Afirman que las acusaciones de Uribe contra la organización son "falsas e infundadas"

La Jornada

Amnistía Internacional (AI) rechazó este jueves por "falsas e infundadas" las acusaciones del presidente colombiano, Alvaro Uribe, de un supuesto sesgo y parcialidad con que actúa en su país, y lo atribuyó a un intento del mandatario por "ocultar la crisis" de derechos humanos en Colombia.
El nuevo enfrentamiento entre el organismo humanitario internacional y Colombia se desató ayer luego que Uribe le reprochó su "silencio" por la matanza el martes de 34 campesinos, perpetrada por un presunto comando de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en la zona de La Gabarra, en la frontera con Venezuela.
El investigador para América Latina de Amnistía Internacional, Peter Druni, señaló que la organización sólo se pronuncia sobre hechos puntuales y que estén debidamente esclarecidos.
"En caso de que sea verdadero que las FARC cometieron esta matanza, esto es un hecho condenable, un crimen de lesa humanidad. No nos hemos pronunciado porque no tenemos los hechos; lo que hasta ahora se ha presentado en la prensa son algunos indicios", afirmó.
Subrayó que el esfuerzo del gobernante por deslegitimar su trabajo tiene que ver con esconder una real crisis de derechos humanos en Colombia, además de ocultar la complicidad que tiene el gobierno del país sudamericano "por no tomar las medidas" para enfrentar el problema.
En comunicado, AI dijo estar con las víctimas al margen de quién pueda ser el responsable, y preguntó si el gobierno de Colombia tiene los mismos compromisos con las víctimas.
Negó que tenga afinidad ideológica con las FARC, como lo sugiere Uribe, y recordó que en repetidas ocasiones ha rechazado y condenado las violaciones al derecho humanitario internacional cometidas por la guerrilla, los paramilitares de derecha y las fuerzas del Estado.
Por su parte, la Organización de Naciones Unidas y diversos sectores políticos y sociales reclamaron al gobierno de Colombia levantar la salvedad que limita la competencia de la Corte Penal Internacional para juzgar crímenes de guerra en este país sudamericano, a raíz de la matanza de co-caleros atribuida a las FARC.