Mundo Posible

Bajo fuertes medidas de seguridad fueron trasladados a un hospital penal un grupo de presos políticos que llevan más de dos meses en huelga de hambre para ser hidratados por la fuerza, indicaron hoy las autoridades.

El ingreso forzado se materializó en la medianoche del jueves mediante un discreto operativo de la gendarmería, horas después de que una bomba de alto poder explosivo destruyera una sucursal bancaria en una céntrica avenida de esta capital, en apoyo de la huelga.

Los trasladados fueron cuatro de los ocho reos declarados en ayuno hace más de dos meses en la Cárcel de Alta Seguridad en protesta por la demora en la aprobación de una ley de indulto, paralizada en Congreso hace casi un año.

El grupo está compuesto por Esteban Burgos, Jorge Espinola Robles, Jorge Mateluna y Hardy Peña, quienes se encuentran en grave estado después de haber perdido, en promedio, 20 kilos de peso como consecuencia de su negativa a ingerir alimentos.

El traslado de los reos se efectuó en forma muy discreta y coordinada. Cada uno fue sacado de su celda y llevado por los gendarmes hasta el hospital, pero una vez allí se produjo un pequeño altercado, ya que el grupo rechazó cualquier tipo de atención médica.

Algunos de los reos tuvieron que ser sedados y encadenados de pies y manos a las camas para proceder a la hidratación, según relataron a la prensa local personal médico de la institución penal.

Representantes de la Cruz Roja efectuaron ayer una visita de inspección a la Cárcel de Alta Seguridad donde se encuentran los prisioneros políticos y luego se entrevistaron con los ingresados en el hospital penal para verificar su estado de salud.

El ayuno es el más prolongado en la historia de ese penal. En 1994, los reclusos llevaron adelante una huelga que se prolongó 52 días.

Fuentes de la institución negaron que el operativo se haya realizado en respuesta al atentado contra la sucursal bancaria y que ha movilizado a la inteligencia policial.

Mientras tanto, varios congresistas expresaron hoy su preocupación por el estancamiento en que se encuentran las negociaciones para sacar adelante el proyecto de ley de indulto que deberá ser sometida a votación el 23 de junio.

Aunque senadores de distintos sectores aseguran que el atentado no afectó las negociaciones para destrabar el asunto, reconocen que ese hecho, sumado a la falta de acuerdo sobre la materia, puede derivar en un fracaso.

Fuerzas de la derecha se niegan a dar su apoyo, que resulta imprescindible para sumar los votos necesarios, a menos que se incluyan también en el indulto a ex militares que llevan 10 o más años de cárcel por crímenes cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).