Esta semana, los prisioneros políticos cumplieron más de 50 días en huelga de hambre. El gobierno mantiene un mutismo sorprendente. El Presidente Ricardo Lagos y el ministro de Justicia, Luis Bates Hidalgo, nada han dicho. No se han ofrecido soluciones a las demandas planteadas por los prisioneros políticos, sólo silencio. Los medios de comunicación oficiales decidieron simplemente no informar. ¿Será necesario que uno de los prisioneros políticos muera para que el gobierno y los medios se pronuncien y actúen?

Se ha especulado que Gendarmería -y en definitiva el gobierno- estaría dispuesta a otorgarle "beneficios" a algunos de los huelguistas. Sin embargo, hasta el momento no hay nada oficial, salvo el compromiso de "libertad dominical" para Eric Maichín Niepén y el "indulto de rebaja de pena" en el caso de Elizabeth Núñez Duarte. Elizabeth debió permanecer 47 días en huelga de hambre. Eric bordeó los 50 días. Ambos prisioneros políticos pusieron en serio riesgo sus vidas y sólo obtuvieron compromisos del gobierno gracias a su movilización. ¿Por qué hubo que esperar tanto? ¿Por qué el gobierno no les otorgó beneficios antes? ¿Por qué esperó que pusieran en riesgo su salud y sus vidas, hasta el extremo de permanecer más de un mes y medio sin ingerir alimentos, si los mecanismos para darles ese pequeño día de libertad existían?

Hemos señalado una y otra vez que el gobierno y Gendarmería poseen una serie de atribuciones que podrían ayudar a liberar a más de un tercio de los prisioneros políticos. Entre ellas, la facultad de otorgar el "indulto presidencial" y el "indulto de rebaja de pena". El gobierno podría liberar sin más dilación a Marcelo Gaete Mancilla, Eric Maichín Niepén, Esteban Burgos Torrealba, Elizabeth Núñez Duarte, Reinaldo Cortés Valenzuela, Isaías Morales Avendaño, Tito Medel Vega, Eduardo Asenjo González. El Presidente Lagos podría indultar, por ejemplo, a Pedro Rosas Aravena, Abraham Larrea Zamorano y Jorge Espínola Robles, entre otros. Falta, evidentemente, mayor voluntad política para terminar con la injusta prisión que padece más de una treintena de prisioneros políticos que han permanecido encarcelados entre 10 y 14 años.

Hace unas semanas se planteó un "compromiso de palabra" asumido por el gobierno a través del senador socialista Jaime Naranjo: "el miércoles 9 de junio, en el Senado, se votará la Ley de Indulto". Este es el primer trámite constitucional de la referida Ley y, en el mejor de los casos -de ser aprobada en la Cámara Alta-, podría demorar un par de meses en ser promulgada en el Diario Oficial y convertirse en Ley de la República. Recientemente, en el noticiario de Chilevisión -en una nota especial sobre los prisioneros políticos-, el propio Hernán Larraín, presidente del Senado y militante de la ultraderechista Unión Demócrata Independiente (UDI), manifestó su mejor disposición con la libertad de los prisioneros políticos y la Ley de Indulto. Sin embargo, no hay indicios de que la derecha, en general, esté por aprobar la Ley de marras. El camino de libertad asumido por la mayoría de los prisioneros políticos podría venirse abajo.

El 31 de mayo, en Radio Bío Bío, el diputado Alberto Cardemil (RN), señaló que veía "difícil que se pudiera aprobar el Proyecto si no hay un tratamiento en conjunto con la Ley que establece incentivos para la entrega de información respecto de los desaparecidos, y que incluye la excepción de responsabilidad penal de los funcionarios del Ejército y de las policías que tengan baja graduación". El desafuero de Augusto Pinochet incidirá, inevitablemente, en la hora de fijar postura cuando la derecha vote el Proyecto de Ley de Indulto. Es probable que la derecha mantenga su intención de no dar sus votos a la Ley de Indulto sino gana mayores cuotas de impunidad para sus protegidos en el Proyecto de Derechos Humanos del gobierno. Esto podría significar que la votación de la Ley de Indulto se siga dilatando eternamente, mientras la Concertación y la derecha no se pongan de acuerdo "en la forma" que adoptará la "pacificación nacional" y la "vuelta de hoja" en el tema de los derechos humanos. Si la Ley de Indulto no reúne el quórum necesario deberá postergarse por un año. Ni la derecha ni el gobierno tienen apuro inmediato para aprobar la Propuesta de Derechos Humanos: "No hay mañana sin ayer". En estos meses, han ido avanzando en algunos artículos, pero no existe premura pues la impunidad está instalada, de hecho, desde 1973. Los pequeños beneficios que se buscan: "rebajas de penas" e "inmunidad", y el fin de los "secuestros permanentes" sólo son la guinda de la torta de una impunidad que es cotidiana.

La voz de los presos

Los prisioneros políticos en huelga de hambre han denunciado esta situación, manifestando que la Ley de Indulto "ha visto dificultada su tramitación por la vinculación y la manipulación que un sector de la derecha ha intentado hacer de este Proyecto, intentando mezclarlo con el Proyecto de Ley de Derechos Humanos del gobierno. Supeditando la votación para nuestra libertad a la votación del otro Proyecto y eso es algo que es inaceptable y a lo que como prisioneros políticos nos oponemos. Hemos señalado y lo reiteramos, no queremos ser ni vamos a ser moneda de cambio. Nuestra libertad tiene una argumentación. No estamos mendigando al Estado que nos dé la libertad, lo estamos exigiendo que en base a los errores jurídicos, al ensañamiento sobre nuestras condenas, a la aplicación de dobles juicios. Que se promulgue de una buena vez por todas el Proyecto de Ley de Indulto que podría terminar con este universo de prisioneros políticos". No han sido los únicos en fijar posición. Los prisioneros políticos en Colina I acusan la "permanente falta de seriedad del gobierno y de los partidos políticos que tienen representación en el Senado y la Cámara de Diputados frente al tema de la libertad y, en específico, a la promulgación de la Ley de Indulto aprobada por la Comisión de Derechos Humanos del Senado en junio de 2003. La Ley de Indulto ha servido como enganche político de la derecha y del gobierno para legislar un paquete político que avale la impunidad. (...) Durante estos años de encarcelamiento se nos ha pretendido desaparecer encerrándonos en una Cárcel de Alta Seguridad concebida por la Concertación como una verdadera tumba donde sepultar a seres vivos, una cárcel que aniquila el alma, la familia, la dignidad. Hoy continúan con la caravana de mentiras, con las falsas promesas que aniquilan las esperanzas de nuestras familias. Por todo esto, hacemos un llamado a realizar una campaña de repudio a la felonía con que se manejan los asuntos políticos y humanos de este país por parte de la Concertación y demás partidos políticos".

Monseñor Alfonso Baeza llamó a los huelguistas, el jueves 27 de mayo, a deponer su movimiento, comprometiéndose a realizar mayores gestiones con el Ejecutivo y Legislativo para avanzar en la libertad de todos los prisioneros políticos. La Iglesia Católica y la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC) deberían dar muestras más concretas de estas "nuevas gestiones". Hasta ahora nada ha trascendido.

Seguir luchando, hoy y mañana...

No sólo el Estado y sus aparatos represivos son responsables de la larga prisión que han padecido cientos de chilenos. 14 años de prisión política en "democracia" evidencian el largo silencio -de casi una década-, de parte de la Iglesia Católica y otras confesiones, de los organismos y agrupaciones de derechos humanos, y de los partidos políticos, principalmente, que prácticamente no hicieron nada cuando se golpeó sus puertas para denunciar la horrorosa situación jurídica e incluso la tortura a la que se sometió a la mayoría de los prisioneros políticos actuales. Muchos, incluidos los partidos de izquierda, simplemente no denunciaron estos casos de torturas, no prestaron defensa jurídica ni social, no se hicieron parte de la lucha por la libertad. Sólo cerraron sus puertas.

Cientos de chilenos pasaron por la dura experiencia de la prisión política en estos 14 años, lo que debiera hacer reflexionar a las organizaciones que respetan y promueven los derechos humanos. Es un deber estar siempre del lado de quienes son vulnerables y víctimas de violaciones a los derechos humanos. Los defensores de los derechos humanos no pueden dejar de actuar en ninguna época. Y deben hacerlo con total independencia de ideologías o gobiernos de turno. No le hace bien a ningún gobierno erigirse bajo las profundas heridas que dejan las violaciones a los derechos humanos de sus ciudadanos.

Los actuales prisioneros políticos, más allá de nuestra simpatía o no con sus luchas, debieron tener un proceso justo. No es concebible que se los haya torturado y les juzgaran Fiscalías Militares como juez y parte. No es concebible que les fuera aplicada la Ley Antiterrorista. Se les juzgó doblemente por el fuero militar y civil, bajo leyes especiales heredadas de una dictadura genocida. Se les acusó dos, tres y hasta cuatro veces por un mismo delito. A los mapuche, hoy les acusan "testigos sin rostros", y se les condena bajo las mismas leyes que aplicó la dictadura: Ley Antiterrorista, Ley de Control de Armas y Explosivos, Ley de Seguridad Interior del Estado.

Los prisioneros políticos de la Cárcel de Alta Seguridad (CAS) han señalado que mantendrán su movilización y que "si son forzados a hidratarse seguirán sin ingerir alimentos" hasta que la Ley de Indulto sea votada en el Senado: "Nos cansamos de las promesas, nos cansamos de los compromisos incumplidos y queremos de una vez que la libertad se concrete", señalaron en una reciente grabación. Es posible que esta batalla no sea victoriosa. Los días que siguen serán decisivos. Quienes apoyamos y levantamos la bandera de la solidaridad debemos seguir luchando, hoy y mañana, por la libertad de todos los luchadores sociales chilenos, mapuche e internacionalistas.

(*) Ex presos políticos. Editores de www.libertad.dm.cl