Latinoamérica
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Grave situación en Chile
54 días de huelga de hambre de presos
políticos chilenos
Manuela Sánchez
Rebelión
Este cinco de junio un grupo de presos políticos chilenos -todos militantes
de organizaciones de izquierda- cumplirán 54 días de huelga de hambre. Exigen
que -después de 4 postergaciones- finalmente el Congreso apruebe el proyecto de
Ley de Indulto que se encuentra hace meses en manos del Senado.
En oficinas de senadores del Partido Socialista y la Democracia Cristiana se
dijo a periodistas que probablemente dicha ley se apruebe el próximo nueve de
junio. Se contaría con los 24 votos de legisladores de la Concertación por la
Democracia, más los de algunos senadores designados y probablemente de algunos
de la derecha. Pero también se insiste en los pasillos del Congreso que la
derechista Unión Demócrata Independiente (UDI) no votaría a favor del indulto
mientras no se apruebe otro proyecto en relación a derechos humanos que daría
espacio a la impunidad de militares acusados de crímenes contra opositores.
En una declaración pública, la Corporación de Promoción y Defensa de los
Derechos del Pueblo (CODEPU) indicó que "Esteban Burgos, Pablo Vargas, Hardy
Peña, Jorge Espínola y Jorge Mateluna han bajado 20 kilos en promedio, presentan
calambres, mareos, dolores de cabeza, musculares y de huesos, taquicardias
esporádicas, pérdida de nociones de tiempo y espacio".
Los presos son monitoreados por médicos de Gendarmería y su estado tiende a
agravarse.
Junto con pedir la aprobación del indulto, CODEPU solicitó "a las autoridades
pertinentes adoptar las medidas necesarias para terminar con la prisión política
en nuestro país".
Los detenidos políticos en huelga de hambre son parte de una treintena de
condenados cuyas penas van de 30 años a cadena perpetua, muchos de ellos
condenados dos veces por el mismo delito y enjuiciados por instancias militares
y civiles. Todos llevan más de una década presos.
Durante estos días senadores socialistas y democristianos hacen gestiones para
que se apruebe el indulto. Según se supo, esa tarea la tendría también el
Ministro del Interior, José Miguel Insulza, para conseguir que finalmente el
proyecto sea aprobado y se permita una solución al caso de las decenas de presos
políticos chilenos.
En un breve comunicado, la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas
(FASIC) enunció cinco consideraciones frente a este caso: "Los presos políticos
han sido procesados con desconocimiento de las normas del debido proceso. Han
sido juzgados por la justicia militar, no obstante su condición de civiles y sin
el respeto a principios de imparcialidad y derecho de defensa. Han sido
erróneamente condenados por ley antiterrorista. Han sufrido durante muchos años
un régimen carcelario rígido. Han sido condenados a elevadísimas penas que
comprenden como mínimo treinta años y cadenas perpetuas".
En tanto la Asamblea Nacional por los Derechos Humanos llamó "al Parlamento a
actuar con sentido de justicia aprobando el proyecto de ley que permite
indultarlos como se les prometió". Añadió que "está claro que el tema de la
prisión política no está resuelto en el país".
Muchos legisladores están convencidos de que la situación de la prisión política
debe ser superada. Organizaciones sociales y de izquierda insisten en que se
trata de jóvenes que realizaron acciones convencidos de una causa de
transformación en el país. Aparte de consideraciones judiciales como la
expresada por el abogado Alberto Espinoza en el sentido de que los detenidos
"han soportado procesos extraordinariamente irregulares: procesados por la
Justicia Militar, varias veces condenados por los mismos hechos". Hasta el
general Juan Romero, Auditor General del Ejército, señaló que "esta iniciativa
(indulto) tiene un propósito desde el punto de vista humanitario que es muy
atendible".
Muchas colectividades, en Chile y el exterior, se han movilizado exigiendo la
libertad de todas y todos los presos políticos y la aprobación de la Ley de
Indulto. Se efectuaron manifestaciones en Suecia, Canadá, México, Francia y en
las ciudades chilenas de Santiago, Valparaíso, Antofagasta y Temuco. A mediados
del mes pasado un grupo de jóvenes ocupó temporalmente las embajadas de México,
El Salvador y Australia para dar a conocer la situación de los presos políticos
e instar a que se apruebe el indulto. También hubo manifestaciones en el diario
gubernamental "La Nación" y en el Colegio de Periodistas.
Entre las numerosas organizaciones que están pidiendo el indulto y la libertad
de los presos políticos están: Organización de Defensa Popular (ODEP);
Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP); Agrupación de
Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD); Familiares, Amigos y Compañeros de
los Miristas Caídos (FAC); Programa de Reparación y Atención Integral de Salud (PRAIS);
Agrupación Nacional de ex Presos Políticos (ANEXPP); Izquierda Cristiana;
Exonerados Políticos; Departamento de Derechos Humanos de Colegios Profesionales
de Chile; La Surda; Corporación de Retornados; Retornados del Exilio; Partido
Comunista; Frente Patriótico Manuel Rodríguez; Movimiento Patriótico Manuel
Rodríguez; Coordinador por la Libertad; Rescatando Palabra y Memoria; Asamblea
del Pueblo; Encuentro por la Libertad de los Presos Políticos; Juventudes
Comunistas; Asamblea Nacional por los Derechos Humanos; Comité Kamarikun;
PC-Acción Proletaria; Akre; Radio 1° de Mayo; Kamina Libre.