Andrés Soliz Rada
Rebelión

Cada vez resulta más evidente que el referéndum del 18 de julio próximo y el proyecto de nueva ley de hidrocarburos que lo acompaña son criaturas de las empresas petroleras. No han faltado, como nunca faltan, los amanuenses que escriben los que las transnacionales dictan Víctor Paz Estensoro (VPE), cuando enfrentaba a la Rosca minero-feudal, decía que no temía tanto a la Gran Minería como a sus abogados nativos. Lo que decía VPE antes de 1952, se repite al presente,

Los escribas resolvieron utilizar el desprestigiado nombre de Gonzalo Sánchez de Lozada (GSL), al que casi todos sirvieron, en la primera pregunta de la consulta, a fin de contrastarlo con el de Carlos Mesa Gisbert (CMG), en la pregunta cuatro. La patraña se desinfla al comprobar que CMG gobierna con toda la estructura "gonista". Mantiene a todos los embajadores designados por GSL, en tanto que las nuevas designaciones recayeron en Guido Capra, hombre clave del MNR, y en Antonio Aranibar, su canciller entre 1993 y 1997.

El influyente Superintendente de Hidrocarburos, Guillermo Torres, designado a dedo por GSL, es ahora Ministro de Energía e Hidrocarburos. Otro Superintendente clave, Guillermo Aponte, viene de Transredes, trabajó para el Presidente de la AFP "Futuro" de Bolivia, Gonzalo Bedoya, y cumple órdenes del ex Ministro Carlos Sánchez Berzaín. El Grupo "Prisma" perdió a Aranibar en el Gabinete, pero logró dos espacios, con Francesco Zaratti y Horst Greve. Todos ellos forman parte de la misma "Fundación" orientada por dos personajes de Transredes y ex ministros de GSL, Fernando Candia y Jaime Villalobos. Uno de los voceros del Referéndum es Roberto Barbery, del grupo de Carlos Hugo Molina, prefecto de Santa Cruz, el personaje que sistematizó la "Participación Popular", con la que se pretendió lavar la cara del "gonismo", mientras se liquidaba el patrimonio público.

Con total irresponsabilidad, CMG y sus colaboradores dicen que gracias a la pregunta Dos, en la que se habla de la recuperación de los hidrocarburos, se habrá dado una forma de "nacionalización". A partir del 18 de julio, añaden, YPFB fijará precios y volúmenes y elegirá mercados para el gas y el petróleo. Las petroleras deben desternillarse de risa frente a semejante engaño, las que tienen contratos suscritos por 40 años, a los que, gracias a la docilidad del "mesismo", los consideran intocables.

La pregunta tres anota que la mitad de las acciones Transredes, Chaco y Andina podrían ser transferidas a YPFB. Mientras CMG sostiene que el rendimiento de esas acciones potenciará al ente estatal, varios de sus ministros afirman que tales utilidades servirán para pagar el Bono Solidario (BONOSOL). El problema del país no está sólo en esas acciones sino en cambiar la dolosa Ley de Capitalización, cuyo eje es el denominado Fondo de Capitalización Colectiva (FCC), el que, al carecer de personalidad jurídica y directorio, está fuera del ordenamiento legal del país.

Anotábamos que CMG fue traicionado por su ego, al incluir su nombre en la pregunta cuatro, relativa a que si se debe usar el gas para negociar con Chile nuestra reivindicación marítima. Tal reivindicación debería ser una política de Estado y no del ocasional Presidente del país y menos servir para que el ex vicepresidente de GSL enajene las reservas de gas en condiciones lesivas al interés nacional. Hemos confirmado que el Presidente Mesa ha recibido detallada explicación de las posibilidades de industrializar el metano (o gas seco) dentro del territorio nacional. Por esta razón, cuando afirmó en el programa televisivo de Eduardo Pérez Iribarne que se necesita exportar grandes cantidades de gas para industrializarlo, ha faltado a la verdad de manera consciente.

¿Acaso Chile ha necesitado exportar gas natural para instalar cuatro enormes plantas de metanol en su territorio? Cuándo se nos dice que se requieren grandes inversiones para industrializar el gas, ¿no es evidente, como ha demostrado el ingeniero Justo Zapata, que también se deben conseguir grande inversiones para exportarlo a México y Estados Unidos? Quienes pretenden separar las preguntas entre buenas y malas están equivocados. Todas ellas forman una unidad que debe ser rechazada en su conjunto. Tal rechazo debe consistir en no votar el 18 de julio. Propugnamos, en consecuencia, una abstención activa, en el que la gente patriota acuda a los recintos con pancartas y panfletos, en los que se explique las dimensiones del engaño que se pretende causar a Bolivia.