalmente. Porque en las listas de los otros partidos se presentaban una serie de militares de alta graduación y de funcionarios de los gobiernos que dirigieron el país durante el conflicto armado. Nos parece que es difícil saber qué es lo que se está recomponiendo políticamente. Creemos que la sociedad civil tiene que estar atenta y alerta ante lo que pueda venir. Y, sobre todo, creemos que es necesaria la solidaridad con Guatemala.